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Martes, 27 Junio 2017 09:27

La legitimación del espionaje

La despreocupación de muchos ante las pruebas de espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos es expresión del país de cínicos que todavía tenemos. Desde siempre, casi, hemos supuesto que el gobierno y más tarde además otras fuerzas políticas y económicas interceptan teléfonos. Nos hemos acostumbrado tanto a la posibilidad de que nuestras conversaciones sean espiadas que fingimos hablar en clave, eludimos temas comprometedores por teléfono o simplemente bromeamos ante esa eventualidad. En todo caso sabemos, y queremos suponer, que el espionaje forma parte de las viejas prácticas de un sistema político que no termina de renovarse.

Pero la denuncia con fechas y nombres de los intentos de espionaje a quince ciudadanos involucrados en la indagación y denuncia de variados asuntos públicos confirma que ese recurso es empleado desde algunas zonas del poder político, ahora con el apoyo de novísimos recursos informáticos.

El gobierno mexicano ha comprado sistemas de espionaje telefónico a varias firmas internacionales. La adquisición que recientemente adquirió notoriedad es el programa Pegasus por el cual, según se ha informado, tres dependencias del gobierno federal pagaron al menos 80 millones de dólares. La nota principal de The New York Times el pasado lunes 19 de junio, desplegada en dos planas ampliamente ilustradas, ofreció un inventario vergonzoso y contundente de la persecución que se mantiene en México contra ciudadanos que tienen posturas críticas.

Esa nota no acusa expresamente al gobierno mexicano de perpetrar el espionaje. Pero sí ofrece elementos para sostener que, si no es culpable directo de los intentos para intervenir las comunicaciones de periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno de México al menos sí cuenta con información que le permita cumplir con su obligación de investigar esas intromisiones a la vida privada.

El programa informático Pegasus es fabricado por la empresa israelí NSO que solamente lo vende, o eso dicen sus directivos, a gobiernos. Quienes manejan ese software enganchan a sus posibles víctimas enviándoles mensajes telefónicos con una liga a un sitio web. Si el destinatario abre la liga entonces se descarga un programa que toma el control del teléfono celular, reenvía al promotor de esa infección todos los mensajes que reciba el dispositivo e incluso tiene acceso a la cámara y al micrófono. Se ha informado que cada infección exitosa cuesta 77 mil dólares, es decir casi un millón y medio de pesos.

Hace pocos meses el Citizen Lab, que es el Laboratorio de Investigación de Derechos Digitales de la Universidad de Toronto, identificó las capacidades de ese programa. En agosto pasado el activista árabe Ahmed Mansoor envió a los especialistas de ese centro de investigación un mensaje que había recibido pero que no abrió porque le pareció sospechoso. Después de examinar ese mensaje y el sitio al que conducía la liga maliciosa el vicepresidente del Citizen Lab, Mike Murray, dijo que el programa Pegasus era “una de las más sofisticadas piezas de ciberespionaje que jamás hemos visto”.

En febrero de 2017 la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) denunció el uso en México del programa Pegasus contra Simón Barquera, médico del Instituto Nacional de Salud Pública; Luis Manuel Encarnación de la Fundación Mídete y de Alejandro Calvillo, de la organización El Poder del Consumidor. Los tres han estado involucrados en la campaña para incrementar los impuestos a los refrescos como una vía para reducir el consumo de azúcar en México. Aquella revelación fue difundida por The New York Times el 11 de febrero y estuvo acompañada por un informe de la R3D. Esa organización mexicana es apoyada en sus investigaciones por el Citizen Lab canadiense y por Amnistía Internacional. Con tal respaldo se  comprobó que los teléfonos de esos tres ciudadanos habían sido interceptados con el sistema de rastreo Pegasus.

Desde entonces esos y otros grupos ciudadanos exigieron al gobierno mexicano que investigara el origen del espionaje y que explicara el uso que da al programa informático. Como no tuvieron respuesta a pesar de que se trataba de peticiones muy pertinentes, el 23 de mayo pasado diez organizaciones ciudadanas renunciaron a la Alianza para el Gobierno Abierto que es la iniciativa internacional para promover la participación de la sociedad en la promoción de la transparencia a través del uso de tecnologías digitales.

Desde hace más de cuatro meses el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sabía de esas denuncias pero no hizo nada para atenderlas. Si el software Pegasus fue utilizado por dependencias del gobierno federal se trató de acciones ilegales a menos que en cada caso hubiera una orden judicial y, entonces, tendrían que existir indagaciones formales contra los ciudadanos así espiados. Si el espionaje no ha sido ordenado desde el gobierno federal o desde el gobierno de algún estado, con más razón se trataría de acciones al margen de la ley que tendrían que ser investigadas y sancionadas por las autoridades judiciales.

La R3D documentó, en un informe de 88 páginas, que el programa Pegasus fue utilizado entre 2015 y 2016 para tratar de espiar a tres directivos del Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro (Mario Patrón, Stephanie Brower y Santiago Aguirre); a Carmen Aristegui, a su hijo Emilio y dos de sus colaboradores, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán; al periodista Carlos Loret de Mola; a Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Centro Mexicano para la Competitividad y a los periodistas Salvador Camarena y Daniel Lizárraga de Mexicanos contra la Corrupción.

Cada una de esas personas recibió mensajes con malware cuidadosamente dedicados para llamarles la atención. Los defensores de derechos humanos en el Centro Pro recibieron al menos cinco mensajes engañosos. La periodista Carmen Aristegui, su hijo adolescente y los dos periodistas de su equipo de trabajo recibieron 56 mensajes. Carlos Loret de Mola identificó ocho intentos para intervenir sus comunicaciones. Los directivos del IMCO recibieron cuatro mensajes falsos. A Camarena y Lizárraga trataron de engañarlos por lo menos en  tres ocasiones.

La reacción del gobierno ante esas denuncias ha sido de culposo desdén. La Presidencia envió al diario neoyorquino una escueta carta que simplemente negaba que hubiera pruebas que involucrasen al gobierno mexicano. Como proliferaron los cuestionamientos al espionaje, el jueves 22 el presidente Peña Nieto quiso insistir en que su gobierno rechaza tales prácticas pero lo hizo de tan mala manera, o expresó su auténtico talante de forma tan clara, que terminó empeorando la imagen de su administración.

Después de decir que su gobierno “respeta y tolera las voces críticas” Peña confió en que la Procuraduría General de la República deslinde responsabilidades y en que “al amparo de la ley, pueda aplicarse la justicia contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”.

Luego aclaró que no había dicho lo que dijo, pero esa frase del presidente Peña es una abierta amenaza a quienes han cuestionado a su administración por espiar ilegalmente o por no atender las exigencias para que haya una indagación satisfactoria.

La rectificación del presidente fue adecuada pero el mensaje inicial coincide con el fastidio que su gobierno ha expresado ante las denuncias de espionaje.

La intervención de comunicaciones privadas es un delito. También es delito, por cierto, la publicación de grabaciones resultado de esas intercepciones. En los años recientes todos nos hemos entretenido, y con frecuencia nos hemos regocijado, ante la propagación de conversaciones privadas que develan abusos, excesos o simples dislates de numerosos personajes públicos.

Todos hemos aplaudido, de diversas maneras, la exhibición de personajes que nos resultan antipáticos, o cuyas tropelías vemos confirmadas de esa manera, cuyas conversaciones han sido convenientemente filtradas para descalificarlos. Cuando los medios difunden algunas de esas grabaciones contribuyen a que se conozcan ilegalidades, reales o presuntas. Pero la publicación de esas conversaciones beneficia los intereses de quienes las han grabado y entregado a la prensa. Y, aunque a estas alturas nadie se preocupa por ello, constituye una acción ilegal.

Ese alegre beneplácito que conferimos a la transgresión a la privacía (pues se trata de expresiones privadas aunque se trate de personajes públicos) junto con la cínica o resignada suposición de que a todos nos pueden grabar en cualquier momento, ha construido una suerte de legitimación social del espionaje en nuestro país.

El aval que damos a las intercepciones telefónicas ha normalizado esa práctica en vez de subrayar la excepcionalidad que debería singularizarla. Al reconocerla como parte de nuestra normalidad, la costumbre del espionaje es aceptada y trivializada por la sociedad.

Por eso denuncias tan graves como las que se han difundido en estos días no han suscitado la protesta ciudadana que ameritarían. No sólo se vulnera la privacía de los ciudadanos. Además el Estado perpetra o al menos tolera prácticas propias de los peores regímenes policiacos. El respeto a la vida privada es un derecho de las personas y forma parte del pacto democrático entre la sociedad y el Estado.

El entremetimiento se encuentra tan aceptado que el presidente de la República creyó que sería aplaudida su confesión de que él mismo ha recibido mensajes engañosos “pero procuro en todo caso ser cuidadoso con lo que digo telefónicamente”. Ese es un gravísimo reconocimiento de la incapacidad del Estado para cumplir y hacer que se cumpla la ley. Se trata no sólo de la legitimación, ahora de manera expresa en el poder político, del espionaje y la transgresión a la privacía. La aceptación presidencial del espionaje a las comunicaciones privadas es parte del país de cínicos que hemos creado.

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El cuarto aniversario de la Reforma de Telecomunicaciones, encabezado en Los Pinos por el presidente Peña Nieto, sirvió para mandar señales y ver a los protagonistas de uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana y del mundo.


Sin duda, el operador de telecomunicaciones con reconocimiento fue AT&T. Kelly King, el presidente de AT&T México, fue el único orador de los operadores en el salón López Mateos. Otro orador invitado fue la autoridad técnica del sector, el regulador, es decir, Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y llamó la atención el nuevo rol de la Canieti, que por primera vez y a través de su presidente, Mario de la Cruz, asistieron a Los Pinos como protagonistas de primer orden. ¿Señales? Sin duda.

AT&T, EL OPERADOR MÁS RECONOCIDO

AT&T representa una de las nuevas inversiones con la Reforma en Telecomunicaciones.

Ha invertido siete mil millones de dólares para entrar a México, cuatro mil para comprar empresas y tres mil para desplegar su red LTE y 4G. Van por el mercado de banda ancha móvil, que trae el cada vez mayor tráfico de datos.

Cayó muy bien que el presidente de AT&T, el estadunidense Kelly King, pudiera inaugurar su recién aprendido español para decirle a Peña Nieto que la decisión del gobierno mexicano y del Congreso de una reforma constitucional, de tener un régimen asimétrico y la promesa de certeza jurídica a largo plazo, les ha hecho invertir siete mil millones de dólares en México.

Recordó que ya cubren a 85 millones de personas en México, y que invierten mucho en la red porque el tráfico de datos crecerá a ritmos del 50% anual en los próximos años.

AT&T no se refirió al tema de tarifa cero de interconexión que está en tribunales. Pero sí pidió el compromiso del gobierno mexicano para cuidar los intereses de los usuarios y, claro, para dar certeza a las inversiones.

IFT: HAY COORDINACIÓN FUERA Y… DENTRO

El otro actor que llamó la atención fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Gabriel Contreras, su presidente, estuvo en el presidium.

Recordó los resultados del crecimiento de 23% en suscriptores de banda ancha fija, 33% en TV de paga y cómo se han triplicado los suscriptores de banda ancha móvil. Recordó los nuevos competidores: AT&T y Altan en telecomunicaciones. Imagen Televisión en TV abierta. Y 120 nuevas estaciones de radio. Pero, sobre todo, recordó que la Reforma en Telecomunicaciones se logró por los acuerdos políticos alcanzados por Peña Nieto y ahí recordó que sí ha habido coordinación entre el organismo autónomo, que es el IFT, y el gobierno, en particular con Ruiz Esparza en la SCT.

Y fue momento para cerrar filas al trabajo dentro del IFT: Contreras recordó a sus compañeros que se han comprometido a sacar la intensa agenda de telecomunicaciones en estos cuatro años. Ahí estuvieron los comisionados Mario Fromow, María Elena Estavillo, Adriana Labardini y Javier Juárez, quienes mostraron coordinación con el gobierno y reconocieron el trabajo de los operadores. Por cierto, quienes no asistieron fueron los comisionados Adolfo Cuevas y Arturo Robles. ¿Otra señal?

CANIETI, EL SALTO COMO INTERLOCUTOR

Para la Camara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) fue un salto importante en su interlocución el asistir al evento.

El presidente de la Canieti, Mario de la Cruz, en su momento agradeció que el gobierno de Peña y autoridades como el IFT escuchen sus inquietudes. De hecho, la Canieti se ha transformado en un buen interlocutor del sentir del sector con las autoridades y con los legisladores.

Ahí, Mario de la Cruz aprovechó para saludar a Alejandra Lagunes, la coordinadora de la estrategia digital, y recordar que está en marcha el tema de la Estrategia de Ciberseguridad y la agencia que la pueda llevar. En eso trabajan Lagunes y la Canieti. Es un tema importante el tener la seguridad en internet, además de que será clave en las negociaciones del TLCAN. Y ahí hubo otra señal: señoras y señores, la Canieti dio un paso importante.

 

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Martes, 27 Junio 2017 09:07

Iniciativa de Ley de Ciberseguridad

Una bien concurrida celebración del IV Aniversario de la Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión en Los Pinos vuelve todavía más trascendente la decisión que tome la Sala Uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside la ministra Norma Lucía Piña, en relación a la controversia constitucional interpuesta por Telcel, que dirige Daniel Hajj, en torno a la mal llamada “tarifa cero”, pues en realidad es una “medida de regulación asimétrica”, dado que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), en su artículo 131 fracción a) establece que los agentes económicos preponderantes (Telcel, Telmex y Telnor en telecomunicaciones) “no podrán cobrar a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red”.

Aunque el asunto no está listado ni para este miércoles ni para el del 5 de julio, es clara la inquietud que tienen de que se levante el régimen asimétrico o que la resolución que vote la Segunda Sala sobre la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (un granito de sal bajo la boca), implique lo que para algunos sería una contrarreforma.

Ayer, justo Kelly King, el CEO de AT&T México, el empresario que representó a la industria en la celebración —como nuevo entrante e inversionista internacional con 7.4 mil mdd tras la reforma— comentó que el corporativo norteamericano entró a México como producto de la reforma de 2013, impulsada por el presidente Enrique Peña y el Congreso, porque sentó las bases para una competencia real y un mercado más dinámico, competitivo y sano.

“Esta es una tarea de importancia mayor, ya que los niveles registrados en el sector de telecomunicaciones sólo se presentan en países como Sierra Leona y Libia”, dijo al subrayar que la decisión de AT&T “para ingresar al mercado mexicano fue resultado directo de la reforma constitucional de telecomunicaciones, el régimen asimétrico y la promesa de certeza a largo plazo que trajo este nuevo marco regulatorio”.

Hoy, el régimen asimétrico está a discusión en la Corte, de eso se trata esa estrategia que podría llevar a una contradicción de tesis para que se resuelva en el pleno entre finales de julio o hasta que pase el periodo de vacaciones de verano del Poder Judicial.

Ayer estaban presentes tanto Carlos Slim Domit como Héctor Slim Seade, representantes empresariales de Telmex; Carlos Morales, de Telefónica México; Joaquín Vargas, de MVS; Eugenio Galdón, de Altán Redes; Enrique Yamuni, de Megacable; Jean Paul Broc, de Izzi, y Rolando Zubirán, de Axtel, entre otros. Y no se podía dejar de pensar en que los resultados en reducción tarifaria, cero roaming en la región Nafta, y en particular la imposición de medidas asimétricas en el sector, han generado una posibilidad de competir que no está siendo, pese a éstas, fácil ni automática.

El Artículo 131 de la LFTyR establece que “durante el tiempo en que exista un agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones o un agente económico que cuente directamente o indirectamente con una participación nacional mayor al 50% en el sector de las telecomunicaciones, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto, las tarifas de terminación de tráfico fijo y móvil, incluyendo llamadas y mensajes cortos serán asimétricas”.

Yo no creo que haya un problema de constitucionalidad en lo establecido en la Ley ni tampoco en la resolución del IFT, que preside Gabriel Contreras, que ordenó el cumplimiento estricto de la Ley. Por eso le comento que no se trata de tarifa cero, sino de una de las medidas de regulación asimétrica, elemento clave para entender pronto las resoluciones que habrán de emitirse en la Corte.

Por cierto, la otra propuesta interesante fue la de Mario de la Cruz Sarabia, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), porque no sólo urgió al gobierno a implementar una estrategia de ciberseguridad y contar con una agencia que encabece el proyecto, dado que la confianza no sólo de las medidas regulatorias o las políticas públicas dependen de la expansión de los servicios de telecomunicaciones, el acceso y uso de internet con libertad y la democracia digital en todas sus vertientes.

No tocó un segmento de mercado ni una razón específica, pero, evidentemente, en la audiencia no sólo se pensaba en el phising del comercio electrónico, sino también de la intervención de comunicaciones privadas que se presume se hicieron contra periodistas y defensores de derechos humanos con software gubernamental.

Y así como pidió —estaba presente el secretario de Hacienda, José Antonio Meade— que dado que el tráfico de datos crecerá en un 300% de aquí a 2021, se requiere fortalecer los programas como Prosoft (se exportan más de 6 mil mdd al año en productos electrónicos) y asegurar los recursos fiscales para mantener la expansión del Programa México Conectado y de arrendamiento de infraestructura pasiva, también adelantó que se presentará una propuesta de iniciativa de Ley sobre el tema de ciberseguridad.

Y a Mario le tocó realizar el reconocimiento de la Industria al regulador, fundamental para la ejecución y consolidación de la reforma, el IFT, y dicho sea de paso, al mismísimo Gabriel Contreras, cuya ratificación como presidente del organismo está pendiente en el Senado de la República, lo que para muchos es injusto y para otros es una suerte de renovación, aun y cuando a él le restarían dos años más como comisionado si no fuese ratificado.

Sobre esto último, en el Ejecutivo la posición es a favor de su ratificación, pero en el Legislativo está la percepción de que hay cosas que se han salido de control y podrían inducir un cambio. Para mí, en el Senado no ha habido convocatoria porque la Comisión de Comunicaciones y Transportes no tiene presidente, ya que le toca al PAN y, para Ricardo Anaya y, por supuesto, su coordinador en la Cámara Alta, Fernando Herrera, no es su prioridad.

 

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Se esperaba que en el 4º aniversario de la Reforma de Telecomunicaciones, que se celebró ayer en Los Pinos, en el marco de la reunión de la Canieti, se mencionara directamente la amenaza que para el futuro de la reforma representa el amparo que presentó América Móvil ante la SCJN en contra de la constitucionalidad del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la resolución del IFT sobre la tarifa cero de interconexión.

 

En efecto no hubo ni en los discursos de Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, ni del presidente Enrique Peña Nieto, ni de Mario de la Cruz, presidente de la Canieti, ninguna mención específica ni sobre la tarifa cero ni mucho menos sobre el amparo de América Móvil.

 

Sin embargo, el orador seleccionado por la Presidencia de la República, entre los operadores de telecomunicaciones para hablar sobre la Reforma, fue Kelly King, CEO de AT&T de México, la empresa que más ha invertido –siete mil millones de dólares desde la entrada en vigor de la reforma– y la que más se vería afectada si la SCJN falla a favor de América Móvil.

 

Lo que sí hicieron tanto el presidente Peña Nieto como Ruiz Esparza fue una apasionada defensa de la Reforma de Telecomunicaciones y de sus logros que, en efecto es entre las reformas estructurales la que más rápido ha generado beneficio para los usuarios, por la baja en las tarifas, la desaparición del roaming nacional y gracias a la competencia, también del roaming entre México, Estados Unidos y Canadá.

 

Entre los logros mencionó que el sector ha crecido a una tasa anual de 10% en los últimos cuatro años, se han invertido 230 mil millones de pesos en infraestructura en telecomunicaciones, hay más de 100 mil espacios públicos con internet gratuito con el programa México conectado y, tan sólo por la eliminación de las tarifas de larga distancia nos ahorramos 20 mil millones de pesos anuales.

 

AT&T CONFÍA EN DECISIONES POR VENIR

 

Ante la plana mayor de América Móvil: Carlos Slim Domit, presidente; Daniel Hajj, CEO y Héctor Slim, director general de Telmex, Kelly King –quien tampoco se refirió directamente a la tarifa cero– sí dijo que la reforma sentó las bases para una competencia real y un mercado más dinámico, competitivo y sano.

 

King señaló claramente que la decisión de AT&T para ingresar al mercado mexicano fue resultado no sólo de la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones, sino del régimen asimétrico, y la promesa de certeza a largo plazo que trajo el nuevo marco regulatorio.

 

El empresario fue más allá al asegurar que el compromiso del gobierno mexicano fue “fundamental en la decisión de invertir en México”. Y sin mencionar directamente a la SCJN, King sí dijo que confían en “las decisiones que están por venir, se seguirán cuidando los intereses de los usuarios”.

 

Hay que recordar que el régimen asimétrico, mencionado por King, es precisamente la base de la resolución del IFT sobre la tarifa cero y el que estaría en riesgo con el amparo de América Móvil.

 

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Ayer, en la Residencia Oficial de los Pinos, se conmemoró el cuarto aniversario de la reforma en telecomunicaciones. Sin lugar a dudas, se trata de la reforma del “Pacto por México” que más resultados tangibles ha dado a los mexicanos: el costo de los servicios de telefonía móvil se ha reducido en 43%; el saldo de pre-pago en los móviles ya dura un año (en lugar de meses); las llamadas de larga distancia nacional han desaparecido y en algunos casos incluso las largas distancias internacionales; los usuarios de Internet han crecido —ya a un 60% en el país—; se ha licitado una nueva cadena de TV abierta y se está en proceso de asignar 122 nuevas estaciones de radio. Otro dato no menor es que la inversión directa en el sector ha crecido cada año en un 10%, siendo esto cuatro veces más que el promedio nacional.

 

Sin lugar a dudas, por las cifras arriba citadas, la reforma en telecomunicaciones es un logro del Congreso y, desde luego, del Presidente de la República, pero el presidente Peña finalizó ayer su discurso diciendo que esta reforma se debe de cuidar a diario y eso es justo lo que algunos no parecen estar haciendo. Y es que se trata de una reforma que aún debe fortalecerse para su correcta implementación dado que seguimos lejos de las métricas de nuestros principales socios comerciales. Qué falta mejorar/cuidar:

 

 

1.— El litigio estratégico de América Móvil (AMX): entre las cosas que más preocupan al grueso de la industria —y que por cierto ayer evitó mencionar en su discurso el presidente de la Canieti, Mario de la Cruz— se encuentra la tarifa cero de interconexión, misma que se encuentra en proceso de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El argumento de AMX es que el Congreso no tiene la especialidad para mandatar un tema técnico de esta naturaleza. Si la SCJN le da la razón y quedan mermadas las facultades del Congreso, este mismo argumento se podría replicar para que regresen las llamadas de larga distancia (algo que el Congreso prohibió). Es precisamente la reducción de asimetrías ordenadas en la reforma en telecomunicaciones lo que más preocupa a las empresas que decidieron invertir en este sector: desde AT&T —que lo señaló ayer en Los Pinos— hasta Telefónica, pasando por todas las cableras.

 

Mientras tanto, AMX está haciendo intensos cabildeos y esfuerzos con el propósito de eliminar esta medida asimétrica, lo que le regresaría unos $900 millones de dólares, bajo el argumento de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es la única autoridad con facultad de regular en materia de telecomunicaciones, no el Congreso de la Unión al carecer de un conocimiento especializado. Pero la verdadera ganancia de AMX sería hacia el futuro, al volver a cobrar por interconexión e interferir el modelo de negocios de todos sus competidores.

 

2.— Juzgados especializados: falta una mayor especialidad de los juzgados federales en telecomunicaciones y competencia. Según la Barra de Abogados, en un 92% de los juicios que se llevan a cabo, se falla a favor de la autoridad, lo que es un índice no visto en otros juzgados federales. Si bien se requiere mayor especialidad, no queda claro cómo se podría lograr esto con las rotaciones que mandata el Consejo de la Judicatura Federal (mismas que se debieron dar hacer hace ya más de un año).

 

3.- Regulador comprometido: el IFT requiere cuidar —no sobre-regular— a la industria y al mismo tiempo asegurar que se cumplan sus mandatos. No se puede olvidar que en la pasada licitación de radio la empresa Tecnoradio evadió las reglas sin que el regulador lo detectara hasta que la prensa dio cuenta de ello, lo que complicó todo el proceso y afectó incluso las subastas hechas.

 

Así las cosas. Se puede afirmar que la reforma de telecomunicaciones es la más importante de las recientes reformas del presente sexenio, sin embargo, no está aún grabada en piedra. Si no la cuidan todos los actores involucrados —IFT, Presidencia de la República, SCT, Congreso de la Unión, Poder Judicial de la Federación y hasta concesionarios de telecomunicaciones—, ésta podría caerse, lo que ocasionaría que regresemos a un escenario de precios elevados, mala calidad en los servicios y operadores actuando como monopolistas.

 

Cambiando de tema… #GobiernoEspía y PGR: entró bien la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar quién está detrás del espionaje a varios periodistas, políticos y activistas de derechos humanos. Haberse coordinado con la ONU-UIT, con el Ministerio de Justicia de Canadá, el FBI y la asociación internacional de equipos móviles –GSMA-, da muestra de que la investigación será seria.

 

En Italia, este año se vivió una situación similar: políticos y empresarios fueron espiados por actores económicos que pretendían contar con información privilegiada para obtener ganancias en el mercado de valores. La fiscalía italiana contó con la cooperación del FBI y, desde luego, todos los espiados la apoyaron en la investigación. Ojalá en México la autoridad pronto nos dé más información sobre este asunto que —de corroborarse las acusaciones— podría llevarnos a un escenario muy delicado, pero sin duda, la PGR inicia con el pie derecho estas investigaciones.

 

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