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El 911 y el nuevo impuesto a las telecomunicaciones

El Caribe - Pavel Isa Contrera - 29.07.2017, 08:31
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La creación del Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad (conocido como 911) fue, sin dudas, un acierto del gobierno de Danilo Medina, tanto en términos de proveer un servicio público crítico, como en términos políticos. Muchas vidas se han perdido en el país, muchas lesiones se han agravado y han comprometido, frecuentemente de forma permanente, el bienestar de las personas, y muchos son los costos que ha pagado el país por no contar con un sistema de este tipo, que atienda oportunamente las emergencias. Eventualmente habrá que hacer un estudio económico del sistema, pero seguramente es socialmente muy rentable, para no hablar de sus implicaciones en términos humanos.

Además de esto, hay que indicar que el esfuerzo ha sido fructífero porque ha logrado articular exitosamente un conjunto de entidades públicas para la provisión del servicio. Como lo demuestran esfuerzos previos en otros ámbitos de los servicios públicos, esto es algo difícil de hacer en un Estado como el dominicano que, por razones políticas derivadas de la repartición de cuotas de poder, se ha caracterizado por la desarticulación y la compartimentación. El 911 articuló a la Policía Nacional, al Cuerpo de Bomberos, y a la red de centros de salud del Estado, equipando y conformando equipos de respuesta inmediata, a los cuales también están articulados, otros servicios de ambulancia, todos ellos funcionado bajo estándares de calidad preestablecidos. Ciertamente, si la voluntad presidencial no hubiese estado de por medio, eso no hubiese sido posible, lo cual habla de las resistencias que hay que vencer y las culturas institucionales y políticas que hay que cambiar para llevar este Estado al siglo XXI.

Las debilidades

Dicho lo anterior, es ineludible llamar la atención de dos serias debilidades de las que ha adolecido el esfuerzo de creación del sistema de atención a emergencias. La primera es que este no se hizo en el marco de o junto a un esfuerzo más decidido y amplio de reformar el sistema de salud. El sistema de emergencias rebasa el sistema de salud, pero las emergencias de salud seguramente representan una alta proporción de las totales, y la atención a ellas es una de las puertas de entrada al sistema de salud. Como se ha argumentado tantas veces, sin un sistema robusto de salud y centros que ofrezcan atención de calidad a las personas afectadas por emergencias, el efecto positivo se reduce notablemente.

La segunda debilidad es la evidente imprevisión fiscal que ha marcado el esfuerzo. Es claro que al momento de impulsar la iniciativa, no se consideró adecuadamente su costo, primando la urgencia de avanzar en la implementación antes que su sostenibilidad financiera. De allí que a poco más de dos años de haberse inaugurado en Santo Domingo, el Gobierno se haya visto forzado a buscar recursos de manera apresurada y a promover y hacer aprobar un nuevo impuesto para financiar el sistema. Esto a pesar del reiterado discurso de que “no habrá más impuestos”.

Otra evidencia de la imprevisión es que la figura impositiva que se ha elegido para financiar el sistema, un impuesto a las llamadas internacionales entrantes, es muy problemática. De ello parece haber suficiente evidencia, porque ya muchos países han experimentado con ese tipo de impuestos con resultados dudosos, por decir lo menos. Llegamos tarde y seguimos un mal ejemplo.

La experiencia internacional

En África es donde la práctica de gravar con tasas impositivas las llamadas internacionales entrantes ha sido más frecuente. Desde finales de la década pasada e inicios de ésta, se han introducido este tipo de impuestos en Costa de Marfil, Congo, Gabón, Ghana, Guinea, Liberia, Niger, Mauritania, Madagascar, Pakistán y Senegal. Uganda fue el último caso. En la región, Jamaica lo introdujo a mediados de la década pasada, y en El Salvador hace sólo unos tres años. La mayoría de estos países tienen en común con la República Dominicana que son economías pequeñas, con una extensa diáspora en los países de mayor nivel de ingreso. Además, el comercio exterior y/o la inversión extranjera tienen un peso elevado en la economía, lo que hace que las telecomunicaciones internacionales tengan un peso relevante en la economía.

Sin embargo, la información disponible, especialmente proveniente de África, sugiere que las consecuencias de la imposición han sido negativas. Primero, las llamadas entrantes han declinado mucho derivado de los mayores costos. Segundo, los precios de las llamadas salientes se han incrementado significativamente debido a que el mismo tipo de impuestos introducido por otros países de esa región ha elevado su costo porque parte importante del tráfico de llamadas en África se da entre países vecinos. Tercero, se erosionó de forma importante la base del impuesto porque se incrementó la evasión en la medida en que la tecnología hace posible la existencia de operadores no regulados y no gravados, y en la medida en que, ante el incremento de precios, los clientes fueron migrando hacia otras formas de comunicación de voz, específicamente Internet.

Un estudio de Deloitte y de GSMA, que representa los intereses de las empresas de telefonía móvil en el mundo, informó que, cuando se introdujo el impuesto en Congo en 2009, el precio de las llamadas entrantes creció en 111% mientras el tráfico entrante se redujo en un 36%. En Gabón, en 2011, cuando se aprobó el impuesto, los precios de las llamadas entrantes crecieron un 82%. En Ghana, en apenas un mes, los precios de las llamadas crecieron en 58%, las llamadas entrante medidas en minutos se redujeron en 35%. Y en Senegal, los precios subieron un 50% y los minutos de llamadas internacionales entrantes declinaron en 14% durante los primeros cinco meses de la imposición. Aunque el informe fue auspiciado por el gremio de empresas afectadas, lo cual puede arrojar dudas sobre su objetividad, la evidencia parece abrumadora.

Entre los países de la región, en El Salvador lo introdujeron pero fue posteriormente rechazado por la corte suprema de ese país, en Jamaica recientemente han estado buscando la forma de evitar la evasión del impuesto, la cual ha crecido, y en Pakistán y Uganda optaron finalmente por eliminar el impuesto precisamente por esas razones.

La experiencia de esos países indica que el argumento de que el impuesto no va a tener consecuencias sobre el precio de los servicios de telecomunicaciones en el país es equivocado. Las llamadas entrantes se encarecen y con ello sube el costo para quienes hacen negocios con la República Dominicana, así como el costo que paga la diáspora por mantenerse comunicada con sus familiares y amistades en el país. El país se vuelve un poco menos atractivo y un poco más costoso en general.

La base del financiamiento declina

Pero además, como fue oportunamente advertido por el colega Nassim Alemany en una Gráfica de la Semana de Deolitte, la base del impuesto, que consiste en los minutos de llamadas entrantes al país, ha venido declinando de manera sostenida en los últimos años (ver gráfico adjunto). Esto ha sucedido a medida que la comunicación de datos y de voz por Internet ha ido reemplazando la transmisión de voz tradicional.

Mientras en 2014, el número promedio mensual de minutos de llamadas entrantes internacionales, tanto a teléfonos fijos como a móviles, fue de poco más de 400 millones, en 2016 fue de menos de 318 millones, y en el primer trimestre de 2017 se redujo hasta 262 millones. A ese ritmo, en el primer trimestre de 2020 el número de minutos entrantes va a ser de cerca de la mitad de lo que fue en 2014. Pero ese ritmo seguramente se acelerará por efecto del impuesto, que desestimulará las llamadas entrantes. Eso significa que la fuente de financiamiento del sistema nacional de emergencias se va a ir secando y haciéndose insostenible.

Con el impuesto, el Gobierno habrá ganado tiempo y se habrá dado a sí mismo un respiro financiero temporal, pero tendrá consecuencias para toda la economía y al final, no habrá resuelto el problema de encontrar una fuente estable de financiamiento para un sistema tan importante como el 911.

Que no quede duda: mantener y expandir el sistema debe ser innegociable. Pero tiene que hacerse sobre bases tributarias sanas. Lo otro es improvisación, y como tal, va a terminar saliendo mal si no se corrige. Además, la gente afectada por emergencias médicas necesita la atención completa, no sólo la que les estabiliza, porque ésta no garantiza necesariamente la vida ni la salud.

Para lograr ambas cosas, sostenibilidad en los recursos y un sistema de salud que funcione, se necesita determinación, coraje y credibilidad para enfrentar las resistencias. Si no se empuja en esa dirección, no solo peligra el sistema mismo y el bienestar de la gente, sino también los apreciados beneficios políticos que se han cosechado.

Modificado por última vez en Sábado, 29 Julio 2017 08:35
 
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