Martes, 24 de octubre del 2017
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La recomendación de la OCDE para que se permita a Telmex ofrecer TV de paga en pos de la convergencia no debería limitarse al agente económico preponderante, ya que, en opinión de expertos, es necesario que los demás operadores también ofrezcan otros servicios.

Se ha satanizado el tema de la convergencia porque siempre se piensa en Telmex y TV, pero es mucho más que eso. Lo que quisiéramos ver es que Televisa tenga móvil, que AT&T tenga TV o una red fija más robusta, pero que todos tengan una oferta convergente”, comentó Efrén Páez, analista de Mediatelecom, Policy & Law.

Esto, con el objetivo de que el usuario tenga la capacidad de elegir diferentes servicios entre diferentes proveedores, pues con convergencia tendrías más opciones de telefonía, internet y TV.

Gabriel Sosa Plata, experto en temas del sector, destacó que los operadores con concesiones únicas podrían ser convergentes, pero muchos no lo han hecho porque no han querido.

Publicado en TV de paga

En la Argentina de 2017 hay un sólo proveedor relevante de triple play –acotado a una franja del área metropolitana de Buenos Aires, Telecentro–; hay prácticamente un sólo operador de TV satelital directa al hogar –DirecTV–; por la puerta de la mayoría de los ocho millones de hogares conectados a la TV de paga pasa sólo una red de cable –Cablevisión, Supercanal o alguna de las otras 700 empresas medianas y pequeñas que escasamente superponen sus redes–; las dos compañías de telefonía básica surgidas de la estatal privatizada en 1989 prácticamente conservan su presencia en las que fueron sus respectivas zonas exclusivas, Telecom y Telefónica –algo que se desreguló en 1998. Y las tres empresas de celulares se reparten el país casi de la misma forma en la que lo hacían cuando operaban en áreas exclusivas de hecho o por derecho: Claro de América Móvil, que compró la operación de CTI Móvil (la empresa que surgió para dar telefonía celular en las provincias), es fuerte en el Centro y Norte del país; Movistar y Personal lo son respectivamente en el Sur y Norte y concentran su pelea en la gran metrópoli rioplatense (Telefónica Movistar tiene mayor presencia porque adquirió en 2004 Movicom, la compañía fundadora de la movilidad en la capital argentina). Por si fuera poco, la venta conjunta de servicios fijos, móviles y de TV (estrategia usada por las telefónicas y DirecTV durante algún tiempo) fue prohibida judicialmente, y a Cablevisión nunca se le asignó la numeración requerida para dar telefonía fija, cuando ese servicio todavía tenía demanda.  

Por razones regulatorias, caprichos políticos y conveniencias económicas, en la Argentina no hay competencia en el mercado de las comunicaciones convergentes. De hecho, ese mercado convergente aún no existe como tal (el usuario, a cuyo hogar llegan al menos dos redes de acceso fijas y una móvil, se ve obligado a comprar distintos servicios a distintas empresas por valores que sumados superan lo que por prestaciones de mayor calidad se consiguen en otros mercados). El kirchnerismo –que gobernó el país entre 2003 y 2015– profundizó ese esquema (y no sólo en el sector de telecomunicaciones) con la creencia de que podía controlar precios y productos amenazando a los ejecutivos de pocas compañías privadas, dependientes de recursos o decisiones públicos como el espectro o las licencias.

En este contexto, podría decirse que la única competencia seria se dio estos años entre tecnologías en el ámbito de las redes fijas: el cablemodem venció ampliamente al ADSL en la oferta de acceso a Internet de banda ancha y convirtió a Cablevisión (ahora escindida de Grupo Clarín, con la que conserva accionistas controlantes) en líder en ese mercado. Y en el servicio de TV de paga, donde sólo el satélite compite a escala nacional con el cable.

La falta de inversión en redes de fibra óptica dejó a las telefónicas –enfocadas en reconstruir sus operaciones móviles– muy atrás en ese capítulo central de la infraestructura básica de comunicaciones. La explicación que estas empresas dan ahora para justificar ese hecho (que hasta hace pocos meses no reconocían) es que regulatoriamente estaban impedidas de dar televisión y por eso era imposible argumentar sobre planes de inversión ante los accionistas. En frente, Cablevisión (al igual que otras compañías medianas, pymes y cooperativas) siguió expandiendo su red de fibra aún en medio de la manifiesta animosidad del gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015).

Como hemos señalado en otras oportunidades, en los últimos 15 años, la Argentina pasó de los primeros lugares en la oferta de conectividad y comunicaciones en América Latina a modestas posiciones en la mitad de la tabla e inventó categorías nuevas en la lista de tragedias dentro de este campo: el apagón móvil masivo provocado por la saturación de las redes 3G, por ejemplo. Tras la licitación de espectro para 4G de 2014, las fuertes inversiones ad hoc de los operadores y el rápido despliegue de las nuevas redes, esa crisis de los servicios móviles está superada. Pero hay otra que asoma en el frente: la saturación de la pobre infraestructura fija. Menos de 3 por ciento de los hogares argentinos tiene fibra directa al hogar (FTTH), lo que pone al país a la cola de la región en acceso a este tipo de red. Ese porcentaje ni siquiera varía en las zonas más acomodadas de la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano Norte, áreas que muestran los mejores indicadores socioeconómicos del país.

De manera sinuosa, con engendros regulatorios, marchas y contramarchas, la administración del presidente Mauricio Macri –que gobierna con minorías parlamentarias en ambas cámaras– se encamina a alcanzar el objetivo que se había trazado en este ámbito al inicio de la gestión: crear un mercado convergente eliminando las barreras políticas y regulatorias que lo impidieron durante más de 15 años. Y empujar así la competencia para generar las inversiones necesarias que construyan la infraestructura aún inexistente.

Así, la Argentina está configurando un nuevo mercado de comunicaciones, que ya no tendrá grandes exclusiones –todos podrán competir contra todos– y que empezará a concretarse el 1° de enero de 2018 cuando por fin todas las empresas puedan ofrecer servicios empaquetados de televisión, banda ancha y telefonía fija y móvil. A esos paquetes, dichas compañías podrán sumar propuestas OTT de diverso tipo y servicios de seguridad, salud y educación ahora inexistentes. Eso, sin contar la potencialidad que se observa en el ámbito del hogar conectado, la ciudad inteligente y la creciente demanda de conectividad para productos como el video de calidad 4K, entre muchos otros. Los precios deberían bajar, expresión que las empresas no quieren escuchar y que –en un contexto inflacionario, que aunque a la baja se mantendrá hasta 2019– podrían contra ofertar con servicios de mayor calidad. Como los que cualquier argentino encuentra cuando visita a familiares o amigos después de diez horas de vuelo o aquí nomás, en países limítrofes.

Como es frecuente observar en el resto de los países desarrollados (y también en la mayoría de las economías emergentes latinoamericanas), habrá en la Argentina tres grandes operadores privados de telecomunicaciones convergentes –aún resta saber si podrán combinar tecnologías, como el satélite, 4G y fibra o si una vez más se impondrán exclusiones regulatorias arbitrarias.

Pero la Argentina muestra una particularidad que otros mercados no tienen: 30 por ciento de su población vive en 70 por ciento del territorio, que es atendido por unas mil pequeñas empresas y cooperativas de telecomunicaciones. Allí, en localidades de menos de 80 mil habitantes seguirán operando esas empresas (protegidas regulatoriamente), cuyo proveedor mayorista empieza a ser principalmente la empresa estatal Arsat. Algunas de esas pymes –que impulsaron el despliegue de FTTH y generaron alianzas innovadoras con grandes proveedores de contenidos, como el acuerdo HBO-Colsecor– son muy competitivas en sus áreas de cobertura y se preparan para ingresar en esas mismas zonas con servicios móviles –recurriendo a distintas estrategias, que incluyen formatos puros de MVNO o híbridos con redes locales propias.  

La Argentina tendrá finalmente una nueva estructura de mercado que le permitirá a los usuarios acceder por primera vez en su historia a distintos oferentes de productos y servicios de comunicación, y a una mayor competencia. La fusión Telecom-Cablevisión, la más anticipada de la historia económica reciente del país –con antecedentes de casi una década–, le pone a Telefónica y Claro de América Móvil una presión competitiva que nunca habían tenido en el mercado argentino, en el cual estuvieron mayormente cómodas durante el kirchnerismo.

Por primera vez, la filial argentina de Telefónica de España verá disputado el primer lugar entre los operadores y, casi de inmediato, tendrá a la filial local de Claro de América Móvil (que tiene más fibra tendida de la que aún pudo iluminar) peleándole también el segundo puesto. Ambas mantienen desde hace años discretas conversaciones para adquirir a los cableoperadores medianos que hay en el país, propiedad de ex dirigentes políticos devenidos en empresarios como el ex presidente peronista de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri (Telecentro), y el también peronista ex ministro José Luis Manzano (Supercanal), entre otros. Todo eso sin considerar que el segundo mayor operador de televisión de paga del país –y prácticamente el único satelital– es DirecTV de AT&T (con 30% del mercado).

La operación entre Fintech (David Martínez) y Cablevisión Holding también obligará a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a trabajar sobre una de las mayores fusiones recientes, en un mercado que ya vio fusionarse dos cableoperadores (Cablevisión y Multicanal) en 2006 y dos operadores móviles (Unifón y Movicom) en 2004 –ambas operaciones redundaron en mejoras para los usuarios. Y que tuvo un papel controvertido en 2010, cuando autorizó el ingreso de Telefónica de España en el holding europeo Teco, accionista de Telecom Italia, controlante de Telecom Argentina, situación que cesó en 2015.

La CNDC –que según la ley 25.156 de 1999 debió haber sido reemplazada por el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia– ha sido un órgano operativo del Poder Ejecutivo nacional. A tal punto, que cuando asumió el gobierno la alianza Cambiemos, en ese ente había más empleados que escritorios, y más escritorios que computadoras, y no es broma. Con el nuevo gobierno (que prevé enviar al Congreso una nueva ley antitrust), la autoridad de la competencia ya mostró los dientes al romper con el cuasimonopolio que un consorcio de bancos tenía en el mercado de las tarjetas de crédito y avanzar en varios procesos de análisis en sectores clave. En telecomunicaciones, el problema no es que haya menos competencia. La clave es cómo lograr que por primera vez haya competencia convergente efectiva.

Además, puede ser que el gobierno del presidente Macri –confeso admirador de Arturo Frondizi, presidente desarrollista derrocado en 1962– encuentre atractiva la idea de que una empresa de capitales argentinos se convierta en un operador regional en telecomunicaciones (Cablevisión tiene presencia en Uruguay y Telecom en Paraguay). ¿Podría ser el próximo paso de la empresa fusionada adquirir una operación de televisión satelital en el Cono Sur? Horas después de anunciada la fusión, Telecom compró en Paraguay la filial local de la chilena TuVes HD, cuya oferta –mayormente de marca blanca– tiene pisada regional. Tal vez pueda ser esa una señal de lo que sigue, y de lo que entusiasma al componente corporativo de la actual administración (que no por casualidad suele ser acusado de “gobierno de los CEO”).

Analistas de estos sectores que tuvieron entre 2003 y 2015 un papel crítico más modesto, señalan ahora los inconvenientes que aparecen en el camino de la convergencia en la Argentina. Muchas de las asimetrías reales que asoman en el horizonte se produjeron en los últimos 15 años precisamente por los planteos retrógrados que muchos de ellos vienen sosteniendo y que, en función de las necesidades políticas provincianas, algunos gobiernos convirtieron en leyes y reglamentos. Aquellos analistas descubren ahora la necesidad de la competencia cuando está a punto de comenzar pero sin terminar de advertir que la tienen enfrente.  

Es cierto que la nueva Telecom-Cablevisión tendrá que defender su fusión en algunas ciudades importantes, como la capital de la provincia de Córdoba, donde en servicios de banda ancha tendrá una fuerte preponderancia. Esos analistas se rasgan las vestiduras con esa realidad pero han ignorado los últimos 20 años que la mayoría de las localidades del interior del país (cientos de pueblos y ciudades) tuvieron y aún tienen de hecho un monopolio en ese servicio: el ADSL de baja calidad de la telefónica privatizada que corresponda a la zona, Norte o Sur. Ese monopolio fue moderándose en algunos lugares por la inversión de los cableoperadores, mayormente pymes y cooperativas, que hasta la reciente expansión de la estatal Arsat –un activo valiosísimo puesto en marcha por el kirchnerismo– estuvieron condicionados por los valores de la conexión mayorista, también principalmente a cargo de las incumbentes. La Argentina necesita más pensadores como aquellos “locos” solitarios que hace 30 años previeron en Estados Unidos lo que ocurre hoy y subrayaron ya por entonces la vinculación entre el acceso a las nuevas tecnologías (de la conectividad) y las oportunidades de desarrollo individual y social.

En Córdoba, donde la nueva Telecom-Cablevisión tendrá en banda ancha 95 por ciento del mercado (aunque deberá mejorar mucho la infraestructura aportada por la telefónica), hay una vitalidad extraordinaria en materia de comunicaciones con empresas cooperativas y pymes que rodean esa metrópoli del centro del país y que podrían –paradójicamente– ser aliados fuertes de los incumbentes fijos o móviles que planteen competencia.

El hecho de que Córdoba, la segunda ciudad del país, tenga sólo dos redes –el coaxil de Cablevisión y el cobre de Telecom, con alternativas de menor cobertura–es un indicador del atraso que hay en la Argentina en telecomunicaciones. Si los mecanismos del mercado (el atractivo de una ciudad densamente poblada con un gran conurbano en una zona económicamente pujante) no funcionan, el Estado tendrá múltiples herramientas para evitar una depredación de los usuarios, desde la obligatoriedad de un precio único nacional a distintos grados y formas de compartición de infraestructura.

Algunas de esas herramientas podrían evitar que se profundicen tendencias ya consolidadas en el país como los mayores precios que por peores servicios pagan quienes viven en lugares alejados de los grandes centros urbanos. Algunos advertimos esta situación durante el kirchnerismo, en 2011, 2012 y 2013. Baja disponibilidad, cara y lenta fueron los adjetivos que cada año hubo que aplicar a la banda ancha en la Argentina, a la que luego se le sumó el agregado de “más”: más cara y más lenta. Y fueron los más pobres quienes más sufrieron –y aún sufren– esas condiciones.

Una reciente encuesta de la Fundación UADE detectó que 80 por ciento de los argentinos está de acuerdo con que "el Estado facilite/fomente el acceso a nuevas tecnologías en la población". A pesar del discurso que suele imponerse en el debate público, en las grandes discusiones sobre el desarrollo de las comunicaciones de los últimos años, los mayores ausentes fueron los usuarios, quienes en definitiva pagan precios altos por servicios acotados y no siempre de la calidad prometida.

Hoy la Argentina parece estar avanzando hacia un mercado que ofrezca esos mejores servicios, fundamentales para el desarrollo social, cultural y económico de sus habitantes, y tiene que acelerar el paso antes de que las redes fijas colapsen como lo hicieron las móviles entre 2011 y 2014.

Para empezar, hace falta un debate más informado, inteligente y enfocado en el desarrollo de las comunicaciones.

Publicado en Colaboradores

 

Cartagena, Colombia. ¿Cuál debe ser el marco regulatorio modelo para la convergencia en América Latina? Esta pregunta reunió a reguladores, operadores, plataformas y consultores de la economía digital en América Latina, quienes coincidieron en la necesidad de contar con una regulación convergente que permita a todos los participantes de la industria TIC incorporarse a la economía digital.

 

Fran González, analista de Analysys Mason, expuso que la cadena de valor de la economía digital incluye creación de contenidos, desarrollo de aplicaciones, aplicaciones de comunicación, plataformas de agregación, equipamiento, alojamiento o portal, transporte de datos y dispositivos digitales.

 

Las compañías de Internet han emergido de forma disruptiva en servicios tradicionales de telecomunicaciones como comunicación, video o voz. Lo anterior ha creado un fenómeno de sustitución de servicios de mensajería breve y voz celular. Empresas como Google y Facebook acaparan 70 por ciento del tráfico móvil en América Latina. Este mismo tráfico de datos en América Latina crecerá 2.5 veces entre 2015 y 2020, según cifras de Cisco.

 

González reconoció que el cierre de la brecha digital exigirá cuantiosas inversiones y asignaciones de espectro; reconoció que América Latina ha asignado apenas 30 por ciento de lo que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recomienda como asignación de espectro radioeléctrico para comunicaciones móviles avanzadas.

 

También alertó que los ingresos de los operadores de telecomunicaciones se han ralentizado.

 

Sugirió revisar la política pública y la regulación con especial atención en los OTT de servicios tradicionales y nuevos servicios. Dijo que la economía digital requiere un rediseño del marco regulatorio e institucional apoyado en criterios de sustitubilidad, desagregación de red y servicio y sostenibilidad de la inversión.

 

Los criterios que debieran analizar los reguladores son neutralidad tecnológica, incentivos al despliegue de infraestructura, promoción de competencia y protección a usuarios.

 

Durante su intervención, Juan Sebastián Rozo, viceministro General TIC del MinTIC, aseguró que el regulador debe ser un administrador de la irrupción digital y fomentar el diálogo con todos los actores del ecosistema digital.

 

Natalia Iregui, vicepresidenta de Cono Norte de AT&T, dijo que la empresa estadounidense da respuesta a lo que el usuario pide y por eso adquirió DirecTV y más recientemente Time Warner.

 

Refirió que los retos de convergencia institucional retrasan la inversión y que urge revisar los marcos regulatorios obsoletos y las cargas regulatorias excesivas, así como los impuestos.

 

Refirió que la piratería en televisión por suscripción en la región es un reto importante porque comprueba que los usuarios buscan contenidos. Para producir contenidos de calidad se requieren inversiones, concluyó.

 

Gabriel Contreras, comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México, refiriéndose a los OTT, dijo que hay que tener cuidado con regular plataformas y servicios disruptivos para no afectar innovación.

 

Rodrigo Ramírez Pino, subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, advirtió que el regulador debe ser innovador porque los recursos del espectro son finitos y hay que hacer un uso más eficiente. Todo regulador debe tener una unidad de innovación y desarrollo para conocer los avances de la tecnología y las tendencias de la economía digital.

 

El modelo de regulador convergente debe romper con la verticalidad para dar entrada a nuevos actores del ecosistema digital. Reconoció que el régimen de concesionamiento es lento y burocrático que no fomenta el desarrollo de la industria.

 

Robert Pepper, responsable de Política de Tecnología y Conectividad Global de Facebook reconoció que empresas como Facebook no existirían sin conectividad pero las compañías de Internet generan la demanda para que las empresas paguen por el ancho de banda que cada vez es mayor.

 

Pepper propuso cambiar la nomenclatura de las empresas Over the Top por el de Aplicaciones Ricas Interactivas con múltiples funciones. Dijo que claramente los OTT no son el mismo servicio de telecomunicaciones, por eso no se les aplican las mismas reglas.

 

Explicó que en la era de la regulación de las telecomunicaciones se regulaba un servicio que era la voz, la unidad de medida era el minuto que tenía un costo incremental porque si se hablaba más costaba más o existían cargos por distancia. Sin embargo, actualmente las redes son distintas, ahora son datos, la unidad de medida es por capacidad y no existe distancia sino que la transmisión es binaria.

 

Actualmente, existen modelos regulatorios que no son flexibles y que no permiten la innovación y colaboración con los operadores de red.

 

Santiago Pardo, vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales de Claro Colombia, se pronunció a favor de la competencia por infraestructura. Dijo que actualmente la tendencia era más hacia la compartición y no hacia la inversión y competencia por infraestructura para soportar las aplicaciones de la economía digital.

 

Refirió que las medidas regulatorias deben ser transitorias y proporcionales y que en un entorno de economía digital no se requiere la regulación ex ante.

 

Gilbert Camacho, presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica, dijo que el regulador debe ser un facilitador, un promotor de la competencia entre operadores y que la regulación ex ante debe ser mínima.

 

La principal función del regulador es proteger a los usuarios de telecomunicaciones para que reciban servicios de calidad. Adicionalmente, la legislación en Costa Rica contempla el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para proveer servicios a quienes no pueden acceder a ellos.

 

Finalmente, Héctor Huici, secretario de TIC del Ministerio de Comunicaciones de Argentina, señaló que el regulador debe tener sentido común.

 

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Cerrar la brecha digital en América Latina implica múltiples retos, que tienden a ser diversos y complejos entre cada uno de los países que conforman la región.

Aunque se reportan avances, se estima que apenas cuatro de once países analizados por la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) se encuentran en una etapa avanzada para llevar nueva tecnología a toda su población, los cuales han avanzado en áreas como inversión, nueva regulación y trabajo con operadores.

El estudio Desafío 2020 elaborado por el Cet.la y Convergencia Research evalúa el avance de los países en tres ejes principales: diálogo público-privado, entorno jurídico y regulatorio (certidumbre), y niveles tributarios, lo cuales consideran factores adicionales referentes a cada uno.

Mediatelecom platicó con Juan Jung, coordinador del Cet.la y director de Políticas Públicas de ASIET para conocer los retos persistentes en la región y cómo enfrentan los países nuevos desafíos como la demanda de mayor infraestructura y regulación de la convergencia.

- Si se considera que ésta es una segunda parte del estudio Desafío 2020, ¿cuánto han avanzado los países en asegurar la inversión para cerrar la brecha digital?

- La tendencia muestra cómo el esfuerzo inversor que está haciendo el sector en América Latina es considerable. En la región se han invertido más de 330 mil millones de dólares acumulados entre 1996 y 2014. La tasa anual de crecimiento compuesta de la inversión en telecomunicaciones entre 2006 y el 2014 fue de 8 por ciento. Sólo en 2014 se invirtieron cerca de 30 mil millones de dólares. Y esa tendencia ha continuado hasta la actualidad, con despliegues de redes de última generación e introducción de nuevas tecnologías.

Por citar un ejemplo, cuando se elaboró la primera parte del estudio en 2012, sólo un puñado de países en la región había lanzado servicios con tecnología LTE. Hoy son ofrecidos en todos los países de la región. Los precios de conectividad han venido bajando consistentemente en los últimos años, tal como lo reflejan los datos de la CEPAL. La calidad de las redes se ha venido incrementando; por ejemplo, podemos apreciar que la velocidad promedio de conexión en banda ancha fija ha aumentado más de 120 por ciento desde 2010, según Akamai. Las brechas en torno a personas que utilizan Internet o la cantidad de hogares conectados se está reduciendo considerablemente con respecto a los países avanzados.

- Buena parte de los países incluidos en el estudio han impulsado nueva regulación para fomentar la competencia, pero al mismo tiempo esto parece inhibir la inversión. ¿Qué se puede aprender en América Latina de la experiencia de Europa o Estados Unidos que también tienen operadores incumbentes, pero han logrado fomentar un ambiente más competitivo?

- La competencia sana y sostenible es lo que impulsa la inversión y el desempeño eficiente de los mercados. Cuando hablamos de competencia, tenemos que comprender los cambios paradigmáticos que ha tenido este sector en los últimos años. La manera de concebir los mercados hoy es distinta de la que era hace algunos años atrás. Hoy en día, hablar de competencia implica hablar todos los actores que forman parte del ecosistema digital, porque las fronteras de los mercados están cambiando. En el mundo la regulación evoluciona de forma más lenta que los avances tecnológicos, pero aun así existen ejemplos que pueden destacarse en la materia.

La nueva propuesta europea en materia de privacidad establece un abordaje integral que aplica a todos los actores del ecosistema digital y, por lo tanto, contribuye a generar ese ambiente más competitivo. De igual forma, el BEREC establece una clasificación de servicios OTT que incorpora criterios para determinar si compiten o no con los servicios tradicionales y, como resultado, si forman parte de un mismo mercado. Todavía no podemos decir que exista un ejemplo concreto de marco regulatorio perfecto para la era de la convergencia plena, pero hay iniciativas que van en esa dirección. Ello es fundamental para generar un ambiente competitivo, sin asimetrías, que estimule la inversión y la innovación.

- Según el estudio, existe baja incertidumbre en el sector (promedio 45.5) ¿Cuál es la influencia de los aspectos políticos relacionados con el rápido avance en el sector?

- El nivel de la variable “incertidumbre” depende del contexto de cada país, no se puede generalizar. Evidentemente, cuando los aspectos políticos terminan generando cambios en reglas de juego o en la seguridad jurídica, ello genera dificultades importantes para el desarrollo del sector, particularmente para impulsar las necesarias inversiones. La estabilidad en las reglas de juego y en la seguridad jurídica es crucial para fomentar el rápido avance del sector. Existen casos donde para dar una respuesta de corto plazo a una demanda de la opinión pública se han terminado adoptando medidas que van contra el interés general y la maximización del bienestar social.

Un ejemplo de ello, que hemos visto en varios municipios de distintos países en la región, son las barreras que se terminan imponiendo -bajo la forma de restricciones u ordenanzas municipales excesivas- al despliegue de antenas para mejorar la conectividad a través de tecnologías móviles, por temores vinculados a temas de salud -totalmente injustificados, de acuerdo con la evidencia científica- de una parte de la ciudadanía.

- Existe en general un interés por fomentar la convergencia de servicios, pero las leyes no han tomado un paso decisivo. ¿Se requiere de reguladores más enérgicos para permitir una competencia más equilibrada entre todos los operadores?

- Se necesita de más acciones regulatorias que sean consistentes con la era en la que vivimos, que es la era de la convergencia. Para ello es esencial comprender los cambios paradigmáticos que han ocurrido en el sector en los últimos años. Es imposible concebir un mercado en 2017 con los paradigmas del año 2000 o 2005. Se necesitan marcos regulatorios basados en el principio de neutralidad tecnológica. La nueva generación de modificaciones regulatorias debe ir en ese sentido.

- Y también en convergencia, ¿qué tan preparados están los reguladores en la región para presentar una regulación que considere los servicios en Internet? Hasta ahora ese segmento se ha mantenido desregulado, algo que los operadores de telecomunicaciones también han aprovechado.

- Es fundamental que los reguladores de la región puedan contar con un abordaje integral que, basado en el principio de la neutralidad tecnológica, establezca regulaciones equivalentes para servicios equivalentes. Si para enviar un texto los usuarios pueden optar indistintamente por enviar un SMS o usar una aplicación de mensajería de Internet, es porque para el usuario son servicios sustitutos. Lo mismo podemos decir con las llamadas de voz, o con la TV por suscripción, donde plataformas OTT ofrecen servicios que compiten con los tradicionales. Esto no es otra cosa que el resultado de la convergencia, que bajo el principio de neutralidad tecnológica genera que múltiples servicios puedan ser ofrecidos desde múltiples plataformas. Hasta que ello no sea resuelto desde el punto de vista regulatorio, no estaremos en una situación de competencia sana y equitativa en el ecosistema digital. 

- ¿Qué recomendaciones tiene el cet.la para conciliar una agenda destinada a la rentabilidad de los operadores con los objetivos del gobierno de lograr mayor uso de las TIC?

- Los objetivos de los sectores públicos y privados en la materia son convergentes: masificar la conectividad para todos los ciudadanos y promover el desarrollo de las TIC. No hay aquí objetivos divergentes. Por lo tanto, la recomendación aquí es que puedan cooperar, tanto empresas como gobiernos, cada uno en su rol, para lograr esos objetivos. Las empresas tienen su tarea de competir, invertir e innovar; los gobiernos, por su parte, deben promover un marco regulatorio equilibrado y que incentive la inversión, sin asimetrías ni distorsiones.

- El documento señala la necesidad de políticas fiscales flexibles, pero ¿cómo se puede equilibrar la necesidad de los Estados de generar ingresos a través de recursos como el espectro, pero al mismo tiempo fomentar una política destinada al incremento de la cobertura?

- Los gobiernos no deben tener como objetivo un afán recaudatorio en el desarrollo de concursos de espectro. Cuando ese es el caso y se cobran montos desproporcionados por asignaciones de espectro, se está condicionando el desarrollo del sector, porque esos recursos que las empresas destinan a las arcas del Estado son recursos que podrían destinarse al despliegue de redes para incrementar la cobertura o la introducción de las últimas tecnologías.

De esta forma se está perjudicando el interés general de largo plazo, para dar respuesta a una necesidad fiscal de corto plazo. La propuesta aquí es que se comprenda que el espectro no es valioso en sí mismo, sino por el potencial que cuenta para mejorar el bienestar social, a través de servicios móviles de calidad en manos de la totalidad de la población, a bajos precios. Los concursos de espectro deben diseñarse teniendo eso en cuenta, estableciendo precios base razonables, en caso de subastas, o promoviendo la realización de concursos de belleza donde los operadores compitan por cobertura e inversiones.

 

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Amazon.com, el gigante del comercio electrónico, dijo que está abierto a buscar acuerdos para transmitir contenido a través de los decodificadores de los operadores de cable, como Netflix lo ha hecho en Estados Unidos y Europa.

"Amazon está definitivamente abierto a esas asociaciones y para ser justos, no hemos hecho tanto como Netflix", dijo Alex Green, director general de Amazon Video, en la conferencia del Cable Congress en Bruselas, según cita Bloomberg.

Amazon, que ganó sus primeros premios de la Academia por las películas Manchester by the Sea y The Salesman, desafía a los proveedores de televisión de pago y a los desarrolladores de videojuegos.

El auge de los servicios de suscripción basados en Internet como Amazon Prime, Netflix, y YouTube, han alimentado las predicciones de los analistas de que los consumidores --cada vez más-- abandonarían el cable y matarían la televisión tradicional.

Liberty Global, la compañía de televisores centrada en Europa, del multimillonario John Malone, puede ser uno de los operadores que llevaría Amazon Prime a sus decodificadores, los cuales ya ofrecen más de 100 aplicaciones, incluidas Netflix, YouTube y Videoland, según información de Bloomberg.

"Nos asociaríamos con casi cualquier persona, pero nuestros intereses tienen que alinearse", dijo en la conferencia Balan Nair, director de tecnología e innovación de Liberty, con sede en Londres. "Cuando nuestros intereses y los intereses de Amazon estén alineados, los verás en él, pero en este punto hay una razón por la que no están en nuestro plan".

Liberty Global cree que Netflix le ha ayudado a mantener a los suscriptores, al mejorar la facilidad con la que pueden acceder a varios servicios de suscripción, mientras que el proveedor de televisión por satélite Sky Plc, ha evitado cualquier acuerdo con Netflix y ha impulsado el gasto en su propio contenido. Netflix y YouTube también tienen acuerdos con Comcast.

Amazon cree que hay espacio para todos en la televisión y "no es un juego de suma cero", dijo Green. "Amazon, Netflix, otros servicios OTT pueden coexistir fácilmente con la industria del cable, con la televisión de pago, como ya lo hacemos", dijo Green.

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