Martes, 23 de mayo del 2017
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Cerrar la brecha digital en América Latina implica múltiples retos, que tienden a ser diversos y complejos entre cada uno de los países que conforman la región.

Aunque se reportan avances, se estima que apenas cuatro de once países analizados por la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) se encuentran en una etapa avanzada para llevar nueva tecnología a toda su población, los cuales han avanzado en áreas como inversión, nueva regulación y trabajo con operadores.

El estudio Desafío 2020 elaborado por el Cet.la y Convergencia Research evalúa el avance de los países en tres ejes principales: diálogo público-privado, entorno jurídico y regulatorio (certidumbre), y niveles tributarios, lo cuales consideran factores adicionales referentes a cada uno.

Mediatelecom platicó con Juan Jung, coordinador del Cet.la y director de Políticas Públicas de ASIET para conocer los retos persistentes en la región y cómo enfrentan los países nuevos desafíos como la demanda de mayor infraestructura y regulación de la convergencia.

- Si se considera que ésta es una segunda parte del estudio Desafío 2020, ¿cuánto han avanzado los países en asegurar la inversión para cerrar la brecha digital?

- La tendencia muestra cómo el esfuerzo inversor que está haciendo el sector en América Latina es considerable. En la región se han invertido más de 330 mil millones de dólares acumulados entre 1996 y 2014. La tasa anual de crecimiento compuesta de la inversión en telecomunicaciones entre 2006 y el 2014 fue de 8 por ciento. Sólo en 2014 se invirtieron cerca de 30 mil millones de dólares. Y esa tendencia ha continuado hasta la actualidad, con despliegues de redes de última generación e introducción de nuevas tecnologías.

Por citar un ejemplo, cuando se elaboró la primera parte del estudio en 2012, sólo un puñado de países en la región había lanzado servicios con tecnología LTE. Hoy son ofrecidos en todos los países de la región. Los precios de conectividad han venido bajando consistentemente en los últimos años, tal como lo reflejan los datos de la CEPAL. La calidad de las redes se ha venido incrementando; por ejemplo, podemos apreciar que la velocidad promedio de conexión en banda ancha fija ha aumentado más de 120 por ciento desde 2010, según Akamai. Las brechas en torno a personas que utilizan Internet o la cantidad de hogares conectados se está reduciendo considerablemente con respecto a los países avanzados.

- Buena parte de los países incluidos en el estudio han impulsado nueva regulación para fomentar la competencia, pero al mismo tiempo esto parece inhibir la inversión. ¿Qué se puede aprender en América Latina de la experiencia de Europa o Estados Unidos que también tienen operadores incumbentes, pero han logrado fomentar un ambiente más competitivo?

- La competencia sana y sostenible es lo que impulsa la inversión y el desempeño eficiente de los mercados. Cuando hablamos de competencia, tenemos que comprender los cambios paradigmáticos que ha tenido este sector en los últimos años. La manera de concebir los mercados hoy es distinta de la que era hace algunos años atrás. Hoy en día, hablar de competencia implica hablar todos los actores que forman parte del ecosistema digital, porque las fronteras de los mercados están cambiando. En el mundo la regulación evoluciona de forma más lenta que los avances tecnológicos, pero aun así existen ejemplos que pueden destacarse en la materia.

La nueva propuesta europea en materia de privacidad establece un abordaje integral que aplica a todos los actores del ecosistema digital y, por lo tanto, contribuye a generar ese ambiente más competitivo. De igual forma, el BEREC establece una clasificación de servicios OTT que incorpora criterios para determinar si compiten o no con los servicios tradicionales y, como resultado, si forman parte de un mismo mercado. Todavía no podemos decir que exista un ejemplo concreto de marco regulatorio perfecto para la era de la convergencia plena, pero hay iniciativas que van en esa dirección. Ello es fundamental para generar un ambiente competitivo, sin asimetrías, que estimule la inversión y la innovación.

- Según el estudio, existe baja incertidumbre en el sector (promedio 45.5) ¿Cuál es la influencia de los aspectos políticos relacionados con el rápido avance en el sector?

- El nivel de la variable “incertidumbre” depende del contexto de cada país, no se puede generalizar. Evidentemente, cuando los aspectos políticos terminan generando cambios en reglas de juego o en la seguridad jurídica, ello genera dificultades importantes para el desarrollo del sector, particularmente para impulsar las necesarias inversiones. La estabilidad en las reglas de juego y en la seguridad jurídica es crucial para fomentar el rápido avance del sector. Existen casos donde para dar una respuesta de corto plazo a una demanda de la opinión pública se han terminado adoptando medidas que van contra el interés general y la maximización del bienestar social.

Un ejemplo de ello, que hemos visto en varios municipios de distintos países en la región, son las barreras que se terminan imponiendo -bajo la forma de restricciones u ordenanzas municipales excesivas- al despliegue de antenas para mejorar la conectividad a través de tecnologías móviles, por temores vinculados a temas de salud -totalmente injustificados, de acuerdo con la evidencia científica- de una parte de la ciudadanía.

- Existe en general un interés por fomentar la convergencia de servicios, pero las leyes no han tomado un paso decisivo. ¿Se requiere de reguladores más enérgicos para permitir una competencia más equilibrada entre todos los operadores?

- Se necesita de más acciones regulatorias que sean consistentes con la era en la que vivimos, que es la era de la convergencia. Para ello es esencial comprender los cambios paradigmáticos que han ocurrido en el sector en los últimos años. Es imposible concebir un mercado en 2017 con los paradigmas del año 2000 o 2005. Se necesitan marcos regulatorios basados en el principio de neutralidad tecnológica. La nueva generación de modificaciones regulatorias debe ir en ese sentido.

- Y también en convergencia, ¿qué tan preparados están los reguladores en la región para presentar una regulación que considere los servicios en Internet? Hasta ahora ese segmento se ha mantenido desregulado, algo que los operadores de telecomunicaciones también han aprovechado.

- Es fundamental que los reguladores de la región puedan contar con un abordaje integral que, basado en el principio de la neutralidad tecnológica, establezca regulaciones equivalentes para servicios equivalentes. Si para enviar un texto los usuarios pueden optar indistintamente por enviar un SMS o usar una aplicación de mensajería de Internet, es porque para el usuario son servicios sustitutos. Lo mismo podemos decir con las llamadas de voz, o con la TV por suscripción, donde plataformas OTT ofrecen servicios que compiten con los tradicionales. Esto no es otra cosa que el resultado de la convergencia, que bajo el principio de neutralidad tecnológica genera que múltiples servicios puedan ser ofrecidos desde múltiples plataformas. Hasta que ello no sea resuelto desde el punto de vista regulatorio, no estaremos en una situación de competencia sana y equitativa en el ecosistema digital. 

- ¿Qué recomendaciones tiene el cet.la para conciliar una agenda destinada a la rentabilidad de los operadores con los objetivos del gobierno de lograr mayor uso de las TIC?

- Los objetivos de los sectores públicos y privados en la materia son convergentes: masificar la conectividad para todos los ciudadanos y promover el desarrollo de las TIC. No hay aquí objetivos divergentes. Por lo tanto, la recomendación aquí es que puedan cooperar, tanto empresas como gobiernos, cada uno en su rol, para lograr esos objetivos. Las empresas tienen su tarea de competir, invertir e innovar; los gobiernos, por su parte, deben promover un marco regulatorio equilibrado y que incentive la inversión, sin asimetrías ni distorsiones.

- El documento señala la necesidad de políticas fiscales flexibles, pero ¿cómo se puede equilibrar la necesidad de los Estados de generar ingresos a través de recursos como el espectro, pero al mismo tiempo fomentar una política destinada al incremento de la cobertura?

- Los gobiernos no deben tener como objetivo un afán recaudatorio en el desarrollo de concursos de espectro. Cuando ese es el caso y se cobran montos desproporcionados por asignaciones de espectro, se está condicionando el desarrollo del sector, porque esos recursos que las empresas destinan a las arcas del Estado son recursos que podrían destinarse al despliegue de redes para incrementar la cobertura o la introducción de las últimas tecnologías.

De esta forma se está perjudicando el interés general de largo plazo, para dar respuesta a una necesidad fiscal de corto plazo. La propuesta aquí es que se comprenda que el espectro no es valioso en sí mismo, sino por el potencial que cuenta para mejorar el bienestar social, a través de servicios móviles de calidad en manos de la totalidad de la población, a bajos precios. Los concursos de espectro deben diseñarse teniendo eso en cuenta, estableciendo precios base razonables, en caso de subastas, o promoviendo la realización de concursos de belleza donde los operadores compitan por cobertura e inversiones.

 

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Amazon.com, el gigante del comercio electrónico, dijo que está abierto a buscar acuerdos para transmitir contenido a través de los decodificadores de los operadores de cable, como Netflix lo ha hecho en Estados Unidos y Europa.

"Amazon está definitivamente abierto a esas asociaciones y para ser justos, no hemos hecho tanto como Netflix", dijo Alex Green, director general de Amazon Video, en la conferencia del Cable Congress en Bruselas, según cita Bloomberg.

Amazon, que ganó sus primeros premios de la Academia por las películas Manchester by the Sea y The Salesman, desafía a los proveedores de televisión de pago y a los desarrolladores de videojuegos.

El auge de los servicios de suscripción basados en Internet como Amazon Prime, Netflix, y YouTube, han alimentado las predicciones de los analistas de que los consumidores --cada vez más-- abandonarían el cable y matarían la televisión tradicional.

Liberty Global, la compañía de televisores centrada en Europa, del multimillonario John Malone, puede ser uno de los operadores que llevaría Amazon Prime a sus decodificadores, los cuales ya ofrecen más de 100 aplicaciones, incluidas Netflix, YouTube y Videoland, según información de Bloomberg.

"Nos asociaríamos con casi cualquier persona, pero nuestros intereses tienen que alinearse", dijo en la conferencia Balan Nair, director de tecnología e innovación de Liberty, con sede en Londres. "Cuando nuestros intereses y los intereses de Amazon estén alineados, los verás en él, pero en este punto hay una razón por la que no están en nuestro plan".

Liberty Global cree que Netflix le ha ayudado a mantener a los suscriptores, al mejorar la facilidad con la que pueden acceder a varios servicios de suscripción, mientras que el proveedor de televisión por satélite Sky Plc, ha evitado cualquier acuerdo con Netflix y ha impulsado el gasto en su propio contenido. Netflix y YouTube también tienen acuerdos con Comcast.

Amazon cree que hay espacio para todos en la televisión y "no es un juego de suma cero", dijo Green. "Amazon, Netflix, otros servicios OTT pueden coexistir fácilmente con la industria del cable, con la televisión de pago, como ya lo hacemos", dijo Green.

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El operador de telecomunicaciones, Spark, de Nueva Zelanda ofrecerá acceso gratuito a Netflix por un año, según anunció a través de un comunicado.

De acuerdo con Reuters, con este acuerdo Spark da otro paso para convertirse en un proveedor de contenidos multimedia. “(El acuerdo) es consistente con nuestro turno para convertirnos en un proveedor de servicios digitales, y no sólo una empresa de telecomunicaciones tradicionales," dijo Simon Moutter, presidente ejecutivo de Spark.

El anuncio de convergencia se da a conocer a escasos días de que la Comisión de Comercio rechazó el proyecto de fusión entre Sky Network Television y Vodafone New Zealand que había sido ampliamente criticado por Spark.

Según informó Margarita Cruz en una colaboración para Mediatelecom, el regulador  rechazó el proyecto de fusión por 1.3 mil millones de dólares neozelandeses (936 millones de dólares), ante la preocupación de que el acuerdo “reduzca sustancialmente la competencia”.

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- Oi apuesta por convergencia para impulsar crecimiento.
- Es oficial la medida que provocará una baja en el precio de las computadoras.
- Sutel nombra nuevo presidente de Consejo.
- Apagón analógico en São Paulo será el 29 de marzo.
- GSMA presenta nueva métrica de adopción móvil.

Guión y Locución: Mariana Torres.
Edición: Dinorah Navarro.

Mediatelecom Américas es un producto informativo de la Agencia Informativa Mediatelecom.

Se autoriza la reproducción total o parcial de esta cápsula informativa citando la fuente original que es Mediatelecom.

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En la Argentina, durante 15 años pasó de todo y -paradójicamente- no ocurrió mucho en materia de regulación de las comunicaciones.

Tuvimos una ley de medios audiovisuales, de 2009 (en línea con las dictadas por varios populismos suramericanos ahora extinguidos); una ley de telecomunicaciones pomposamente llamada Argentina Digital (que no llegó a aplicarse), de 2014; otra de soberanía satelital, de 2015; un pliego de condiciones para la única subasta de espectro en décadas, en 2014, y varias normas menores que terminaron provocando lo que objetivamente nadie niega en el país (ni siquiera las empresas operadoras): la calidad de las comunicaciones móviles y del acceso fijo a Internet se deterioró sensiblemente, los precios se mantuvieron elevados en comparación con países de tamaño y desarrollo relativo similar y se detuvo la expansión de la conectividad, especialmente en las provincias más pobres y alejadas de Buenos Aires.

Un debate analógico, des-digitalizado y enfocado en la presunta concentración económica invisibilizó por completo a los usuarios y sus necesidades en un país extenso como la Argentina, donde 30 por ciento de la población vive en el 70 por ciento del territorio. Un país donde sólo 2 por ciento de los hogares está conectado a redes de fibra (FTTH), donde la velocidad promedio nacional de Internet es de 3 Mbps y sólo 900 de las 2 mil poblaciones dispone de redes móviles 4G.

Teniendo en cuenta esta realidad, el decreto 1340/2016 del presidente Mauricio Macri, publicado semanas atrás y que se propone acelerar la unificación de los mercados de la radiodifusión y las telecomunicaciones -paso previo a incorporar también allí a los proveedores de servicios Over the Top (OTT)-, debe analizarse en el marco apropiado.

Eso requiere al menos dos elementos: considerar aquel pasado reciente de estancamiento y sopesar a la vez el actual contexto político del país, donde ningún partido tiene mayoría propia en el Congreso Nacional, lo cual obliga a negociar cada ley punto por punto (lo que para el gobierno federal implica siempre una cesión de recursos económicos a los estados provinciales, de donde provienen los legisladores que deben aprobar las normas).

La Argentina está rompiendo una larga inercia en materia de comunicaciones. Pero tirar abajo los muros construidos durante largos años por los actores privados y los reguladores estatales (que se sintieron cómodos con ese statu quo) no está siendo sencillo. Las telefónicas descremaron el mercado de la telefonía móvil y los cableoperadores lo hicieron con el de la TV de paga; la telefonía fija fue abandonada por todos y las redes de acceso a Internet de alta velocidad avanzaron casi exclusivamente en algunos centros urbanos donde la demanda corporativa o residencial de alto poder adquisitivo lo requería. La relación entre las empresas y los gobiernos, cuando no fue conflictiva -aunque el sector empresario nunca fue un solo bloque- fue poco transparente -como la forma y la moneda en la que se realizó el pago de la más reciente licitación de espectro-.

Las discusiones en el ámbito de las comunicaciones, como casi todas las que ocurren en Argentina, rápidamente se fueron por los márgenes perdiendo de vista algo central: que la conectividad universal de calidad es necesaria para el desarrollo social, cultural y económico de las personas. Y que la alta capilaridad de esa conectividad requiere de un protagonismo central de los oferentes privados, y la inexcusable subsidiariedad del Estado (algo que ya está ocurriendo al menos con dos iniciativas: la expansión e iluminación de la red mayorista estatal Arsat -que prevé conectar 1,200 localidades para mediados de 2018- y los subsidios para pymes y cooperativas que tiendan fibra óptica en la última milla).

Bajo una lluvia de eslóganes como la “democratización de la comunicación”, la “multiplicación de las voces” o la lucha “contra los monopolios” se perdió un tiempo precioso: doce años en los cuales la infraestructura del país -más allá de una red estatal de Arsat a medio construir y dos satélites geoestacionarios que no resuelven la falta de tendidos de fibra- no se desarrolló o directamente se deterioró (hay numerosas anécdotas de pueblos incomunicados durante semanas por la caída de los tendidos aéreos sobre postes).

Se escucha ahora que no hay nuevos entrantes sino que se trata de los actores actuales abarcando nuevos mercados, y efectivamente así es. Se trata de nuevos entrantes a cada segmento a considerar (la TV de paga salta a la movilidad y viceversa), lo cual tiene mucho más sentido que el aterrizaje de un inversor que empieza completamente desde cero. Se lee que el actual gobierno “gubernamentalizó” las políticas de comunicación, como si eso fuera una novedad en este país (donde el líder de la autoridad de aplicación ejecutó órdenes directas del Poder Ejecutivo para afectar a empresas no por su papel en el mercado de la comunicación sino por el contenido de sus líneas editoriales).

La novedad es que por primera vez, al menos hasta ahora, la administración federal habla con todos los actores y no persigue a unos ni se beneficia de los millones de otro. Se cuestiona también esa mesa de diálogo porque se la ve como la cesión de soberanía estatal en actores privados en lugar de verla como la resolución necesaria de las diferencias para evitar la judicialización de las políticas, que tanto hemos cultivado en las últimas décadas y que también ha sido un freno para cualquier evolución (quienes impulsaron la ley de medios de 2009 -que estuvo años judicializada- deberían tenerlo presente).

La discusión sobre la concentración económica fue uno de los elementos que más distrajo el mercado argentino, uno de los menos concentrados de la región en el sector convergente, donde la propia noción de concentración está en debate (una cuestión que ha merecido incluso algún Nobel de Economía es “cuántas empresas aseguran inversión y competencia”, y la respuesta no es tan simple como decir “muchos”).

Hay que actualizar la agenda del debate en ese punto, lo que requiere ver qué actores son preponderantes en el flujo de la información digital, qué información de los ciudadanos concentran y explotan y hasta dónde los algoritmos desarrollados por firmas privadas pueden condicionar la libertad de expresión en estos tiempos.

Una breve digresión: mientras en Argentina se discutió mucho sobre monopolios entre 2008 y 2015, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), el órgano antitrust federal, fue casi completamente desmantelado y bajo control directo de un funcionario de baja relevancia formal pero gran poder político, como lo fue el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

En ese contexto, y más allá de las oportunidades legislativas de 2009 y 2014 -entre otras-, se perdieron varias oportunidades para impulsar la convergencia de redes y prestadores de servicios: la fusión de los cableoperadores Cablevisión y Multicanal autorizada en 2007 pudo haber servido para ponerle fecha al ingreso de las telefónicas al sector de la TV de paga, lo mismo que la aprobación del ingreso indirecto de Telefónica de España en Telecom Argentina, principal competidor de su filial en el país (una polémica decisión que no encontró mayores ecos en los denunciantes de la concentración económica).

Es cierto que el nuevo gobierno argentino está actuando de manera espasmódica. Lo está haciendo con las herramientas regulatorias de las que dispone (completamente legales, como el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ratificado por el Congreso y por decretos simples reglamentarios). Ningún país regula el día a día de sus sectores económicos desde el Congreso de la Nación, y menos aquellos sectores cuyo desarrollo tecnológico es claramente más veloz que los debates políticos o sociales. Se cuestiona la creación por DNU del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y su carácter político -con mayoría de cuatro integrantes designados por el Presidente sobre un total de siete asientos-, desconociendo que los órganos absorbidos por este ente (la Afsca y la Aftic) tenían exactamente el mismo comportamiento, aunque disfrazado como representantes de sectores sociales de sindicatos, universidades estatales y gobernadores estaduales.

El decreto 1340/2016 le pone fecha al comienzo de la convergencia: el 1° de enero de 2018. Es la primera vez que ocurre algo así. El gobierno tendrá que seguir haciendo equilibrio para hacer converger intereses corporativos que representan porciones de un mercado millonario, pero a la vez deberá poner en el centro los intereses de los usuarios. Si eso ocurre, será la primera vez en 20 años. Ahora será fundamental seguir de cerca la letra pequeña de la reglamentación que el Enacom y el Ministerio de Comunicaciones deben redactar para aplicar el decreto (que fija plazos breves y pone metas concretas).

En los próximos meses se verá si crece la inversión, y algún tiempo después, si habrá o no nuevos oferentes de movilidad y de TV de paga. Los usuarios sabrán si estos cambios regulatorios fueron en su favor o no cuando finalmente puedan acceder a servicios básicos en mejores condiciones, con más calidad y a precios competitivos. Es decir, cuando la convergencia finalmente provoque la competencia.

La ruta de los decretos

El decreto 1340/2016 cierra un ciclo de un año inaugurado el 29 de diciembre de 2015 con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 267, que eliminó restricciones absurdas a la expansión de redes -como el límite de 24 localidades para la operación de una misma red de TV por cable- y fue ratificado en abril por el Congreso Nacional (ratificación que lo asimila a una ley).

Aquel DNU derogó parcialmente las leyes 26.522, de servicios de comunicación audiovisual, y 27.078 Argentina Digital, disolvió las autoridades de aplicación de esas normas y las unificó en el nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Además, creó una comisión de expertos para la “Reforma, Actualización y Unificación” de aquellas leyes, que debe terminar de redactar un anteproyecto de nueva ley de comunicaciones convergentes antes de marzo próximo.

Durante 2016, el proceso de consulta pública realizado por la comisión incluyó la presentación de 76 organizaciones, cinco debates académicos (de los cuales participaron varios de los académicos que escribieron o defendieron la ley audiovisual de 2009) y unas 600 propuestas que los ciudadanos interesados presentaron mediante un formulario de Internet.

Por aquellos cambios incipientes y a pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), vinculado al kirchnerismo a través de su presidente Horacio Verbitsky, el nuevo gobierno argentino fue convocado en abril de 2016 a una audiencia formal en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que no salieron amonestaciones de ningún tipo. El DNU 267/2015 -que retrotrajo el mercado argentino a la situación en el que se encontraba en 2008- tuvo algunos “errores” iniciales, que obligaron al Enacom a dictar reglamentos correctivos -para reinstarurar el must carry, por ejemplo- y generó nuevos conflictos con las empresas telefónicas (al impedir hasta 2019 su participación en el mercado de la TV de paga) y DirecTV-AT&T (al impedirle seguir comercializando acceso a Internet, como venía haciéndolo mediante distintas tecnologías y tipos de licencias).

Entre los decretos de los extremos, el presidente Macri dictó el decreto 798/2016 que estableció el Plan Nacional para el Desarrollo de Condiciones de Competitividad y Calidad de los Servicios de Comunicaciones Móviles -que va en la misma dirección que el 1340/2016- y el Enacom aprobó unas 13 mil resoluciones -muchas de ellas de interés particular, algunas con años de espera- y numerosos reglamentos para ordenar el sector convergente: operadores móviles virtuales, TV por suscripción, cadenas de radio y TV abierta, proveedores de acceso a Internet, etcétera.

Sin embargo, el DNU 267/2015 no promovió la inversión en nuevas redes (más allá de los compromisos asumidos por los operadores en la subasta de espectro para el despliegue de servicios 3G y 4G). Mientras que otros sectores igual de demandantes de inversión en el país -como las infraestructuras de transporte y energía- atraen fuertemente recursos del ámbito privado, las comunicaciones se mantuvieron lejos de esa efervescencia.

Por eso, en agosto de 2016 el Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad, y su viceministro, Héctor Huici, y el Enacom, que preside Miguel de Godoy, comenzaron a explorar la posibilidad de un nuevo decreto para acelerar el paso hacia la convergencia de mercados y el impulso de la competencia. El proceso de redacción de este decreto incluyó varias mesas de conversaciones con los principales actores del sector: Telefónica, Telecom Argentina (Fintech Advisory) y Claro (América Móvil), por el lado de las telefónicas -que dan servicios de telefonía y acceso a Internet fijos y móviles-; Cablevisión-Nextel (Grupo Clarín) y las asociaciones de pymes y cooperativas, por los cableoperadores -que en la mayoría dan servicios de TV de paga y acceso a Internet-; y DirecTV (AT&T), el proveedor proponderante de TV satelital del país.

El nuevo decreto

A la hora de analizar la regulación es importante revisar la letra concreta de las disposiciones antes de pasar directamente a sus derivaciones. Además, es importante acompañarlo de la información que podría indicar los pasos a seguir.

El decreto 1340/2016, de redacción eminentemente técnica, tiene 13 artículos, varios de los cuales están dirigidos a cada uno de los actores privados que el gobierno busca hacer converger progresivamente en un solo mercado.

-El artículo 1 fija el objetivo: implementar “normas básicas para alcanzar un mayor grado de convergencia de redes y servicios en condiciones de competencia, promover el despliegue de redes de próxima generación y la penetración del acceso a Internet de banda ancha en todo el territorio nacional”.

-El Artículo 2 define banda ancha (la fija en una velocidad de descarga de 1 Mbps), redes de próxima generación o NGN (según recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones), LTE y red de última milla.

-El artículo 3 incluye la mayor concesión a las empresas telefónicas para estimularlas a invertir al fijar una protección de 15 años a “las redes NGN fijas de última milla para banda ancha” que desplieguen los licenciatarios, y que por este artículo no estarán obligados a desagregar el bucle local en esos casos.

-El artículo 4 fija criterios para la “administración, gestión y control del espectro radioeléctrico” que habilitan al Enacom y al Ministerio de Comunicaciones a reasignar frecuencias (justo lo que espera Cablevisión-Nextel para poder usar espectro en la banda de 2.5 GHz comprado en 2015 a empresas de servicios fijos para construir su propia red 4G).

El mismo artículo en el inciso a) dispone que en un plazo “no mayor a seis meses” se llamará a concurso público nacional e internacional para la asignación de nuevas bandas de frecuencias para la prestación de servicios de comunicaciones móviles (lo cual permitiría a las telefónicas competir por parte del espectro en 2.5 GHz  que Cablevisión/Nextel debería devolver). En el inciso b) se establece que la reatribución de frecuencias deberá hacerse con “compensación económica y uso compartido” y que a tales efectos, el Enacom “deberá imponer obligaciones de cobertura y metas específicas”. Aunque no está incluido en el decreto -que aún requiere del dictado de varias normas reglamentarias-, Cablevisión-Nextel tendrá que pagar por la reasignación del espectro y tendrá un plazo de 18 meses para cubrir con su red el área metropolitana de Buenos Aires y la región Central del país (que a su vez será la geografía en la cual las telefónicas podrán comenzar a dar TV paga por vínculo físico). El inciso c) establece la potestad del Enacom para “asignar a demanda frecuencias de espectro radioeléctrico, estableciendo compensaciones, obligaciones de despliegue y cobertura, en los plazos que correspondan” a los “prestadores locales o regionales” (que podrían ser pymes o cooperativas, si así lo define la reglamentación a resolver) y “los actuales prestadores de servicios de comunicaciones móviles” (que podría beneficiar a las telefónicas al reatribuir para 5G la banda de 3.5 GHz); y el inciso d) amplía el plazo de autorizaciones para 4G y las “obligaciones de despliegue correspondientes” (para las tres grandes celcos) al definir que ese tiempo se computará “a partir de la efectiva migración de los servicios actualmente operando en dichas bandas (la banda de 700 MHz, adquirida por las telefónicas en 2014 está sucia y la migración de los servicios allí existentes podría terminar en marzo de 2017).

-El artículo 5 le pone fecha a la unificación del mercado argentino de comunicaciones al definir que las telefónicas podrán registrarse de inmediato como proveedores de servicios de TV por suscripción por vínculo físico y que podrán empezar a comercializar ese servicio el 1° de enero de 2018 en el área metropolitana de Buenos Aires y las ciudades de Córdoba y Rosario (respectivamente, segunda y tercera urbes argentinas). Para el resto del país, la fecha de ingreso será definida para el Enacom, que considerará especialmente la situación de las localidades de menos de 80 mil habitantes, donde el servicio sea prestado únicamente por cooperativas o pymes.

- El artículo 6 tiene nombre y apellido: DirecTV-AT&T. Le restituye a la empresa la posibilidad de brindar acceso a Internet que el DNU 267/15 le había quitado, al establecer que las empresas de TV satelital que “al 29 de diciembre de 2015 prestaran simultáneamente esos servicios” podrán “mantener la titularidad de ambos tipos de licencias”. El DNU 267/2015 había prohibido taxativamente a los proveedores de TV satelital dar “servicios TIC”, algo lógico si se tiene en cuenta que los licenciatarios de servicios TIC no pueden dar TV de paga, pero tirado de los pelos si se lo analiza desde la realidad concreta del mercado (donde DirecTV ya venía ofreciendo acceso a Internet). La Argentina necesita el desarrollo de redes físicas, y hasta ahora en el gobierno primó la idea de que liberalizar la oferta de TV satelital podría canibalizar el mercado de la TV de paga sin generar suficientes incentivos al despliegue de fibra.

- El artículo 7 autoriza la venta conjunta de distintos servicios pero exige “detallar el precio de cada uno de ellos, incluyendo la desagregación de dichos valores y los descuentos o beneficios aplicados a cada servicio o producto por la referida oferta”. Por su redacción, este artículo también autoriza la venta conjunta de distintos servicios por parte de distintos proveedores, lo que en la práctica es habilitar la competencia en cuádruple play de inmediato. Para sortear la absurda prohibición que en los hechos esta oferta conjunta tuvo en la Argentina estos años, las empresas telefónicas y el mayor proveedor de TV satelital comercializaron lo que en el mercado se conoció comercialmente como Trío (la telco ofrecía telefonía y acceso a Internet fijo y la firma satelital, el paquete audiovisual), hasta que la Justicia lo prohibió tras una demanda de la asociación de cableoperadores.

-El artículo 8 establece un plazo de 180 días para que el Ministerio de Comunicaciones fije “las pautas necesarias para la conformación de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad” que garantice “comunicaciones adecuadas a los organismos de seguridad pública”. Aunque se espera la resolución ministerial, se especula que esta red de emergencia sirva también de proveedor mayorista de espectro e infraestructura para operadores locales o regionales.

-El artículo 9 es clave porque instruye al Ministerio de Comunicaciones a asegurar determinados “principios en materia de interconexión”: a) que hasta que se defina el sistema de determinación de precios de interconexión en el Reglamento Nacional de Interconexión, “se considerarán promedios de precios regionales de América Latina para funciones y facilidades similares”; b) el reglamento de interconexión “establecerá tarifas asimétricas” para los servicios móviles por un plazo de tres años y prorrogables por un máximo de 18 meses (esta asimetría beneficiará a Cablevisión/Nextel, como entrante en el servicio 4G); c) dicho reglamento “definirá normas referidas al servicio de itinerancia nacional automático, obligando a los prestadores de servicios móviles, por un plazo máximo de tres años, a poner a disposición de los restantes prestadores dicho servicio en aquellas zonas donde estos últimos no tengan cobertura de red propia”, pero esta limitación no se aplicará para los servicios móviles “prestados por cooperativas y pequeñas y medianas empresas de alcance exclusivamente regional”.

Según establece el decreto en este artículo, “los prestadores de servicios móviles celebrarán libremente acuerdos para fijar, entre otras, las condiciones técnicas, económicas, de operación y legales. Esos acuerdos no podrán ser discriminatorios o fijar condiciones técnicas que impidan, demoren o dificulten la interconexión”. El reglamento facultará al Ministerio de Comunicaciones a “definir precios de referencia por el plazo máximo de tres años tomando en consideración los costos de los activos involucrados sujetos a explotación y una tasa de retorno razonable, para garantizar la celeridad, neutralidad, no discriminación y competencia equilibrada entre los prestadores de servicios móviles”.

Los últimos cuatro artículos son de forma: el 10 refuerza que serán el Enacom y el Ministerio de Comunicaciones los que dicten las normas complementarias o aclaratorias necesarias; el 11 instruye al Enacom a dar intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia “en los supuestos de distorsiones a la competencia que constituyan abuso de una posición dominante”; el 12 dispone que todo lo ordenado por el decreto rige desde la fecha del dictado; y el 13 ordena la publicación y comunicación.

Las primeras reacciones

Días antes del dictado del decreto 1340/2016, Telefónica de Argentina envió a todos los directores del Enacom y a las primeras líneas de funcionarios técnicos una nota administrativa en la cual los amenazó con denunciarlos ante la justicia penal en el caso de avanzar en una larga lista de supuestos.

Extraoficialmente, la firma de capitales españoles advirtió también que podría recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial -donde Argentina está terminando de cerrar numerosos litigios abiertos tras el estallido socioeconómico y político de 2001/2002-.

La nueva disposición no dejó a nadie indiferente, todos los actores del sector tuvieron algo que reclamar, celebrar o comentar. Las posiciones más destacadas hasta el momento podrían resumirse en cuatro grandes capítulos: el gobierno nacional, Telefónica y Grupo Clarín.

Para el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, “las empresas tienen derecho a defender sus propios intereses y el gobierno tiene el derecho y la obligación de defender a los usuarios. En Argentina tenemos un mercado muy cerrado en telefonía móvil y en TV al hogar, necesitamos mejores servicios y precios. Estamos muy atrasados, y tenemos que poner a Argentina tecnológicamente -por lo menos- al nivel que está la región. Pretendemos que las empresas que dan telefonía se animen a invertir para dar TV al hogar y que estas últimas inviertan para dar telefonía. Tenemos anuncios extraoficiales de Nextel de desarrollar infraestructura por 500 millones de dólares este año (2017) en la medida en que se autorice la reconversión de la banda de 2.5 (GHZ) que estudia el Enacom”.

El secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici, le respondió directamente a la Asociación Interamericana de Telecomunicaciones (Asiet), que asumió la posición de las telefónicas en el debate local: “Sorprende que Asiet califique de decepcionante el proceso de consulta de la nueva ley convergente. Todavía no se ha elevado el proyecto. Interconexión asimétrica estaba prevista en la ley del kirchnerismo que Asiet elogia. ¿Cuantas telcos empezaron a dar TV por suscripción con la ley Argentina Digital?”

Esta última pregunta es claramente retórica: la AFTIC -autoridad de aplicación absorbida por el Enacom- no avanzó nada en la reglamentación de la ley Argentina Digital cuando fue fulminada por el DNU 267/2015. Huici es un abogado especialista en derecho administrativo que en la actividad privada estuvo muy vinculado a las empresas telefónicas.

Para el presidente del Enacom, Miguel De Godoy, quien tiene que definir mediante resoluciones la letra chica de la reglamentación del decreto, “al irrumpir un nuevo grupo en la telefonía, como será posiblemente, el caso de Nextel con el Grupo Clarín, muere un mercado anquilosado de tres empresas. Con lo cual, pensemos: ¿cómo podrán salir las empresas al mercado a buscar clientes? Dando un mejor servicio, con mejor precio. ¿Y qué tienen que hacer los otros? Mejorar el servicio y mejorar los precios. Tendrán que acelerar las inversiones porque si te quedas en infraestructura, les irá ganando la competencia”.

Por el lado de las telefónicas, la que lideró las críticas previas y posteriores al decreto fue Telefónica, con Claro-América Móvil de apoyo en la retaguardia. Aunque sin un vocero con nombre y apellido, la firma dejó trascender su reclamo de que “no hay definición sobre la banda de 700 MHz, que ya hemos pagado y que es el vehículo para mejorar la calidad de servicio de los clientes y avanzar en nuevos productos”.

El reclamo de la banda de 700 MHz -que aunque fue subastada por el gobierno anterior en 2014 todavía está ocupada por radiodifusores por suscripción, que tenían derecho a ese uso- es el elemento aglutinador entre Telefónica y Telecom Argentina (actor ausente en la discusión y que muchos dan por interesado en una eventual fusión con Cablevisión).

Para Telefónica, “es falaz el ingreso de un cuarto operador porque ese jugador ya existe desde hace más de 15 años y se llama Nextel. Lo que busca el decreto es cambiar las condiciones regulatorias para que este actor establecido se desarrolle con beneficios irregulares y asimétricos dentro de la industria”. Nextel comercializa servicios de radio con tecnología de trunking que Motorola está a punto de discontinuar.

“Otro aspecto que -para Telefónica- está visiblemente marcado en el decreto es que la convergencia en el mundo de la TV de paga se dilata cada vez más, dando beneficios exclusivos a un operador que tiene 60 por ciento del mercado. Recién en 2018, y sólo en tres ciudades (Buenos Aires, Rosario y Córdoba) se permitirá la competencia y el resto del país, a considerar por el Enacom”.

Quien sí asumió el rol de vocero, desde Madrid (adonde viajará el presidente Mauricio Macri a fin de febrero en visita oficial), fue el director ejecutivo de la Asiet, Pablo Bello. Incertidumbre, preocupación y discrecionalidad fueron las palabras más repetidas por Bello, ex subsecretario de Telecomunicaciones de Chile durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. “Uno comparte los objetivos que plantea el ministro Aguad y el gobierno argentino, y así hemos participado en el proceso de reforma. Pero, lamentablemente, los decretos van en la dirección contraria a las declaraciones. El decreto convergente va para atrás, la regulación del gobierno anterior [de Cristina Kirchner] era más convergente, generaba más certidumbre y había menos asimetrías que las generadas ahora. Todos los cambios que se producen en la forma de gestionar el espectro y en cómo se asignan nuevas frecuencias generan mucha incertidumbre para el futuro. Lo que esperábamos con este gobierno [de Macri], más bien de corte liberal, es que estableciera políticas promercado, que favoreciera la inversión, y lo que se ve es que se dictan políticas que favorecen a un operador”.

En lo que sí se mostró de acuerdo Bello es en la protección de 15 años de exclusividad sobre las redes de próxima generación que se construyan. “Es una práctica que se hace en todo el mundo para incentivar las inversiones. Eso va en dirección correcta, pero no va a haber inversión en fibra óptica. Se requieren otros mecanismos de certidumbre para que esas inversiones se produzcan. Además, el uso compartido de la última milla está prácticamente superado en el mundo.”

El Grupo Clarín le respondió a Telefónica, empresa a la que vincula directamente con el kirchnerismo, con los siguientes argumentos: “El decreto beneficia principalmente a las telefónicas dominantes o incumbentes por varias razones. Primero, porque logran anticipar un año su autorización para dar TV (pasa de enero de 2019 a enero de 2018). Por sus amenazas de judicialización sin sustento ya lograron que pase el 2016 sin competencia en telefonía celular (mercado que se reparte en tres partes iguales de 33 por ciento cada una entre Telefónica, Claro y Personal, algo inusual en el mundo, con un 1 por ciento para Nextel). Mientras amenazan con el Ciadi para intentar consolidar este statu quo, levantaron el juicio que tenían contra la administración kirchnerista por la pesificación tarifaria. Ahora Nextel podría finalmente usar las frecuencias que compró (proporcionalmente más caras que las últimas licitadas por el kirchnerismo, teniendo en cuenta tipo de frecuencia y cobertura), pero le llevará otro año y medio y 500 millones de dólares más instalar las antenas y cambiar todo el parque de celulares para empezar a dar servicio. O sea, en el mejor de los casos, Nextel podrá empezar a dar 4G a mediados de 2018, cuando Telefónica puede comenzar a dar video a principios de ese año. ¿Dónde está la desigualdad?”, se pregunta la empresa.

Para los voceros de Grupo Clarín -que tampoco le pusieron rostro público de una voz corporativa a la puja- “la única desigualdad es a favor de Telefónica, que podrá ofrecer cuádruple play medio año antes que Cablevisión y que cualquier otra empresa de cable, contradiciendo todos los antecedentes internacionales, que le otorgan entre 5 y 10 años de ventaja a los cables frente a las telefónicas para equilibrar asimetrías. En definitiva, las telefónicas logran mantener las enormes asimetrías que tienen frente a los restantes operadores como Cablevisión/Nextel. Mientras las telefónicas tienen 30 por ciento del mercado de telecomunicaciones del país, Cablevisión/Nextel ronda 6 por ciento”.

 

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