Martes, 23 de mayo del 2017
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Cerrar la brecha digital en América Latina implica múltiples retos, que tienden a ser diversos y complejos entre cada uno de los países que conforman la región.

Aunque se reportan avances, se estima que apenas cuatro de once países analizados por la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) se encuentran en una etapa avanzada para llevar nueva tecnología a toda su población, los cuales han avanzado en áreas como inversión, nueva regulación y trabajo con operadores.

El estudio Desafío 2020 elaborado por el Cet.la y Convergencia Research evalúa el avance de los países en tres ejes principales: diálogo público-privado, entorno jurídico y regulatorio (certidumbre), y niveles tributarios, lo cuales consideran factores adicionales referentes a cada uno.

Mediatelecom platicó con Juan Jung, coordinador del Cet.la y director de Políticas Públicas de ASIET para conocer los retos persistentes en la región y cómo enfrentan los países nuevos desafíos como la demanda de mayor infraestructura y regulación de la convergencia.

- Si se considera que ésta es una segunda parte del estudio Desafío 2020, ¿cuánto han avanzado los países en asegurar la inversión para cerrar la brecha digital?

- La tendencia muestra cómo el esfuerzo inversor que está haciendo el sector en América Latina es considerable. En la región se han invertido más de 330 mil millones de dólares acumulados entre 1996 y 2014. La tasa anual de crecimiento compuesta de la inversión en telecomunicaciones entre 2006 y el 2014 fue de 8 por ciento. Sólo en 2014 se invirtieron cerca de 30 mil millones de dólares. Y esa tendencia ha continuado hasta la actualidad, con despliegues de redes de última generación e introducción de nuevas tecnologías.

Por citar un ejemplo, cuando se elaboró la primera parte del estudio en 2012, sólo un puñado de países en la región había lanzado servicios con tecnología LTE. Hoy son ofrecidos en todos los países de la región. Los precios de conectividad han venido bajando consistentemente en los últimos años, tal como lo reflejan los datos de la CEPAL. La calidad de las redes se ha venido incrementando; por ejemplo, podemos apreciar que la velocidad promedio de conexión en banda ancha fija ha aumentado más de 120 por ciento desde 2010, según Akamai. Las brechas en torno a personas que utilizan Internet o la cantidad de hogares conectados se está reduciendo considerablemente con respecto a los países avanzados.

- Buena parte de los países incluidos en el estudio han impulsado nueva regulación para fomentar la competencia, pero al mismo tiempo esto parece inhibir la inversión. ¿Qué se puede aprender en América Latina de la experiencia de Europa o Estados Unidos que también tienen operadores incumbentes, pero han logrado fomentar un ambiente más competitivo?

- La competencia sana y sostenible es lo que impulsa la inversión y el desempeño eficiente de los mercados. Cuando hablamos de competencia, tenemos que comprender los cambios paradigmáticos que ha tenido este sector en los últimos años. La manera de concebir los mercados hoy es distinta de la que era hace algunos años atrás. Hoy en día, hablar de competencia implica hablar todos los actores que forman parte del ecosistema digital, porque las fronteras de los mercados están cambiando. En el mundo la regulación evoluciona de forma más lenta que los avances tecnológicos, pero aun así existen ejemplos que pueden destacarse en la materia.

La nueva propuesta europea en materia de privacidad establece un abordaje integral que aplica a todos los actores del ecosistema digital y, por lo tanto, contribuye a generar ese ambiente más competitivo. De igual forma, el BEREC establece una clasificación de servicios OTT que incorpora criterios para determinar si compiten o no con los servicios tradicionales y, como resultado, si forman parte de un mismo mercado. Todavía no podemos decir que exista un ejemplo concreto de marco regulatorio perfecto para la era de la convergencia plena, pero hay iniciativas que van en esa dirección. Ello es fundamental para generar un ambiente competitivo, sin asimetrías, que estimule la inversión y la innovación.

- Según el estudio, existe baja incertidumbre en el sector (promedio 45.5) ¿Cuál es la influencia de los aspectos políticos relacionados con el rápido avance en el sector?

- El nivel de la variable “incertidumbre” depende del contexto de cada país, no se puede generalizar. Evidentemente, cuando los aspectos políticos terminan generando cambios en reglas de juego o en la seguridad jurídica, ello genera dificultades importantes para el desarrollo del sector, particularmente para impulsar las necesarias inversiones. La estabilidad en las reglas de juego y en la seguridad jurídica es crucial para fomentar el rápido avance del sector. Existen casos donde para dar una respuesta de corto plazo a una demanda de la opinión pública se han terminado adoptando medidas que van contra el interés general y la maximización del bienestar social.

Un ejemplo de ello, que hemos visto en varios municipios de distintos países en la región, son las barreras que se terminan imponiendo -bajo la forma de restricciones u ordenanzas municipales excesivas- al despliegue de antenas para mejorar la conectividad a través de tecnologías móviles, por temores vinculados a temas de salud -totalmente injustificados, de acuerdo con la evidencia científica- de una parte de la ciudadanía.

- Existe en general un interés por fomentar la convergencia de servicios, pero las leyes no han tomado un paso decisivo. ¿Se requiere de reguladores más enérgicos para permitir una competencia más equilibrada entre todos los operadores?

- Se necesita de más acciones regulatorias que sean consistentes con la era en la que vivimos, que es la era de la convergencia. Para ello es esencial comprender los cambios paradigmáticos que han ocurrido en el sector en los últimos años. Es imposible concebir un mercado en 2017 con los paradigmas del año 2000 o 2005. Se necesitan marcos regulatorios basados en el principio de neutralidad tecnológica. La nueva generación de modificaciones regulatorias debe ir en ese sentido.

- Y también en convergencia, ¿qué tan preparados están los reguladores en la región para presentar una regulación que considere los servicios en Internet? Hasta ahora ese segmento se ha mantenido desregulado, algo que los operadores de telecomunicaciones también han aprovechado.

- Es fundamental que los reguladores de la región puedan contar con un abordaje integral que, basado en el principio de la neutralidad tecnológica, establezca regulaciones equivalentes para servicios equivalentes. Si para enviar un texto los usuarios pueden optar indistintamente por enviar un SMS o usar una aplicación de mensajería de Internet, es porque para el usuario son servicios sustitutos. Lo mismo podemos decir con las llamadas de voz, o con la TV por suscripción, donde plataformas OTT ofrecen servicios que compiten con los tradicionales. Esto no es otra cosa que el resultado de la convergencia, que bajo el principio de neutralidad tecnológica genera que múltiples servicios puedan ser ofrecidos desde múltiples plataformas. Hasta que ello no sea resuelto desde el punto de vista regulatorio, no estaremos en una situación de competencia sana y equitativa en el ecosistema digital. 

- ¿Qué recomendaciones tiene el cet.la para conciliar una agenda destinada a la rentabilidad de los operadores con los objetivos del gobierno de lograr mayor uso de las TIC?

- Los objetivos de los sectores públicos y privados en la materia son convergentes: masificar la conectividad para todos los ciudadanos y promover el desarrollo de las TIC. No hay aquí objetivos divergentes. Por lo tanto, la recomendación aquí es que puedan cooperar, tanto empresas como gobiernos, cada uno en su rol, para lograr esos objetivos. Las empresas tienen su tarea de competir, invertir e innovar; los gobiernos, por su parte, deben promover un marco regulatorio equilibrado y que incentive la inversión, sin asimetrías ni distorsiones.

- El documento señala la necesidad de políticas fiscales flexibles, pero ¿cómo se puede equilibrar la necesidad de los Estados de generar ingresos a través de recursos como el espectro, pero al mismo tiempo fomentar una política destinada al incremento de la cobertura?

- Los gobiernos no deben tener como objetivo un afán recaudatorio en el desarrollo de concursos de espectro. Cuando ese es el caso y se cobran montos desproporcionados por asignaciones de espectro, se está condicionando el desarrollo del sector, porque esos recursos que las empresas destinan a las arcas del Estado son recursos que podrían destinarse al despliegue de redes para incrementar la cobertura o la introducción de las últimas tecnologías.

De esta forma se está perjudicando el interés general de largo plazo, para dar respuesta a una necesidad fiscal de corto plazo. La propuesta aquí es que se comprenda que el espectro no es valioso en sí mismo, sino por el potencial que cuenta para mejorar el bienestar social, a través de servicios móviles de calidad en manos de la totalidad de la población, a bajos precios. Los concursos de espectro deben diseñarse teniendo eso en cuenta, estableciendo precios base razonables, en caso de subastas, o promoviendo la realización de concursos de belleza donde los operadores compitan por cobertura e inversiones.

 

Publicado en Entrevistas

La industria satelital alcanzará un total de 104 mil 700 conexiones en 2020 —desde las 44 mil 400 en 2103—, para un crecimiento de 137 por ciento, lo que generará un beneficio económico a México de aproximadamente 223 millones de dólares, al tomar en cuenta tanto el uso individual (en el hogar) como el comunitario, estima un análisis.

De acuerdo con el estudio publicado por la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid, los 223 millones de dólares corresponden a la inversión acumulada en equipamiento e instalación para el despliegue de bandas que realizarán las empresas satelitales.

Por otra parte, indica que debido al aumento en el número de líneas, cada año será necesario contratar más personal calificado, por lo que se estima que el proveedor de servicios de internet se verá obligado a aumentar su plantilla de 220 trabajadores iniciales a 520 en 2020, considerando 200 como el número fijo de instalaciones anuales que cada uno de ellos atenderían.

Lo anterior conlleva a que la inversión acumulada en cursos de formación de empleados, durante el periodo 2013-2020 (que corresponde al analizado), sea de aproximadamente 3.4 millones de dólares, añade el documento.

En cuanto a los recursos que eso implicaría para el Estado, indica que México se beneficiará de una cantidad cercana a 35.15 millones de dólares, y en concepto de impuestos de aduanas otros 55.7 millones de dólares.

Además, al tomar en cuenta los ingresos del operador, el país percibirá 347 millones de dólares por concepto de impuestos indirectos generados por la actividad del propio servicio de internet satelital y cerca de 58.6 millones de dólares procedentes del impuesto de sociedades del proveedor de servicios de internet satelital que trabaja en la región.

De acuerdo con el estudio, el país experimentará, con el crecimiento en el número de conexiones, que las personas beneficiadas con conectividad se incremente, al pasar de 530 mil registradas en 2013 a un millón 400 mil al finalizar 2020.

El crecimiento es atribuido al uso y despliegue de tecnología de banda Ka, debido a las características de navegación que proporciona, aunque se aclaró que será el acceso en banda Ku el habilitador principal, ya que dicha frecuencia presenta una mayor cobertura para proveer conectividad en zonas rurales, donde el uso de la banda ancha no se encuentra muy extendida y corresponde con las áreas hacia las que va dirigido el Proyecto México Conectado.

Para el caso de uso individual o en el hogar, se estima un crecimiento en el número de suscripciones de 22 mil en 2013 hasta alcanzar 42 mil 600 conexiones en 2020.

Mientras que para el uso comunitario, que incluye comunidades, uso profesional y hotspot wifi, se estima que pasará de 22 mil 400 conexiones en 2013 a 62 mil 100 al finalizar 2020; éste es el más importante, gracias al uso más intensivo y al desarrollo de proyectos gubernamentales como México Conectado.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al cierre de 2015 (las más reciente) los ingresos comerciales mundiales relacionados con actividades satelitales ascendieron a 237 mil millones de dólares, derivados de la diversidad de servicios satelitales disponibles.  

 

Publicado en Satélites

La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) asegura estar de acuerdo con la política de uso justo de Internet que implementa la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). De acuerdo con Asiet, con la aplicación de dicha política se favorece el acceso equitativo a internet para todos los costarricenses y se fortalece la sostenibilidad en la oferta de servicios de banda ancha.

De acuerdo con los representantes de la Asociación, la regulación vigente “ha tendido a desalentar las inversiones y ralentizar la aparición de esquemas comerciales novedosos; ante el considerable aumento en el uso de internet en la utilización de nuevas aplicaciones y recursos en la red por parte de los usuarios del país, se observan retos notables para el sostenimiento de los servicios y el alcance de los objetivos de conectividad planteados”.

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Según indicaron, las políticas de uso justo y los esquemas de precios basados en los niveles de consumo son alternativas efectivas para promover la eficiencia en la oferta de servicios por parte de los proveedores de la red, además de que ofrecen opciones que resultan más atractivas para los consumidores, particularmente para aquellos que no tienen la posibilidad de pagar un plan ilimitado.

Publicado en Organismos

Cerrar la brecha digital, o llevar conectividad a toda la población, se mantiene como una tarea pendiente de múltiples países latinoamericanos, que han buscado abordar el problema a través del apoyo de operadores, inversiones y nuevas regulaciones. Actualmente, 4 países de 11 en América Latina se encuentran en una etapa avanzada para el cierre de la brecha digital, según una nueva versión del estudio Desafío 2020 elaborado por el Cet.la y ASIET.

En 2013, ASIET calculaba que la región en conjunto tendría que invertir cerca de 400 mil millones de dólares en su conjunto entre 2013 y 2020 para el cierre de la brecha digital. El estudio explica que la etapa II del Desafío 2020 evalúa el avance de los países en tres ejes principales: diálogo público-privado, entorno jurídico y regulatorio (certidumbre), y niveles tributarios, lo cuales consideran factores adicionales referentes a cada uno.

En el eje certidumbre, Brasil, Chile, Perú y México entre los 11 países evaluados se encuentran en niveles aceptables, considerando aspectos como nueva regulación, regulación convergente, licitaciones de espectro, y otros. Colombia, Bolivia y Uruguay exhiben un avance moderado, mientras Venezuela, Ecuador, Argentina y Paraguay se encuentran en una etapa mejorable.

Considerando el eje diálogo, el cet.la señala que si bien los 11 países incluidos cuentan con Planes TIC, aún hay puntos de mejora, como el monitoreo en el cumplimiento de estos planes, el uso de herramientas para el despliegue de nueva infraestructura y la integración de mayor tecnología en empresas, especialmente Pymes.

Este eje también considera los Fondos de Acceso Universal, donde 9 países tienen programas activos al respecto, mientras que México y Uruguay han optado por esquemas diferentes.

En el caso del eje tributación, sólo Bolivia y Paraguay registran un entorno favorable. Sin embargo, el cet.la señala que contrasta con el nivel de desarrollo de estos países en otras áreas, por lo que llamó a que se busque una mayor articulación entre el área tributaria y el resto de estrategias TIC, de modo que el entorno fiscal favorable pueda efectivamente convertirse en un elemento diferenciador.

Chile, Perú, Brasil y Colombia están mejor posicionados en cuanto al balance de estos tres ejes para afrontar el cierre de brecha. Ecuador, México y Paraguay forman parte de países con gran cantidad de cambios en curso desde el punto de vista regulatorio y de sus planes TIC y tienen mayores grados de incertidumbre debido a algunas cuestiones particulares.

Por su parte, Argentina, Bolivia y Venezuela aparecen como los países que genera un entorno para el cierre de brecha menos propicio, en función de los parámetros de los tres ejes.

 

El cet.la explica que si bien existe la posibilidad de clasificar a los países según su avance en lograr un ambiente propicio para el cierre de la brecha digital, todos tienen áreas de mejora. El centro espera avances en áreas como la alineación de objetivos entre políticas públicas y regulación, así como entre los actores relevantes del sector. Indica que se requiere un mayor análisis de las medidas tomadas, continuidad en las políticas de Estado y autosustentabilidad de las políticas de inclusión digital.

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A casi dos meses de que el gobierno peruano entrara en vigor el nuevo Reglamento de Neutralidad de Red, la Asociación Interamericana de empresas de telecomunicaciones (ASIET) expresó su rechazo a la nueva normativa y señaló que la regulación debe ser enfocada a las plataformas e intermediarios digitales que proveen contenidos en Internet y no solamente a los proveedores de servicios de acceso a Internet.

A través de un comunicado, la ASIET dijo que la nueva regulación peruana “procura resolver un problema que en realidad no existe en el país, importando debates foráneos cuyas realidades y necesidades son muy distintas a las nacionales”.

La asociación señaló que lejos de ayudar, la nueva normativa entorpecerá el cumplimiento de objetivos fundamentales de política pública como cerrar la brecha digital, desarrollar infraestructura de conectividad y avanzar hacia el internet industrial.

Según la asociación interamericana, los operadores de telecomunicaciones de Perú y América Latina ya siguen algunos principios fundamentales para el ecosistema digital, entre los que se encuentran: proteger las libertades fundamentales de los ciudadanos, evitar prácticas de discriminación arbitraria y promover  la competencia en todo el ecosistema digital. Por lo que, según opinó el organismo, no era necesario establecer una regulación sobre la neutralidad de red.

“Las principales amenazas a la competencia y a la innovación en Internet no se encuentran actualmente en las empresas de telecomunicaciones que proveen conectividad, sino que en las grandes empresas de internet, muchas veces con posición de dominancia en algunos servicios fundamentales (buscadores, redes sociales y servicios de mensajería), que pueden efectivamente discriminar entre servicios y proveedores”, dijo la asociación.

Internet es un elemento muy importante para la economía moderna que ha prosperado gracias a la libertad y la apertura. La ASIET destacó la importancia de crear regulaciones livianas y flexibles para su desarrollo y criticó que la ley peruana (que está enfocada en los proveedores de Internet)  podría terminar afectando la innovación en la prestación y oferta de nuevos servicios.

La ASIET insistió en la importancia que tiene para los países de América Latina priorizar el cierre de la brecha digital, la inversión y despliegue de redes avanzadas, y el desarrollo de la economía digital.

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