Martes, 22 de agosto del 2017
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Una mayor cantidad de ciudades en el mundo han explorado la implementación de proyectos para la mejora de los servicios públicos a través de nuevas tecnologías, a través de lo cual buscan más eficiencia, mejor atención ciudadana o la entrega de nuevos servicios. Con el objetivo de ayudar a las ciudades a evaluar el impacto de estas iniciativas, el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (Cet.la) presentó una propuesta de metodología que utiliza diferentes indicadores y puede determinar los beneficios del proyecto.

El Cet.la adoptó una definición concisa de ciudad inteligente entendida como “aquella ciudad que busca abordar los asuntos públicos a través de soluciones basadas en las TIC”.

El documento elaborado por Francisco Lupiañez Villanueva de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), indica que existen múltiples documentos que buscan establecer indicadores, comparaciones y rankings de evolución de las ciudades inteligentes; sin embargo, “todavía son muy escasas las publicaciones centradas en la evaluación de proyectos” o “un marco que sea aplicable al conjunto de Ciudades Inteligentes”, señala el autor del estudio.

Explica que más allá de la medición de indicadores aislados, la evaluación propuesta “inquiere sobre los efectos producidos directamente por el programa y los impactos esperados, investiga el mecanismo causal, compara los costes y esfuerzos invertidos con los resultados para examinar la rentabilidad, etc.”.

La metodología propone la clasificación de indicadores en seis dimensiones de las Ciudades Inteligentes: Smart Economy, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, y Smart Living. Esta clasificación también se distingue de los inputs o recursos utilizados, los outputs o servicios y productos generados, outcomes o beneficios directos e indirectos y los impactos.

“El modelo de evaluación que proponemos para los proyectos de las Ciudades Inteligentes es un modelo analítico de toma de decisiones basado en los modelos Markov. Su objetivo principal es el de servir de apoyo al proceso de toma de decisiones, y por eso hace posible también el análisis ex ante previo a la implementación de una iniciativa concreta. Los modelos Markov se basan en la definición de un número concreto de estados, a los cuales se asocia unos costes y unos efectos determinados”, explica a detalle el estudio.

El estudio se puede descargar desde el sitio del Cet.la.

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Durante el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones en Colombia se anunció el lanzamiento de la nueva revista académica Latin American Journal of Digital Economy que difundirá artículos originales de investigación sobre políticas de telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de América Latina.

El nuevo proyecto académico es impulsado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la red interdisciplinaria de centros de investigación de Latinoamérica.

"Esta iniciativa pretende generar un espacio de difusión para la investigación de alta calidad que se desarrolla en América Latina y el Caribe sobre los principales desafíos de la economía digital en la región. Sin la visión académica que aporte una visión crítica y profunda sobre las problemáticas y sus soluciones seguiremos vagando en el ‘mundo de la caverna’”, dijo Mauricio Agudelo, experto en telecomunicaciones de CAF e integrante del comité editorial de la nueva publicación.

El Comité Editorial está integrado por personalidades del ámbito académico como Pablo Bello, Hernán Galperin, Fernanda Viecens, Roberto Breslin, Caridad Anias, Mireia Fernández Ardevol, Judith Mariscal, Raúl Katz, Aldo González, Marcio

Iorio, Christopher Yoo, Emily Taylor y Mauricio Agudelo. Además, la revista invitará a autores para colaboraciones inéditas.

Las tres organizaciones informaron, a través de un comunicado, que el primer número de la revista académica se difundirá el próximo abril de 2018 y  tendrá una periodicidad semestral.

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Cerrar la brecha digital en América Latina implica múltiples retos, que tienden a ser diversos y complejos entre cada uno de los países que conforman la región.

Aunque se reportan avances, se estima que apenas cuatro de once países analizados por la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) se encuentran en una etapa avanzada para llevar nueva tecnología a toda su población, los cuales han avanzado en áreas como inversión, nueva regulación y trabajo con operadores.

El estudio Desafío 2020 elaborado por el Cet.la y Convergencia Research evalúa el avance de los países en tres ejes principales: diálogo público-privado, entorno jurídico y regulatorio (certidumbre), y niveles tributarios, lo cuales consideran factores adicionales referentes a cada uno.

Mediatelecom platicó con Juan Jung, coordinador del Cet.la y director de Políticas Públicas de ASIET para conocer los retos persistentes en la región y cómo enfrentan los países nuevos desafíos como la demanda de mayor infraestructura y regulación de la convergencia.

- Si se considera que ésta es una segunda parte del estudio Desafío 2020, ¿cuánto han avanzado los países en asegurar la inversión para cerrar la brecha digital?

- La tendencia muestra cómo el esfuerzo inversor que está haciendo el sector en América Latina es considerable. En la región se han invertido más de 330 mil millones de dólares acumulados entre 1996 y 2014. La tasa anual de crecimiento compuesta de la inversión en telecomunicaciones entre 2006 y el 2014 fue de 8 por ciento. Sólo en 2014 se invirtieron cerca de 30 mil millones de dólares. Y esa tendencia ha continuado hasta la actualidad, con despliegues de redes de última generación e introducción de nuevas tecnologías.

Por citar un ejemplo, cuando se elaboró la primera parte del estudio en 2012, sólo un puñado de países en la región había lanzado servicios con tecnología LTE. Hoy son ofrecidos en todos los países de la región. Los precios de conectividad han venido bajando consistentemente en los últimos años, tal como lo reflejan los datos de la CEPAL. La calidad de las redes se ha venido incrementando; por ejemplo, podemos apreciar que la velocidad promedio de conexión en banda ancha fija ha aumentado más de 120 por ciento desde 2010, según Akamai. Las brechas en torno a personas que utilizan Internet o la cantidad de hogares conectados se está reduciendo considerablemente con respecto a los países avanzados.

- Buena parte de los países incluidos en el estudio han impulsado nueva regulación para fomentar la competencia, pero al mismo tiempo esto parece inhibir la inversión. ¿Qué se puede aprender en América Latina de la experiencia de Europa o Estados Unidos que también tienen operadores incumbentes, pero han logrado fomentar un ambiente más competitivo?

- La competencia sana y sostenible es lo que impulsa la inversión y el desempeño eficiente de los mercados. Cuando hablamos de competencia, tenemos que comprender los cambios paradigmáticos que ha tenido este sector en los últimos años. La manera de concebir los mercados hoy es distinta de la que era hace algunos años atrás. Hoy en día, hablar de competencia implica hablar todos los actores que forman parte del ecosistema digital, porque las fronteras de los mercados están cambiando. En el mundo la regulación evoluciona de forma más lenta que los avances tecnológicos, pero aun así existen ejemplos que pueden destacarse en la materia.

La nueva propuesta europea en materia de privacidad establece un abordaje integral que aplica a todos los actores del ecosistema digital y, por lo tanto, contribuye a generar ese ambiente más competitivo. De igual forma, el BEREC establece una clasificación de servicios OTT que incorpora criterios para determinar si compiten o no con los servicios tradicionales y, como resultado, si forman parte de un mismo mercado. Todavía no podemos decir que exista un ejemplo concreto de marco regulatorio perfecto para la era de la convergencia plena, pero hay iniciativas que van en esa dirección. Ello es fundamental para generar un ambiente competitivo, sin asimetrías, que estimule la inversión y la innovación.

- Según el estudio, existe baja incertidumbre en el sector (promedio 45.5) ¿Cuál es la influencia de los aspectos políticos relacionados con el rápido avance en el sector?

- El nivel de la variable “incertidumbre” depende del contexto de cada país, no se puede generalizar. Evidentemente, cuando los aspectos políticos terminan generando cambios en reglas de juego o en la seguridad jurídica, ello genera dificultades importantes para el desarrollo del sector, particularmente para impulsar las necesarias inversiones. La estabilidad en las reglas de juego y en la seguridad jurídica es crucial para fomentar el rápido avance del sector. Existen casos donde para dar una respuesta de corto plazo a una demanda de la opinión pública se han terminado adoptando medidas que van contra el interés general y la maximización del bienestar social.

Un ejemplo de ello, que hemos visto en varios municipios de distintos países en la región, son las barreras que se terminan imponiendo -bajo la forma de restricciones u ordenanzas municipales excesivas- al despliegue de antenas para mejorar la conectividad a través de tecnologías móviles, por temores vinculados a temas de salud -totalmente injustificados, de acuerdo con la evidencia científica- de una parte de la ciudadanía.

- Existe en general un interés por fomentar la convergencia de servicios, pero las leyes no han tomado un paso decisivo. ¿Se requiere de reguladores más enérgicos para permitir una competencia más equilibrada entre todos los operadores?

- Se necesita de más acciones regulatorias que sean consistentes con la era en la que vivimos, que es la era de la convergencia. Para ello es esencial comprender los cambios paradigmáticos que han ocurrido en el sector en los últimos años. Es imposible concebir un mercado en 2017 con los paradigmas del año 2000 o 2005. Se necesitan marcos regulatorios basados en el principio de neutralidad tecnológica. La nueva generación de modificaciones regulatorias debe ir en ese sentido.

- Y también en convergencia, ¿qué tan preparados están los reguladores en la región para presentar una regulación que considere los servicios en Internet? Hasta ahora ese segmento se ha mantenido desregulado, algo que los operadores de telecomunicaciones también han aprovechado.

- Es fundamental que los reguladores de la región puedan contar con un abordaje integral que, basado en el principio de la neutralidad tecnológica, establezca regulaciones equivalentes para servicios equivalentes. Si para enviar un texto los usuarios pueden optar indistintamente por enviar un SMS o usar una aplicación de mensajería de Internet, es porque para el usuario son servicios sustitutos. Lo mismo podemos decir con las llamadas de voz, o con la TV por suscripción, donde plataformas OTT ofrecen servicios que compiten con los tradicionales. Esto no es otra cosa que el resultado de la convergencia, que bajo el principio de neutralidad tecnológica genera que múltiples servicios puedan ser ofrecidos desde múltiples plataformas. Hasta que ello no sea resuelto desde el punto de vista regulatorio, no estaremos en una situación de competencia sana y equitativa en el ecosistema digital. 

- ¿Qué recomendaciones tiene el cet.la para conciliar una agenda destinada a la rentabilidad de los operadores con los objetivos del gobierno de lograr mayor uso de las TIC?

- Los objetivos de los sectores públicos y privados en la materia son convergentes: masificar la conectividad para todos los ciudadanos y promover el desarrollo de las TIC. No hay aquí objetivos divergentes. Por lo tanto, la recomendación aquí es que puedan cooperar, tanto empresas como gobiernos, cada uno en su rol, para lograr esos objetivos. Las empresas tienen su tarea de competir, invertir e innovar; los gobiernos, por su parte, deben promover un marco regulatorio equilibrado y que incentive la inversión, sin asimetrías ni distorsiones.

- El documento señala la necesidad de políticas fiscales flexibles, pero ¿cómo se puede equilibrar la necesidad de los Estados de generar ingresos a través de recursos como el espectro, pero al mismo tiempo fomentar una política destinada al incremento de la cobertura?

- Los gobiernos no deben tener como objetivo un afán recaudatorio en el desarrollo de concursos de espectro. Cuando ese es el caso y se cobran montos desproporcionados por asignaciones de espectro, se está condicionando el desarrollo del sector, porque esos recursos que las empresas destinan a las arcas del Estado son recursos que podrían destinarse al despliegue de redes para incrementar la cobertura o la introducción de las últimas tecnologías.

De esta forma se está perjudicando el interés general de largo plazo, para dar respuesta a una necesidad fiscal de corto plazo. La propuesta aquí es que se comprenda que el espectro no es valioso en sí mismo, sino por el potencial que cuenta para mejorar el bienestar social, a través de servicios móviles de calidad en manos de la totalidad de la población, a bajos precios. Los concursos de espectro deben diseñarse teniendo eso en cuenta, estableciendo precios base razonables, en caso de subastas, o promoviendo la realización de concursos de belleza donde los operadores compitan por cobertura e inversiones.

 

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Cerrar la brecha digital, o llevar conectividad a toda la población, se mantiene como una tarea pendiente de múltiples países latinoamericanos, que han buscado abordar el problema a través del apoyo de operadores, inversiones y nuevas regulaciones. Actualmente, 4 países de 11 en América Latina se encuentran en una etapa avanzada para el cierre de la brecha digital, según una nueva versión del estudio Desafío 2020 elaborado por el Cet.la y ASIET.

En 2013, ASIET calculaba que la región en conjunto tendría que invertir cerca de 400 mil millones de dólares en su conjunto entre 2013 y 2020 para el cierre de la brecha digital. El estudio explica que la etapa II del Desafío 2020 evalúa el avance de los países en tres ejes principales: diálogo público-privado, entorno jurídico y regulatorio (certidumbre), y niveles tributarios, lo cuales consideran factores adicionales referentes a cada uno.

En el eje certidumbre, Brasil, Chile, Perú y México entre los 11 países evaluados se encuentran en niveles aceptables, considerando aspectos como nueva regulación, regulación convergente, licitaciones de espectro, y otros. Colombia, Bolivia y Uruguay exhiben un avance moderado, mientras Venezuela, Ecuador, Argentina y Paraguay se encuentran en una etapa mejorable.

Considerando el eje diálogo, el cet.la señala que si bien los 11 países incluidos cuentan con Planes TIC, aún hay puntos de mejora, como el monitoreo en el cumplimiento de estos planes, el uso de herramientas para el despliegue de nueva infraestructura y la integración de mayor tecnología en empresas, especialmente Pymes.

Este eje también considera los Fondos de Acceso Universal, donde 9 países tienen programas activos al respecto, mientras que México y Uruguay han optado por esquemas diferentes.

En el caso del eje tributación, sólo Bolivia y Paraguay registran un entorno favorable. Sin embargo, el cet.la señala que contrasta con el nivel de desarrollo de estos países en otras áreas, por lo que llamó a que se busque una mayor articulación entre el área tributaria y el resto de estrategias TIC, de modo que el entorno fiscal favorable pueda efectivamente convertirse en un elemento diferenciador.

Chile, Perú, Brasil y Colombia están mejor posicionados en cuanto al balance de estos tres ejes para afrontar el cierre de brecha. Ecuador, México y Paraguay forman parte de países con gran cantidad de cambios en curso desde el punto de vista regulatorio y de sus planes TIC y tienen mayores grados de incertidumbre debido a algunas cuestiones particulares.

Por su parte, Argentina, Bolivia y Venezuela aparecen como los países que genera un entorno para el cierre de brecha menos propicio, en función de los parámetros de los tres ejes.

 

El cet.la explica que si bien existe la posibilidad de clasificar a los países según su avance en lograr un ambiente propicio para el cierre de la brecha digital, todos tienen áreas de mejora. El centro espera avances en áreas como la alineación de objetivos entre políticas públicas y regulación, así como entre los actores relevantes del sector. Indica que se requiere un mayor análisis de las medidas tomadas, continuidad en las políticas de Estado y autosustentabilidad de las políticas de inclusión digital.

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Un nuevo estudio publicado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (Cet.la) considera innecesaria la regulación actual de precios minoristas en los servicios de telefonía móvil y fija en El Salvador, al considerar que existen las condiciones suficientes de competencia efectiva que han demostrado ofrecer mejores condiciones y precios a los consumidores.

El Cet.la recomienda reformar el artículo 8 de la Ley de Telecomunicaciones para suprimir la regulación de precios minoristas del servicio básico de telefonía, ya que “conservar esta regulación podría desincentivar la inversión de los agentes económicos en fines social y económicamente deseables, como lo son el despliegue de infraestructura, la destinación de recursos para adquirir nuevas porciones de espectro, todo lo cual provee mayor y mejor cobertura a los usuarios finales”, explica el centro en un documento.

Actualmente, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) de El Salvador mantiene una regulación específica sobre los precios del servicio básico de telecomunicaciones, esto es, servicios de voz fija y móvil.

Por otro lado, el Cet.la también advierte que lal Siget no estaría evaluando únicamente mantener dicha regulación sobre los precios de servicios básicos, sino extender sus facultades hacia la regulación del servicio de Internet, pese a que se ofrecen bajo “condiciones y precios competitivos. “La determinación de reglas de tal naturaleza iría en desmedro del crecimiento e innovación en la economía digital”, sentencia el estudio.

El Cet.la reconoce; sin embargo, que las autoridades de regulación en telecomunicaciones deben enfocar sus esfuerzos en la regulación de los mercados mayoristas, específicamente las tarifas de interconexión entre los operadores, para evitar posibles abusos y prácticas anticompetitivas por parte de los operadores.

“Al tener El Salvador una regulación sólida en materia de interconexión, acorde con las mejores prácticas de política pública, al asegurar un acceso obligatorio, transparente y no discriminatorio a recursos esenciales, y una Ley de Competencia que, en términos generales, acompasa con las tendencias a nivel internacional, estos dos mecanismos de intervención regulatoria –ex ante y ex post– son suficientes para precaver los riesgos que a nivel de libre competencia pueden surgir en el sector”, señala.

 

En ese sentido, recomienda también la revisión a la metodología para la determinación de precios mayoristas por parte de la Siget. El Cet.la considera oportuna la adopción del modelo bottom-up que ha registrado resultados en otros países. Asimismo, para el resto de servicios mayoristas considera adecuado la metodología de Costos Incrementales de Largo Plazo.

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