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El Defensor del Pueblo frente a los derechos de las nuevas tecnologías

- 06.09.2017, 13:44
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Ombudsman: La inspiración institucional[1]

Fue en Suecia, en 1809, cuando por primera vez en un texto constitucional se incorporaría una institución que tendría por objeto velar por el regular actuar de la administración pública, en este caso, la Corona.

Gracias al éxito de esta nueva figura, el Ombudsman –palabra de origen sueco- tuvo una rápida expansión en los países escandinavos, luego en los demás países de la Europa continental y de ahí ha ocurrido una extensión en diversas naciones de todos los continentes. También su versatilidad ha servido de base para inspirar diversos entes públicos enfocados en la defensa de los derechos fundamentales, en general, y a la protección de derechos en particular.

En efecto, el Ombudsman ha sido arraigado por muchos países con independencia de su denominación. Por ejemplo, en España se le conoce como Defensor del Pueblo; en Francia, como Médiateur; en Italia se le denomina Defensor Cívico; en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH]; en Guatemala, Procuraduría de los Derechos Humanos; en Honduras, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; en Costa Rica, Defensoría de los Habitantes; en Puerto Rico, Procuraduría del Ciudadano.

Cabe mencionar, además, que existen organismos públicos cuya naturaleza es de un Ombudsman, los cuales se dedican al conocimiento de derechos humanos en particular: del consumidor, del contribuyente, del trabajador, de la disciplina militar, del medio ambiente, antitrust, entre muchos otros. A este fenómeno de constante ampliación competencial del Defensor del Pueblo en el ámbito de derechos específicos, algunos lo han llamado “Ombudsmanía”.

Naturaleza del Ombudsman

La naturaleza jurídica del Defensor del Pueblo consiste en un mecanismo de protección no jurisdiccional de la dignidad humana.

En muchos países también se erige como un relevante promotor de los derechos fundamentales, tarea muy apreciada en toda democracia.

En ocasiones, no se comprende a cabalidad el papel trascendental que desempeña el Ombudsman como magistratura de opinión o persuasión. Su trabajo debe ser conocido gracias a la difusión que de él hacen los medios de comunicación para formar una opinión pública favorable a los derechos humanos. Sus resoluciones más emblemáticas son las “recomendaciones”, que carecen de fuerza obligatoria. Los efectos de las recomendaciones radican, por una parte, en la autoridad moral del titular del Ombudsman y, por otra, en el cúmulo de argumentos y probanzas que sustentan sus decisiones. Si las recomendaciones tuvieran la connotación de cumplimiento obligatorio, el Defensor del Pueblo dejaría de tener naturaleza de Ombudsman y se convertiría en Juez. Por lo tanto, la vocación del Defensor del Pueblo es convencer, no vencer.   

El Ombudsman en América Latina

En las naciones latinoamericanas, el modelo de la Defensoría del Pueblo acuñada en la Constitución española de 1978 sirvió de base para la configuración de las instituciones homólogas. De ahí que se haga referencia al “Ombudsman criollo”.[2]

Por supuesto, la realidad en América Latina ha tenido peculiaridades, y en las tres décadas de existencia, los defensores del pueblo se han ocupado preponderantemente de la salvaguarda de las libertades civiles, la lucha contra la tortura y el abuso del poder, así como la denuncia de violaciones graves a derechos humanos.

Poco a poco, en la doctrina, en el discurso público, en la letra de la ley y con más dificultad en la práctica cotidiana de nuestros países, se ha afianzado el caminar de las instituciones de protección no jurisdiccional de los derechos humanos.

Sin embargo, en el campo de los derechos de las nuevas tecnologías, o bien el Defensor del Pueblo no ha intervenido por estar agobiado frente al trabajo concerniente de la defensa de las libertades civiles y la lucha contra el abuso del poder de los encargados de hacer cumplir la ley, o se ha inhibido del conocimiento de los nuevos derechos debido a la creación de órganos especializados con competencia en ellos: derecho a la información, transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, telecomunicaciones (en las que destaca Internet) y Tecnologías de la Información.

Desde nuestro punto de vista, el Ombudsman, en el caso de los derechos de las nuevas tecnologías, puede desplegar su acción en los siguientes planos:

1. Los casos concretos

Cuando se está en presencia de una presunta violación de algunos de los derechos de las tecnologías, en muchos países de Hispanoamérica existen instituciones dedicadas especialmente a su defensa. Por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos es la encargada, entre otras cuestiones, de tutelar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales de quienes son habitantes del territorio hispánico. En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene, dentro de sus funciones, vigilar el pleno ejercicio de los derechos de información y de la comunicación. En Chile, el Consejo para la Transparencia es la instancia responsable de velar por el irrestricto cumplimiento de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado en ese país.

Justo en este ámbito se tendría la duda de si el Defensor del Pueblo tendría competencia para conocer de asuntos específicos.

La vía de protección no jurisdiccional de los derechos humanos es complementaria de la función de las autoridades garantes.

No hay que dejar de llamar la atención del cuidado con el que el Defensor del Pueblo debe actuar respecto de los nuevos derechos para no suscitar controversias competencias con esos órganos garantes. En consecuencia, el Defensor del Pueblo debe, con visión estratégica, seleccionar aquellos casos que resultarán emblemáticos para la causa de los derechos de las nuevas tecnologías.

2. Las situaciones generales

En países como México, se ha dotado al Defensor del Pueblo la atribución de formular Recomendaciones generales.

En efecto, la CNDH está en condiciones de dictar este tipo de recomendaciones y dirigirlas a las distintas autoridades del país con el objeto de promover los cambios normativos y las prácticas institucionales que constituyan o propicien afectaciones a los derechos fundamentales. La verificación de esta clase de recomendaciones se realiza mediante la elaboración de estudios generales.

Luego entonces, sería perfectamente posible que los defensores del pueblo emitieran documentos de esta índole, lo que significarían diagnósticos que posibilitarían marcar la ruta que debe tomar el Estado respectivo para potenciar al máximo posible los derechos concernientes a las nuevas tecnologías: revisión del marco jurídico de los derechos de las nuevas tecnologías, capacidades institucionales para su defensa, políticas públicas de los órganos estatales; determinación de la brecha (dónde se está y las metas a alcanzar para lograr la situación ideal); determinación de presupuestos para mejorar la protección de esos derechos; estadísticas comparadas entre países de la región y de otros continentes, entre otras interesantes cuestiones.

3. La labor de promoción

Sin duda alguna, una de las columnas vertebrales de todo régimen que aspira a ser democrático es la cultura en general y, en particular, la relativa a los derechos humanos.

Muchos Defensores del Pueblo han dado muestra de su trabajo para generar conciencia de la importancia de los derechos humanos y para prevenir su violación.

En el ámbito de la promoción de los derechos de las nuevas tecnologías es mucho lo que se puede hacer: difusión masiva y conceptual de los derechos de las nuevas tecnologías a través de trípticos, audiovisuales, spots, jornadas de reflexión; capacitación a los diversos sectores de la sociedad y del poder público para profundizar en el conocimiento de estos derechos; investigaciones y estudios especializados; colaboración con instituciones públicas y con empresas privadas para articular programas particulares para la inclusión de la protección de estos derechos en políticas públicas y en el desarrollo de ciertas actividades productivas.



[1] Para mayor abundamiento del Sistema Ombudsman puede consultarse mi libro La defensa no jurisdiccional de los derechos humanos, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1ª reimpresión, 2013.

[2] Jorge Madrazo, El Ombudsman criollo. Discurso de ingreso a la Academia Mexicana de Derechos Humanos, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Academia Mexicana de Derechos Humanos, 1996, p. 10.

 

 

 

Modificado por última vez en Miércoles, 06 Septiembre 2017 13:54
Armando Alfonzo Jiménez

Armando Alfonzo Jiménez es constitucionalista y consultor.

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