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Ciberseguridad en las elecciones

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El Universal – Juan Ramón de la Fuente

A la seguridad informática, la que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y en particular a la información que circula a través de las diversas redes digitales, archivos, bases de datos, etcétera, se le conoce como ciberseguridad. Ante la perspectiva de que prácticamente todo en este mundo parece orientarse hacia un desarrollo digital, el tema ha dejado de ser sólo preocupación de los bancos y los mercados financieros. El ciberespacio ha incursionado en la política y tiene graves implicaciones éticas y legales que afectan nuestra vida individual y colectiva.

Hasta hace poco tiempo, yo era bastante escéptico sobre la injerencia extranjera en los procesos electorales de los regímenes democráticos. No así cuando se trataba de golpes de Estado, juntas militares, dictaduras o prolongación en el poder de regímenes autoritarios. Pero la creciente evidencia de la intervención rusa en el proceso electoral de los Estados Unidos ha cambiado mi percepción. El reciente escándalo protagonizado por Cambridge Analytica, quien obtuvo “legalmente” más de 87 millones de cuentas de Facebook, es una muestra clara de la dimensión que el asunto puede llegar a alcanzar.

Hace unos días, en el contexto de un foro que sobre el tema organizaron esta casa editorial, el Aspen Institute y la Fundación Miguel Alemán, tuve oportunidad de conversar con John Banghart, quien fuera Director de Ciberseguridad del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos y tenía bajo su custodia la seguridad informática de la Casa Blanca con el presidente Obama. A él le correspondió informar que habían sido atacados por hackers rusos el Comité Nacional del Partido Demócrata, el Comité de Campaña del Congreso, así como a John Podesta, director de la campaña de Hillary Clinton.

La capacidad tecnológica en este campo ha experimentado avances insospechables hace apenas algunos meses. Los ataques por denegación de servicio distribuido (DDoS, por sus siglas en inglés) pueden llegar a paralizar cualquier sistema con correos basura e impedir que los usuarios legítimos tengan acceso al servicio. Esta técnica era tradicionalmente usada por los crackers, pero eso parece ya ser historia. Hoy no se necesitan personas para hacerlo. El ataque se hace vía IOT, el internet de las cosas. Este concepto fue propuesto hace unos años por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos. Una empresa norteamericana, Cisco, ha creado incluso un contador de conexiones. Se estima que actualmente hay ya varios miles de millones de dispositivos conectados a internet. Según Banghart, ese es uno de los principales flancos a proteger en los procesos electorales.

En el Foro referido participaron también Javier Murillo, cuya empresa (METRICS) desarrolla nuevas tecnologías para las relaciones digitales; Mario de la Cruz, presidente nacional de la Cámara de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, y una joven investigadora mexicana egresada de la UNAM, Saiph Savage, quien actualmente dirige el Centro de Cómputo Interactivo en la Universidad de West Virginia. La conducción del evento estuvo a cargo de Ana María Salazar, analista internacional y experta en temas de seguridad, en tanto que, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE hizo la presentación final. Prudente, mesurado, Córdova hizo un recuento de las medidas de protección que ha adoptado el INE para tratar de contener los miles de intentos de ciberataques que ya han detectado y se dijo estar preparado para lo que pueda venir. Con sensatez, advirtió: “Todos los sistemas, como se ha señalado en este Foro, son vulnerables, y el INE no es la excepción. Los ataques pueden venir de fuera o de adentro”. En relación a lo dicho hace algunas semanas por el Secretario de Estado Rex Tillerson sobre la posible injerencia rusa en las próximas elecciones, su respuesta fue contundente: “Nos preocupa Rusia, pero también los Estados Unidos¨.

Murillo dio algunos datos preocupantes: en México hay 85 millones de usuarios de internet, se han detectado cerca de 20 millones de cuentas falsas o duplicadas, y en torno al proceso electoral se han posicionado ya más de 100 temas en la agenda digital. Según sus datos, se estima que hay 8 millones de cuentas de posicionamiento, y que al menos 27 % corresponden a bots o trolls. La información compartida por De la Cruz mostró el avance del México digital: 65 millones de personas tiene ya un teléfono inteligente y el 76% de ellos acceden a las redes sociales. En el Índice Global de Ciberseguridad, México ocupa el lugar 28 de entre 165 países (no está nada mal), y al igual que todos los demás expertos, hizo énfasis en la necesidad de diferenciar el tema de la ciberseguridad del de las historias falsas que aparentan ser noticias reales (fake news). Este problema adquiere particular relevancia en tiempos electorales y amerita una reflexión por separado. Saiph, como buena académica, mostró datos de sus investigaciones sobre la forma en que las redes sociales pueden influir a favor o en contra de determinadas figuras públicas, pero también sobre el papel que han jugado las redes sociales en procesos como el de las autodefensas en Michoacán. Ana María Salazar permitió, con su experiencia y conocimiento en la materia, que el diálogo fluyera con naturalidad. Algunos de los estudiantes presentes expresaron su escepticismo y desconfianza en las instituciones. Había razón. Acababa de darse a conocer el fallo, tan cuestionado como controvertido, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El evento dejó claro que la inteligencia de las y los ciudadanos es la mejor defensa que podemos ofrecer ante cualquier manipulación que pretenda imponerse en nuestras próximas decisiones.

Mother Jones, una publicación estadounidense progresista, que se ocupa fundamentalmente de temas relacionados con los derechos humanos, el medio ambiente y la cultura, publicó hace poco (04/09/18) que Facebook sigue siendo la plataforma perfecta para las elecciones mexicanas. Se refiere específicamente a cuatro sitios desde los cuales se ataca sistemáticamente al candidato que puntea en las encuestas. No se sabe a ciencia cierta, dice la publicación, quién está detrás de ellos. Pueden ser actores extranjeros, grupos de interés nacionales o ser parte de las campañas de los otros candidatos. Pero tienen más de 250 mil seguidores en face news y otros 35 mil en twitter, muy activos. No se trata de fake news. No dicen, por ejemplo, como dijeron de Trump, que el Papa Francisco apoya a alguno o alguna de los contendientes. La trama es más sutil. Se parece más al tipo de ciberpropaganda que usó Stephen Bannon para atacar sistemáticamente a Hillary Clinton (Breitbart News Network). Son expertos en producir olas expansivas en la mayoría de las redacciones. Saben bien dónde y cómo pegar. No habría que subestimarlos

¿Qué tanto influirán estas estrategias de desinformación en las y los electores mexicanos? Me resulta imposible predecirlo. Pero si lo dicho por los expertos en el Foro referido es cierto, tenemos razones para confiar en que serán las y los ciudadanos quienes definirán, con libertad, quien nos va a gobernar. Por fortuna, no parecemos ser tan fácilmente manipulables. Hay que ir a votar y exigir que nuestro voto se respete. Yo sostengo que el malestar ciudadano es la expresión de una sociedad dolida. Lo argumento en mi más reciente libro (Grijalbo, 2018). Quien mejor la entienda y genere empatía con la mayoría de las y los electores, ganará el 1º de julio.

Presidente del Consejo, Aspen Institute México

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“Llámame Internet”, de A. Pisanty

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Milenio – Rogelio Villareal

El vecindario mundial se ha ampliado a límites casi infinitos, asistimos a la masificación de las conductas, incluyendo las criminales. Un tuit o un post en Facebook puede causar una tormenta en el otro lado del mundo.

Gracias a internet conocí a Alejandro Pisanty, y a muchas otras personas valiosas que probablemente nunca habría conocido de no ser por esta herramienta que ha cambiado no solamente la faz del mundo, sino las costumbres y la conducta de una mayoría de sus pobladores, con nuevas reglas de etiqueta, pero también con nuevas maneras de hostigar y de cometer crímenes.

Internet es un súper big brother político, económico, moral. Llámame Internet, aquí está todo lo que ustedes querían saber de la red de redes pero no sabían cómo preguntar. Y todas las respuestas en un libro de apenas 84 páginas publicado el año pasado por la Secretaría de Cultura; un breve y lúcido ensayo donde podremos conocer cómo funciona internet detrás de las pantallas, quiénes lo dirigen, coordinan, organizan, operan; en suma, quiénes lo hacen mejor.

También podremos conocer a los que lucran, a los que se dedican a recabar todos los datos posibles de quienes lo usamos cotidianamente para trabajar, para distraernos, para informarnos o para estar en contacto inmediato con familiares, amigos y desconocidos.

Internet, dice Pisanty, es el reflejo magnificado a la enésima potencia de lo que pasa afuera de él. Lo bueno, lo malo, lo peor; un lugar donde magnifica la bondad, la vulgaridad, la maldad, la vileza: la naturaleza del ser humano. Un universo en el que parece predominar la cháchara, lo superfluo, la mentira, el chisme, la calumnia. Internet, dijo Umberto Eco, le dio voz, presencia y peso a una numerosa legión de idiotas, pero, desde luego, también a gente que piensa y que trabaja por hacer de este mundo un lugar más habitable.

Internet es un territorio peligroso y resbaladizo donde hasta el más peinado tropieza. Una vez contesté un cuestionario, creo que era sobre el coeficiente intelectual, y Pisanty me reconvino: “Ya caíste”. Me explicó cómo ésa es una de las tantas maneras que tienen empresas y organismos para recabar información sobre todos nosotros para saber qué es lo que nos pueden vender: un producto, un servicio, un partido político, un candidato.

Internet es ahora la inagotable biblioteca de Babel que imaginaba Borges, un enorme repositorio de la historia del mundo y de la humanidad, con todas sus gradaciones y perversiones, sus luminosos espacios de conocimiento y sus oscuros rincones de odio. “Era más peligroso olvidar que recordar; teníamos que gastar en protegernos del olvido, no de la memoria”, escribe Pisanty.

Internet es el culmen de la historia del origen de la civilización: desde la invención del lenguaje, las pinturas rupestres, la escritura, la imprenta y de ahí hasta el smartphone y los desarrollos en computación cuántica. Internet ha transformado todo lo que conocemos, prácticamente todas las profesiones, y muy especialmente la manera en que se transmite la información. El periodismo ya no es el mismo. La plataforma digital permite la interacción inmediata de los lectores, pero también la proliferación de noticias falsas, con sus nefastas consecuencias.

En este marasmo, ¿dónde quedan la privacidad, la intimidad, la seguridad, la libertad de opinión? Existe un acoso terrible a los disidentes en países como China, Arabia Saudita, Vietnam, Azerbaiyán y Bahrein, donde el sexo, la religión y la política son temas en los que no se puede discutir libremente. El disenso es castigado.

Cuidado con internet: todo lo que hacemos ahí queda registrado y en algún momento eso aparecerá. El pasado no se borra. ¿Qué podemos hacer? ¿Es conveniente que un político pueda omitir detalles escabrosos de su biografía si se postula para un puesto? ¿Qué límites debemos ponernos? Alguien toma una foto de una persona que fallece en un accidente o en un acto de violencia y se vuelve viral. ¿Dónde queda la dignidad de los muertos? Se pregunta el autor: “¿Dónde los sentimientos de los familiares y amigos de la persona afectada, el interés de los menores y de sus padres, el dolor que pasarán los familiares viendo por años, quizás el resto de su vida, la imagen dolorosa de un pariente muerto. O ser objeto de risa, o de hostigamiento, cuando ya mayor una foto inconveniente te espere en cada nueva solicitud de trabajo”.

Sin embargo, también internet puede ser liberador. Muchos internautas se dan cuenta de lo que pasa fuera de sus países, si son democráticos o no, qué se discute en torno a la homosexualidad, el feminismo, el aborto, la legalización de las drogas, la libertad de prensa, la separación de las instituciones religiosas y el Estado.

Una cosa es importante, señala Alejandro: la red es una sola para todo el mundo, independientemente de los esfuerzos de gobiernos y corporaciones por evitar que la información llegue a quienes no quieren que la vean.


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El más excluyente Pleno del IFT

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El Economista – Jorge Bravo

Cinco años es tiempo suficiente para señalar lo que no funciona de la reforma en telecomunicaciones. Uno de esos aspectos es la integración del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que se ha convertido en un cuerpo colegiado donde la discriminación echó raíces, al grado de que tras la salida de María Elena Estavillo en febrero próximo, la última mujer comisionada, se convertirá en el Pleno más excluyente desde que se instaló. 

La más reciente convocatoria del Comité de Evaluación (integrado por los titulares del Banco de México, el INEE y el Inegi) para sustituir y nombrar a un nuevo comisionado evidenció aún más sus deficiencias. Una de ellas, la más notable, la ausencia de mujeres en el Pleno. 

No se trata de ser políticamente correcto y decir que hay que incluir a mujeres en los órganos de decisión. El hecho de que no haya expertas en el Pleno del IFT no sólo se ve mal sino que está mal. Es un tema de equidad de género que requiere soluciones drásticas, como ha ocurrido en países más avanzados que están superando la brecha de género porque se han movido “pronto y rápido”. 

El Foro Económico Mundial mostró cuáles son las naciones donde es mejor ser mujer, principalmente países escandinavos. El secreto de la igualdad de género en esas naciones radica en que “casi tres de cada cuatro mujeres en edad de trabajar en los países nórdicos forman parte de la fuerza laboral remunerada, y los responsables políticos apoyan explícitamente la igualdad de género en el trabajo, en el hogar y en público”.

La convocatoria del Comité de Evaluación para ocupar una vacante en el Pleno del IFT debiera ser intercalada (una mujer, un hombre), y las nuevas comisionadas deberán someterse a los cuestionamientos propios de su desempeño profesional y no creer que se les critica por razones de género. Y si son atacadas por planteamientos machistas, misóginos o patriarcales, tendrán que aguantar, porque lo importante es que tengan la oportunidad institucional y la equidad profesionales, no la conmiseración. 

El típico contraargumento de por qué nombrar a una mujer aunque no sea mejor que un hombre en un examen de conocimientos, es respondido precisamente por los países nórdicos que supieron actuar pronto, rápido y políticamente. O sea, hay que empezar a acostumbrarse a ver a más mujeres en cargos de alta responsabilidad y, ellas, a tolerar la crítica. 

No olvidemos que en la historia un día nos vamos a dormir sin derechos y al día siguiente amanecemos con algunos derechos. Antes se tuvo que luchar, después hay que defender. Ahorita hay que decirle sin ambages al Comité de Evaluación que la equidad de género existe, es positiva y de vanguardia y que, aún sin pretenderlo, han fomentado la discriminación, la exclusión y eso tiene que dejar de ocurrir.

La segunda discriminación se refiere a la ausencia de comunicólogos en el Pleno del IFT. ¿Cómo se justifica que desde la extinta Cofetel y ahora con el IFT ningún comunicólogo ha sido comisionado y regulador? Nuevamente (y aquí sí de forma más clara aplicando una “mentalidad de gueto”), el Comité de Evaluación creado a partir de la reforma ha discriminado expresamente y ha sido hostil con los especialistas de la comunicación porque en el examen de conocimientos de la convocatoria los temas generales se refieren a derecho, economía e ingeniería. 

Qué curioso que los organismos reguladores nacieron en Estados Unidos y el resto del mundo principalmente para fomentar condiciones de competencia económica en el mercado; qué paradójico que sigamos insatisfechos con esas mismas condiciones de competencia, empezando por los propios reguladores. Es momento de reconocer que la competencia económica no puede seguir siendo el único o el principal tema que enfrente un regulador actualmente. Destacados economistas como Thomas Piketty o el Nobel francés Jean Tirole han advertido la insuficiencia del enfoque economicista para afrontar los desafíos del mundo.

Es bochornoso en el amplio sector de las comunicaciones, de la industria de las telecomunicaciones, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de la convergencia que los especialistas en esa materia sigan sin ser tomados en cuenta y se les relegue al ámbito contestatario o de las organizaciones de la sociedad civil. 

Es cierto que los ingenieros están conduciendo la revolución digital global, pero también es evidente su incapacidad para afrontar los cambios políticos, sociales y culturales que están ocasionando. 

Llama la atención que se hable tanto del crecimiento del video, de la evolución de las llamadas de voz y ahora los asistentes virtuales, de que cada año el tráfico de datos se duplique y sobre los efectos de la Inteligencia Artificial, pero no reconozcamos que esos contenidos, interacciones y datos son cultura, símbolo y significación y su impacto social cada vez es mayor. 

No me sorprende que el desempeño del regulador y de la mayoría de sus comisionados a partir de la instalación del IFT haya sido tan inconsistente, cuestionable o incluso omiso en temas como derechos de las audiencias, regulación de contenidos y publicidad, pluralidad y diversidad, inclusión digital, medios públicos y comunitarios, libertad de expresión, protección de la niñez, propiedad cruzada de medios y muchos tópicos más de los que pareciera que carecen de las herramientas conceptuales y metodológicas suficientes. 

Los abogados, economistas e ingenieros tienen que darse cuenta de que su feudo y monopolio regulatorio ya se agotó, porque también se difuminaron para siempre las barreras entre la radiodifusión, las telecomunicaciones y la informática, lo cual creaba estancos y modelos regulatorios hoy cuestionados y quizá superados. El cada vez más complejo sector de las TIC (incluidos aspectos info y biotecnológicos como las fake news o la edición genética) requiere la concurrencia de nuevas especialidades, visiones regulatorias y de políticas públicas. 

Los reguladores han sido instancias políticas que pretenden ser en el mejor de los casos organismos eminentemente técnicos y especializados; es momento de que sean reguladores más humanos y sociales, con un discurso cercano a los impactos de la tecnología en la población de todas las edades y condiciones socioeconómicas. 

La acelerada e inquietante transformación digital ha dejado atónitos a los reguladores porque se empecinan en tener una estructura de pensamiento tradicional, de gueto. Cuando las autoridades reconocen que un nuevo regulador con visión de futuro debe ser flexible pero no dicen qué significa ser flexible, claramente evidencian que no saben qué hacer ante lo inconmensurable del desafío digital. 

El tercer aspecto tiene que ver con el nombramiento del presidente del Pleno del IFT. Actualmente, el artículo 28 de la Constitución señala que el nombramiento del Presidente del IFT recae en la Cámara de Senadores. Ese mecanismo es sumamente negativo porque politiza y partidiza el proceso, los parvularios (legisladores) se hacen pasar por especialistas del sector, se abre una campaña pública, desata descalificaciones y se utilizan recursos institucionales para hacer proselitismo o atacar a sus pares comisionados, como las áreas de comunicación social o eventos de lucimiento personal. 

El propio Pleno del IFT debe seleccionar y nombrar a su presidente, como ocurre con otros organismos autónomos que también tienen cuerpos colegiados como la UNAM (la Junta de Gobierno nombra al Rector), el INAI o la SCJN. En tanto el Presidente del IFT siga siendo nombrado o ratificado por los senadores, el IFT seguirá siendo un semi, cuasi o dizque organismo autónomo.

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COLUMNISTAS

Telefonía celular en México

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El Universal – Javier Tejado Dondé

Causó polémica en el sector de telecomunicaciones la afirmación realizada la semana pasada por el presidente de la República, en el sentido de que sólo 25% del país cuenta con servicios de telefonía celular. Cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones dan cuenta de que 88.4% de la población (106 millones de mexicanos) tienen acceso al menos a una red móvil de tercera generación. Aunque es claro que alguien le dio mal el dato al Presidente, ello no implica que no deban hacerse mayores esfuerzos por incrementar los niveles de cobertura de telefonía celular y mejorar los niveles de calidad de dicho servicio.

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