Martes, 24 de octubre del 2017
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El 26 de septiembre de 2017, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, vetó la ley N°5.883/17 que regula la activación del servicio de telefonía móvil. Ante ello, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) se pronunció a favor del veto presidencial argumentando que “tal como estaba redactada dicha normativa resultaba

inaplicable y hubiera generado severos efectos nocivos para los consumidores y el mercado”.

El proyecto de ley plantea una serie de requisitos para que las personas tuvieran acceso a una línea de telefonía celular. Entre los requisitos se encontraba exigir la impresión de las huellas digitales en los formularios para solicitud de una línea de telefonía móvil, y obligaría a todos los usuarios a acudir de forma física a brindar sus datos nuevamente a su operador en el plazo de un año, y en caso de no hacerlo, su línea sería cancelada.

Anteriormente, a través de un comunicado la ASIET solicitó al presidente el veto de dicha ley, alegando que el plazo de un año dado a los usuarios para acudir físicamente a brindar de nuevo sus datos “generaría importantes dificultades logísticas y operativas a los afectados, lo que implicaría que eventualmente muchas personas y empresas que no puedan cumplir con lo pautado verían desactivadas sus líneas y se dificultaría la incorporación de nuevos usuarios, sobre todo vinculados a segmentos desfavorecidos o a regiones alejadas de los centros urbanos”.

Expresó también que la existencia de un registro no garantiza que la información proporcionada por parte de los usuarios sea real y la obligación de que sean los concesionarios quienes verifiquen la veracidad de dichos datos es poco factible.

ASIET valoró positivamente el veto y manifestó que defiende la apertura de un diálogo abierto entre todas las partes para realizar un nuevo proyecto. Asimismo indicó que la asociación se pone a disposición de los poderes públicos de Paraguay para trabajar conjuntamente en una nueva propuesta.

inaplicable y hubiera generado severos efectos nocivos para los consumidores y el mercado”.

El proyecto de ley plantea una serie de requisitos para que las personas tuvieran acceso a una línea de telefonía celular. Entre los requisitos se encontraba exigir la impresión de las huellas digitales en los formularios para solicitud de una línea de telefonía móvil, y obligaría a todos los usuarios a acudir de forma física a brindar sus datos nuevamente a su operador en el plazo de un año, y en caso de no hacerlo, su línea sería cancelada.

Anteriormente, a través de un comunicado la ASIET solicitó al presidente el veto de dicha ley, alegando que el plazo de un año dado a los usuarios para acudir físicamente a brindar de nuevo sus datos “generaría importantes dificultades logísticas y operativas a los afectados, lo que implicaría que eventualmente muchas personas y empresas que no puedan cumplir con lo pautado verían desactivadas sus líneas y se dificultaría la incorporación de nuevos usuarios, sobre todo vinculados a segmentos desfavorecidos o a regiones alejadas de los centros urbanos”.

Expresó también que la existencia de un registro no garantiza que la información proporcionada por parte de los usuarios sea real y la obligación de que sean los concesionarios quienes verifiquen la veracidad de dichos datos es poco factible.

 

ASIET valoró positivamente el veto y manifestó que defiende la apertura de un diálogo abierto entre todas las partes para realizar un nuevo proyecto. Asimismo indicó que la asociación se pone a disposición de los poderes públicos de Paraguay para trabajar conjuntamente en una nueva propuesta.

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La Asociación interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), se declaró a favor del proyecto de ley en Chile que modifica la ley general de Telecomunicaciones con el objetivo de establecer sanciones a quienes realicen decodificaciones ilegales de televisión satelital de pago.

Por medio de un comunicado, la ASIET manifestó su valoración hacia la nueva legislación que ya se encuentra en trámite en el senado chileno. “El proyecto de ley que sanciona la decodificación ilegal de TV paga en Chile es muy positivo para los usuarios y para el desarrollo del sector” afirmó la entidad.

El proyecto tiene como finalidad sancionar la decodificación ilegal de la TV paga satelital, con el objetivo de procesar legalmente a quienes lucran con la piratería: el importador, distribuidor o comercializador de dispositivos y softwares destinados a la decodificación ilegal, así como quien distribuye señales del servicio limitado de televisión adecuadamente protegidas.

El texto no propone sancionar a quienes tengan en casa dispositivos o softwares para la decodificación.

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Telecomunicación (Subtel), en Chile hay una penetración de servicios de TV paga superior a 53 por ciento. La Cámara Nacional de Comercio (CNC) calcula que actualmente existen 300 mil dispositivos dedicados a la

transmisión ilícita, lo que constituye a la piratería como el quinto “actor del mercado”, lo cual causa pérdidas millonarias a la industria y al estado por evasión de impuestos.

ASIET destaca que la piratería afecta de forma muy negativa a los usuarios,  e incluso, uno de cada tres reclamos sobre los servicios está relacionado a situaciones generadas por la piratería. Debido a que “cada vez que una persona accede ilegalmente a un servicio de TV de paga genera distorsiones en la red que pueden deteriorar la calidad de la señal de televisión que reciben los clientes de una misma zona o sector”.

La asociación celebra la iniciativa de crear una ley para sancionar la decodificación ilegal de TV de paga satelital, ya que alega no existe la penalización para la venta de decodificadores ilegales. Y asegura que la aprobación del proyecto fomentará la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor en el mercado de televisión satelital de pago.

 

La entidad, señala que sin piratería, habría mejores servicios, ya que favorece la innovación, la inversión en nuevas tecnologías y la competencia.

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Sábado, 05 Agosto 2017 08:25

Información, clave para servicios telecom

Los usuarios de servicios de telecomunicaciones necesitan información de los servicios, así como sobre las condiciones de los mismos debido a la convergencia tecnológica, dijo Fernando López, director Regional para México y Centroamérica de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET).

 

 

La convergencia tecnológica ha llevado a que a través de una misma red un usuario pueda recibir varios servicios que antes se le proveían de manera separada, como telefonía fija, televisión de paga e internet.

 

Entrevistado por EL UNIVERSAL, dijo que no existe un marco convergente en los países de América Latina, por lo que se está discutiendo el planteamiento para contar con reglas que den claridad a los usuarios sobre quién puede responderles sobre servicios como los de video de paga por internet (OTT).

 

 

La propuesta de ASIET es “pensar en cuáles son las necesidades de los usuarios y las necesidades a futuro, porque empezamos a ver esquemas de servicios que tienen que ver con la seguridad de la información, pero no de quién son las atribuciones”, comentó López.

 

 

Por ejemplo, a veces al utilizar una aplicación móvil, los usuarios no cuentan con información sobre el uso de datos, la seguridad y privacidad de la información, ni quién proporciona el servicio de la aplicación.

 

 

“No tienes información respecto a cómo se está otorgando el servicio o si hay una falla en este tipo de aplicaciones a quién tendría que dirigirse el usuario o quién puede dar una solución en este tipo de empresas a tus necesidades como usuario”, agregó.

 

 

Incluso, los usuarios pueden confundir el servicio que da un operador con el servicio que se recibe por parte de una aplicación.

 

 

“Es importante que los usuarios reciban información desde una perspectiva de un entorno convergente y que se pueda saber con claridad qué es lo que procede cuando se tiene alguna queja específica de servicios”.

 

 

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2016 del IFT, 26% de las personas ve contenidos por internet, y de ese segmento, 87% lo hace en su hogar.

 

 

Entre las plataformas que los encuestados utilizan para acceder a contenidos destacan YouTube, con 90%; Netflix, 22%; Facebook Live, 7%; Clarovideo, con 7%, y Google, con 4%.

 

 

El IFT adelantó que el martes comenzará operaciones la Unidad Móvil IFT, la cual impartirá talleres lúdicos y contará con programas interactivos para la alfabetización mediática.

 

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Durante el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones en Colombia se anunció el lanzamiento de la nueva revista académica Latin American Journal of Digital Economy que difundirá artículos originales de investigación sobre políticas de telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de América Latina.

El nuevo proyecto académico es impulsado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la red interdisciplinaria de centros de investigación de Latinoamérica.

"Esta iniciativa pretende generar un espacio de difusión para la investigación de alta calidad que se desarrolla en América Latina y el Caribe sobre los principales desafíos de la economía digital en la región. Sin la visión académica que aporte una visión crítica y profunda sobre las problemáticas y sus soluciones seguiremos vagando en el ‘mundo de la caverna’”, dijo Mauricio Agudelo, experto en telecomunicaciones de CAF e integrante del comité editorial de la nueva publicación.

El Comité Editorial está integrado por personalidades del ámbito académico como Pablo Bello, Hernán Galperin, Fernanda Viecens, Roberto Breslin, Caridad Anias, Mireia Fernández Ardevol, Judith Mariscal, Raúl Katz, Aldo González, Marcio

Iorio, Christopher Yoo, Emily Taylor y Mauricio Agudelo. Además, la revista invitará a autores para colaboraciones inéditas.

Las tres organizaciones informaron, a través de un comunicado, que el primer número de la revista académica se difundirá el próximo abril de 2018 y  tendrá una periodicidad semestral.

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Pablo Bello es director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet). Es también economista, un político y experto en temas de economía digital y espectro, porque además fue regulador del sector chileno, cuando la primera presidencia de Michelle Bachelet.

Ahora, entre otros, lidera uno de los organismos internacionales en telecomunicaciones más respetados de la región, por eso su voz siempre es tomada en cuenta por la industria; por su visión de largo plazo y su imparcialidad.

Pablo Bello Arellano, descendiente del diplomático, profesor y humanista Andrés Bello que fue uno de los asesores de Simón Bolívar cuando las independencias suramericanas, mantiene en el CLT 2017 un discurso de advertencia; no quiere que se repita la historia de cuando los latinoamericanos se perdieron del tren de la revolución industrial por no estar atentos o no identificar oportunidades, por ello insiste en animarlos a subirse en las redes de la economía digital, pues explica, aquellas serán el nuevo pilar para el desarrollo de las naciones en el muy corto futuro.

Nacido peruano, crecido chileno y avecindado en Madrid, igual conoce de México y su mercado telecom; de su reforma y de los éxitos y traspiés de ésta, por eso también desde el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones 2017 se atreve a opinar de aquel país, inclusive de su regulador y de porqué es bueno que en el sector se desahoguen pronto las diferencias en materia de tarifas, políticas de inversión y despliegue de infraestructura que enfrentan a unos contra otros.

El tiempo corre y la conectividad se incrementa en México, pero allí aún faltan alrededor de 50 millones de personas con necesidad de acceder a las nuevas tecnologías, dice.

—El tema de la brecha digital y cómo abatirla o para qué resultados conseguir es uno de los principales core donde ustedes en la Asiet tienen marcado conocimiento, pero en México todo ese tema se ha quedado un poco guardado en el clóset telecom, porque en la agenda local por estos días se habla de otros temas como preponderancia, poder sustancial o espionaje digital, que de alguna manera opacan a ese otro. Aún con ese panorama de botepronto que le cuento, ¿cree que México se está rezagando en la materia?

—No es tanto así; es tanto más la vida mediática donde otros temas ganan más espacio por coyuntura y en ocasiones por agendas. México ha tenido avances muy importantes en ello en los últimos años. A nivel internacional, México ha ido teniendo mejores tasas de conectividad; el número de usuarios está aumentando de manera significativa y el mercado se está volviendo más competitivo y en ese sentido es un reflejo de que hay una buena dirección de lo que está ocurriendo en el país en ese campo.

Obviamente falta mucho por lograr, pero el pleno cierre de la brecha digital se obtiene con un mayor esfuerzo por parte del Estado y las empresas en hacer valioso el debate regulatorio, para que de alguna forma pueda orientarse éste hacia la generación de incentivos y donde se aproveche la inversión, y no se quede todo en los temas mediáticos.

—¿Con ello se puede entender que lo que usted plantea es que las empresas y los reguladores se alejen más de la palestra mediática y vayan al ruedo de las acciones pro-usuario?

—En ese estricto sentido, sí. Lo que la evidencia demuestra es que los países que avanzan más rápido son aquellos donde las empresas compiten más. Donde se les anima a invertir más, por ejemplo, en infraestructura, en servicios de conectividad que permiten una banda ancha más ancha y más asequible, y ese es un insumo esencial para la creación de un fortalecido ecosistema digital.

Luego de ese proceso complejo y profundo de reforma, sin duda que han tenido en México efectos importantes; creo que se está avanzando en la dirección adecuada, pero si, indudablemente, se deja de discutir en temas estériles, se puede conectar más rápido que sin el esfuerzo conjunto de empresas y regulador.

Si se crea un esfuerzo por parte de todos en el despliegue de redes de conectividad es posible lograr muy pronto todavía mejores servicios en beneficios de los mexicanos.

—En ese sentido, pareciera que en México las empresas y las autoridades no les es posible trabajar tan estrechamente.

—En un sentido México está en el momento adecuado para cerrar de alguna manera todos esos capítulos. También de empezar a evaluar la irrupción de esas modificaciones regulatorias profundas y empezar a cosechar los efectos de esas políticas, que habrá que hacer siempre ajustes y otros elementos a considerar, pero lo verdaderamente esencial es que se establezca efectivamente un plano de igualdad y que en definitiva, las empresas que ganen más usuarios lo hagan porque ofrecen mejores servicios a los mejores precios y calidad.

—Usted ha estado hablando en este CLT 2017 de que es hora de que los gobiernos vean hacia el futuro y que de ser necesario replanteen sus políticas de convergencia. Partiendo de ese enunciado, ¿opina que en México, de menos, existen matices o nacientes acciones de que se está pensando por esa vía y si es así, qué tanto?

—Yo creo que a la par de los otros asuntos del sector, hay quien empieza a trabajar estrechamente o que trata de entender la irrupción de las nuevas tecnologías, que está en su agenda hablar de los temas del futuro.

—Perdone que interrumpa, ¿pero se refiere a una acción o a una política pública o por el contrario a una dependencia?

—A ambos, dependencia y política.

—Explíqueme.

—Un momento interesante, muy importante que ahora está siendo seguido desde esta parte del mundo, es que se empieza desde los últimos días en México con esa acción de facilitar el despliegue de redes, con el uso de esa infraestructura pública que ha estado ahí disponible. Esa es una buena política pública que mejora las condiciones para que las empresas puedan desplegar redes o ampliarlas. Ello puede abaratar las cargas económicas, acortar los tiempos de despliegue y razonablemente tendrían que mejorar los servicios de conectividad; razonablemente también sería que ya disminuyan las cargas fiscales para esos servicios, porque esas cargas repercuten en los consumidores.

—¿Qué no le llena de confianza de las acciones y políticas públicas de México? Recuerdo que el proyecto de la Red Compartida no era de todo el agrado de su organismo, en el sentido de que es un plan nunca antes probado.

—Para mí, la asignación de espectro radioeléctrico, no sólo por licitación pura; sino, por concursos en los cuales se entrega el espectro al que ofrece más conectividad, más áreas rurales incorporadas a la cobertura digital. Es lo que en la jerga regulatoria se llama un concurso de belleza: quién ofrece más cobertura, quién despliega más rápido, quién invierte más, porque es mucho más importante que las empresas inviertan a que las empresas reciban recursos del Estado y ese es un aspecto muy importante para acelerar el fin de la brecha digital.

Los proyectos públicos-privados son muy interesantes. La Red Dorsal (en Perú) es un proyecto significativo y los despliegues de fibra óptica con recursos públicos pero que permiten que terceros puedan utilizar esas infraestructuras, eso me parece que también va por una dirección correcta.

Pero, en mi opinión personal, México ha cometido un error en la asignación de la banda de 700 MHz (para la Red Compartida). Es un error, porque la experiencia internacional da cuenta de que no hay nada más potente en términos de dinamizar el mercado, que redes que están compitiendo entre sí. Qué redes que están generando soluciones distintas, que están incorporando tecnologías distintas cada vez más avanzadas. Esas competencias de infraestructuras en América Latina han sido muy exitosas. En Chile ha sido muy exitoso ese caso.

—Pero… ¿Cómo afirmar eso, si el proyecto apenas lo van a empezar?

—En ese sentido, el crear un monopolio público en la banda de 700 MHz, que es una banda importantísima, es una oportunidad desaprovechada desde ese punto vista. Es un experimento que además es un experimento riesgoso, que no hay mucha experiencia internacional que la respalde. Ojalá resulte bien, pero creo que en cualquier caso lo que viene hacia adelante es que las siguientes bandas de espectro, las de 600 MHz o las bandas superiores, se asignen rápidamente, con un sentido de facilitar que las empresas puedan desplegar infraestructuras, que pueda haber más competencias y se cierra ese círculo virtuoso ante todo lo que se viene (con la economía digital).

No espero que este proyecto del gobierno fracase. Pero soy firme convencido que ese espectro hubiera sido mucho más valioso para el país si es que las tres o las cuatro empresas hubieran podido usar esa banda para desplegar rápidamente servicios de cuarta generación. Creo que eso hubiera sido más eficiente, creo que no habría involucrado recursos estatales y creo que se habría logrado objetivos de cobertura muy ambiciosos y muy rápidamente.

Es más, el Estado hubiera dicho: “vamos a repartir la banda en tres o cuatro porciones y vamos a ponerle obligaciones de cobertura a los operadores; a tal operador el bloque norte, al otro un bloque sur…". Se habría hecho un concurso en el cual se establecieran compromisos muy claros de cobertura y ya estaríamos hoy en día con redes de cobertura avanzadas por esas bandas de 700 MHz.

—Volviendo a la pregunta de más atrás, la de si se refería usted a la política pública o la dependencia y hablando de lo que hace el Estado en la materia, qué puede opinar de lo que hace el regulador mexicano del sector. Si bien son básicamente tres organismos los que guían esa industria: la SCT, el Promtel y el IFT, es éste último sobre el que recae toda la carga para regular y, por cierto, está próximo a renovar su puesto directivo.

—Lo que un país debe ver es qué tipo de regulador es el más adecuado para el contexto histórico, de mercado que tenemos hoy en día. Y en ese contexto de la pregunta, yo creo que el IFT es un regulador convergente; es un regulador prudente, un regulador colegiado. Es decir, tiene un conjunto de atributos que son muy valorados. Es un ejemplo y representa el caso de un buen regulador.

Creo que el IFT se ha comportado como un regulador serio y profesional, competente. Puede haber discusiones y debates y uno puede estar a favor o en contra sobre algunas de las decisiones que el IFT ha tomado. Pero no me queda duda de que el IFT es uno de los reguladores más serios que además está teniendo la mirada de futuro más interesante en América Latina. Y desde ese punto de vista, hay dos elementos que para mí son centrales: uno es el ser un regulador convergente, que puede mirar ya no solamente las telecomunicaciones tradicionales, sino los servicios de contenidos audiovisuales y también los servicios de la economía digital que son competidores de los mismos.

Y más importante, es primordial que el regulador sea independiente, que pueda tener una mirada; que no esté capturado por los regulados o la agenda política de corto plazo, sino que sea un regulador de mirada de medio y largo plazo y que pueda dar señales que sean muy nítidas conforme el marco regulatorio y por tanto sean buenas señales a la inversión.

En ese sentido, por último, involucionar hacia un regulador al cual se le quitan competencias o en el cual el gobierno, la política o los regulados tienen mayor injerencia en la regulación que ese regulador hace, sería entonces un grave error. México ha avanzado mucho desde el punto correcto de la institucionalidad y lo que corresponde es que ese regulador se mantenga por esa vía y siga aplicando la regulación.

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