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AMÉRICA LATINA

BID: Ley de telecomunicaciones en Nicaragua está desactualizada

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El nuevo Diario,  María José Martínez Rocha

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identificó y analizó los objetivos, pilares y reformas necesarias para la adopción y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo, además las brechas regulatorias del sector de telecomunicaciones, en el estudio “La Gobernanza de las Telecomunicaciones: Hacia la Economía Digital”.

En el caso de Nicaragua, el estudio del BID identifica tres limitantes, dos de ellas relacionadas con la legislación vigente: desfase en el marco legal que rige al sector; limitaciones en el marco regulatorio que dificultan la promoción de la competencia, asequibilidad, adopción y la calidad del servicio de banda ancha; y un déficit de banda ancha en zonas rurales.

En cuanto a la primera limitante identificada por el BID en Nicaragua, está la Ley 200 (Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, la cual fue creada en 1995 y desde entonces se han producido avances en materia de banda ancha, telefonía y televisión que quedan fuera de la legislación.

“No contiene principios para la promoción de Infraestructura y competencia en banda ancha, ni otorga a Telcor (Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos) el mandato de velar por su cumplimiento”, señala el BID en el estudio.

Para este caso el BID contempla una actualización de la Ley “basada en la evolución tecnológica de las últimas dos décadas y de las tendencias globales en este mercado (telecomunicaciones) para el desarrollo del sector en el corto y mediano plazo”.

Según el BID, la Ley 200 “no empodera” a Telcor (regulador) con el mandato para la promoción de infraestructura y competencia en banda ancha que “son claves para el desarrollo del sector”.

Para contrarrestar este efecto el BID considera oportuno desarrollar una legislación secundaria que contemple una regulación de “compartición de infraestructura, acceso abierto a redes de banda ancha, reglamentos de interconexión y regulación de las tarifas mayoristas de los operadores que cuenten con poder significativo de mercado en mercados relevantes”, reza el documento.

En las zonas rurales el acceso a Internet de banda ancha se ve limitado por la infraestructura vial, la baja densidad poblacional y el menor poder adquisitivo de la población de esas zonas. Debido a esto, “los operadores de banda ancha tienen escaso incentivo económico para desplegar infraestructura en ciertas zonas rurales y remotas”, explica el BID.

El Fondo de Servicio Universal para desplegar banda ancha es una herramienta muy utilizada para subsidiar proyectos de ampliación de infraestructura de banda ancha en zonas con baja o nula rentabilidad, usualmente proviene de tasas impuestas a los operadores de telecomunicaciones, precisa el BID.

En el caso de Nicaragua a este fondo se le conoce como Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (Fitel), que de acuerdo con el Reglamento de Administración y Financiamiento del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (Fitel), se constituye con un capital mínimo del 20% de los ingresos brutos mensuales percibidos por Telcor, ya sea por: derechos, tasas, multas, recargos, expedición de certificados y licencias de técnicos; y explotación del espectro radioeléctrico y otros recursos escasos.

Para mejorar el acceso de banda ancha en las zonas rurales del país el BID considera oportuno el diseño en implementación de programas nacionales de despliegue de infraestructura de banda ancha que lleguen a zonas rurales.

Hasta 2016, el estudio indica que en Nicaragua entre el 15% y 20% de los hogares tenían acceso a Internet, esta misma proporción la tiene El Salvador. La tasa más alta en Centroamérica corresponde a Costa Rica con 60%, seguida por Panamá con más de 50%. Un 20% de los hogares guatemaltecos accede a Internet, mientras que en Honduras ronda entre el 20% y 25%.

– En las zonas rurales el acceso a Internet de banda ancha se ve limitado por la infraestructura vial. –

Brecha regulatoria

El BID analiza las diferencias en las regulaciones de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) de cada uno de los países de la región, en relación con la subregión a la que pertenecen (Centroamérica, el Caribe o Suramérica) y América Latina.

Estas diferencias las clasifica en tres: marco legal e institucional, regulación sobre desarrollo y acceso a la infraestructura; regulación sobre competencia y protección al consumidor y  políticas públicas para la economía digital. Dentro de estas categorías utiliza 17 indicadores, en lo que los países pueden estar “Retrasado en el cumplimiento, En proceso de cumplimiento y Cumplimiento o nivel avanzado de cumplimiento”.

De acuerdo con el análisis del BID, en ningún país de Centroamérica existe un ministerio/viceministerio especializado en políticas públicas de las TIC.

– Además plantea que Nicaragua y El Salvador comparten el reto de actualizar su plan nacional de banda ancha y su estrategia digital nacional. –

Además, Costa Rica no cuenta con una regulación de portabilidad numérica de un operador a otro, Honduras y Nicaragua experimentan igual desafío.

El Salvador no ha establecido o utilizado el Fondo de Servicio Universal para desplegar banda ancha. Al igual que Guatemala, Honduras y Nicaragua, no cuentan con una regulación para la compartición de infraestructura (uso de infraestructura disponible por los operadores).

Además plantea que Nicaragua y El Salvador comparten el reto de actualizar su plan nacional de banda ancha y su estrategia digital nacional.

Los retos guatemaltecos están relacionados con la regulación roaming nacional entre operadores móviles y protección de datos de usuarios de telecomunicaciones.

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AMÉRICA LATINA

Canal 13 vende inmueble y abre licitación por ex paño de Chilevisión

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La Tercera

Hace un tiempo, la exestación del angelito, decidió poner a la venta un paño de 2.600 metros cuadrados que tenía en la intersección de las calles Inés Matte Urrejola con Los Piñones.


Canal 13 continúa avanzando en su proceso de reducir costos y mejorar sus balances. Si bien el primer semestre fue de alegrías para la compañía, tras alcanzar utilidades por $ 1.933 millones, revirtiendo los números rojos que la aquejaban, la firma ha seguido tomando medidas para robustecer su situación financiera.

Hace un tiempo, la exestación del angelito, decidió poner a la venta un paño de 2.600 metros cuadrados que tenía en la intersección de las calles Inés Matte Urrejola con Los Piñones -frente al canal-, donde funcionaban algunos estudios. Tal proceso concluyó hace algunos días con el cierre de un contrato de compraventa con la Inmobiliaria Apolo. El proyecto a desarrollar ahí debe ser visado por la Dirección de Obras (DOM) de la Municipalidad de Providencia. Su fin serían viviendas.

Asimismo, el canal controlado por Andrónico Luksic abrió una licitación para enajenar la estructura aledaña, donde funcionaba antiguamente Chilevisión. El terreno de 10.000 metros cuadrados fue adquirido en 2013 por la estación, con la finalidad de extender sus operaciones a esas instalaciones luego de que Chilevisión se trasladara a Machasa. Sin embargo, el complejo panorama mostrado por la industria truncó los planes. Y si bien la estación -controlada hoy por Turner- le entregó la estructura en 2017, finalmente se optó por enajenarla. Ante el gran número de interesados, el proceso mutó hacia una licitación abierta, la cual está todavía en desarrollo. Los interesados serían mayoritariamente inmobiliarias que apuntarían a construir edificios. Dado ello, el valor a pagar vendría dado por la extensión del paño y no por sus estructuras, las cuales serían demolidas. De los 10.000 metros cuadrados, en torno a 7.600 metros cuadrados estarían construidos.

Si bien se desconoce el valor que se estaría pidiendo por esa superficie, en su oportunidad trascendió que el canal había pagado cerca de US$ 12 millones a Chilevisión por las instalaciones.

2018 ha sido un año de fuertes ajustes para Canal 13. Durante el ejercicio se ha desvinculado a más de 300 personas, además de cerrar una alianza con la productora española Secuoya para externalizar servicios. De hecho, el primer semestre el grupo comunicó una utilidad de aproximadamente $1.800 millones por la venta de activos fijos técnicos a Secuoya. Además, alcanzó una ganancia de casi $2.000 millones, frente a una pérdida $4.888 millones de igual lapso del año anterior.

“Las medidas que ha implementado el canal han permitido una sustancial mejora en sus números operacionales al cierre de junio de 2018”, dijo en esa oportunidad el canal. Añadió que “se presenta un margen bruto o ganancia bruta de $8.884 millones acumulados a junio de 2018, $9.355 millones mejor en dicho indicador versus 2017 (ingresos menos costos de venta)”.

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AMÉRICA LATINA

Con 800 km de fibra óptica habilitados y otros 600 km por habilitar, Marandú busca llevar conectividad a cada municipio y escuela misionera

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Misiones online

El presidente de la empresa, que es una sociedad del estado de Misiones, Marcelo Rodríguez, contó los avances del trabajo que empezó en 2014 y que si bien al asumir el actual gobierno nacional, se quedó sin financiamiento, continuó con fondos provinciales y la colaboración de los empresarios locales.

En el mundo y el país las comunicaciones y telecomunicaciones son manejadas por grandes empresas que brindan estos servicios. Misiones cuenta con Marandú Comunicaciones, que una empresa provincial, que tiene como objetivo dotar a la provincia con tecnologías de conectividad.

Rodríguez, diferenció que las grandes empresas privadas invierten donde es negocio, y puedan luego recuperar lo que hizo. Sin embargo tener en Misiones una empresa de telecomunicaciones permite que se despliegue la fibra óptica donde se necesite, donde haya un misionero.

Marandú lleva más de 800 km de fibra óptica funcionando en la provincia y 600 km de obra del ducto que luego conducirá esta fibra óptica, por ser habilitados. Además, lleva internet a casi todos los organismos provinciales que existen en Posadas y ha iniciado un Plan de Conectividad Escolar que conectará a casi 2 mil establecimientos. También trabaja en la ley provincial EFAs 4.0 que busca modernizar a las escuelas agrícolas y en un futuro volcar estos contenidos en las familias y el desarrollo agrícola provincial. Se espera finalizar con la obra para el 2020 y así llevar el Plan de Conectividad a cada comuna, y centro educativo de la provincia.

“Hoy le estamos dando internet a todas las entidades públicas provinciales, y en Posadas tenemos una red urbana de 60 km, que une a todos los organismos del Estado” explicó Rodríguez, quien además argumentó que esto no solo permite que tengan internet, si no que habilita la interacción de las dependencias.

Solo entre 8 y 10 provincias argentinas cuentan con su propia empresa de comunicaciones, el resto depende de la oferta y la demanda de las empresas privadas, para estar conectados.

Recientemente la obra llegó a Bernardo de Irigoyen, que se abastecía de Internet a través de prestadores de Brasil. En este municipio ya fue habilitado el nodo que ingresa el servicio al municipio y se provee al edificio municipal y a una plaza con internet libre. La semana próxima será habilitada oficialmente, y casi en simultáneo sucederá lo mismo con Andresito. En diciembre será el turno de San Antonio, Wanda e Iguazú y con eso concluirán el 2018.

Para fin de año entonces quedaría habilitada toda la Ruta 14. Y en la Ruta 12 la conectividad cruza de Andresito a Wanda por la Ruta 19 y allí sube hasta Iguazú. Mas abajo la obra ya está realizada pero todavía sin fibra óptica, por lo que actualmente Marandú articula con la cooperativa de Puerto Rico que tiene fibra óptica hasta Ruiz de Montoya y desde allí la empresa provincial también tiene la obra realizada en la Ruta Nº 7 desde Aristóbulo del Valle a Jardín América y Ruiz de Montoya. “Tenemos 30 km que haríamos a principio del año que viene e intercambiaríamos pelos de fibra con la Cooperativa de Puerto Rico y habilitaríamos el nodo de Ruiz de Montoya, Capioví y Puerto Rico. Así tendríamos presencia en esa zona de la 12 que conectando con Montecarlo y Eldorado se sumaría a la red provincial que ya se está proyectando para los primeros meses del año que viene” explicó Rodríguez.

En algunos de los municipios a los que Marandú llegó, son luego los empresarios locales de las telecomunicaciones, los que desarrollaron una red de fibra óptica interna para llegar al usuario final. Se trata de una red de fibra hasta el hogar. Sucedió en municipios como Dos de Mayo, San Vicente, Montecarlo, Campo Viera, Irigoyen, Garupá, y en Posadas por el momento únicamente en Itaembé Guazú, dado que el resto recibe internet a través de empresas de televisión o de telefonía.

De esta manera el empresario que antes se preocupaba por cómo hacer que llegue internet al municipio, ahora solo debe encargarse de la distribución interna.

Además, Marandú es parte del programa EFAs 4.0 junto a la Escuela de Robótica. El objetivo es convertir a la EFAs en 4.0, dado que la tecnología llegó al mundo del agro tradicional, sumando trabajo en la nube, la inteligencia artificial, la robótica y los sensores. La semana pasada se comenzó a trabajar oficialmente con la EFA de Santa Rita de Alba Pose y la EFA San Antonio de Azara, donde ya tienen conectividad con la fibra óptica, y distribución dentro de la escuela, además de su kit de robótica.

También la compañía misionera desarrolla junto al gobierno provincial y al Ministerio de Educación, un Plan de Conectividad Escolar que pretende llegar a casi 2 mil escuelas. Ya hay más de 400 escuelas conectadas y 150 en obra para ser conectadas en los próximos días. “Es una política de estado, avanzar en la conectividad y en dar las herramientas a los misioneros” concluyó Rodríguez.

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AMÉRICA LATINA

Telefónica lleva la discriminación en Argentina a la justicia civil

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Kippel

La compañía española de telecomunicaciones ha presentado una denuncia ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial contra la resolución que autoriza la fusión de Cablevisión y Telecom en el país latinoamericano.

Telefónica se opone rotundamente a la fusión de Cablevisión y Telecom en Argentina. La resolución que autoriza la unión de las dos empresas controladas por el Grupo Clarín supone un riesgo para la competencia en dicho mercado, de acuerdo con la teleco española, que ha acudido a la justicia civil para detener la que considera una situación de discriminación.

El operador ha presentado una denuncia ante la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, según Página12. Este ha sido el último movimiento de Telefónica después de recurrir sin éxito ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Cndc), así como a la secretaría de Comercio y al Ministerio de la Producción.

Para la compañía española, la fusión de Cablevisión y Telecom “reafirma un trato discriminatorio para el resto de los operadores e impone serios obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado de telecomunicaciones al favorecer a un operador dominante en el sector”.

La capacidad de elección de los consumidores argentinos para escoger a su proveedor de telecomunicaciones se ha reducido tras la fusión. Ambos grupos controlan más de la mitad del mercado de banda ancha fija en el ámbito nacional, así como de la televisión de pago en el país. En gran parte de este, se trata de la única referencia disponible.
Telefónica contempla incluso denunciar al Gobierno argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones (Ciadi), organismo que depende del Banco Mundial, con sede en Washington D.C.

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