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Uber prepara su ingreso a Quito; Cabify lleva un año

El Comercio - Ana María Carvajal - 12.07.2017, 08:23
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El proyecto de ordenanza sobre taxis convencionales y ejecutivos en Quito plantea que las únicas aplicaciones móviles autorizadas para ofrecer el servicio son las 11 homologadas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Sin embargo, este 13 de julio  del 2017 Cabify celebrará con promociones su primer año de operar en la capital y en Guayaquil.

A Uber le “complacería” contribuir a solucionar las necesidades de movilidad de Quito, dijo Saulo Passos, director de Comunicaciones Corporativas de la empresa para América Latina. En redes sociales y páginas web se ha generado una campaña, pero aún no se ha difundido la fecha en que iniciará su trabajo en la ciudad.

Cabify ofrece una plataforma de servicio de alquiler de vehículos con conductor, como consta en su página web. Y Uber se define como “una plataforma tecnológica que permite conectar a usuarios con conductores, de forma rápida, segura y eficiente”, según Passos. Ninguna trabaja con taxis.

Ambas han ganado terreno en países de Europa y de América como servicios alternativos, pero con críticas desde el taxismo, que las considera una competencia desleal.

Esa es la posición de Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha. Él señala que Cabify no se define como prestadora de servicio de taxis, aunque su trabajo es de ese tipo. En el portal de la Superintendencia de Compañías, su actividad consta como de prestación de aplicaciones móviles para todo tipo de dispositivos electrónicos.

Para contrarrestar una supuesta afectación, el grupo que lidera Brunis creó su ‘app’ Unitaxi y logró la homologación en octubre del 2017 para el despacho de flota.

Están registradas 7 500 unidades que, en promedio, mueven 1 500 viajes al día. El gremio, según Brunis, ha conversado con directivos de otra aplicación, Easy Taxi, que tiene un software extranjero para taxis regulares. “Ojalá logremos encontrar el punto clave para fortalecernos como gremio organizado y ellos como empresa con experiencia”.

Cabify ha crecido en un “20% mensual” en conductores y en usuarios, según Daniel Arévalo, gerente en Ecuador. Movilizan a gente que paga con tarjeta de crédito y que no quiere comprar un auto o elige dejarlo en casa.

El taxi y la firma no compiten. Su servicio se dirige a grupos objetivos como “los milenials, que prefieren experiencias que activos”, dice Arévalo.

La empresa en Quito está entre las 10 de mayor crecimiento de la firma, de las 33 que operan en América Latina.

El presidente de la Comisión de Movilidad del Municipio, Eddy Sánchez, señala que cualquier ‘app’ que mejore la calidad del servicio es bienvenida, siempre y cuando esté a disposición de los prestadores legalmente habilitados: los taxis. “Si se entregan a particula­res que no cumplen norma técnica ni operativa, no es ético ni legal y no puede continuar”.

En operativos realizados en Quito en el 2016, se sancionó a más de 5 500 vehículos informales y a 2 000 en lo que va del 2017, según Fausto Miranda, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Entre ellos hay unidades de Cabify. La sanción incluye detención del auto por siete días, multa de dos remuneraciones básicas y 10 puntos en la licencia.

Pero en el Cabildo hay posiciones más abiertas sobre el tema, como el de la concejala Daniela Chacón. Ella trabaja en un proyecto de ordenanza basada en que “las normas tienen que ir adaptándose a los avances tecnológicos”. Considera que este tipo de aplicaciones no representan una violación a la ley ni afecta a los taxistas.

Chacón cita el estudio que la Fundación ProBogotá hizo en la capital colombiana sobre el caso Uber. Luego de tres años de operación, esta representa el 1,5% de viajes diarios en la ciudad, lo cual revelaría que “hay espacio para todos”. Es partidaria de tomar ejemplos como el de Madrid o México, donde se ha buscado alternativas para regular el servicio.

Al respecto, la abogada Fernanda Vela señala que el tema no pasa solo por el punto de vista de tránsito sino también desde los cambios en las relaciones comerciales que surgen de la globalización. Por ello, “la ley debería ir regulando avances como nuevas plataformas que son medios para prestar y recibir servicios”. Los negocios vía Internet y con tarjeta de crédito son nuevas modalidades que deben ser reguladas. “Los precios y el uso de un servicio son ya una cuestión de oferta y demanda”, sostiene.

En ese punto, la calidad del servicio es clave. Mientras estas ‘apps’ capacitan a los conductores en el tema, Brunis acepta que hay sectores del gremio que no usan taxímetro, no entregan facturas, se niegan a ir a ciertos sitios de la ciudad o no mantienen sus unidades en óptimo estado. “Son viejas prácticas que han hecho que prolifere la informalidad, pero estamos readecuando nuestras salas de capacitación para luchar contra eso. Si nosotros no brindamos el servicio como se merecen los usuarios, vendrán otros que lo hagan”.

En contexto

Una ordenanza que está a punto de ser aprobada prohíbe aplicaciones como Cabify y Uber, de servicio de vehículos particulares. Hay una propuesta en camino con la intención de regularizar este tipo de servicios. La calidad de la movilización es clave.

 

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