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El derecho a la información bajo ataque

Reforma - Jorge Fernando Negrete P. - 13.11.2017, 08:06
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A Ceci, mi Ceci, Fernanda y Jorgito.

Esta es la última ocasión que escribo como presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). Mucho me honró encabezar las iniciativas y esfuerzos de mexicanas y mexicanos comprometidos con la defensa del derecho a la información desde diversas dimensiones, pero sobre todo continuar el trabajo de notables mexicanos, que desde la sociedad civil han hecho suyo el debate y la deliberación pública de uno de los más hermosos derechos humanos, el de la información.

Beatriz Solís, Javier Corral, Raúl Trejo Delarbre, Aleida Calleja, Agustín Ramírez y un espectacular Consejo Consultivo, donde en vida estuvieron Jorge Carpizo, Miguel Ángel Granados Chapa y que hoy lo integran algunas de las plumas más relevantes de la opinión pública nacional, fueron ciudadanos ejemplares a quienes acompañé y a quienes aprecio, a quienes reconozco un compromiso íntimo y público por defender con pasión el derecho a emitir información, comunicarla, recibirla, buscarla, hacerla propia y luego pública; de todos, veraz, transparente y oportuna.

El derecho a la información es un derecho históricamente vital para la democracia, pero hoy adquiere una dimensión luminosa, nunca antes imaginada para el desarrollo social y económico de nuestro país a través de Internet y los servicios de telecomunicaciones. En la arquitectura jurídica del artículo sexto de la Constitución, se incorpora como fundamental el derecho de acceso a las TIC y la banda ancha, y con ello se vuelve un habilitador de otros derechos fundamentales como educación, salud, seguridad, libertad de expresión, derecho a la información, derechos de las audiencias y protección de datos personales, entre otros.

Todos ellos indivisibles, universales, interdependientes y programáticos. Esto quiere decir que en la era de la Sociedad de la Información, el derecho a la información y sus categorías se transforman en poderosos instrumentos de cambio social, transformación de instituciones, inclusión social, accesibilidad e innovación.

Hablamos de un derecho que posibilita verdaderas transformaciones en algo novedoso, tan novedoso como la tecnología. Me refiero a la política pública digital que cada secretaría, gobierno local y municipal debe imaginar y diseñar. Tan importantes son los litigios estratégicos de las organizaciones sociales y defendernos en tribunales, como exigir acciones y visión estratégica de políticas públicas. Tan importante una manifestación pública como el debate sobre la política digital de la educación, la inclusión social y la salud. En el universo digital, el derecho a la información debe articular una visión estratégica de alta política pública y ser intransigente con la ignorancia de los servidores públicos que se sirven del cargo y no imaginan, no diseñan, no presentan una visión estratégica y robusta de una sociedad digital incluyente y justa.

Nunca se habían atacado tantas trincheras del derecho a la información simultáneamente como en nuestra época: el derecho de réplica, los archivos históricos, el acceso a la información pública, el Sistema Nacional de Transparencia, gobierno abierto, asesinato de periodistas, publicidad oficial, abatimiento del derecho de las audiencias y han quedado fuera de los medios periodistas como Carmen Aristegui, Samuel García, Leonardo Curzio, José Gutiérrez Vivó, Pedro Ferriz, Ricardo Raphael...

Todo ello habla de una época bizarra donde el botín político es la información privada y pública. Por eso se callan voces de periodistas, se les amenaza; se dificulta la entrada a los archivos públicos; se desprecia el derecho de réplica y se litiga con dinero, entre políticos, gobierno y medios poderosos; se abrogan derechos como el de las audiencias y se ataca a instituciones como el IFT, sus comisionados; se decide una ley de telecomunicaciones que fomente la inversión, la competencia y los beneficios sólo para las empresas, donde poderosas transnacionales se transforman en delicados, humillados, etéreos y persuasivos entes que solicitan beneficios regulatorios, dejando abandonada la conectividad en el sector rural de la economía nacional.

El modelo nunca buscó la cobertura rural ni conurbada porque busca mantener el mercado del voto duro y partidista controlado por la televisión. Buscó el dominio de la televisión sobre las telecomunicaciones para secuestrar el voto, la voluntad pública, la información del ciudadano. En la Amedi somos optimistas, pero no ingenuos. Promoveremos un amparo en contra de la Ley Döring y celebraremos elecciones para renovar nuestras creencias y compromisos en lo que somos y lo que podemos ser como sociedad y asociación. Total, desde hace 16 años somos fanáticos del derecho a la información y su capacidad de transformación de la sociedad.

 

@fernegretep

 

Presidente de la Amedi

 
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