Martes, 22 de agosto del 2017
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Facebook, Twitter y Snap buscan los derechos en línea para los videos destacados (de corta duración y clips) de la Copa Mundial de Fútbol de 2018, informó Bloomberg.

Dos personas familiarizadas con el asunto bajo condición de anonimato señalaron que las compañías han ofrecido a 21st Century Fox decenas de millones de dólares por los derechos de los momentos más importantes de los juegos organizados en Rusia que circulan en Estados Unidos. Fox no ha decidido si vender derechos exclusivos a un comprador o difundirlos.

El creciente interés de las redes sociales por el video le brinda a Fox una nueva fuente de ingresos. Tan solo en 2014, la final de la Copa Mundial fue vista por más de 25 millones de personas en Estados Unidos.

Otras empresas de Internet ya han hecho acuerdos de este tipo. YouTube ofrece puntos destacados (highlights) y juegos históricos de la Liga Nacional de Fútbol, mientras que Amazon adquirió los derechos para transmitir algunos de los partidos de la NFL en la próxima temporada, en tanto que Verizon Communications tiene los derechos móviles de la NFL.

Fox mantendrá los derechos para usar los mejores momentos en sus diferentes programas y contará con Facebook, Snap y Twitter para atraer a más aficionados, indicaron las fuentes. Las empresas también podrían producir shows destacados y otros programas originales de comentarios para complementar los aspectos más relevantes.

Recientemente, Fox Sports llegó a un acuerdo con Facebook para distribuir la señal en directo de algunos partidos de la Liga de Campeones, el torneo anual de fútbol europeo, durante la próxima edición.

Publicado en Noticias

Poner a disposición de los usuarios de Internet acceso gratuito a contenidos de obras protegidas como películas, programas de televisión y música, así como gestionar plataformas en línea para compartir archivos, como The Pirate Bay, puede “constituir una violación de los derechos de autor”, así lo determinó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

Esta decisión podría sentar un precedente en la batalla de las industrias de la música y el cine para frenar la piratería.

Aunque los usuarios de la plataforma son quienes suben las obras, sus administradores desempeñan un papel “ineludible” en su puesta a disposición, señaló el Tribunal.

Desde su creación, The Pirate Bay ha soportado la presión de cerrar permanentemente sus puertas virtuales a pesar de las redadas policiales y el encarcelamiento de sus fundadores. Otras alternativas a The Pirate Bay, como ExtraTorrent y TorrentHound, han tenido que cerrar (temporalmente el primero, y voluntariamente el segundo).

Joris van Manen, representante del grupo holandés de lucha contra la piratería, Stichting Brein, confía en que con el dictamen del tribunal de la UE los sitios web de intercambio de archivos como The Pirate Bay sean bloqueados por los ISP en toda Europa. La organización, que ha luchado contra la plataforma sueca desde 2009, pidió a los tribunales holandeses que ordenaran a los proveedores de Internet Ziggo y XS4ALL prohibir el acceso al sitio de intercambio de archivos.

En el fallo, los jueces de la UE dijeron que The Pirate Bay se puede considerar “que desempeña un papel esencial en poner” disponibles obras protegidas con derechos de autor.

 

A diferencia de otros sitios de intercambio de archivos, The Pirate Bay sigue activo, junto con las innumerables copias de su índice de torrents que están alojados en un gran número de dominios web alternativos, como medio de evadir bloqueos de los proveedores de servicios de Internet a petición de la policía local en diversos países.

Publicado en Tecnología

A finales de abril de 2017 la Segunda Sala del máximo tribunal jurisdiccional en México dictó sentencia al amparo promovido por la compañía de telecomunicaciones Alestra, en contra del oficio emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), autoridad administrativa responsable de los procedimientos de infracción comercial en materia de derechos de autor. 

En 2015 el IMPI, mediante oficio, ordenó a varios proveedores de servicios de Internet (ISP) que bloquearan a sus suscriptores el acceso al dominio mymusic.com y que añadieran una leyenda explicando el motivo del bloqueo, apercibiéndolos de que –en caso de no cumplir con dicho requerimiento– serían acreedores de las sanciones administrativas correspondientes.

Alestra fue el único proveedor que no acató el mandato administrativo e inició un recurso ante tribunales, el cual resultó a su favor; se ordenó dejar sin efectos el oficio emitido por el IMPI, cancelando la obligación a cargo de Alestra de bloquear la página de Internet presuntamente infractora.

La sentencia de amparo dictada por la Segunda Sala es ambiciosa y novedosa. Es relevante por establecer el primer antecedente legal en México que realiza el análisis jurídico de la confrontación del derecho patrimonial de autor y el derecho de acceso a Internet, sentando las bases de la supremacía de este último y descartando la procedencia de medidas preventivas del procedimiento administrativo de infracción en el ámbito digital. 

Del texto de la sentencia se desprende que el juzgador determina que la intervención de las autoridades en el acceso y difusión de información en Internet deberá ser justificada y proporcional e, incluso, reconoce la importancia del principio de neutralidad de la red, el cual deberá ser afectado únicamente como última medida.

Asimismo, determina que deberá ponderarse la afectación de los intereses legítimos en conflicto, que en este caso consisten en la vulneración de derechos patrimoniales de titulares de derechos de autor vs. el acceso a Internet de la población en general.

Además, el tribunal es enfático en que la medida solicitada por el IMPI es desproporcionada y descomprensiva, porque solicita el bloqueo al dominio sin realizar un análisis previo del contenido del sitio, pudiendo bloquear contenido no infractor, afectando los derechos de libertad de expresión y el acceso a la información.

Respecto de las facultades para dictar la medida, la sentencia desestima al IMPI como autoridad competente, porque sólo la intervención de un organismo autónomo (como el Poder Judicial) puede garantizar la observancia de los derechos constitucionales de usuarios y prestadores de servicios de telecomunicaciones. 

Por otra parte, la autoridad judicial impacta la viabilidad de las medidas provisionales, porque se infiere que éstas no serán aplicables cuando consistan en afectación de derechos fundamentales, como el derecho al acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluida la banda ancha e Internet, ya que al no contar con resolución definitiva, se carece de motivación suficiente para afectar los intereses de la colectividad, además de considerar que no son exhaustivas por no contar con la certeza de la falta de colaboración del presunto infractor.

Experiencia internacional

Posiblemente exista rechazo e incredulidad a los argumentos del juzgador; sin embargo, coinciden con normativas internacionales especializadas como la chilena (2010) y la española (2012). Ambas legislaciones permiten el bloqueo de acceso al sitio infractor, inclusive como medida preventiva, siempre que se cumpla con el principio de proporcionalidad, se identifique de manera clara las obras infractoras para no afectar otros contenidos, se valore la efectividad de la medida implementada tomando en consideración la viabilidad de implementar otras medidas y requiere de una orden judicial.

Es importante aclarar que en México no sería operante la medida establecida en Estados Unidos para evitar la explotación no autorizada de derechos de autor, la cual es conocida como "notice and take down", que faculta a los particulares a tomar medidas sin intervención estatal para impedir el acceso a contenido que se presuma infractor.

Si cualquier ISP estadounidense recibe la solicitud de bloqueo por parte de un presunto afectado, previo a cumplir una serie de disposiciones establecidas en la ley estadounidense, el ISP deberá bajar el contenido e, incluso, si se le requiere, deberá bloquear a sus suscriptores el acceso al sitio de Internet presuntamente infractor.

Actualización

En México, la legislación en materia autoral, tanto sustantiva como adjetiva, no ha sido actualizada al entorno digital. Actualmente, la persecución de violaciones a los derechos autorales se enfoca en medios físicos, limitando su vigilancia en el ámbito digital en contra de sujetos fácilmente identificables también en el ámbito físico, tales como portales de Internet, empresas Over the Top (OTT), radiodifusores, administradores de redes sociales, etcétera, lo cual es producto de la falta de herramientas jurídicas para combatir de manera eficaz la explotación ilícita de contenido.

Es importante recordar que el sistema de infracciones administrativas implementado en 1991 obedece a la adecuación de la legislación interna para la suscripción del Tratado de Libre Comercio con EUA y Canadá, cuya finalidad era dotar de un sistema que interrumpiera a la brevedad posible la explotación no autorizada de derechos de propiedad intelectual.

Han pasado 26 años desde que inició el referido procedimiento, el cual ha sido exitoso en el ámbito físico; sin embargo, se ha quedado corto para el ámbito digital porque no prevé medidas específicas y funcionales que detengan la explotación ilícita de contenido en Internet sin afectar los objetivos del sistema legal mexicano, los cuales han cambiado desde ese entonces. En la actualidad el sistema legal está dirigido a que prevalezca la observancia de los derechos fundamentales sobre los intereses económicos.

El problema de la falta de instrumentos legales de protección en Internet se agudiza si existe interés por reclamar el pago de daños y perjuicios; por analogía a la jurisprudencia 13/2004, el juzgador podrá requerir al afectado que de manera previa agote el procedimiento de infracción. 

Como se observa, esta sentencia cimbra el actual sistema mexicano de protección de derechos de autor. Es apremiante que inicie una discusión seria y objetiva por parte de los sujetos involucrados, incluidas autoridades y agentes del sector de telecomunicaciones, para contar con un marco normativo que pueda hacer frente a los retos que generan los avances tecnológicos y que converja con la transición regulatoria del país.

Publicado en Colaboradores

Los vídeos tienen huellas dactilares. Cada compilación de imágenes y sonido tiene una identidad, una marca que perdura ante modificaciones y copias. En esa premisa se basa el funcionamiento de Content ID, la tecnología desarrollada por YouTube, que se utiliza para detectar vídeos sin derechos de autor. La plataforma de vídeos rastrea audios, imágenes y melodías, y compara las posibles copias con el original. La efectividad es casi del 100% gracias a este carnet de identidad, da igual que hayan sido girados, recortados, oscurecidos o cambiados de color. El objetivo: combatir el robo de derechos para satisfacer a la gran industria musical y cinematográfica sin perjudicar hasta perder a los millones de usuarios creadores de un contenido que, en muchas ocasiones, no les pertenece. 

La tecnología de Content ID identifica por separado el audio, el vídeo y la melodía para buscar copias sin derechos

Content ID nació en 2007, en estos nueve años ha ido añadiendo nuevas tecnologías para poder, primero, identificar el audio, después el vídeo y por último la melodía. Con el crecimiento de las herramientas, crecía también el equipo de ingenieros que se ocupaba de ellas. Una gran parte de ellos se encuentra ahora trabajando en Sihlcity Zúrich, en un edificio de siete plantas donde se desciende al comedor por un tobogán y a cada piso por una barra de bomberos. Es la sede que Google tiene en la capital suiza,la más grande fuera de Estados Unidos.  

El equipo de Content ID trabaja en la quinta planta del edificio, llamada Time Out. Es allí donde, rodeados de palos de hockey, de pelotas de fútbol y de camas para echar la siesta, esta docena de ingenieros ha creado y mejorado una de las herramientas orgullo de la compañía. "Hemos invertido más de 60 millones de dólares en el desarrollo y mejora de Content ID desde 2007", explica David Erb, director de Ingeniería en YouTube. 

El desafío: reconocer la copia

Cada minuto se suben a YouTube 400 horas de vídeo en todo el mundo. Hay 1.000 millones de visitantes cada mes. Una cifra que ha aumentado el 50% en el último año y el 100% en dispositivos móviles. ¿Cómo se puede controlar si el archivo infringe los derechos? "Ese es el desafío al que nos enfrentamos cada día: reconocer las copias, hayan sido o no transformadas", reconoce Fabio Magagna, responsable de Content ID. 

El proceso se divide en fases: fraccionar el vídeo en fotogramas, sacar las huellas de cada uno y compararlas con las del archivo de referencia.

Se encuentran de todo: vídeos recortados, girados, puestos en blanco y negro, emborronados, cambiados de color, de tono. Todo eso y todo a la vez. Para hacerlo más sencillo, el proceso se divide en fases: fraccionar el vídeo en fotogramas, sacar las huellas de cada uno y compararlas con las huellas del archivo de referencia que han mandado los propietarios del contenido. Ahí entra en juego la increíble base de datos con la que cuenta Content ID: más de 600 años de contenido de referencia, más de 50 millones de archivos activos enviados por los 8.000 partners (artistas, sellos discográficos, cadenas de televisión…) con los que trabajan.

 

Cuando los dos archivos coinciden se produce el match. Una coincidencia que se identifica en mapas de calor con puntos brillantes. Todo en cuestión de segundos. La rapidez se debe a la inteligencia artificial que hay detrás del proyecto. Desde hace dos años utilizan el machine learning, una rama de la inteligencia artificial dedicada a tomar decisiones e interpretar datos basándose en patrones, que permite detectar identificar los rasgos de forma escalable mucho más rápido. 

Hacemos la prueba en la sala Share, en la planta baja de Google. Subimos un vídeo donde se oye durante un minuto una canción de Dr. F. James Clark. En cuanto el vídeo está cargado y subido, un mensaje nos avisa: "No recibirá ningún ingreso por su vídeo". El beneficio que den los anuncios que se han colocado a nuestro vídeo irán destinados al creador y propietario del contenido. 

Las copias se identifican en segundos gracias al funcionamiento de la Inteligencia Artificial

El usuario puede reclamar si no le parece justa la solución. Bien porque cree que el contenido también le pertenece o porque no infringe ningún derecho. En ese caso, YouTube deja la escena y la disputa ya se soluciona directamente con el propietario. Eso sí, si un usuario se niega a permitir la monetización y "pierde" tres conflictos de este tipo se enfrenta a que la plataforma le cierre la cuenta y borre todos los vídeos de su canal. 

¿Qué ocurre entonces con los youtubers? "Esos suelen ser casos especiales, porque en muchas ocasiones, tienen un número muy importante de seguidores por lo que a Nintento o al propietario del videojuego le interesa la difusión que estos usuarios consiguen. Lo más probable es que puedan llegar a un acuerdo para repartir los ingresos", explica un portavoz. 

Así funciona del lado del creador

Para los propietarios del contenido, el proceso es sencillo: una vez han mandado a YouTube el archivo para incorporarlo a su base de datos y Content ID ha reconocido un vídeo con el mismo contenido, ofrece al propietario la posibilidad de bloquear el vídeo, solo rastrearlo o monetizar los beneficios que ese vídeo genere gracias a los anuncios que se le incorporan.

Cuando el vídeo infringe los derechos, los beneficios que genera van destinado al propietario del contenido

“El 90% de los propietarios decide monetizar su contenido, el resto prefiere bloquearlo y muy poquitos eligen solo rastrearlo”, explican fuentes de Youtube. El porcentaje se incrementa todavía más en la música: el 95,5% de los artistas lo monetiza, más del 4% lo bloquea y apenas unos cuantos le sigue la pista.

Pero esta política es muy regulable. Se pueden establecer diferencias por zonas geográficas (monetizar los beneficios en unos países y bloquear el contenido en otros), también por tipo de vídeo y por duración (en algunos vídeos detectar la similitud a los 10 segundos y en otros a los 35). Así, es posible incorporar una política diferente para cada vídeo que está en marcha. 

Debate a tres bandas

Un vídeo de un encuentro con música de Ed Sheeran, otro de una fiesta con la voz de Rihanna de fondo o un tutorial de juego con imágenes de Nintento. Son ejemplos de clips sin ánimo de lucro, de grabaciones domésticas, de contenido que se sube a YouTube para compartirlo con amigos y familiares. Pero se trata también de vídeos que infringen los derechos de autor. El debate no es nuevo, pero la gran actividad de esta plataforma lo ha hecho todavía más visible. Tampoco es sencillo, con tres bandas en juego: los usuarios, los artistas y YouTube.

Por un lado, dice la empresa de Google, que los usuarios compartan vídeos aumenta la visibilidad de los artistas y contribuye a mejorar su popularidad. En la otra orilla, los propietarios del contenido exigen su justo rendimiento, el crédito que les pertenece. Pero no se enfrentan a los usuarios, sino a la compañía: exigen un reparto más "justo" de los derechos digitales.

LOS ARTISTAS CONTRA YOUTUBE

La guerra por los derechos está servida. YouTube lanza las cifras: ha pagado a los artistas más de 2.500 millones de euros desde la creación de Content ID en 2007. "Ninguna plataforma ha devuelto tanto dinero a los creadores", decía Christophe Muller, responsable de las colaboraciones musicales de YouTube.

Los artistas responden: no es suficiente. Hablan de cómo YouTube se está aprovechando de su trabajo, cómo está recibiendo unas ganancias millonarias gracias a sus vídeos. Piden, exigen, un reparto más equitativo, para ellos que son los creadores.

La empresa de Google no contesta al porcentaje de distribución, señala que depende de cada vídeo y de cada partner con sus condiciones. Ante la insistencia concluye: "Los partners siempre se llevan el mayor porcentaje". Sea cual sea esta cifra, no contenta a los artistas ni en Europa ni en Estados Unidos. Los nombres viajan de continente a continente.

Aquí van desde Pedro Almódovar a Joaquín Sabina hasta sumar 200 profesionales. Todos se han dirigido al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para pedirle una propuesta legislativa que les ayude a  "conseguir un trato justo a cambio del uso de sus obras online".

En EE UU, con Paul McCartney y Taylor Swift a la cabeza, son más específicos: solicitan al Congreso de los Estados Unidos una reforma urgente de la Digital Millenuim Copyright Act —regulación de propiedad intelectual— aprobada hace 20 años, porque "las normas han quedado anticuadas y superadas y favorecendesmesuradamente a las compañías tecnológicas, que no existían en el momento de entrar el vigor el texto".

La pelota sigue yendo de tejado a tejado. El último raquetazo lo ha dado la empresa de Google: "Gracias a Content ID solo en un 2% de los casos de lucha de derechos ha tenido que ser aplicada la DMCA, el 98% restante se ha solucionado con esta tecnología".

 
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Después de que las grandes compañías tecnológicas se unieran contra el discurso de odio en redes sociales, se ha encontrado una posible herramienta para retirarlo de una forma automática y eficiente. Se trata de los sistemas que se utilizan en Internet para cumplir las leyes de copyright.

Los gobiernos de Estados Unidos y Europa han criticado cada vez más el extremismo radical en internet y han tratado de implementar soluciones para ello. Se encuentra dentro de estas medidas: el código de conducta realizado por la Comisión Europea, en donde la compañías que firmaron se comprometen a revisar en menos de 24 horas la mayoría de las notificaciones recibidas sobre supuestos contenidos de incitación al odio, racismo y xenofobia, así como a remover o desactivar el acceso a aquellos que se prueben ilegales.

Reuters informó que al parecer Facebook, Google y otras compañías investigan acerca del uso de los métodos de desmontaje de derechos de autor, las empresas no han confirmado nada al respecto, pero es probable que sea con el fin de identificar y suprimir los mensajes radicales en redes sociales, principalmente los provenientes de enemigos de Estados Unidos y potencias europeas.

El uso de una herramienta de identificación y bloqueo automático supondría una eliminación más eficiente, pero también un nuevo conflicto de intereses entre las empresas y el gobierno en lo referido a la censura. Ya que a diferencia de los derechos de autor, el contenido violento o de odio en Internet no se encuentra tan delimitado por las leyes.

Muchas empresas han sido receptivas a la idea, ya que habían dependido hasta ahora de sus usuarios para marcar el contenido ilegal o restringido.

Facebook dijo que a inicios de 2016 sus usuarios indicaron más un millón de artículos para revisar diariamente. El esfuerzo y atención de Twitter se ha ocupado de las cuentas de ISIS, con la suspensión de 125 mil usuarios a partir de febrero. Google dijo que recibió más de 75 millones de solicitudes de eliminación de la DMCA en sólo un mes en 2016.

Existen otros sistemas de seguridad para identificar la transmisión de pornografía infantil usados por empresas como Microsoft, Twitter, Facebook y Google.

Gobiernos e iniciativa privada ya han intentado con diferentes grados de éxito en los últimos años mantener la responsabilidad en las compañías y proveedores de Internet de las acciones de terceros. La Unión Europea (UE) demanda tener mayor precaución con la protección de datos personales, por lo que pide a compañías como Google restringir ese tipo de búsquedas; esta norma ya ha intentado eliminarse por el periodismo.

Después de que  en 2015 el presidente francés, Francois Hollande, quiso hacer a las compañías cómplices en los crímenes de odio; Facebook, Google, Twitter etc., han acordado trabajar con Estados Unidos y los gobiernos europeos para luchar contra la propaganda radical y el discurso de odio; manifestando que nunca han permitido ni impulsado esta clase de discursos.

La situación política actual de Estados Unidos sugiere que va a existir más presión por parte del gobierno hacia las empresas tecnológicas. Donald Trump candidato a la presidencia de Estados Unidos, declaró que se debería considerar un cierre del internet.

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