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El largo camino de la convergencia en Argentina

- 12.01.2017, 11:53
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Sobre el filo del fin de año, el gobierno argentino emitió un decreto (1340/2016) que aportó algunas precisiones en la regulación para la convergencia. No se trata del primer paso, que ya fue dado principalmente con la ley Argentina Digital de 2104 y el DNU 267 (Decreto de Necesidad y Urgencia, particularidad constitucional argentina que le da posibilidad de legislar al Poder Ejecutivo) de 2015.

Se trata de un paso más en la dirección de la convergencia total, donde el gobierno define algunos objetivos claros: privilegiar en lo inmediato la inversión por sobre la competencia, así como impulsar los servicios móviles poniendo en uso más espectro. Esta inversión es un paso previo e inevitable para, con una infraestructura más moderna y ubicua, poder sentar las bases para una mayor y más efectiva competencia.

La batalla por la convergencia en Argentina tiene características particulares. Se trata de un mercado donde la TV de paga es altamente popular, con una penetración en hogares del orden de 80 por ciento. Esto hace que exista una red alternativa a las de las telefónicas para gran parte de la población. Ambas redes ya compiten en banda ancha, con una leve ventaja de los operadores de TV por cable que poseen una tecnología más apta que el ADSL de las telefónicas. La forma de hacer frente a esta situación es que estas últimas desplieguen redes de mayor capacidad, aumentando la penetración de la fibra óptica. Sin embargo, las telcos nunca pudieron dar servicios de TV por verse impedidas regulatoriamente de hacerlo. Esto aplica tanto para Claro y Telecom (ambas controladas por inversores mexicanos), así como para Telefónica. De esta forma, las telcos necesitan poder dar servicios de TV para mejorar el ARPU para poder financiar y amortizar las inversiones necesarias en la actualización de sus redes (como ya hizo el cable dando dos servicios sobre una misma infraestructura).

Por su parte, los operadores de TV de paga (e Internet) reclaman la posibilidad de dar servicios móviles para completar una oferta convergente y poder hacer frente a las grandes telcos. Si bien la regulación habilita el desarrollo de Operadores Móviles Virtuales (OMV), éstos reclaman también poder contar con espectro propio. Ambas inhibiciones, una por cuestiones puramente regulatorias (TV) y otra por limitaciones técnicas (finitud del espectro), fueron generando tensiones entre industrias distintas obligadas hoy a ser una sola.

En una situación distinta se encuentra DirecTV, que a su servicio de TV satelital sumó desde hace algunos años el acceso a Internet terrestre, utilizando inicialmente tecnologías inalámbricas y sumando el arrendamiento de redes de fibra óptica. En un escenario convergente, la DTH necesita red terrestre para poder dar banda ancha a precios competitivos y no únicamente cuando no hay alternativa. Sin embargo, el DNU de 2015 estableció que un operador de TV satelital no podía ser simultáneamente operador de servicios de telecomunicaciones (y viceversa). Estas disparidades hicieron que, aunque con diferencias según de quién se trate, Argentina se encuentre retrasada en el desarrollo de su infraestructura convergente.

Ante este estado de situación, lo que el gobierno buscó por la vía del nuevo decreto fue básicamente incentivar la inversión, tanto en redes fijas como móviles. Para ello, eliminó algunas restricciones para el acceso a nuevos servicios y recurrió a determinadas asimetrías, aunque no con un criterio muy ecuánime a priori.

Por el lado de la TV, el decreto llevó certezas a las grandes telcos (Claro, Telecom y Telefónica) de que estarán habilitadas para dar este servicio a partir de enero de 2018. Resuelve de esta forma la incertidumbre que generó el DNU, el cual establecía este plazo entre dos y tres años (enero 2018 y de 2019, respectivamente). No obstante, esto no implica el fin de esta limitación. Inicialmente, las telcos podrán dar servicios de TV únicamente en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, las tres ciudades más pobladas del país, concentrando aproximadamente 36 por ciento de la población. Sin embargo, el 64 por ciento restante no accederá a los beneficios de una mayor competencia por un tiempo no determinado.

Por un lado, el decreto inhibe a las telcos de ingresar en localidades de menos de 80 mil habitantes. Se trata de una protección pour la galérie ya que ninguna de las telcos tiene interés en invertir en mercados de tan baja concentración de población. Por otra parte, queda sin precisar cuándo llegará la competencia de las telcos al cable en las localidades que se ubican entre las tres mayores y las de menos de 80 mil habitantes. Es una medida que favorece, sin duda, a la industria del cable en general, excepto Cablevisión y Telecentro que concentran el grueso de sus operaciones en las áreas ahora “liberadas”. Curiosamente, la asimetría en materia de TV se da mayormente a favor de los incumbentes y no de los entrantes, a los cuales limita.

Siempre en materia de TV, el decreto mantiene el impedimento de que cualquier prestador de telecomunicaciones ofrezca servicios audiovisuales a través del satélite o DTH. En realidad, este impedimento emana de una ley (Argentina Digital), por lo que no puede ser modificada por decreto. De esta forma, se protege nuevamente a la industria del cable, exigiendo a los entrantes invertir en el despliegue de redes cableadas de alta capacidad. La única excepción a esta norma es el caso de DirecTV, a quien se le respetó el estatus previo a esta inhibición, cuando además de los servicios de DTH ofrecía ya acceso a Internet inalámbrico terrestre.

Por el lado del espectro, y como política general en el manejo del mismo, se observa una clara tendencia a privilegiar su uso para servicios móviles antes que los fijos. Quizá el punto más discutido antes y después de la publicación del decreto tiene que ver con la reatribución de espectro fijo para su uso por parte de servicios móviles. Esta reatribución alcanza al espectro ya asignado a prestadores de servicios de telecomunicaciones o audiovisuales que soliciten el cambio para usarlo para dar servicios móviles LTE o superiores. No obstante, el decreto deja sin definir aspectos claves de este procedimiento tales como compensación económica, obligaciones de cobertura y metas específicas, en manos de la autoridad de aplicación. Y al no estar aún definidos, no existen elementos objetivos que permitan saber si se trata de una medida que favorecerá o no el despliegue de nuevas redes.

Hasta tanto esto no suceda, la medida parece favorecer a priori a Cablevisión-Nextel, empresa que adquirió durante 2015 a diversos ISP inalámbricos con espectro en las bandas de 900 MHz y 2.5 GHz, en un área de cobertura similar al footprint de la red iDen de Nextel. Adicionalmente, la medida podrá dar lugar no ya a un cuarto operador sino a varios cuartos operadores, ya que contempla el uso local o regional del espectro, a diferencia de lo que ocurrió con el espectro de AWS y 700 MHz que fue atribuido a nivel nacional, requiriendo niveles de inversión muy superiores. Por otra parte, también implica que otros prestadores de telecomunicaciones puedan pedir el cambio de espectro que hoy usan para dar servicios fijos, sean pyme, cooperativas o las grandes telcos.

Siempre en materia de espectro, el decreto establece que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) deberá llamar a un Concurso Público Nacional e Internacional para la asignación de nuevas bandas de frecuencias para la prestación de servicios de comunicaciones móviles en un plazo de seis meses. Esto permite pensar que, si el llamado es exitoso, habrá nuevas asignaciones durante 2018.

Por otra parte, el decreto menciona que dentro de los 180 días de su publicación se fijarán las pautas necesarias para la conformación de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad. Días más tarde, el ministro de Comunicaciones dio más precisiones en una entrevista radial en la cual adelantó que se llamaría a licitación entre los meses de febrero y marzo para el despliegue de esta red que, por contar con capacidad ociosa, podría ser también una red mayorista de servicios móviles, particularmente para pymes y cooperativas. Una medida que intenta replicar el modelo mexicano. En sus propias palabras, sería como un quinto operador. Habrá que ver si hay lugar para tantas redes.

El impulso al surgimiento y desarrollo de nuevos operadores móviles no sólo tiene que ver con el espectro sino también con temas más técnicos, pero no menos relevantes, como condiciones de interconexión o de roaming. En el caso de la interconexión se establecerán tarifas asimétricas por el término de tres años prorrogables por 18 meses más. Sin embargo, no se indican cuáles serían las condiciones que podrían dar lugar o no a la mencionada prórroga. Por su parte, el roaming, que permitirá que clientes de un operador regional usen su servicio más allá del área de cobertura original, será obligatorio por tres años. Pasado este tiempo, deberán acordar entre las partes. Ambas son medidas para ayudar a entrantes mientras se desarrollan, aunque se debate si ese plazo es adecuado o exiguo.

Finalmente, siendo que el despliegue de redes de gran ancho de banda es una prioridad para el gobierno, el decreto fija en generosos 15 años la no aplicación de la desagregación del bucle de abonado, tal cual está previsto en Argentina Digital. Esto implica que durante este período de tiempo los operadores que a partir de la publicación del decreto desplieguen redes de última milla NGN (fibra óptica o cable coaxial en sus versiones más avanzadas) no estarán obligados a permitir que otros operadores tengan acceso a esta infraestructura para dar sus servicios.

Garantizando la exclusividad del uso de sus propias redes de última generación busca motivar a las telcos (Telecom y Telefónica por tener una tecnología vieja y Claro por prácticamente no contar con infraestructura cableada) a invertir en el desarrollo y capilaridad de las mismas. No obstante, el período de gracia también aplicaría a los nuevos tendidos de los actuales operadores de TV por cable, no así para las redes existentes.

Como puede observarse, actualmente en Argentina no existe ningún actor con una oferta convergente completa. La fijación de condiciones asimétricas para el ingreso de nuevos actores a determinados servicios no es mala en sí misma. No obstante, se observa, a priori, más asimetrías a favor de los operadores de TV por cable (competencia geográfica limitada, inhibición del uso de satélites) que de los operadores móviles, si bien en este caso dependerá de las condiciones finales para usar tanto el espectro reatribuido como aquél por asignar, así como para la interconexión y el roaming. Los que sí resultan favorecidos son los operadores de TV que dan servicio a los 2/3 del país donde no podrán entrar las telcos.

Más allá de cómo se resuelvan los detalles que faltan (y allí es donde está el diablo), tanto quienes ingresen a las comunicaciones móviles como quienes lo hagan a la TV de paga no tendrán un camino despejado. Ambos son negocios maduros, con una altísima penetración (80% en TV, 150% en móviles), por lo que más allá de las cuestiones técnicas, será comercialmente un desafío importante para cualquier actor ofrecer nuevos servicios.

En definitiva, los usuarios no deben ilusionarse con que la competencia convergente arranque antes de 2018. El 2017 será un año para velar las armas y para ejercer un lobby intenso mientras se defina la letra chica de la regulación.

Enrique Carrier

Enrique Carrier es director de Carrier y Asociados. Es analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico.

Síguelo en Twitter: @enriquecarrier

 

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