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Martes, 21 Noviembre 2017 08:53

¿Doble “gol” al IFT?

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no debe quedarse con los brazos cruzados. Fue prácticamente “asaltado” en sus atribuciones por los legisladores que desdibujaron en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión los derechos de las audiencias en la reforma publicada el 31 de octubre. Defender su autonomía constitucional es para evitar, justo, lo que sucedió: la imposición de intereses particulares y la nulificación de los contrapesos en un Estado democrático.

A través de una carta pública y en la plataforma change.org, circula desde la semana pasada una petición para que el Senado y el IFT presenten juicios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se restauren los derechos de las audiencias. En el caso del Instituto, se le pide defienda, a través de una controversia constitucional, sus facultades.

 

Recuérdese que con base en el artículo 28 de la Constitución, el Instituto tiene entre sus atribuciones “la regulación, promoción y supervisión” de los “servicios de radiodifusión y telecomunicaciones… garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.” Y es en el artículo sexto que se encuentra el mandato para que en la ley se establezcan los derechos de las audiencias, “así como los mecanismos de protección”. Con la reforma, esa protección, a cargo del IFT, queda diluida casi en su totalidad.

 

También se le pide al IFT no abrogar los Lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, publicados el 21 de diciembre de 2016, “pues de hacerlo quedarían sin materia las controversias constitucionales promovidas por los poderes legislativo y ejecutivo”. Estos lineamientos fueron suspendidos en dos ocasiones por el IFT, mientras se resolvían estas controversias. El plazo de la última suspensión terminó el 15 de noviembre, por lo que, supuestamente, ya entraron en vigor.

 

Ayer, en su colaboración en El Universal, Irene Levy, presidenta de Observatel y académica de la Universidad Iberoamericana, advirtió que la reforma a la ley pretende abrogar los lineamientos referidos a través de un transitorio que dice “se abrogan las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al presente Decreto”. Los lineamientos, precisa, sólo son parcialmente incompatibles con la reforma, “pero el transitorio pretende eliminarlos por completo”.

Doble gol, una trampa regulatoria que tampoco debe ignorar o subestimar el pleno del IFT, ya que se sienta al mismo tiempo un precedente para que el Congreso de la Unión abrogue, cuando le plazca, las disposiciones regulatorias de los órganos constitucionales autónomos “como si existiera una relación de jerarquía de mayor a menor entre la ley y la regulación de estos órganos, destruyendo así su autonomía regulatoria”. Por eso, dice Irene Levy, el IFT debe interponer una controversia constitucional “al menos contra el transitorio por invadir sus facultades, demostrando así que le importa su autonomía y el estado de derecho”.

La petición es promovida por las organizaciones Artículo 19, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en México, el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la Comunicación (CONEICC, que agrupa a la mayoría de las licenciaturas en comunicación que se imparten en Universidades públicas y privadas de todo el país), la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), Comunicación Comunitaria, A.C., la Red en Defensa de los Derechos Digitales, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) y el Observatorio de las Telecomunicaciones en México (Observatel).

 

A esta petición se han sumado medios universitarios, como Radio UdeG y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, y personas como Clara Jusidman, de amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos; Mony de Swaan, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel); José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE); Clara Luz Álvarez, excomisionada de la Cofetel y académica de la Universidad Panamericana; Miguel Concha Malo, también reconocido promotor de los derechos humanos y presidente del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”; Beatríz Solís, profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Aleida Calleja, maestra en derechos humanos y Coordinadora de Advocacy OBSERVACOM, y el actor Daniel Giménez Cacho, entre otras.

 

Cuando se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014, también se le pidió al IFT que no permitiera la invasión de sus facultades en la regulación del sector (en temas, justo, como la tarifa cero, la adquisición o fusión de empresas sin su autorización y la regulación de contenidos) y presentara una controversia constitucional. No lo hizo. Por esos días, uno de los comisionados del Instituto se justificó al afirmar que estaban muy ocupados y que este juicio sería un distractor. Respuesta lamentable por la enorme expectativa que había generado la creación, después de décadas de espera, de un órgano autónomo fuerte, que acabara con los excesos de las empresas que dominan la industria y de algunos grupos políticos en el Congreso.

 

La lectura política de aquella decisión es que no fue por exceso de trabajo, sino que el pleno del IFT estaba dispuesto a someterse a las dichas fuerzas políticas y económicas, aunque estuviese en riesgo su autonomía y el interés general en la radiodifusión y las telecomunicaciones. ¿Se repetirá la historia? Muchos esperamos que no porque entonces habría otro gran retroceso en la reforma de telecomunicaciones.

 

 

FORO SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS

 

Este jueves 23 de noviembre, se presentará un estudio de Observacom sobre concentración de medios de comunicación y telecomunicaciones en América Latina, elaborado por los destacados investigadores Guillermo Mastrini y Martín Becerra, de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. La presentación estará a cargo del mismo doctor Mastrini y comentarán la obra Raúl Trejo Delarbre, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y Aleida Calleja, coordinadora de Advocacy de Observacom, bajo la moderación de Jorge Bravo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

 

La actividad se hace en el marco del “Foro Libertad de expresión y derechos a la información en México y América Latina”, al que convoca Observacom, la AMDA y el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la FCPyS de la UNAM.

 

Otra de las mesas estará dedicada a la situación de los derechos de las audiencias en México y América Latina, en la que participarán Adriana Solórzano, presidenta de AMDA y académica de la UNAM, Guillermo Mastrini; Beatriz Solís Leree, académica y defensora de las audiencias del Sistema Público de radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y quien esto escribe. La cita es en el Auditorio Pablo González Casanova, de la FCPyS de la UNAM, a partir de las 9:00 horas.

 

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Lunes, 20 Noviembre 2017 07:08

Réquiem por una reforma

El IFT debe interponer una controversia por invadir sus facultades, demostrando así que le importa su autonomía y el estado de Derecho

 

O también podría llamarse Réquiem por un sueño como la película de Darren Aronofsky. Una reforma de telecomunicaciones que, lejos de ser perfecta había logrado en el papel constitucional de 2013, esbozar trazos que marcaban el rumbo a un mejor lugar, de una mejor manera. Pero el sueño que muchos tenemos aún en este sector ha venido descremándose poco a poco. Para mí, querido lector, la mayor decepción desde ese subrayado año 2013, es la que está a punto de suceder porque, aunque el golpe está dirigido al Instituto Federal de Telecomunicaciones, sentará un precedente contra todos los organismos autónomos, ahora le explico.

 

Como sabe, el 31 de octubre pasado se publicó la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que menoscaba derechos de las audiencias diluyendo varias de las obligaciones de los radiodifusores y los concesionarios de tv de paga, como la elaboración de los códigos de ética y el nombramiento de defensores de las audiencias; descrema derechos fundamentales constitucionales como el que se distinga la publicidad del contenido programático y aún peor, se burla de la autonomía del IFT pretendiendo abrogar los lineamientos a través de un transitorio.

 

Los artículos transitorios regulan eso, situaciones pasajeras o temporales que generan las modificaciones o los nuevos ordenamientos, y normalmente se incluye un transitorio que dispone la derogación de aquellos artículos cuyo texto es contrario a lo nuevo que se está expidiendo, es un principio de derecho para resolver los casos en que exista contradicción entre el contenido de la nueva regulación y la anterior. 
A ello se le llama derogación material, y es distinta a la formal que requiere que el órgano que expidió la regulación, siguiendo las mismas formas en que lo hizo, expresamente deje sin efectos la norma y está decisión se dé a conocer en el Diario Oficial para que surta efectos.

 

Por otro lado, cuando hablamos de abrogación, nos referimos a la eliminación de toda una ley, un reglamento, etcétera. Se derogan artículos o capítulos y se abrogan ordenamientos completos. Para saber si hay una derogación material, o sea si un nuevo precepto individual va a en sentido contrario al que ya existía, es necesario realizar el análisis específico, pero la abrogación debe ser expresa porque se trata de todo un cuerpo regulatorio.

 

Bien, pues la reforma pretende “abrogar” los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias del IFT, a través de un transitorio que dice “se abrogan las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al presente Decreto”.

 

 El artículo 9 del Código Civil Federal, citado por cierto en el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios que podemos encontrar en la página web de la Cámara de Diputados, nos dice que “la ley solo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior”. Los Lineamientos solo son parcialmente incompatibles con la reforma, pero el transitorio pretende eliminarlos por completo.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aún tiene pendiente resolver si las dos controversias constitucionales que interpusieron el Senado y el Presidente de la República contra los Lineamientos se quedaron sin materia o no con la reforma, no puede entrar a deliberar si este transitorio que pretende abrogarlos es o no constitucional porque nadie le ha pedido que lo haga, no es materia de ningún juicio por ahora, pero sí debe analizar si los Lineamientos se oponen o no a la reforma.

 

Por lo pronto, los Lineamientos han entrado en vigor porque el diferimiento terminó el 15 de noviembre. ¿Qué piensa el Instituto? No sabemos. ¿A quién le conviene la muerte de las controversias y de los Lineamientos? ¿Por qué defender a un órgano que puede defenderse solo? ¿Quién debe pagar el costo político de esa defensa?

 

El golpe a los órganos autónomos. El precedente que se sienta con este transitorio, es que el Congreso de la Unión puede abrogar las disposiciones regulatorias de los órganos constitucionales autónomos (Instituto Nacional Electoral, Banco de México, CNDH, COFECE, IFT) como si existiera una relación de jerarquía de mayor a menor entre la ley y la regulación de estos órganos, destruyendo así su autonomía regulatoria. El IFT debe interponer una controversia constitucional al menos contra el transitorio por invadir sus facultades, demostrando así que le importa su autonomía y el estado de Derecho. Tiene en sus manos combatir este precedente que afecta a todos los órganos autónomos ¿Lo hará? Se ve difícil.

 

Las presiones del sector. ¿Qué tan comprometedor resulta el sector de telecomunicaciones y radiodifusión que “obliga” a los Poderes de la Unión a hacer cosas insospechadas e incongruentes? ¿De qué tamaño serán las presiones de los grupos empresariales que han logrado interpretaciones que un estudiante de Derecho jamás sospecharía como posibles y que solo encuentran explicación en lo político?

 

La interposición de controversias constitucionales atacando la regulación que los propios demandantes emitieron (la LFTR), la tardanza injustificada de la Suprema Corte para resolver estas controversias y dar cauce a la defensa de los flamantes derechos fundamentales de las audiencias, el diferimiento del autónomo IFT de sus propios Lineamientos y su sacramental silencio, la prisa del Congreso de la Unión para modificar quirúrgicamente la ley a fin de adelgazar hasta la anorexia los derechos de las audiencias, las obligaciones de los concesionarios respecto a ellos y las facultades del IFT.

 

Pero no sólo ha habido sorpresas en materia de radiodifusión, la decisión sin precedentes de la Corte en materia de interconexión cero en la que declara inconstitucional un artículo de la LFTR, otorga el amparo pero condona su violación retroactiva y, peor aún, ordena que se sigan violando los derechos del quejoso (América Móvil) hasta el 1 de enero de 2018 permitiendo que la tarifa cero continúe hasta entonces. ¿Una y una de la Corte? Así es este sector.

 

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Domingo, 19 Noviembre 2017 08:16

Programas en TV Azteca

 

La televisión abierta posee, pese a la competencia que representa internet, todavía 65-70% de la audiencia en México. En términos de público es evidente su predominio, aunque por lo que respecta a las ganancias las cifras no son tan alentadoras. En tanto negocio, busca aumentar los beneficios mediante la disminución de sus productos, la menor cantidad de inversión en éstos y el recurso de distribuir programas foráneos, para así captar publicidad gastando sólo la cuota por derechos.

 

No basta. La tendencia a disminuir su sintonía crece. Diversificarse se hace necesario. Acrecentar sus posibilidades de captar anunciantes mediante salidas en canales en red, también. Así lo hizo Televisa en su momento, ahora toca el turno a TV Azteca.

 

Sin que haya quedado claro el procedimiento legal mediante el cual TV Azteca se quedó con Canal 40, hoy poseen la concesión fuera de controversias. Recientemente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizó a la empresa televisiva el cambio de identidad del canal Proyecto 40 a ADN 40. Lo hizo en 70 estaciones de televisión por 29 estados de la República; con ello Canal 40 pasa a ser una amplia red. De forma complementaria, el pleno autorizó a Televisora del Valle México el cambio de identidad del canal Proyecto 40 para transmitir el canal ADN 40 en el canal digital 40.1, organizado por la misma firma.

 

No obstante el aumento en infraestructura y el evidente apoyo de las autoridades, la producción de TV Azteca no avanza.

 

Pese a que en 2016 se dijo que la empresa no haría más telenovelas, ya que el público ha dejado de interesarse en éstas, este año se ha reanudado esa producción y para 2018 se han programado varias más. Sin embargo, lo hace en baja escala y sin novedades en el formato. Señala en su carta programática cinco telenovelas: una de ellas es extranjera, otra más es reposición de la que antaño produjo Argos y las otras tres aparecen como de autoría propia. La más ligera es una comedia de pésima factura llamada 3 familias. La historia gira en torno a las frustraciones de los personajes por no obtener la casa de sus sueños. Está evidentemente orientada a la clase popular que pudiera entretenerse con el relato.

 

Las malcriadas incursiona en el tema de la trata de blancas. La hija pródiga narra el conocido periplo de una mujer que vuelve al seno de su familia 20 años después de su desaparición. Mujeres rompiendo el silencio inicia el lunes y pretende tocar el tema de los derechos femeninos a escoger su camino, a su cuerpo y a su autonomía. Veremos cómo se aborda, aunque no cabe esperar mucho del desempeño actoral ya muy fallido en el tráiler.

 

Para el siguiente año, la apuesta es por recrear la vida de personajes de la cultura popular, en colaboración con Fox y con Sony Pictures, logrando así entrar a la OTT (televisión de paga por internet Over The Top) Netflix.

 

 

 

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Sábado, 18 Noviembre 2017 09:43

Contra la neutralidad de la red (4)

Es muy probable que en el marco de la próxima reunión mensual de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC), la cual se llevará a cabo el jueves 14 de diciembre, Ajit Pai, el presidente de ese organismo, pretenderá finiquitar las reglas de neutralidad de red aprobadas durante el gobierno de Obama.

 

De acuerdo con Wikipedia, la neutralidad de red “es el principio por el cual los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos que regulan Internet deberían tratar a todo tráfico de datos que transita por la red por igual, sin discriminarlo o cobrar al usuario de manera diferente según el contenido, página, plataforma, aplicación, tipo de equipo utilizado para el acceso o modo de comunicación”.

 

En EEUU, con base en el Título II de la Ley de Comunicaciones, los ISPs están regulados como operadores comunes. La actual regulación prohíbe a los proveedores de banda ancha ralentizar el tráfico web, bloquear y cobrar tarifas más altas a cambio de mayor velocidad. Pero Pai pretende reclasificarles como servicios de información.

 

Los partidarios de la neutralidad de la red desearían mantener intacta la normatividad actual. Además, consideran necesario otorgar a la FCC la autoridad para impedir malas prácticas por parte de los proveedores de Internet.

 

Algunos defensores más radicales inclusive consideran que la iniciativa de acabar con la neutralidad es “el arma secreta del presidente Donald Trump para eliminar la libertad de prensa”.

 

En algunos estados de la Unión Americana, gobernados por demócratas, los gobernadores han considerado la posibilidad de imponer reglas de privacidad o neutralidad de la red a los proveedores de servicios de Internet.

 

En respuesta, la CTIA (grupo de presión que representa los intereses de AT&T, Verizon, T-Mobile USA, Sprint y otras compañías de telefonía móvil), ha solicitado a la FCC adelantarse a la posible elaboración de leyes estatales sobre privacidad y neutralidad de la red.

 

Los voceros de la CTIA sostienen que el acceso a Internet de banda ancha no debería estar regulado por los estados, pues se trata de un servicio interestatal "dentro de la jurisdicción exclusiva de la FCC, y el Congreso ha impulsado una política nacional de no regulación para los servicios de información". Los estados que impongan sus leyes de protección al consumidor, "socavarían el despliegue de la banda ancha”.

 

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En cambio, algunos representantes demócratas afirman que la FCC no puede adelantarse a los esfuerzos de los estados en materia de protección del consumidor que incluye el tema de la banda ancha.

 

La discusión sobre el porvenir de la neutralidad de la red, que generó 22 millones de comentarios a la FCC (más de cinco veces el número de comentarios generados cuando aprobó inicialmente las reglas), parece haber entrado en un punto crítico. La corte tendría que determinar qué procede.

 

Para evitar un litigio prolongado, la FCC podría impulsar nuevas reglas de neutralidad de la red "ligeras". Para ello Ajit Pai, podría recurrir a otra disposición legal, la Sección 706 de la Ley de Telecomunicaciones de 1996.

 

Todo parece indicar que la FCC definirá a la banda ancha como "servicio de información", con una supervisión federal menos estricta a lo estipulado en la Sección 706, que dice que la FCC debería alentar la construcción de banda ancha y eliminar las barreras al despliegue. Y descartar el estándar que la facultaba para sancionar a los ISPs.

 

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Sábado, 18 Noviembre 2017 09:40

Contra la neutralidad de la red (2 y 3)

De acuerdo con lo asentado en el apartado Arguments Against Network Neutrality Regulation (en castellano: Argumentos contra la regulación sobre la neutralidad de la red), contenido en el documento Broadband Connectivity Policy, los principales argumentos de quienes pretenden eliminar la neutralidad de la red admiten ser clasificados en ocho grandes apartados: 1. Existencia histórica de una no neutralidad en la red; 2. Requisitos de priorización, bloqueo y gestión de red; 3. Eficiencias y beneficios de la priorización para el consumidor; 4. Nuevo contenido y aplicaciones, la necesidad de una red inteligente; 5.- Innovación de redes y competencia a partir de la diversidad de redes; 6. Inversión de red y beneficios potenciales para el consumidor; 7. Economías de alcance desde la integración vertical y el agrupamiento; 8.- Insuficientes evidencias de daños.

 

La semana pasada hablamos de los cinco primeros argumentos. Esta semana trataremos los tres restantes:

 

6. Inversión de red y beneficios potenciales para el consumidor. Hoy las redes individuales y descentralizadas en Internet, en su mayoría son propiedad privada y son operadas por empresas. Cobrar tarifas diferenciadas en la entrega priorizada y contenidos premium —como ocurre con los periódicos y las publicaciones, en general—, permitiría que los operadores recuperan más rápido las inversiones realizadas en materia de infraestructura. Los usuarios y los proveedores de contenido y aplicaciones podrán elegir libremente el tipo de servicios que se ajuste a sus necesidades, a precios de mercado. Ese modelo comercial beneficiaría a algunos usuarios finales.

 

7. Economías de alcance desde la integración vertical y el agrupamiento. Los opositores a la neutralidad de la red —se afirma en el referido documento— argumentan que la integración vertical de los operadores de red en el contenido y las aplicaciones, junto con las prácticas de agrupamiento relacionadas, pueden producir economías de alcance y reducciones de precios. Además, los flujos de ingresos adicionales derivados de la integración vertical y la agrupación podrían contribuir a promover una competencia adicional en los servicios de banda ancha de última milla y proporcionar otros beneficios a los usuarios finales.

 

8. Insuficientes evidencias de daños. Los oponentes a la neutralidad de red argumentan que no hay suficientes evidencias de daños, aparte del caso Madison River, el cual fue resuelto por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC): A principios de 2005, la Comisión FCC investigó a la compañía telefónica Madison River Communications, la cual estaba bloqueando el servicio de voz sobre IP. Madison River Communications pagó 15 mil dólares al Departamento del Tesoro en Estados Unidos para detener las investigaciones. En Estados Unidos los principales operadores de red se han comprometido públicamente a no bloquear o degradar el uso de los servicios.

 

¿Quiénes son? Entre las principales organizaciones que se oponen a la neutralidad de la red destacan FreedomWorks Foundation, Americans for Prosperity, National Black Chamber of Commerce, LULAC, Competitive Enterprise Institute, Progress and Freedom Foundation, National Association of Manufacturers.

 

Los opositores a la neutralidad de la red crearon el sitio web Hands Off The Internet. El financiamiento al referido sitio web corre a cargo de AT&T, Alcatel, 3M y Citizens Against Government Waste.

 

 

 

 

 

Tres días después de que los gigantes tecnológicos fueran sometidos a una inspección exhaustiva por el Congreso de los Estados Unidos por la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos, en un evento organizado el miércoles 8 por la organización Open Markets Institute, en Washington, D.C., Al Franken, senador demócrata, ofreció argumentos a favor de introducir mayores regulaciones a algunos de los jugadores más poderosos de la industria, al abordar dos temas de particular relevancia en Estados Unidos hoy: la neutralidad de la red y la seguridad nacional.

 

1. Neutralidad de la red. Franken afirmó que el principio básico de la neutralidad de la red —que todo el tráfico y el contenido web debe tratarse igual— no solo debería aplicarse a los proveedores de servicios de Internet, además debería alcanzar a avanzadas plataformas como Amazon, Facebook y Google.

 

Esas firmas usan algoritmos secretos, que a menudo —denunció Franken— funcionan como “herramientas estratégicas sofisticadas para mantener y fortalecer su propio poder”.

 

Amazon, Facebook y Google tienen la capacidad de “decidir por nosotros qué deberíamos leer, ver, comprar o incluso cómo deberíamos involucrarnos en la sociedad civil, y lo están haciendo”.

 

Franken denunció que Facebook y Google se han convertido en una seria amenaza para los editores. Ambas se han apropiado de los grandes presupuestos publicitarios, situación que les ha dado “tremendo poder” sobre los periodistas y los autores.

 

Amazon, el gigante del comercio electrónico, ha utilizado su tamaño “sin precedentes para obtener, por ejemplo, términos favorables de los editores de libros. Facebook puede valerse de tácticas anticompetitivas no solo para capturar un mercado, sino también para mantenerlo, y finalmente usar su plataforma para ingresar y dominar mercados completamente nuevos”, aseguró Franken.

 

2. Seguridad nacional. “El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que estas empresas no pongan en peligro nuestra seguridad nacional, nuestra democracia o nuestras libertades fundamentales”, señaló.

 

Franken también criticó a Facebook por “no atrapar a una potencia extranjera hostil que empleó su plataforma para difundir mentiras y sembrar discordia”. Tal denuncia partió del hecho de que durante los comicios presidenciales de 2016, trolls vinculados al Kremlin compraron 3,000 anuncios y compartieron miles de mensajes ‘conspiratorios’”.

 

 

 

Además, cuestionó a Google por haber permitido que la “actividad ilegal” proliferara en los resultados de su motor de búsqueda: “Google dijo anteriormente que sus algoritmos necesariamente incluyen sitios web dedicados a la actividad ilegal en los resultados de búsqueda, como los sitios piratas, incluso como en otros casos mantiene que sus resultados reflejan el criterio de Google”.

 

Franken afirmó que esperaba que los acontecimientos recientes —incluidos los informes de que Rusia extendió la desinformación en las redes sociales durante las elecciones presidenciales de 2016— incitaran a los reguladores a observar con atención a la industria tecnológica.

 

Conclusión. La idea de que los grandes proveedores de acceso (ISPs) y las principales plataformas web deben ser tratados por igual, está ganando terreno en la revisión de la neutralidad de la red en Estados Unidos.

 

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