Martes, 23 de mayo del 2017
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A finales de abril de 2017 la Segunda Sala del máximo tribunal jurisdiccional en México dictó sentencia al amparo promovido por la compañía de telecomunicaciones Alestra, en contra del oficio emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), autoridad administrativa responsable de los procedimientos de infracción comercial en materia de derechos de autor. 

En 2015 el IMPI, mediante oficio, ordenó a varios proveedores de servicios de Internet (ISP) que bloquearan a sus suscriptores el acceso al dominio mymusic.com y que añadieran una leyenda explicando el motivo del bloqueo, apercibiéndolos de que –en caso de no cumplir con dicho requerimiento– serían acreedores de las sanciones administrativas correspondientes.

Alestra fue el único proveedor que no acató el mandato administrativo e inició un recurso ante tribunales, el cual resultó a su favor; se ordenó dejar sin efectos el oficio emitido por el IMPI, cancelando la obligación a cargo de Alestra de bloquear la página de Internet presuntamente infractora.

La sentencia de amparo dictada por la Segunda Sala es ambiciosa y novedosa. Es relevante por establecer el primer antecedente legal en México que realiza el análisis jurídico de la confrontación del derecho patrimonial de autor y el derecho de acceso a Internet, sentando las bases de la supremacía de este último y descartando la procedencia de medidas preventivas del procedimiento administrativo de infracción en el ámbito digital. 

Del texto de la sentencia se desprende que el juzgador determina que la intervención de las autoridades en el acceso y difusión de información en Internet deberá ser justificada y proporcional e, incluso, reconoce la importancia del principio de neutralidad de la red, el cual deberá ser afectado únicamente como última medida.

Asimismo, determina que deberá ponderarse la afectación de los intereses legítimos en conflicto, que en este caso consisten en la vulneración de derechos patrimoniales de titulares de derechos de autor vs. el acceso a Internet de la población en general.

Además, el tribunal es enfático en que la medida solicitada por el IMPI es desproporcionada y descomprensiva, porque solicita el bloqueo al dominio sin realizar un análisis previo del contenido del sitio, pudiendo bloquear contenido no infractor, afectando los derechos de libertad de expresión y el acceso a la información.

Respecto de las facultades para dictar la medida, la sentencia desestima al IMPI como autoridad competente, porque sólo la intervención de un organismo autónomo (como el Poder Judicial) puede garantizar la observancia de los derechos constitucionales de usuarios y prestadores de servicios de telecomunicaciones. 

Por otra parte, la autoridad judicial impacta la viabilidad de las medidas provisionales, porque se infiere que éstas no serán aplicables cuando consistan en afectación de derechos fundamentales, como el derecho al acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluida la banda ancha e Internet, ya que al no contar con resolución definitiva, se carece de motivación suficiente para afectar los intereses de la colectividad, además de considerar que no son exhaustivas por no contar con la certeza de la falta de colaboración del presunto infractor.

Experiencia internacional

Posiblemente exista rechazo e incredulidad a los argumentos del juzgador; sin embargo, coinciden con normativas internacionales especializadas como la chilena (2010) y la española (2012). Ambas legislaciones permiten el bloqueo de acceso al sitio infractor, inclusive como medida preventiva, siempre que se cumpla con el principio de proporcionalidad, se identifique de manera clara las obras infractoras para no afectar otros contenidos, se valore la efectividad de la medida implementada tomando en consideración la viabilidad de implementar otras medidas y requiere de una orden judicial.

Es importante aclarar que en México no sería operante la medida establecida en Estados Unidos para evitar la explotación no autorizada de derechos de autor, la cual es conocida como "notice and take down", que faculta a los particulares a tomar medidas sin intervención estatal para impedir el acceso a contenido que se presuma infractor.

Si cualquier ISP estadounidense recibe la solicitud de bloqueo por parte de un presunto afectado, previo a cumplir una serie de disposiciones establecidas en la ley estadounidense, el ISP deberá bajar el contenido e, incluso, si se le requiere, deberá bloquear a sus suscriptores el acceso al sitio de Internet presuntamente infractor.

Actualización

En México, la legislación en materia autoral, tanto sustantiva como adjetiva, no ha sido actualizada al entorno digital. Actualmente, la persecución de violaciones a los derechos autorales se enfoca en medios físicos, limitando su vigilancia en el ámbito digital en contra de sujetos fácilmente identificables también en el ámbito físico, tales como portales de Internet, empresas Over the Top (OTT), radiodifusores, administradores de redes sociales, etcétera, lo cual es producto de la falta de herramientas jurídicas para combatir de manera eficaz la explotación ilícita de contenido.

Es importante recordar que el sistema de infracciones administrativas implementado en 1991 obedece a la adecuación de la legislación interna para la suscripción del Tratado de Libre Comercio con EUA y Canadá, cuya finalidad era dotar de un sistema que interrumpiera a la brevedad posible la explotación no autorizada de derechos de propiedad intelectual.

Han pasado 26 años desde que inició el referido procedimiento, el cual ha sido exitoso en el ámbito físico; sin embargo, se ha quedado corto para el ámbito digital porque no prevé medidas específicas y funcionales que detengan la explotación ilícita de contenido en Internet sin afectar los objetivos del sistema legal mexicano, los cuales han cambiado desde ese entonces. En la actualidad el sistema legal está dirigido a que prevalezca la observancia de los derechos fundamentales sobre los intereses económicos.

El problema de la falta de instrumentos legales de protección en Internet se agudiza si existe interés por reclamar el pago de daños y perjuicios; por analogía a la jurisprudencia 13/2004, el juzgador podrá requerir al afectado que de manera previa agote el procedimiento de infracción. 

Como se observa, esta sentencia cimbra el actual sistema mexicano de protección de derechos de autor. Es apremiante que inicie una discusión seria y objetiva por parte de los sujetos involucrados, incluidas autoridades y agentes del sector de telecomunicaciones, para contar con un marco normativo que pueda hacer frente a los retos que generan los avances tecnológicos y que converja con la transición regulatoria del país.

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