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Telecomunicaciones: Claro y Telefónica muestran cautela ante la “ley corta” que las habilita a dar TV paga vía satélite

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iProfesional – Andrea Catalano

“Cuando sea realidad, hablamos”. Así podría resumirse la sensación que transmiten tanto en Telefónica como en Claro luego de que se conociera la decisión del Gobierno de enviar al Congreso un proyecto de ley que las habilita a ofrecer televisión paga por satélite, alternativa que hoy tienen vedada.

Se trata de la llamada “norma corta” -o “ley corta”- con la que el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, prometió avanzar a partir de una vieja demanda que estas compañías vienen planteando.

El borrador también apunta a darle un poco de prolijidad a un marco regulatorio que bien podría ser considerado un “patchwork” generacional surgido en los ’90, aggiornado en el inicio del 2000, debatido hacia el final de la década y nuevamente emparchado desde 2014 a la fecha.

Si bien el proyecto consta de sólo ocho artículos y fue pensado justamente para que tenga un rápido trámite parlamentario y una ligera aprobación en ambas cámaras, la duda que ahora se plantea es si los tiempos de los legisladores estarán acordes a los que demanda el mundo digital.

Por eso, más allá de la buena intención oficial de ir ordenado el marco regulatorio y emparejar la cancha entre todos los jugadores a través de la ley, habrá que ver también cómo se disputan los partidos en las diferentes etapas que deberá transitar la iniciativa.

La decisión de que ingrese por el Senado responde a que su presidente provisional, Federico Pinedo, es conocedor del tema y podría encarrilar sin mayores inconvenientes la discusión.

Además, posee buenos vínculos con la industria y antecedentes en el envío de otras iniciativas relacionadas con las telecomunicaciones.

¿Acaso la oposición obstaculizaría un proyecto de ley que, tal como dicen en las esferas oficiales, apunta a equilibrar la competencia entre las grandes operadoras del mercado?

¿Se opondría el arco opositor a que Claro y Telefónica puedan ingresar más rápidamente al negocio de la TV paga por el vínculo satelital para así equiparar, al menos en parte, la gran participación de mercado que en ese segmento tienen Telecom (principalmente) y DirecTV?

Si sale del Senado sin inconvenientes, los mismos interrogantesquedarán planteados para Diputados.

Aun suponiendo que la iniciativa:

– Ingrese rápidamente a la Cámara Alta.

– Sea analizada por las comisiones pertinentes.

– Realice su tránsito sin mayores obstáculos.

– Sea vista como una buena opción para equiparar la relación de fuerzas.

– Que ayude a promover la competencia.

– Que se convierta rápidamente en ley.

Con todo, ni Telefónica, ni Claro ni ninguna otra prestadora podrá dar servicios en combo de manera inmediata.

En el mejor de los casos, de aprobarse el proyecto, las empresas tendrán que esperan hasta el 1° de enero de 2019 para poder comenzar a brindar los servicios de televisión paga primero, y brindar ofertas conjuntas de comunicaciones móviles y otros productos o servicios TIC, después.

En cuanto al uso de tecnologías propiamente dichas para la distribución de servicios de radiodifusión por suscripción, es decir, televisión paga, el borrador contempla a este servicio como:

– La transmisión unidireccional de señales.

– Que recibe un público determinado.

– Con independencia de la tecnología o medios utilizados.

Aquí se incluyen a prestadores que “utilicen la tecnología de transmisión de contenidos audiovisuales basados en el protocolo IP, para el acceso de los programas en vivo y/o de televisión lineal”.

Es decir, habilita a todas las compañías del sector a distribuir cualquier tipo de servicio de TV paga también por Internet.

Aunque la norma no lo dice expresamente, al habilitar esta chance de manera tan explícita, lo que se busca es incrementar las inversiones en fibra óptica, la tecnología más eficiente para la distribución de los contenidos audiovisuales.

Las actuales redes ADSL, que continúan explotando Telefónica y Telecom, no dan abasto para las demandas actuales de consumos audiovisuales que se producen, al menos, en los hogares de los grandes centros urbanos del país.

El vínculo satelital permite entrar rápidamente al negocio de la televisión paga pero, a la hora de ofrecer servicios en combo, no es la tecnología más eficiente.

Por eso, el texto es una especie de caramelo de sabor corto, que ayudará a tener energía en el inicio de nuevos negocios en una primera fase.

Para el largo plazo, la historia será otra: si las operadoras quieren disfrutar de una golosina con mayor persistencia, van a tener que invertir más.

Es a lo que juega el Gobierno con iniciativas de este tipo, más allá de que  los últimos en recibir los eventuales beneficios de esta apertura sean los consumidores.

Para eso no hay fecha. Y, ya se dijo, un proyecto de ley no genera muchas expectativas en este país. Los actores involucrados quieren ver hechos concretos. Hay un cierto consenso, respecto de este texto, en que resuelve varias cosas pero no todas. De aprobarse, mejoraría algunos aspectos de la competencia, no todos.

Hasta ahora, el sector de las telecomunicaciones es uno de los más dinámicos de la Argentina.

Para este año, se prevén inversiones por unos u$s3.000 millones de parte de Claro, Telecom y Telefónica, en el primer pelotón, seguido luego por un conjunto de operadoras independientes, como iPlan, Telecentro, Supercanal, entre otras.

Los diversos jugadores del mercado fueron consultados para la elaboración de esta “norma corta”, de modo que su aprobación dejaría más o menos contentos a todos. Pero habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, especialmente a partir del próximo martes.

El viernes pasado, el proyecto de ley hizo su ingreso oficial en el Senado. El martes, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se presentará a las 14 en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de esa Cámara para responder las inquietudes sobre el proyecto en cuestión.

Todo esto ocurre en momentos en que el presidente español, Mariano Rajoy, visita la Argentina después de 11 años de que un mandatario de ese país llegara a estas tierras.

El jefe de Estado visitante aseveró que animará a las empresas españolas a invertir en el país. Telefónica viene manteniendo sus desembolsos en un nivel estable. Los ajusta de acuerdo a losíndices de inflación, y se reserva aportes extraordinarios para los casos en que haya nuevas licitaciones de espectro.

¿Qué cambia?

La llamada “ley corta” introduce modificaciones a la actual ley 27.078 Argentina Digital, sancionada en 2014 para completar lo que no abordó la ley de medios 26.522. Pero en varios aspectos se quedó a mitad de camino: de tan general, dejó sembrada varias ambigüedades.

El texto que ahora ingresará al Senado robustecerá, de alguna manera, parte de esa regulación que, a su vez, se plantea en el marco de la convergencia. Siempre que se apruebe.

Por eso, lo más significativo es la inclusión del artículo 8° -como parte del art. 94 de la ley Argentina digital- que contempla la posibilidad de que las prestadoras de telecomunicacionespuedan salir a competir por satélite, una posibilidad que hasta ahora viene siendo explotada exclusivamente por DirecTV.

El texto indica que todos los operadores “telcos” podrán ofrecer sus prestaciones “mediante vínculo satelital en las localidades y conforme al cronograma que apruebe el Ministerio de Modernización, tomando como fecha límite el 1° de enero de 2019”.

El proyecto de ley no se queda sólo en eso. También incluye cambios en lo relativo a la adjudicación de frecuencias para ARSAT, expresando de manera explícita que se otorgarán aquellas destinadas al cumplimiento de sus fines.

Al crearse la empresa estatal satelital (ley 26.092/2006), se determinó que su objetivo sería realizar por sí, por cuenta de terceros o asociada con terceros el diseño, desarrollo, construcción en el país, lanzamiento y la puesta en servicio de satélites de telecomunicaciones.

Luego, en el decreto 1552/2010 que creó el Plan Argentina Conectada, se estableció que ARSAT tendría a cargo conectar a los lugares más remotos a través de la Red Federal de Fibra Optica (REFEFO).

Hoy, la comañía estatal cuenta en su poder con las frecuencias para telefonía 3G y 4G que devolvió el Grupo Vila-Manzano luego de que la gestión anterior diera de baja la adjudicación de ese insumo (se lo había otorgado en 2014).

El Gobierno pretende poner rápidamente ese recurso a disposición de los actuales prestadores, es decir, Telecom, ClaroTelefónica. Para ello, debe encontrar la manera legal de que dejen de estar en poder de ARSAT.

El artículo 3 del borrador va en esa dirección. Pide sustituir otro vigente que establece reservarse con carácter preferencial las frecuencias establecidas en esa norma.

Hay otros dos aspectos, no menos importantes, contemplados en el texto. En el artículo 11, el último de la “norma corta” se alude al tema de la comercialización de los contenidos.

Allí se pide que tal situación se debe efectuar “en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias, de modo tal que se garantice una competencia leal y efectiva entre los distintos licenciatarios” de servicios TIC.

Este artículo aborda los precios en los que se negocian las señales que se incluyen en los servicios de TV paga y otros contenidos todavía más sensibles, como el fútbol. Un tema que, de aprobarse la ley, generará fuertes disputas hacia adelante porque será cuando los principales jugadores de la TV, Telecom por medio de Cablevisión, y DirecTV, deban sentarse en la misma mesa con Telefónica y Claro, entre otros.

Y otro punto, no menor, es el vinculado con la compartición de infraestructura, ampliamente abordado en los primeros artículos del texto. Apela, justamente, a compartir con empresas de energía, agua y otros servicios, el uso de las zanjas o postes para llevar por allí las redes. Y, en el mismo sentido, propone el uso de los edificios públicos para la instalación de antenas y demás equipamiento necesario orientado al mismo fin.

Varias de las cuestiones incluidas en el texto responden, a su vez, a lo que considera la OCDE en materia de competencia de telecomunicaciones. Y es ampliamente conocido el interés del Gobierno por ingresar en esa organización pues, de ocurrir, la Argentina se convertiría en un “miembro pleno de occidente”, como alguna vez lo expresó un ex funcionario

Pero, en definitiva, se trata de un borrador. De ahí que las expectativas de los eventuales beneficiarios directos, Claro y Telefónica, sean bajas.

Quieren ver hechos concretos. El cambio, que ahora viene en formato de “norma corta”, se esperaba bajo el modo DNU a finales de 2017.

En el mientras tanto, los meses pasan. Y de convergencia, hasta ahora no se ve nada.

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Hispasat se alía con Gilat y acelera en el negocio de la banda ancha en Brasil

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Hispasat acelera en su avance en el negocio de la banda ancha en los mercados latinoamericanos. Esta vez, el turno ha sido en Brasil. El grupo español, a través de su filial Hispamar, ha cerrado un acuerdo con Gilat Satellite Netwoks para ofrecer en el país sudamericano un nuevo servicio de conectividad de banda ancha satelital de alta calidad.

En un comunicado, la compañía ha señalado que el acuerdo está enfocado tanto al mercado residencial como al corporativo, con el fin de extender el acceso a internet a zonas del país que en la actualidad están aisladas digitalmente. La firma insiste en el objetivo de contribuir a reducir la brecha digital.

Para ofrecer estos servicios, Hispamar utilizará la capacidad en banda Ka de los satélites de alto rendimiento Amazonas 5 (en funcionamiento desde el año pasado) y Amazonas 3 (lanzado en 2013), que cuentan con haces de cobertura específicamente diseñados para Brasil. “La banda Ka permite concentrar la potencia del satélite sobre áreas más reducidas que las bandas de frecuencia tradicionales”, ha señalado la empresa, que precisa que esta posición, unida a la disponibilidad de un mayor ancho de banda y a la posibilidad de reutilizar frecuencias que permite la tecnología denominada HTS, supone un incremento directo de la información que puede transmitirse, alcanzando velocidades más elevadas y “consiguiendo tarifas más competitivas para los clientes finales”.

El acuerdo en Brasil se une al movimiento de la compañía en México, anunciado hace pocos días. Hispasat comunicó a principios de octubre que ha empezado a ofrecer un nuevo servicio al mercado mexicano de las telecomunicaciones con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de llevar conectividad de banda ancha a zonas rurales o de difícil acceso del país donde no cuentan con un acceso a Internet de calidad, para así contribuir a reducir la brecha digital que existe en la actualidad en México.

La empresa también ha recurrido a su satélite Amazonas 5, que cuenta con siete haces de cobertura sobre México en la banda de frecuencias Ka, que ofrece mayor potencia en las comunicaciones a unos precios de conexión más reducidos. Este satélite cubre el 77% de la población mexicana y le permite llegar a 100 millones de personas, lo que representa unos 27,2 millones de hogares.

En términos generales, la banda ancha es una de las prioridades del plan estratégico de Hispasat. La empresa está impulsando este negocio en Europa, Latinoamérica y África. Por ejemplo, a principios de año estableció una alianza con la española Eurona. En la actualidad, la banda ancha y los servicios de televisión aportaban cada uno el 50% de los ingresos de la empresa. Ahora bien, la banda ancha va a ganar peso.

De igual forma, Latinoamérica gana peso en el conjunto de la compañía. Las intenciones de Hispasat pasan por obtener en la región en torno al 70% de sus ingresos a final de este año.

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1,8 millones de multa a Vodafone por incumplir la normativa de ‘roaming’

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El País Reyes Rincón

El Tribunal Supremo ha multado con 1,8 millones de euros a Vodafone por incumplir la normativa del roaming, el servicio que permite utilizar el móvil en el extranjero. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha fijado en 1.869.288 euros la sanción impuesta a la operadora por asociar automáticamente a los planes de precios nacionales RED y Base la tarifa de roaming “Hablar y navegar en Europa”, sin ofrecer al cliente la posibilidad de elegir las tarifas europeas o cualquier otra alternativa de roaming. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que Vodafone ha cometido una infracción grave del artículo 77.17 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) de 2014 al haber incumplido las condiciones para la prestación de servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónicas.

La sanción impuesta por el Supremo, que ya es firme, es algo superior a la que le puso la Audiencia Nacional pero muy inferior a la multa inicial fijada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el 24 de abril de 2014. Este organismo había abierto un procedimiento sancionador a la operadora por incumplir el reglamento europeo de roaming al vincular durante siete meses (entre noviembre de 2012 y junio de 2013) de forma automática una tarifa de itinerancia distinta a la eurotarifa regulada. Según Competencia, esta práctica le reportó a Vodafone un 128% más de ingresos brutos a los que hubiera ingresado por aplicar la tarifa regulada. El procedimiento abierto en este organismo acabó con una multa de 3.116.000 euros. La compañía recurrió y la Audiencia rebajó a 1.557.740 euros la cuantía de la multa al entender que era más beneficiosa para la empresa sancionada aplicar la Ley General de Telecomunicaciones de 2014, que califica la infracción cometida como grave, frente a la del 2013 que la considera muy grave.

Ahora, el Tribunal Supremo ha estimado de forma parcial el recurso de la Abogacía del Estado y ha vuelto a modificar la sanción, aunque, esta vez, 300.000 euros al alza. El alto tribunal ha aplicado las circunstancias agravantes de la responsabilidad contempladas en la Ley General de Telecomunicaciones de 2014 por los beneficios elevados que obtuvo la empresa, los siete meses que duró la infracción, el daño causado a 150.000 clientes y la falta de reparación del daño al no figurar la devolución de los importes.

Pero, por otra parte, la Sala también ha aplicado la atenuante de la responsabilidad de la Ley General de Telecomunicaciones al considerar acreditado que Vodafone cumplió con la medida cautelar que le impuso el Consejo de la Comisión del Mercado de la Competencia en el procedimiento sancionador. La operadora dejó de asociar automáticamente la tarifa de roaming en cuestión a los planes de precios nacionales RED y Base, “sin necesidad de nuevos requerimientos y sin que fuera preciso que la Comisión adoptara medidas adicionales para lograr la implementación de lo acordado, la desvinculación de la tarifa de roaming”.

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Bajará costo de servicios con nuevas empresas

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El Universal – Carla Martínez

La llegada de nuevas empresas que ofrezcan telefonía, internet y televisión de paga se traducirá en una disminución de precios de los servicios, dijo Javier Juárez Mojica, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“¿Qué debemos hacer? Seguir fomentando que lleguen nuevos jugadores que presten esa gama de servicios convergentes y esa presión competitiva lo que va a provocar es que los precios vayan a la baja”, señaló durante el foro ¿Cuáles son los Avances y Pendientes en Telecomunicaciones y Radiodifusión?, realizado por EL UNIVERSAL.

Juárez Mojica explicó que las concesiones únicas son una de las ventajas de la reforma constitucional en telecomunicaciones.

“No es lo mismo que en tiempos de Cofetel, donde para solicitar un servicio adicional era casi como ir por un nuevo título de concesión”, dijo.

Con la concesión única, las empresas pueden ofrecer todos los servicios de telecomunicaciones: telefonía, internet y televisión de paga.

Del segundo trimestre de 2013 al mismo periodo de este año el servicio de internet incrementó sus precios 0.8% y el de televisión de paga 11.8%.

Sobre el caso de internet, el comisionado comentó que “en ocasiones, aunque no lo vemos como precios más baratos, los usuarios reciben más gigas en el plan de datos móviles y en servicio fijo se tienen más mbps de velocidad”.

Por otra parte, señaló que darles poder a los usuarios es muy relevante y en México el instituto ofrece herramientas para que los consumidores tomen decisiones.

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