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Los riesgos de mandatar la compartición de infraestructuras

  • “Para tener efectos positivos, la compartición debería ser voluntaria, no obligada”
- 08.11.2017, 10:46
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La inversión en infraestructuras es un aspecto crucial para el sector de las telecomunicaciones. Especialmente en América Latina, donde además de la necesidad de ampliar las capacidades de las redes, hay también importantes brechas de conectividad que cerrar. La regulación sectorial es un aspecto clave que puede favorecer la materialización de esas inversiones o, por el contrario, desincentivarlas. En esta columna pretendo detenerme únicamente en un aspecto puntual de los marcos regulatorios, el referido a la compartición de infraestructuras.

Los efectos de la compartición obligatoria de infraestructuras han sido estudiados en la literatura asociada al sector para algunos países del mundo. En América Latina, en cambio, el tópico ha sido escasamente estudiado. Los argumentos teóricos para mandatar la compartición suelen basarse en ventajas asociadas a reducciones de costos, el uso eficiente de los recursos o en promover la competencia al facilitar la entrada de competidores.

Dentro de esta vertiente de la literatura, se destaca, por ejemplo, Cave (2006) y su famosa teoría de la “escalera de la inversión”. Sin embargo, existen contraargumentos que deben ser atendidos, en el sentido de que la compartición suele ser positiva cuando es realizada fruto de acuerdos voluntarios, mientras que, por el contrario, si se obliga, se introducen desincentivos para que aquellos que tuvieran previsto invertir en primer lugar, efectivamente lo hagan. Dentro de aquellos autores que advierten los desincentivos que generan los mandatos de compartición, pueden destacarse a Jorde et al (2000), Hausman (1998), Kim et al (2011) a Grajek and Roller (2012), por ejemplo.

Como aproximación a un análisis descriptivo aplicado a América Latina, el presente artículo pretende realizar unos simples ensayos tendientes a verificar el vínculo entre inversión y compartición obligatoria. Para ello, consideraremos tres indicadores binarios que surgen del ICT Regulatory Tracker de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En primer lugar, un indicador referido a los países en los que se obliga entre operadores la compartición de infraestructuras como torres, estaciones base, postes, ductos, etcétera. En segundo lugar, un indicador que muestra si la compartición de sitios es obligatoria. Y en tercer lugar, si la desagregación del bucle local es obligada. Finalmente, considerando estos tres indicadores a la vez puede construirse fácilmente un Índice de Compartición Obligatoria. Por el lado de la inversión, utilizaremos una medida de intensidad de Capex, con base en datos de la UIT (cifras de inversión divididas por la facturación o ventas, en logaritmos). Las unidades de la muestra son un panel de países de la región[1] entre 2003 y 2015.

En la Figura 1 se describe la función de densidad de las series de intensidad de Capex, para aquellos países en los cuales las respectivas modalidades de compartición son obligatorias, y en aquellos donde no. También considerando el Índice de Compartición Obligatoria construido para estos efectos, podemos distinguir las observaciones entre aquellas con niveles de compartición por debajo de la media, y aquellas que registran niveles superiores a dicho umbral. En todos los casos, la evidencia parece sugerir que aquellos países que están sometidos a regulaciones más flexibles (sin obligación, o con menores niveles de mandato), la distribución de la intensidad de la inversión está a la derecha de la gráfica, es decir, son países que en general registran niveles de intensidad de Capex superior.

 

Figura 1: Densidad de Intensidad de Capex en función de los niveles de compartición

Fuente: elaboración propia.

 

De forma similar, en la Tabla 1 comparamos las medias estadísticas de subconjuntos de la muestra agrupados en función de sus niveles de compartición, llegando a conclusiones parecidas: en todos los casos, los niveles de intensidad de Capex son superiores en aquellos casos de ausencia o escasa regulación en torno a la compartición. Pese a ello, en el caso de la desagregación del bucle local, cabe destacar que este nivel de significación no alcanza el 10 por ciento.

Finalmente, aprovechando las características del Índice de Compartición Obligatoria creado, podemos representar el gráfico comparativo con los niveles de intensidad de Capex, junto con la predicción lineal. Los resultados, en la Figura 2, son claros en sugerir una relación negativa entre intensidad de inversión y nivel de obligación de compartición. 

 

Figura 2: Intensidad de Capex e Índice de Compartición Obligatoria

Fuente: elaboración propia.

 

En síntesis, estos resultados parecen ser lo suficientemente claros en el sentido de confirmar una relación negativa entre inversión y obligación de compartición. En otras palabras: en aquellos países donde las obligaciones son superiores, los niveles de inversión registran menores guarismos. Ello sugiere que, para tener efectos positivos, la compartición debería ser voluntaria, no obligada. Dicho mensaje es muy trascendente desde una perspectiva de políticas públicas, resaltando la necesidad de promover marcos flexibles en torno a la compartición.

Si bien la evidencia parece ser clara, no debemos perder de vista que este ejercicio se trató simplemente de un ensayo descriptivo. Para poder confirmar estas aseveraciones de modo concluyente y robusto, haría falta un análisis econométrico contemplando también aquellas variables de control que pueden incidir en las decisiones de inversión, tales como elementos asociados a la demanda, los costos u otros condicionantes de entorno. En ello estamos. 

Referencias

Cave, M. (2006). Encouraging infrastructure competition via the ladder of investment. Telecommunications Policy, 30(3), 223-237.

Grajek, M., & Röller, L. H. (2012). Regulation and investment in network industries: Evidence from European telecoms. The Journal of Law and Economics, 55(1), 189-216.

Hausman, J. (1999). The effect of sunk costs in telecommunications regulation. In The New Investment Theory of Real Options and its Implication for Telecommunications Economics (pp. 191-204). Springer US.

Jorde, T. M., Sidak, J. G., & Teece, D. J. (2000). Innovation, investment, and unbundling. Yale J. on Reg., 17, 1.

Kim, J., Kim, Y., Gaston, N., Lestage, R., Kim, Y., & Flacher, D. (2011). Access regulation and infrastructure investment in the mobile telecommunications industry. Telecommunications Policy, 35(11), 907-919.



[1] Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, S. Lucía, S. Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. 

Juan Jung

Juan Jung es Director de Políticas Públicas de ASIET.

 
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