Martes, 21 de noviembre del 2017
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La Asociación de Taxistas porteños se está movilizando desde las ocho de la mañana en la puerta del juzgado penal, contravencional y de faltas de la Ciudad, situado en Tacuarí y Avenida de Mayo, para "exigir que la magistrada Cristina Lara ratifique que la irregularidad de Uber es una causa penal tributaria y no una simple contravención", según informaron en un comunicado.

La agrupación de taxistas agregó que Uber "fue declarado evasor impositivo de acuerdo a la investigación solicitada por el Ministerio Publico Fiscal contra la empresa multinacional". Destacó además que "se comprobó que Uber de Argentina evadió entre abril y octubre del año pasado más de un millón de pesos sólo en Ingresos Brutos" y que esa situación "continúa en el tiempo".

"Para el gremio taxista la ratificación de la causa penal tributaria tiene mucha importancia pues podría derivar en cárcel para los imputados Ceos de Uber, que son los verdaderos cerebros de la evasión", expresaron desde su cuenta de Facebook, donde especificaron que se movilizan a "Av. de Mayo y Tacuarí a las 8 am sobre la mano izquierda... para que se haga Justicia".

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Representantes de Uber exhortaron públicamente al presidente de la República, Juan Carlos Varela, a que reconsidere el Decreto Ejecutivo 331, emitido el 31 de octubre pasado, mediante el cual se busca regular este tipo de plataformas tecnológicas.

A través de un escrito dirigido al gobernante Varela, el gerente general de Centroamérica, Andrés Echandi, y la gerente de operaciones, Thelma Britton, manifestaron que dicho decreto, "lejos de apoyar la movilidad y la inclusión de las tecnologías para facilitar la vida de los ciudadanos", crea "barreras y burocracia innecesaria", contrario a las tendencias mundiales sobre la regulación de este tipo de plataformas.

Los representantes de la compañía afirmaron que el servicio de movilidad colaborativa "debe ser para todos y estar al alcance de todos, en todos lados".

Por ello, expresaron estar en contra de cualquier principio que excluya y cree categorías de personas que pueden o no utilizar un servicio determinado. 

"A partir del próximo 31 de diciembre, 7 mil 200 personas, que representan el 90% de la cantidad de socios conductores, de los cuales el 93% es panameño, no podrán continuar generando ingresos y apoyando a sus familias, pues no cuentan con la licencia especial requerida, que solo añade trámites burocráticos, pero no de calidad", estimaron.

De igual forma, se refirieron al artículo 9 del Decreto 331 que establece que para ser parte de las plataformas no se debe haber acumulado más de 35 puntos. En ese sentido, indicaron que, en el caso de Uber, el estándar es no haber acumulado más de 15 puntos por cualquier tipo de licencia. "En esencia, esta norma no cumple con los objetivos de seguridad para la cual fue creada", indica el escrito.

Reiteraron asimismo que más de 100 mil usuarios actuales no podrán utilizar el servicio, ya que deciden pagar en efectivo.

Esto, porque los viajes en efectivo representan el 52% de los viajes de los socios conductores que también verán afectados sus ingresos en esta misma proporción. Esto, luego de que el citado decreto estableciera que el cobro por la prestación de este servicio –que solo podrá ofrecerse en las provincias de Panamá Oeste, Panamá, Colón y Coclé– tendrá que ser de forma electrónica, es decir, con tarjeta de crédito.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 331, se creará un servicio de transporte de lujo ofrecido a través de tecnologías de la información y comunicaciones, denominado TIC, y los vehículos que formen parte de ese sistema deberán estar registrados en un listado.

Respecto a las regulaciones para los conductores, se dispone que deben ser panameños, mayores de 21 años de edad, contar con una licencia de conducir tipo E1 –otorgada después de tener como mínimo dos años de experiencia con licencias tipo C o D– y además presentar su récord policivo.

Para los vehículos que sean utilizados en este servicio también fueron fijados algunos parámetros, entre estos, tener una capacidad máxima de siete puestos, estar en buenas condiciones y su antigüedad no podrá superar los siete años.

Además, estos vehículos deben contar con un seguro comercial y, en el caso en que se reporte un hecho de tránsito y el vehículo en mención no tenga uno, la empresa tecnológica deberá hacerse responsable de los costos que se generen.

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Este miércoles, los taxistas protestaron nuevamente en contra de Uber y Cabify, las aplicaciones de “transporte compartido” que prestan servicios similares a los taxis, pero desde carros particulares.

El Gobierno aún no se ha puesto de acuerdo sobre la legalidad de estos servicios: mientras que el Ministerio de Transporte quiere prohibirlos para proteger la actividad de los taxistas, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) los defiende.

Lea aquí: Taxistas denuncian actos vandálicos en medio de protestas

En la práctica, para los usuarios poco importa si el vehículo fue pedido desde una aplicación de celular o si fue tomado en la calle: lo que quieren es un buen servicio y sentirse seguros cuando eligen el transporte público individual en vez del masivo.

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Entre abril y octubre del año pasado, la filial argentina de Uber evadió más de un millón de pesos, de acuerdo con un dictamen de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) que consta en la causa penal tributaria contra la plataforma y sus contenidos. El organismo, que realizó el informe a pedido de un fiscal porteño, detalló la ruta que siguieron los casi 70 millones de pesos cobrados por la aplicación a través de tarjetas de crédito y cómo el circuito facilitó que no se recaudara 1.044.659, 27 pesos en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos. “Con este informe oficial queda demostrada la maniobra de evasión impositiva perpetrada por Uber Argentina y sus responsables directos”, afirmó el fiscal Martín Lapadú. En un comunicado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño aseguró que “la empresa Uber no abonó la cifra (establecida por el dictamen de AGIP) y continúa como evasor impositivo”.

Por la evasión establecida en el dictamen, la AGIP intimó a los dos responsables legales de la filial argentina de Uber, Horacio Cao y Nicolás Mihanovich Murphy a tributar 1.044.659, 27 pesos, el monto que correspondía por Ingresos Brutos de acuerdo a lo que la firma percibió entre abril y octubre de 2016, de acuerdo con los movimientos financieros estudiados. 

La investigación fiscal fue realizada por la Unidad de Investigaciones Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales a pedido de Lapadú, quien tiene a cargo la penal tributaria contra la aplicación. El estudio estableció que en los primeros seis meses de actividad de Uber en Argentina, la aplicación recaudó 69.643.951,10 pesos. Ese dinero, detalló el comunicado del MPF habría sido transferido “fuera del país –por una empresa que opera en la bolsa– a bancos ubicados en Europa, Asia y otros destinos evadiendo  los impuestos que debería tributar en la ciudad”. Así, “Uber envía el total de su recaudación fuera del país durante un corto tiempo y vuelve a introducir el 75 por ciento de ese dinero depositándolo en  diferentes financieras quienes realizan el  pago a sus socios conductores”. 

Esos montos, sin embargo, sólo corresponden a una de las modalidades de pago que ofrece la aplicación a sus clientes, la de tarjetas de crédito virtuales que se cargan por Internet sobre una tarjeta real. Por ello, la fiscalía advirtió que “todavía quedan por determinarse los ingresos correspondientes a dinero en efectivo y a otras modalidades de pago”. 

“Con este informe oficial de la Agip queda demostrada la maniobra de evasión impositiva perpetrada por Uber Argentina y sus responsables directos”, dijo el fiscal Lapadú, quien recordó que están pendientes “los llamados a declaración indagatoria”. Por ello, señaló, también está pendiente “la consecuente evaluación de los riesgos procesales para todos los imputados, en cuanto a la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso”. 

El expediente, que tramita en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21, a cargo de la Jueza Cristina Beatriz Lara, también involucra como imputados a Mariano Otero, Diego Oliveira, Miguel Rattagan, y Enrique Gibert, y Soledad Lago Rodríguez.

El fiscal informó, por otra parte, que aún no se implementaron medidas solicitadas por la Justicia durante lo que lleva de tramitación la causa. “Esperamos que el Enacom adopte los recaudos sancionatorios para las Empresas Prestatarias del Servicio de Internet” que no dispusieron en los servidores filtros para bloquear la actividad de Uber. “No están cumpliendo con las órdenes judiciales confirmadas por la Cámara de Apelaciones, de Bloqueo Nacional  de la Web y de la aplicación de Uber”, señaló.

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La app tica competencia de Uber, Nova, asegura que la huelga que realizaron los taxistas ayer, influyó de forma positiva en el incremento de sus viajes.

Estos aumentaron en un 20%, según Ian Calle, gerente general de Nova.

 

Asimismo la compañía considera la no implementación de tarifa dinámica, parte del éxito en el comportamiento.

“Queremos agradecer públicamente al sector taxista del país ya que este tipo de manifestaciones tienen un impacto positivo directo en nuestro volumen de transporte”, finalizó Calle.

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