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Miércoles, 18 Octubre 2017 06:31

Gabriel y sus comisionados

Después del muy agitado periodo que sufrió Gabriel Contreras, quien estuvo a punto de quedarse fuera de la presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por presiones de los regulados que no se han sentido cómodos con la autonomía de gestión que ha mostrado el IFT bajo su presidencia, resulta una buena noticia su nombramiento, ya que garantiza continuidad e independencia.

El riesgo que se corrió fue de que pasáramos de interinato en interinato, si no se lograba la mayoría calificada en el Senado de la República, hasta inclusive llegar a un comisionado presidente a modo de intereses particulares lo que sería desastroso para el recién integrado organismo.

Queda la lección de lo importante que será en las subsecuentes elecciones de presidentes del IFT o de la Cofece que se hagan en tiempo y garantizando que quienes resulten electos cumplan con perfil y comportamiento, no nada mas con conocimientos en la materia.

Para los comisionados queda la lección de que su única real defensa ante las presiones a las que se les somete y para la creación de capital político suficiente para seguir estando ahí, es precisamente su independencia de lo político y su autonomía de gestión, ya que una sociedad cada vez mas vigilante presiona mucho mas, a un Congreso y un Ejecutivo que ahora son vulnerables.

Es decir, en la época actual, al servidor público le es mucho mejor quedar bien con la sociedad, que con los políticos y los dueños del dinero, y de paso cumplir con su mandato y razón de existir.

Ya en el puesto, Gabriel y sus comisionados enfrentan un segundo periodo de esta presidencia que tiene retos relevantes que los obliga a acelerar el paso y terminar de fortalecer al IFT que es un "órgano bebé" que tiene buenas cartas credenciales en el mundo.

Antes de que termine 2017 deberán determinar la nueva tarifa de interconexión aplicable al agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones, América Móvil, que pertenece al grupo de interés económico Carso del Ing. Carlos Slim.

Se anticipa que el IFT no repetirá el exceso inconstitucional en que incurrió el Congreso de la Unión al determinar una tarifa cero de interconexión, invadiendo las facultades del órgano regulador como lo señala el engrose de la Segunda Sala de la SCJN, ya que dicha tarifa es inexistente para ningún otro operador (preponderante o no) en el mundo y por simple lógica, en cualquier esquema de costos serio no podría ser soportada, ya que cuesta mantener la red y no poco dinero.

Otro asunto que se está quedando en el limbo y que le puede explotar mas adelante al IFT es la conclusión de la aprobación de los lineamientos para los derechos de las audiencias, auto suspendidos por el propio IFT, principalmente por cálculos políticos y presiones de medios de comunicación poderosos.

Se quedaron a la espera de la resolución de la SCJN sobre la constitucionalidad de los mismos, después de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo y el Senado.

Sin embargo, la propia SCJN no ha resuelto el asunto y pareciera que está a la espera de que el Congreso vuelva a legislar una iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que está en el Senado, detenida principalmente para no pagar el costo político de aprobarla ya que es una burla y será una vergüenza para quienes la impulsen.

Así las cosas valdría la pena que el IFT tome el toro por los cuernos y muestre su autonomía una vez más reviviendo los lineamientos terminando el compás de espera sobre un tema que si le afecta a la sociedad.

Existen otros temas calientes que se deberán resolver por el IFT como son la separación funcional de Telmex-Telnor; romper la fuerte concentración en el mercado de TV restringida y seguir impulsando la apertura TV abierta.

Terminar de permitir la convergencia con la liberación del video de paga en todas las redes, incluyendo la del preponderante de las telecomunicaciones, tema que hasta OCDE ha recomendado.

Aterrizar la cobertura de la red compartida y licitar espectro valioso como las bandas 2.5 GHz , 1.7 GHz y 3.5 GHz, entre otros.

Como se ve hay mucho mas por impulsar en beneficio de los usuarios y de paso afianzar un rol, mucho mas positivo que negativo del IFT en estos últimos 4 años bajo la presidencia Gabriel, quien empezó mas amparado en las ganas de hacer las cosas bien que en el conocimiento del sector, pero que hoy ya experto en la materia nos puede regalar sus últimos tres años combinando las ganas, con los tamaños, el conocimiento y la energía que se requiere para pelear las batallas que la sociedad demanda y que todos le sabremos reconocer. Enhorabuena.

 

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Publicado en Organismos
Martes, 17 Octubre 2017 07:55

¿Por qué Alfa puede vender Axtel?

¿Ya vio cómo se mueven los papeles de Axtel en la BMV?
Le hablamos de la firma de telecomunicaciones de la que Alfa es dueña del 51 por ciento.

Entre el 11 y 13 de octubre el precio de su acción subió 10.2 por ciento.
Todo indica que en ello no tuvieron que ver ni expectativas favorables de resultados de Axtel para el tercer trimestre (pues acorde a lo esperado, su reporte fue débil) ni con un potencial de subida, ya que el sondeo de Bloomberg ve sólo 5.4 por ciento para los próximos 12 meses.

¿La razón? Fuentes enteradas del tema contaron a Bloomberg sobre la contratación de algunos bancos para explorar la posible venta de la participación que tiene Alfa en Axtel, que dirige Rolando Zubirán.

Los expertos ven más de un motivo para que Alfa busque desinvertir en Axtel. Ahí le van dos: un alto nivel de deuda, que buscaba reducir con la oferta secundaria de acciones de Sigma, pero que se vio frustrada por un tema de precio; así como resultados y expectativas débiles en sus negocios de autopartes y petroquímicos que le han llevado a reducir su guía de resultados para 2017.

Compradores no faltarían. Según fuentes familiarizadas con el asunto, uno de los tiradores sería AT&T, quien con la operación reforzaría su servicio inalámbrico y entraría al negocio corporativo y de gobierno (con triple play).

Con base en datos de la BMV, Axtel tiene un market cap de 698 millones de dólares.

Ayer Axtel negó las versiones que apuntan a su venta y se limitó a decir que evalúa de forma constante la venta sólo de activos no estratégicos.
Sus títulos perdieron 5.5 por ciento de su valor. ¿Toma de utilidades?

Publicado en Negocios
Martes, 17 Octubre 2017 07:45

Caleidoscopio

La transformación del Internet en una red de redes multimedia, a través de la cual se transmiten y consumen contenidos que antes sólo se encontraban en los medios o redes tradicionales, como las radiodifundidas y las de televisión de paga, comienza a impactar a la industria mediática a lo largo y ancho del orbe.

Mucho es lo que se escribe en la actualidad sobre las plataformas de servicios que corren a través de esta infraestructura global, y sin fronteras, conocida como Over the Top u OTT. Los OTT, dentro de los cuales destaca el repositorio digital denominado Netflix,  se han desarrollado durante más de 15 años y han crecido de la mano en el incremento del ancho de banda, que la tecnología de acceso y de transmisión, de los operadores de telecomunicaciones, han podido brindar a sus usuarios gracias a la inversión de cuantiosos recursos y al desarrollo tecnológico.

En la era convergente de redes y servicios que vivimos, el consumo de todo tipo de información, y sobre todo de contenidos audiovisuales con producción profesional, se enfrenta a grandes retos y oportunidades.  La proliferación de “canales”, es decir, plataformas de distribución, está cambiando rápidamente el ecosistema de los servicios involucrados en tres ejes: producción, distribución y monetización.

Gracias a este nuevo caleidoscopio en que se ha convertido la industria de contenidos,  el concepto de consumo individualizado cobra día a día mayor relevancia. No importa si se utiliza en la modalidad de video sobre demanda, de televisión en cualquier lugar o, inclusive, en forma lineal y en tiempo real, las opciones para el consumidor, gracias a la llegada de todo tipo de OTT, se empiezan a vislumbrar como infinitas. A pesar de lo anterior, y esto es vital, la existencia de estas opciones depende de la posibilidad de acceso a la banda ancha con velocidades reales que permitan una experiencia similar, si bien ubicua y atemporal, a la que durante décadas han brindado las redes tradicionales de radiodifusión y de televisión y audio restringido.  Sin banda ancha no hay paraíso y sin infraestructura de acceso suficiente no hay banda ancha.

En los países más avanzados como los Estados Unidos de América, el fenómeno de los “corta cables” se está volviendo común.  Muchos usuarios, televidentes o consumidores, como se les quiera llamar, han advertido la posibilidad de cambiar sus patrones de consumo de contenidos migrando por completo a los nuevos medios de distribución como las plataformas OTT.

Ante este fenómeno, la respuesta de las empresas productoras, que en muchos casos son también transmisoras, ha consistido en poner un pie dentro de este nuevo segmento de mercado, ya sea poniendo sus contenidos a disposición de las plataformas OTT más reconocidas (como son Netflix y Hulu); accesibles por Internet de forma gratuita; o bien, lanzando su propias plataformas OTT de manera complementaria a sus servicios principales o como un servicio separado.

Recientes encuestas y estudios, como el de la OCDE relativo a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión de nuestro país, confirman que el peso específico de los medios tradicionales aún es muy significativo. Lo cierto es, no obstante ello, que el mercado ha iniciado una profunda transformación y que para sobrevivir en este entorno será indispensable entender la necesidad de innovar.

 
Publicado en Internet
Martes, 17 Octubre 2017 07:37

Criminalizar la libertad de expresión

Llevar a la cárcel a quien instala estaciones de radiodifusión sin concesión es contrario a los derechos humanos. Algo tan básico, no quiere ser asimilado o atendido por los diputados que en la Comisión de Radio y Televisión aprobaron una reforma que criminaliza esa actividad e ignora las recomendaciones que se han emitido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es obvio: los legisladores actúan con agenda política ante las elecciones de 2018 y buscan congraciarse así con un sector de la industria que comparte esa visión estrecha del problema de la radiodifusión ilegal y, claro, de los derechos de las audiencias. Los intereses políticos se imponen a los derechos humanos.

La iniciativa fue presentada por un Diputado del PRI, Benjamín Medrano, y ha contado con el respaldo de ese partido y del Partido Verde. Como lo han denunciado diversas organizaciones, como Artículo 19 y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en México, la reforma al artículo 172 del Código Penal se inspira en la legislación chilena, de los gobiernos militares, con el fin de imponer penas de dos a seis años de cárcel, multas de 100 a 300 días de salario mínimo, así como el decomiso de los equipos a las personas que utilicen las frecuencias sin la autorización correspondiente. También la iniciativa busca modificar el artículo 304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que aquellas personas sancionadas por la instalación de estas emisoras ilegales queden inhabilitadas para obtener directa o indirectamente concesiones durante un periodo de cinco años.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) han establecido que en materia de libertad de expresión “las leyes deben adecuarse a estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales, y no mediante el empleo del derecho penal” (CIDH, RELE, “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente”, 2009). Sin embargo, históricamente, el gobierno mexicano ha actuado en un sentido distinto con operativos, en muchas ocasiones muy violentos, de desmantelamiento de estaciones ilegales y, desde luego, encarcelando a los impulsores de estos proyectos de comunicación.

 

Ante los organismos internacionales, el gobierno ha justificado sus operativos como una respuesta “a las denuncias que le son presentadas por algunos concesionarios de estaciones de radiodifusión que son afectados por la operación de las mismas” (RELE, “Informe especial sobre la libertad de expresión en México”, 2010), y con base en los artículos 149 y 150 de la Ley de Bienes Nacionales que castigan penalmente el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico sin autorización. Ahora, como se aprecia, con la reforma al Código Penal se busca castigar con mano más dura y aumentar las sanciones consideradas en la LFTR, en cuyo artículo 305 sólo se prevé una sanción administrativa para quienes transmitan sin concesión, así como la incautación de todos los equipos e instalaciones utilizadas para estas emisoras.

 

En Twitter, legisladoras como Lía Limón, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, y representantes de la industria han defendido la iniciativa con el argumento de que buscan tutelar el derecho de libertad de expresión de los concesionarios ante interferencias en sus transmisiones y poner orden en la radiodifusión ilegal. También ayer, la organización Radio Independiente de México, que aglutina a radiodifusores locales, celebró la iniciativa, ya que busca “promover la cultura de la legalidad y el apego al estado de derecho”.

 

Nadie cuestiona tan loables objetivos, pero no es con acciones penales ni con represión como se logrará responder al desafío legal, democrático, que ha traído el crecimiento de radiodifusoras comunitarias e indígenas que operan sin permiso en decenas de poblaciones en nuestro país. La experiencia ha demostrado que la mayoría de estos proyectos no buscan perjudicar a la radiodifusión comercial en sus negocios, la competencia o limitar su libertad de expresión, sino que nacen de la necesidad de ofrecer un servicio social a las comunidades ante la ausencia u oferta muy limitada de canales de comunicación. Además, utilizan frecuencias del espectro radioeléctrico que nos pertenece a todos, pero que por un pésimo diseño de la política pública ha permitido la creación de oligopolios radiofónicos en detrimento, justo, de la diversidad y pluralidad en los contenidos, al igual que en la función social que le es inherente y obligatoria a los medios electrónicos.

 

La mano dura de los legisladores se da en un contexto que no podemos obviar: más periodistas asesinados, un incremento en el número de agresiones a comunicadores y medios de comunicación, así como la expulsión de periodistas y analistas críticos en la radio. La libertad de expresión vive, como los derechos humanos en su conjunto, una grave crisis en México, totalmente inaceptable. Por eso, el poder legislativo no debe aprobar la iniciativa que apoya la Comisión de Radio y Televisión. Y si nuestros representantes tienen dudas sobre su pertinencia, hablen con los expertos internacionales, especialmente con el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, o con el relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, David Kaye, para que analicen lo que se pone en juego con una reforma como esta.

 

CANAL 22 Y EL SISMO

 

Hace un par de semanas, escribí en este espacio que durante cuatro días Canal 22 enmudeció en su función de informar sobre el sismo del pasado 19 de septiembre. La periodista Irma Gallo, reportera de Noticias 22 y conductora de Semanario N22, escribió a este columnista que sí hubo cobertura (por Youtube y en la página web de la televisora pública), en “un esfuerzo coordinado por Guadalupe Alonso, Directora de Noticias de Canal 22, bajo las instrucciones de Pedro Cota, nuestro director general”. Agregó que “si bien es cierto que no pudimos trabajar desde los estudios, sí lo hicimos con cámaras y computadoras propias, así como celulares”.

 

Al leer la versión de Irma Gallo, otro periodista de Canal 22 (que solicitó reservar su nombre) me buscó para informarme que “Noticias 22 no se transmitió del martes 19 al viernes 22” y que “no es cierto que un grupo de reporteros fueran coordinados por Pedro Cota, director de la televisora”. Aclaró que la cobertura periodística de los reporteros “se debió más que nada a un espíritu profesional” y a “una decisión personal que tomaron”. Y es tan evidente que no contaron con el apoyo de los directivos del canal, que -como detalla Irma Gallo- tuvieron que hacer uso de sus propios equipos. “De haber contado con una coordinación y apoyo, las cámaras del canal se hubieran dispuesto para la realización de esa cobertura, pero no fue así”.

 

 

IRENE LEVY Y LA PRIVACIDAD

 

Muchas felicidades a la reconocida académica y experta en telecomunicaciones, Irene Levy, quien este jueves 19 de octubre, a las 17:30 horas, presenta su obra “El ejercicio de la función pública: una perspectiva desde las nuevas tecnologías, la transparencia y los derechos humanos”, que publica el INAI en su colección Cuadernos de Transparencia. Su texto parte de un hecho que generó un debate académico y legal: el uso de Periscope para evidenciar a ciudadanas y ciudadanos que supuestamente habrían violado la ley en esta capital. Los comentarios estarán a cargo del periodista Javier Solórzano y el profesor José Luis Caballero Ochoa. La bienvenida la hará el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, mientras que la moderación será del comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford. La cita es el INAI: Insurgentes Sur 3211, en la Ciudad de México.

 

 

Publicado en Radio
Martes, 17 Octubre 2017 05:56

El sustituto de la tarifa cero

En días recientes diversos actores han abordado en medios la eventual decisión que deberá adoptar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en torno al régimen de interconexión que aplicará a partir del 1 de enero del 2018 para el caso del agente económico preponderante en el sector telecomunicaciones, ello de conformidad con el engrose de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se derivó del amparo promovido por Telcel en contra del régimen temporal que prohibía al agente preponderante cobrar por la terminación de tráfico en su red.

Hay que recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de la Unión invadió facultades del IFT al establecer esta medida asimétrica en la legislación, lo que no significa que el concepto de prohibir el cobro al preponderante por la terminación de tráfico en su red sea inconstitucional en sí mismo. La argumentación vertida en el engrose que lleva a la SCJN a afirmar que el Congreso de la Unión no tiene facultades para establecer medidas u obligaciones asimétricas en la ley, que desde luego no comparto, pone en riesgo inminente otra medida que ha resultado muy eficaz para controlar el desmedido poder de mercado que mantenía el agente preponderante antes de la reforma de telecomunicaciones, me refiero a la prohibición que estableció el Congreso para que dicho agente no discrimine en el cobro por las llamadas de sus usuarios dirigidas a otros usuarios de su propia red y el cobro por las llamadas de sus usuarios a usuarios de otras redes.

Esa práctica discriminatoria que Telcel utilizó en forma anticompetitiva durante años en el mercado mexicano, porque generaba lo que en economía de redes se conoce como el efecto club, que limitaba en forma significativa la capacidad de elección de los usuarios, hoy ya le está prohibida al agente preponderante y ello ha generado condiciones para que los demás operadores le puedan competir en forma más efectiva. Con la lógica de la SCJN, esa eficaz medida legislativa está muy próxima a seguir la suerte de la llamada equivocadamente tarifa cero.

Regresando al tema de la erróneamente llamada tarifa cero, la propia SCJN en un lance regulatorio que le negó al Congreso pero que ella se arrogó, estableció que el IFT debe determinar las tarifas conforme a un modelo de costos de un operador razonablemente eficiente que, según la SCJN, es un criterio que estableció el Constituyente Permanente, aunque eso no es verdad.

La pregunta relevante entonces es: ¿Cuál es el modelo de costos que utilizará el IFT para cumplir ese dictado regulatorio que le encomendó la SCJN, aunque esta tampoco tenía competencia para ello? El tema no es menor, pues de acuerdo con diversos especialistas en costeo de redes de telecomunicaciones, si el IFT decidiera usar el mismo modelo con los mismos supuestos que ha utilizado para determinar los costos y las tarifas de los demás operadores, existe el riesgo de que la tarifa resultante para el preponderante sea mayor que la de sus competidores, lo que sería ruinoso para la competencia en el sector.

Lo ideal, para los fines de seguir impulsando condiciones de competencia efectiva en un sector telecomunicaciones aún altamente concentrado, sería que la tarifa que determine el IFT con base en un modelo de costos se acerque lo más posible al régimen de la tarifa cero que, por virtud de otra rara argumentación de la SCJN, seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de este año. El sector telecomunicaciones y la reforma de telecomunicaciones en sí misma están expuestas a una exitosa decisión del IFT en esta materia. Un error que termine por beneficiar al agente preponderante simple y sencillamente desmantelarían los avances hasta hoy logrados, de los que el propio IFT ha sido parte.

 
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