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ANÁLISIS

Presentación conectar a los desconectados #CLT2015

Jorge Bravo

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Existe una coincidencia en el sentido de que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la conectividad de banda ancha pueden mejorar las condiciones de vida de las personas. Si bien no ocurre un efecto mecánico y lineal entre acceso a las TIC y bienestar, una mayor infraestructura crea mejores condiciones para que la población tenga acceso a la información, entretenimiento y una amplia gama de herramientas digitales y servicios públicos.

Para que se logre una mayor penetración de las TICs e Internet de banda ancha, se requieren dos componentes indispensables. Por una parte, el diseño de políticas públicas con una clara perspectiva de inclusión social y conformación de un ecosistema digital. A diferencia de otras regiones del mundo con mayor desarrollo y apropiación tecnológica, uno de los objetivos de la política pública en regiones como América Latina debe ser conectar a los desconectados y abatir la brecha digital.

El otro elemento es la inversión por parte de los operadores. La inversión en el sector de las telecomunicaciones permite ampliar y modernizar las redes, incrementar la cobertura de los servicios, innovar en modelos de negocio y nuevas aplicaciones y mejorar la calidad de los servicios. Sin embargo, la inversión requiere condiciones regulatorias y de mercado que le provean certidumbre.

Para un sector de la economía que encuentra estrechos paralelismos entre los objetivos sociales de la política pública y la oportunidad de expandir mercados a través de los servicios de telecomunicaciones, lo idóneo son los vasos comunicantes entre, por un lado, el derecho de acceso a las TIC por parte de la población, los objetivos de acceso e inclusión digital universal y los planes de inversión de las empresas.

El 3er. Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones (CLT2015), a celebrarse en Cancún, México, del 13 al 16 de julio, planteará estos y otros retos. La región ha tenido un crecimiento importante en penetración de servicios de telecomunicaciones, pero aún persisten desafíos precisamente en el diseño de políticas públicas, ambiente regulatorio a favor de las inversiones, despliegue de redes y liberación de espectro para banda ancha móvil.

Este dossier de Mediatelecom busca aportar propuestas y perspectivas; está integrado por cuatro especialistas del sector de las telecomunicaciones en Iberoamérica: Pablo Bello, secretario General de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET); Sebastián Cabello, director de GSMA Latin America; Mauricio Agudelo, ejecutivo Principal y especialista Senior Telecom de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y Jorge Fernando Negrete, analista del sector y director General de Mediatelecom Policy & Law.

Con los temas actuales de la agenda de la industria de las comunicaciones móviles en América Latina, Sebastián Cabello plantea los desafíos para potenciar las inversiones y el diseño de políticas públicas que hagan posible materializar el crecimiento. Desde luego, en su análisis no están ausentes los factores que ralentizan el crecimiento de la industria y los mercados, como las demoras en la asignación de espectro, los obstáculos para el despliegue de infraestructura o la sobrecarga recaudatoria que claramente se contrapone al derecho de acceso a las TIC o al cumplimiento de cualquier plan de conectividad de los gobiernos.

En su colaboración, Pablo Bello pone énfasis en la necesidad de atender a los sectores que aún permanecen desconectados, pero va más allá al señalar la enorme oportunidad de desarrollo que implica la economía digital. Se requiere crear un ecosistema digital sustentado en condiciones de colaboración y confianza en Internet, en el sentido de que los usuarios se sientan seguros y protegidos mientras navegan y se comunican en la red.

Mauricio Agudelo propone soportar la expansión del desarrollo y ecosistema digital en las infraestructuras de comunicaciones, a través de redes capilarizadas que lleguen a toda la población, con calidad y precios asequibles. Para ello se requieren estímulos a la inversión de banda ancha y fuentes de financiamiento público-privado que contribuyan a la creación de contenidos digitales y ampliación de servicios de banda ancha.

Finalmente, Jorge Fernando Negrete pone el énfasis en alinear la política pública y la regulación con el derecho fundamental de acceso a las TIC. El diseño institucional en el sector de las telecomunicaciones en América Latina también debe fomentar la coordinación entre autoridades e industria para detonar la innovación, abrir la convergencia y enriquecer la comunicación de los usuarios.

Las reflexiones de los especialistas que hemos mencionado y que nutren este dossier vienen acompañadas de un conjunto de datos y gráficas que Mediatelecom aporta para poner en contexto y mostrar una radiografía del estado de la conectividad, los servicios y la infraestructura de telecomunicaciones en la región. Se trata de cifras que nos ubican como una región en crecimiento constante, pero todavía con asignaturas presentes en términos de inclusión digital y disminución de la pobreza a través del uso de las TIC.

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Órgano convergente en Colombia: ¿destructor o constructor de contenidos audiovisuales?

Sadi Contreras Fuset

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El mismo día en que escribo esta nota se archivó en el Congreso de la República de Colombia el Proyecto de Ley 174 de 2018 que buscaba la creación de un regulador independiente denominado “órgano convergente”, que fusione las autoridades encargadas de la regulación en materia TIC, mercados y contenidos audiovisuales, es decir, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).

La intención, justificación, necesidad y prescripción de las normas actuales en la materia soportaba perfectamente la iniciativa del gobierno que inicialmente presentó un texto concertado en varias mesas de trabajo desarrolladas con los agentes del sector en varias regiones del país.

Pero aparecieron los congresistas que tienden a defender intereses particulares por encima de los generales y, en este caso, los digitales, que se sobreponen a las economías cambiantes en este mundo alterno, lleno de transformaciones en los comportamientos de consumo TIC y con miles de variantes en la producción de contenidos tanto digitales como audiovisuales, en una maraña de plataformas que dejan de ser importantes para el consumidor, el cual demuestra su preferencia por escoger los contenidos de su interés por encima de la plataforma tecnológica que los transporte.

Pero este comportamiento del mercado no es comprendido por algunos legisladores que prefieren ir en contra de la corriente y acomodar un texto para que se convierta en norma legal sólo priorizando el interés de unos pocos empresarios TIC que se empeñan en convencer a los gobiernos (que, a propósito, poco entienden de los cambios tecnológicos y menos aún de los consumidores) que las plataformas (Internet, TV por cable, TV satelital, IPTV…) aún son el objetivo a defender, cuando día a día se corrobora que lo que interesa al ciudadano son los contenidos, sin importar cuál plataforma sea la que los transporta. De hecho, es claro que el consumidor desea tener acceso a todas las plataformas para poder escoger cuál usar para tener el contenido deseado.

El Proyecto de Ley 174 en su concepción tiene la mejor intención de unificar las labores regulatorias de varias entidades del Estado que se han convertido en paquidérmicas por la confusión de competencias y el perfil de profesionales que, en muchos casos, serían seguramente excelentes ministros de educación, economía, justicia o magistrados de altas cortes, pero que para ejercer la administración en la promoción, desarrollo y financiación de políticas o proyectos en materia de contenidos audiovisuales, acorde a las nuevas culturas de consumo, no se comportan con las necesidades del sector. Sólo terminan frenando los procesos de crecimiento y avance coherente a la calidad en la producción de contenidos globales.

Y es que, como queda claro, las plataformas tecnológicas pasaron hace rato a segundo plano y los reyes, hoy y mañana, son los contenidos. Y los contenidos debemos entenderlos como de dos tipos: contenidos TIC y contenidos audiovisuales.

“Órgano convergente sí, pero así no”, fue la premisa que tuvieron que liderar los agentes del sector de la producción de contenidos audiovisuales cuando descubrieron que para la ponencia en la Cámara de Representantes en segundo debate, el texto había sido modificado con base en una propuesta que le reducía los recursos que recibe el Fondo para el desarrollo de la TV, por las compensaciones que deben cancelar los sistemas de TV por cable y satélite para la promoción de la TV pública.

Adicionalmente, y según palabras del Ministro TIC, Juan Sebastián Rozo, los profesionales encargados en el nuevo órgano regulador de administrar el fondo para contenidos audiovisuales serían economistas, abogados, ingenieros y otros doctos en temas que no tienen ninguna relación con la producción audiovisual y los medios de comunicación en materia de contenidos.

No se entiende quién es más terco con estas indelicadezas: el gobierno que aún piensa en la burocracia política disfrazada de académica, el Congreso que antes de visionar el desarrollo de un país soportado en la economía digital se dedica a favorecer intereses particulares, o los mismos empresarios del sector TIC que creen que defendiendo sus plataformas para que el crecimiento de la competencia en infraestructuras no les afecte los ingresos para lograr subsistir amparados en una Ley, y no por ofertar contenidos de calidad que atraigan al mercado nacional e internacional.

Se requiere de dicha Ley que cree el Órgano Regulador Convergente, se requiere que este órgano unifique el desarrollo normativo para el sector TIC, pero también se requiere que al interior de ese órgano se independicen las decisiones técnicas, de infraestructura, de ingeniería de las decisiones que apuntan a la promoción, desarrollo y financiación de los contenidos audiovisuales, así como las que tengan que ver con el estudio y comportamiento del mercado audiovisual.

Esto sólo se logra manteniendo dentro del nuevo órgano regulador una comisión de expertos para los primeros y una gerencia especial colegiada, compuesta por expertos en el sector audiovisual, que se encargue de los contenidos y el comportamiento del mercado.

No es hora de inventar sobre lo inventado, señores congresistas. No imaginamos unos abogados, economistas o ingenieros decidiendo cómo, cuáles o qué producción audiovisual debe o no ser financiada o promocionada con los recursos del fondo de contenidos; como tampoco imaginamos unos comunicadores, productores o realizadores audiovisuales decidiendo qué infraestructura técnica, equipos tecnológicos o qué estándar digital de vídeo es el adecuado para disiparse en el espectro.

Con relación a los recursos, es necesario primero tener claras las alternativas para reemplazar las fuentes que en la actualidad financian los contenidos audiovisuales públicos y de producción independiente. Cuando eso esté claro será posible iniciar el ciclo de reducciones a los esquemas privados de distribución de señal en las diferentes plataformas.

Un modelo económico no puede cambiarse de un día para otro por un simple pupitrazo que termina afectando al consumidor final de manera abrupta y sesgada.

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ANÁLISIS

Gobierno no comparte que AT&T-Time Warner sean debiluchos frente a conglomerados de Internet

Efrén Páez

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Se espera que el próximo 12 de junio el juez Richard Leon presente su decisión sobre la compra de Time Warner por AT&T. Uno de los argumentos que las compañías involucradas ha presentado en el juicio es que requieren fusionarse para fortalecer sus operaciones frente a los nuevos competidores de Internet. Sin embargo, parece que este argumento podría no convencer ni a expertos, ni al propio juez.

Actualmente, se libra una guerra entre operadores de telecomunicaciones y compañías tecnológicas. Los primeros han repetido en múltiples ocasiones que los segundos han disfrutado de injustas ventajas para su crecimiento, como el no tener que cumplir con las mismas regulaciones para los mismos servicios, o no estar obligados a invertir en la infraestructura esencial de Internet.

AT&T y Time Warner habrían argumentado que su fusión es la única forma que tienen para competir frente a la creciente amenaza de los grandes conglomerados tecnológicos, incluidos Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, que han incursionado de manera exitosa en la producción y distribución de contenidos a través de Internet, además de dominar el terreno de la publicidad en línea.

Sin embargo, según Variety, para el Departamento de Justicia (DOJ) la defensa de AT&T-Time Warner constituye un argumento falaz porque considera que las empresas de Internet no necesariamente juegan en los mismos mercados competitivos que los conglomerados de medios tradicionales, adicional a que el gobierno no tiene por qué asumir la defensa de la compañía fusionada frente a un mercado que evoluciona.

La revisión antimonopolio en Estados Unidos básicamente se enfocaría en los riesgos que la fusión propuesta presenta para los consumidores, tales como un alza en los precios o la reducción en las opciones de acceso a los servicios que ofrecen.

En ese sentido, el argumento de AT&T-Time Warner pidiéndole al gobierno que le permita consolidar su tamaño para competir mejor, no demuestra que se resolverán sus principales preocupaciones.

En un escrito posterior al juicio, el Departamento de Justicia afirma que las compañías involucradas “parecen pedirle a la corte que encuentre una nueva defensa a una fusión ilegal: ‘estamos siendo asesinados por una nueva competencia en diferentes mercados'”. El análisis del DOJ señala que rara vez ha sido aceptada por los tribunales la defensa de la “compañía débil”, según reporta Variety.

El caso del gobierno contra la fusión AT&T-Time Warner es que debido al tamaño y poder de la compañía fusionada, ésta puede utilizar su contenido popular como HBO, CNN y programación deportiva para dañar a los competidores y, en última instancia, aumentar los precios.

El gobierno señala que los efectos negativos al consumidor pueden ser logrados por distintas maneras. AT&T podría simplemente retener la programación de los competidores, lo que obligaría a los consumidores a cambiar a AT&T o DirecTV. Podría obtener precios más altos por el contenido de Time Warner de los distribuidores competidores, que eventualmente sería cargado a los consumidores. O podría dañar a los productores de contenido rivales de Time Warner al dejarlos fuera de la red de distribución de AT&T, según información de The Wall Street Journal.

AT&T-Time Warner han desechado tales argumentos al señalar que no existen los incentivos para realizar las prácticas temidas por el gobierno, ya que el éxito del contenido de Time Warner depende de llegar a la mayor cantidad de espectadores posible, al tiempo que la fusión les permitiría generar sinergias y eficiencias que permitan llevar al mercado nuevos productos y servicios.

Hal Singer, economista y profesor adjunto de la Universidad de Georgetown, señala que “las únicas eficiencias que se reconocen [serían] aquellas que podrían contrarrestar un efecto de precio en el mercado relevante”, según cita Variety. Sin embargo, desde el punto de vista del Departamento de Justicia, ese mercado relevante es el de los servicios de televisión de paga, no el mercado de publicidad de Facebook-Google.

Si bien ha resurgido una preocupación por la posición dominante que tienen compañías como Facebook o Amazon en diversos segmentos de la cadena de valor de Internet, no es este mercado el que estaría siendo considerado por el juez Leon, por lo que la idea de fortalecer a una compañía para que pueda competir con otras, estaría fuera de las consideraciones para permitir la fusión.

Por otro lado, diversos analistas consideran que el gobierno perderá el juicio y que la fusión Time-Warner tendrá luz verde para seguir adelante. Esto por el simple hecho de que se trata de una fusión vertical, que no reduciría las opciones de acceso de los clientes a diferentes competidores, a la vez que las preocupaciones por alzas en precios podrían ser solucionadas mediante medidas y compromisos adicionales.

El profesor de Rutgers Law, Michael Carrier, calificó la decisión inminente sobre la fusión como “importante”. Dijo que el caso de fusión “vertical” no es uno que el DOJ haya explorado desde hace algún tiempo. También dijo que ambas partes han ofrecido fuertes argumentos, según declaraciones obtenidas por el sitio Law & Crime.

“Esta es una prueba importante”. El DOJ presentó un caso basado en una fusión “vertical, lo que no había hecho en años”, dijo. “Y si bien ofreció un fuerte argumento de que AT&T podría usar la fusión para aumentar los precios y dañar a los posibles rivales, las partes fusionadas hicieron algunos agujeros en el argumento del gobierno. Así que esto podría ir de cualquier manera”.

Según The Wall Street Journal, el DOJ planteó la idea de una decisión intermedia si el juez se resiste a bloquear el trato. El gobierno, por ejemplo, dijo que sus preocupaciones sobre la competencia se cumplirían si el juez permitiera a AT&T comprar partes de Time Warner pero no el contenido de Turner, que incluyen TNT, TBS y CNN.

Sin embargo, las compañías dejaron claro que creían que cualquier resultado era tan objetable como bloquear todo el trato, diciendo que los beneficios de la transacción sólo funcionarían si AT&T pudiera adquirir todo Time Warner.

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Planes de banda ancha: ¿moda o instrumento de desarrollo?

Gonzalo Ruiz Díaz

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En 2013 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)[1] publicó un reporte en el cual indicaba que 134 países miembros de dicha organización habían formulado algún instrumento de política (plan, estrategia, política pública) orientado a la promoción de la banda ancha. La cifra, que en la actualidad podría ser mayor, refleja la importancia que ha adquirido para los países el uso de la banda ancha y de las tecnologías de la información en el diseño de políticas públicas orientadas a diversidad de objetivos tales como la promoción de mejores servicios públicos al ciudadano, la mejora de la competitividad e innovación en sus economías, entre otros.

A pesar de esta proliferación de planes y agendas, cabe preguntarse si ello se ha traducido efectivamente en una mejora de las políticas públicas orientadas al desarrollo de la banda ancha. Según la UIT, los países que cuentan con un Plan de Banda Ancha (PBA) registran 2.5 y 7.4 por ciento adicional de penetración en banda ancha fija y móvil, respectivamente, lo cual indica que existe una relación positiva entre despliegue de infraestructura y contar con un PBA, aunque no permita demostrar necesariamente una relación de causalidad.

Salvo excepciones muy puntuales, en América Latina casi todos los países cuentan con un PBA. Muchos de ellos se circunscriben al ámbito de la banda ancha como es el caso de Argentina, Bolivia, Panamá o Perú [2]; mientras en otros casos las metas relacionadas a la banda ancha se incorporan dentro de un ámbito más amplio de objetivos y estrategias relacionadas con el objetivo de la digitalización (agendas o estrategias digitales), como es el caso de Brasil, Chile, Colombia, México, República Dominicana y Uruguay.

A continuación, destacamos algunas buenas prácticas recogidas por los PBA aprobados en países de la región y se señalan aspectos claves de los cuales dependerá que éstos puedan convertirse en una efectiva herramienta de desarrollo.

Aspectos clave y buenas prácticas

Según Horton (2012)[3], existen un conjunto de buenas prácticas asociadas tanto al proceso de formulación de los PBA, así como de su contenido. En cuanto a los primeros, es importante que el diseño y formulación de objetivos sea hecho mediante mecanismos participativos que involucren a los principales stakeholders, tanto del sector privado como público.

Para ello, el órgano responsable de la coordinación y de la formulación del PBA debe tener la visibilidad y liderazgo suficientes que no sólo le permita convocar a todas las partes interesadas, sino que también cuente con el apoyo decidido de las máximas autoridades. En América Latina los PBA, en la mayoría de países, han sido liderados por el Ministerio o Subsecretaría del sector respectivo. Este ente, además de contar con el respaldo político necesario en la fase de diseño, también debe estar en capacidad posteriormente de coordinar con las distintas instancias del Estado el reporte y cumplimiento de las metas comprometidas en el PBA.

Elaboración: el autor

 

Con respecto al contenido de los PBA, las metas deben ser realistas y cuantificables sobre la base de resultados medibles, en lo posible, por instituciones autónomas o independientes. Es recomendable que los planes se formulen por períodos no mayores de 5 años. Ello resulta crucial toda vez que el sector telecomunicaciones es altamente variable y sensible al ciclo de las tecnologías. En el caso de los países de la región, los plazos de los planes oscilan entre 3 a 5 años, y en muchos casos ya han pasado por uno o más ciclos de revisión.

En Colombia, por ejemplo, el Plan Vive Digital fue formulado por primera vez en octubre de 2010, para un horizonte de 2010-2014. El Plan fue evaluado en 2014 y a partir de dicha evaluación se han trazado nuevas metas para el período 2014-2018.

En el caso de Chile, el primer plan que data de los años noventa se denominó Chile hacia la sociedad de la Información 1999, luego del cual se formuló sucesivamente la Agenda Digital 2004-2006, la Estrategia Digital 2007-2012 hasta el plan vigente Agenda Digital 2020.

Un atributo deseable de un PBA es que éste sea comprehensivo y permita atacar aquellos cuellos de botella que afectan tanto la oferta como la demanda de los servicios vinculados a la banda ancha o el ecosistema digital, dependiendo de la amplitud de los planes. En el caso de los planes que ponen énfasis en la digitalización (agendas o estrategias digitales), se suelen abordar los cuatro ejes del ecosistema digital: infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. Los aspectos de oferta se suelen concentrar en el primer y segundo ejes; mientras que los de demanda en los dos últimos.

Por el lado de la oferta, el PBA de Bolivia ha incluido explícitamente el desarrollo de un proyecto de red troncal de transporte mientras en el caso de Argentina se ha planteado extender fibra óptica desde las redes troncales hacia el hogar (FTTH).

Por otro lado, un número importante de países contempla metas asociadas a la implementación de mecanismos de compartición de infraestructura, reconociendo que ésta constituye una medida importante para el desarrollo de la oferta de servicios portadores. Por ejemplo, el Plan Nacional de Banda Ancha del Perú en 2010 proponía el uso de mecanismos de compartición de infraestructura no solo del sector telecomunicaciones sino con otros servicios públicos como energía y transporte. La idea fue recogida en 2012 en la Ley de Banda Ancha aprobada por el Congreso peruano.

Por el lado de la demanda, los planes suelen incluir actividades y metas asociadas a objetivos de alfabetización digital y creación de capacidades vinculadas al uso de las TIC. En estos últimos casos, la participación e involucramiento de los ministerios vinculados a la educación y cultura, así como a la ciencia y tecnología, resulta fundamental.

Por ejemplo, en el caso de la Estrategia Digital Nacional en México, los objetivos en materia de educación se articulan con los objetivos formulados en un Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, el cual contiene estrategias y acciones vinculadas con el uso de TIC para mejorar la calidad educativa y que involucra como entidad responsable a la Secretaría de Educación Pública.

Por otro lado, para facilitar la accesibilidad de los usuarios a las tecnologías de la información en algunos países como Ecuador, Brasil y Panamá, se han establecido reducciones o exoneraciones tributarias y arancelarias a la importación de equipos (celulares, tabletas y computadoras).

Igualmente, los PBA deben estar adecuadamente articulados y ser coherentes con otros instrumentos de gestión y objetivos de política pública. Un aspecto clave en el cual se requiere estrecha coordinación es el relacionado con las políticas de gobierno electrónico. En algunos países como Costa Rica éstas no sólo se han integrado dentro de los objetivos de su Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, sino que  con el fin de hacer mucho más eficiente dicha articulación, se ha creado dentro de la estructura orgánica del Viceministerio de Telecomunicaciones, un Departamento de Gobierno Electrónico cuyo objetivo principal es formular instrumentos de planificación, manteniendo un banco de información actualizado, así como monitoreando los avances registrados, para guiar de forma ordenada y articulada el desarrollo de políticas en ese campo.[4]

Un principio importante que se suele mencionar para el diseño de los PBA es el de neutralidad tecnológica, según el cual los objetivos y estrategias que tracen los países deben evitar orientar o sesgar las políticas hacia el uso de determinadas tecnologías.

Sin embargo, esto puede resultar difícil en contextos en los que los Estados busquen dar impulso a la innovación y a la rápida asimilación de tecnologías consolidadas a nivel internacional.

Por ejemplo, en la región muchos PBA se han planteado objetivos vinculados a la introducción de tecnologías 4G en el segmento móvil, haciendo referencia explícita a la utilización de ciertas bandas de espectro como las bandas AWS o de 700 MHz para fines como la mejora de la conectividad rural, la seguridad nacional o para la introducción de determinadas tecnologías como LTE.

El objetivo último que se ha perseguido en los PBA aprobados por los países en este campo, es garantizar el uso eficiente del espectro y que ello se traduzca en servicios a disposición de los usuarios. Ejemplo de ello es el caso del Plan Uruguay Digital, donde se traza como objetivo “optimizar el uso del espectro radioeléctrico nacional y disponer de nuevas bandas con el fin de facilitar el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones”.

En cuanto al rol del regulador, en aquellos países en los cuales existe una agencia autónoma, los PBA deben respetar dicha independencia y, a la vez, coordinar esfuerzos tendientes a la consecución de los objetivos de los PBA. Sin duda, la participación de los reguladores resulta fundamental, por lo cual se debe involucrar a dichas agencias desde la gestación misma del PBA hasta su implementación.

Un caso interesante es el de Estados Unidos, cuyo Plan Nacional de Banda Ancha fue aprobado por el Congreso en 2009 y fue encargado a la Federal Communications Commission (FCC) para su implementación. Desde entonces, la FCC ha venido conduciendo los procesos de formulación de metas y planes, a la vez que coordina la elaboración de reportes de avance que son presentados periódicamente al Congreso.

Existen muchos otros objetivos en distintos ámbitos de las políticas públicas que merecen atención y que han venido siendo abordados en los PBA. Temas como el uso de las TIC para impulsar el uso eficiente de la energía, para fortalecer la seguridad ciudadana, para mejorar el nivel de vida de las minorías y personas con discapacidad, forman parte de un amplio abanico de objetivos que por razones de espacio no es posible desarrollar en este artículo.

¿Y los resultados?

El solo proceso de formulación de un PBA puede generar resultados positivos al permitir contar con diagnósticos y líneas de base adecuadas, así como convocar y movilizar un conjunto de actores importantes cuyas decisiones pueden influir en el desempeño del sector TIC. Sin embargo, todo este esfuerzo debe juzgarse en función de sus resultados.

La comparación no es fácil. Los países de la región muestran altos niveles de heterogeneidad en sus indicadores de banda ancha. Buena parte de dicha variabilidad se explica por factores propios de cada país, como la complejidad de su geografía, las características de su demografía y su economía. Los retos son diferentes en magnitud y naturaleza, por lo que las generalizaciones pueden resultar peligrosas. En ese sentido, los resultados de los PBA deben medirse exclusivamente en función al grado de cumplimiento de las metas trazadas por cada país.

En aquellos países en los que ya se han hecho evaluaciones de PBA como Colombia y Chile, los niveles de cumplimiento han sido bastante alentadores. En el caso del resto de los países, que aún no culminan su horizonte de planeamiento, el grado de cumplimiento de los PBA aún está por verse.

 

[1] ITU (2013) Planning for Progress. Why National Broadband Plans Matter?

http://www.broadbandcommission.org/documents/reportNBP2013.pdf

[2] En el caso del Perí, en noviembre de 2017 se publicaron para comentarios un nuevo proyecto de Politica Nacional de Banda Ancha y Tecnologías de la Información (TIC).

[3] Horton (2012), “Setting National Broadband Policies, Strategies and Plans”, en ITU “Trends in

Telecommunication Reform 2012”, ITU, Geneva.

[4] Viceministerio de Comunicaciones (2013), “Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021: Costa Rica, una Sociedad Conectada”, octubre, www.micit.go.cr.

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