Jueves, 14 de diciembre del 2017
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La efervescencia del mercado de telecomunicaciones español ha explotado definitivamente en octubre, según los datos publicados el 11 de diciembre por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencian (CNMC), el regulador del sector teleco. Los clientes que cambiaron de operador móvil sin cambiar de número -la portabilidad- marcaron un hito al llegar a 612.394 líneas, la tercera cifra más alta de la historia, y un 28,3% más que el mismo mes de 2016.

Sólo en otras dos ocasiones se había superado la cifra mágica de 600.000 líneas portadas de telefonía móvil en un mes: en enero de 2013, cuando cambiaron de operador 633.616 clientes y en enero de 2014, cuando lo hicieron 674.720 líneas.

Fijas y móviles. Al mismo tiempo, también se ha disparado la portabilidad en redes fijas, y aunque la CNMC no proporciona estadísticas históricas de este mercado, si explica que es el más alto del último ejercicio, y que supone un 46% más que las 139.600 líneas fijas que cambiaron de operador en octubre de 2016. (A todo esto, no estaría de más que la CNMC ofreciera también datos mes a mes de la portabilidad fija. En un mercado convergente en el que las líneas fijas están ya ligadas a las móviles y viceversa, dar las líneas móviles es ofrecer sólo una parte de la realidad)

Este dato es también muy importante, porque da medida del calentamiento del mercado de la convergencia, en la que los clientes reciben el servicio integrado de fijo y móvil e incluso de TV, de forma que el cambio a otro operador supone, en muchas ocasiones, el cambio de todo el consumo de telecomunicaciones y TV de pago del hogar.

La última ocasión en que la portabilidad móvil había superado las 600.000 líneas mensuales fue, por tanto, justo antes del inicio del proceso de consolidación del mercado español, en el que Vodafone cerró un acuerdo para comprar Ono por 7.200 millones de euros (marzo de 2014) que se cerró en julio de ese año.

El objetivo de la convergencia. Es decir, la efervescencia del mercado español de 2014 fue uno de los factores que llevaron a la industria en su conjunto a abordar una consolidación en la que uno de los objetivos principales era el enfriamiento del nivel de competencia en el mercado.

El coste del churn. Hay que tener en cuenta que cuando el mercado se recalienta, y muchos clientes están cambiando de proveedor, pasando de un operador a otro, las compañías que prestan sus servicios se resienten en sus cuentas de resultados. El churn, es decir, las bajas que tiene un operador en su cartera de clientes, le sale bastante caro a la industria, porque sólo el hecho de cambiar de proveedor tiene un alto coste de administración por parte del operador que pierde al cliente, y de administración y de provisión por parte del que lo gana. Y a eso hay que sumar los descuentos asociados a la nueva alta, más las comisiones que recibe el punto de venta que lo haya vendido y las subvenciones a los dispositivos que se entreguen en la operación. El hecho de que se hayan reducido drásticamente las subvenciones no significan que hayan desaparecido por completo.

En definitiva, que el calentamiento del mercado, con muchos clientes pasando de uno a otro proveedor, no es un buen negocio para el conjunto de la industria. Y eso los tres grandes lo saben. Es más rentable un mercado más estable en el que los clientes se muevan poco y en el que no haya una parte importante de clientes con tarifas rebajadas y promocionadas.

Por eso, las condiciones que se daban en enero de 2014, con una portabilidad disparada, fueron un acicate a favor de iniciar el proceso de  consolidación.

Este proceso se inició con la compra de Ono y continuó con la de Digital+ por parte de Telefónica, que finalizó en junio de 2014, y que le costó, en varias fases, 1.500 millones de euros. Posteriormente, en septiembre de 2014, Orange cerró su acuerdo para adquirir Jazztel por 3.400 millones, aunque fue autorizado casi un año después por Bruselas. En definitiva, se desencadenó un proceso en el que los tres grandes grupos desembolsaron 12.100 millones de euros, que llegarían a los 14.000 millones si se suman las compras de la gallega R y Telecable por Euskaltel y las de Pepephone y Yoigo por MásMovil.

La consolidación se inició por parte de Vodafone y Orange para reforzar sus patas de banda ancha fija y poder competir con Movistar Fusión de Telefónica -el primer producto serio que ofrecía fijo y móvil conjuntamente-, y para enfriar el mercado, que desde 2012, había alcanzado niveles de competencia y de guerras de precios difícilmente soportable por las operadoras.

La quiebra de la tendencia en 2016. A partir de ese momento, en el resto de 2014, todo 2015 y el primer tercio de 2016, el objetivo de enfriamiento del mercado se consiguió y  la portabilidad se mantuvo en un descenso continuo, de forma que en todos los meses los volúmenes de intercambio de líneas estaban por debajo de los experimentados un ejercicio antes. Pero a partir de abril del año pasado, la tendencia a la baja se quebró, como explicamos aqui. Y a partir de 2017, el mercado se ha vuelto a calentar claramente.

 

Como se aprecia en la tabla, el crecimiento de las portabilidades móviles durante 2017 se han mantenido en general por encima del 10% mensual (con la única excepción de abril) pero se ha disparado en octubre, rozando ya el 30% de crecimiento interanual.

El low cost. Las razones para ello son variadas, pero los expertos citan principalmente la llegada de las ofertas de bajo coste al negocio de la convergencia, primero con el desembarco de MásMóvil y a partir de enero de 2017 con la llegada a la convergencia de la marca más potente del grupo MásMóvil (Yoigo). Ese desembarco fue seguido por la respuesta de los tres grandes, que han utilizado para ello sus respectivas marcas de low cost, en un intento de no contaminar sus marcas premium, unas marcas convergentes (Movistar Fusión, Orange Love y Vodafone One) a las que han estado llevando en los dos últimos años hacia arriba en precios, productos y contenidos. No hay más que ver que Telefónica ha pasado de un arpu (ingreso medio mensual) de Movistar Fusión de 69,3 euros en diciembre de 2014, justo antes del inicio de las subidas de precio, a uno de 87,6 euros al mes, en el tercer trimestre de 2017, es decir, 18,3 euros más al mes o un 26% de incremento en algo menos de tres años.

Por tanto, la reacción al desembarco y al éxito en el mercado del grupo MásMóvil, se ha traducido en la entrada, tímida hasta ahora -sus casas matrices no les inyectan mucho recursos-, de los productos de low cost de los tres grandes. Así, primero llegó Lowi (Vodafone) al mercado de la convergencia, el pasado mes de mayo. Luego desembarcó Amena (Orange), en junio y, finalmente, aterrizó Tuenti (Movistar) a finales de noviembre. Aquí el problema es que los tres grandes no quieren hacer demasiado ruido con sus marcas baratas para no canibalizar su base de clientes de marcas caras.

La guerra de precios sotto voce. Pero la actividad de las marcas de bajo coste no explica del todo el crecimiento del volumen de clientes que cambian de operador en los últimos meses. La subida paulatina de coste -aunque sea a base de ofrecer mejoras en el producto- también ha colmado la paciencia de muchos, que están empezando a pasarse al low cost, al considerar que no son necesarias, ni tanta velocidad, ni tanta simetría ni tantos contenidos.

Pero del calentamiento global del mercado también son responsables las propias marcas premium, que en un movimiento paradójico han desenterrado el hacha de guerra y están lanzando, especialmente en el caso de Vodafone, que ha sido respondido por Movistar, promociones privadas -que se ofrecen exclusivamente por teléfono- con descuentos muy agresivos como una rebaja del 50% sobre el precio total durante un año.

Publicado en Telefonía móvil

Televisa, que comanda Emilio Azcárraga, ofreció paquetes que incluyeron televisión por internet para la final regia del futbol mexicano, en la cual los Tigres se impusieron al Monterrey. Si se contrataba un paquete por un spot de 20 segundos en los partidos de ida y vuelta, la tarifa fue de 340 mil pesos por TV abierta e internet en el primer juego, y de 360 mil pesos en el segundo, pero incluyendo también la difusión del anuncio por Foro TV. Sin embargo, nos comentan que Televisa no se arriesgó y también ofreció oportunidades por partidos individuales a sus anunciantes, con costo de 400 mil pesos por spot de 20 segundos. En el partido de ida incluía la difusión por televisión abierta e internet, y en el de vuelta se agregaba la transmisión por Foro TV. Además, si sólo había interés en anunciarse en TV abierta, en cualquiera de los encuentros, la tarifa fue de 394 mil 300 pesos, mientras que un spot en Foro TV sólo para el segundo juego costó 120 mil pesos. Ahora que, si a los anunciantes les interesaba únicamente contratar espacios para internet, el costo por partido fue de 17 mil 720 pesos.

 

Publicado en Televisión
Martes, 12 Diciembre 2017 09:17

Economía digital y regulación

En el foro organizado por la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, hace algunos días, se debatió la eficiencia en el mercado de las telecomunicaciones. Como es habitual, la discusión abordó el tema de la economía digital, toda vez que se considera que las telecomunicaciones son un elemento transversal para el desarrollo de la misma.

Actualmente estamos enfrentando el resultado de las políticas públicas que se adoptaron hace varios años en nuestros países. Hace varias décadas los Estados, más o menos en consenso, vienen concentrando sus esfuerzos por propender por la globalización, primero, a través de varios tratados internacionales para determinar los principios de derechos que los guían en varios aspectos y, luego, a partir de la implementación del neoliberalismo y la apertura económica, para integrar los países al buscar nivelarlos económicamente. 

Sin embargo, es evidente que ninguno de estos esfuerzos, jurídicos o económicos, habían logrado generar un campo de participación de los agentes de mercado nivelado, como lo logró el avance tecnológico. En efecto, el internet (bajo cualquiera de sus acepciones) es de naturaleza abierta, partiendo, por supuesto, de su arquitectura de red.
Esta característica ha permitido que las ideas, como factor de producción tengan un peso preponderante que nunca habían tenido. 

Las herramientas de análisis de las ciencias sociales que hemos adoptado (entre ellas el principio de la libre competencia) han logrado de alguna forma su finalidad, y es que indudablemente estamos más interconectados que en otra época de la humanidad. Ante una nueva realidad, ha llegado la hora de revisar los presupuestos con base en los cuales formamos ese ‘deber ser’ en cada ámbito. Esto incluye, preguntarnos si en el futuro las relaciones continuarán realizándose entre los sujetos y el Estado-Nación, o podremos ver un resurgimiento de las ciudades-Estado, como elementos de poder que tienden a solucionar mejor las necesidades de los individuos. 

El foro fue un espacio de reflexión, y más allá de las posiciones en pro de regular o desregular los mercados de telecomunicaciones, fue evidente que el Estado también está en un proceso de transformación y en esa medida, también debe innovar en su estructura y forma de actuar. Por ello, la pregunta subyacente fue: ¿cuál es el rol del Estado en el contexto que estamos enfrentando?

Sin duda, hechos destacados durante el foro por Jorge Negrete, como que Colombia es líder en América Latina con el internet móvil más asequible y el hecho que DNP ya está trabajando en temas como ciudades inteligentes, nos indica que la experiencia colombiana no ha sido negativa y, por el contrario, refleja cierto liderazgo en la región. 
Sin embargo, Roslyn Latyon planteó la necesidad de determinar la finalidad del gobierno con los proyectos de regulación que se están discutiendo.

La intervención del Estado en la economía siempre busca garantizar un derecho. En materia de las comisiones de regulación, se busca garantizar y materializar los derechos fundamentales de los ciudadanos consistentes en el acceso a servicios básicos, en desarrollo de los principios del Estado Social de Derecho plasmado en nuestra Constitución. 

Bajo el contexto de una sociedad de la información y una economía digital, la pregunta es: ¿cuál es el derecho que queremos y debemos garantizar?

Los modelos de negocio innovadores están cuestionando al menos dos elementos del Estado-Nación: territorio e intermediación. El territorio viene de vieja data y corresponde al debate sobre el lugar donde prestan sus servicios varias empresas tecnológicas. El segundo, a partir de la tecnología blockchain promete brindar mayor seguridad en las transacciones a partir de un registro descentralizado. Ambos, nos obligan a revaluar los fundamentos del Estado-Nación como elemento central de varias relaciones entre los agentes económicos. 

En esa medida, nos corresponde a la academia, gobierno y sector privado iniciar un debate sobre cómo deben ser nuestras metas, determinar ese end-game que perseguimos, para poder llegar a un concenso en la forma como queremos materializarlo y las herramientas que consideramos más apropiadas para ello.

Víctor Ayalde Lemos

*Miembro del Centro de Estudios de Derecho del Entrentenimiento, Tecnología e Información (Centi9, Universidad Javeriana.

Publicado en Regulación

En un contexto electoral y con serias preocupaciones sobre la iniciativa gubernamental para una aprobación de la Ley de Seguridad Interior que ha unificado voces en su contra de los más diversos sectores de la sociedad nacional y de la comunidad internacional, menos relevancia han tenido algunos acontecimientos en la agenda del sector de radiodifusión y telecomunicaciones que preparan también escenarios altamente regresivos.

 

Uno de ellos es la remoción del magistrado Jean Claude Tron Petit de los tribunales especializados en Radiodifusión, Telecomunicaciones y Competencia Económica por parte del Consejo de la Judicatura Federal para regresarlo a su tribunal administrativo de origen.

 

Para quienes seguimos de cerca lo que acontece en el sector fue una muy mala noticia, ya que ha sido un juzgador probo y honesto, pero sobre todo porque el sentido de sus votos y sentencias tienen claramente una perspectiva progresiva en materia de derechos humanos aplicada a temas altamente técnicos o económicos. Como lo han consignado la semana pasada otros colegas como Irene Levy, Clara Luz Álvarez y Gabriel Sosa Plata, además ha tenido en sus manos la resolución de temas álgidos que tocan poderosos intereses de los regulados, el último de ellos fue ordenar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la reposición del proceso para determinar si Televisa tenía poder sustancial de mercado en la televisión de paga, lo que obligó a ese Pleno a revocar su decisión inicial y finalmente establecer que esa empresa sí tiene poder sustancial de mercado por lo que debería de imponerle una regulación asimétrica para que no aproveche su posición en detrimento de la competencia y por ende de los usuarios de ese servicio. Han pasado nueve meses sin que hasta el momento haya dado a conocer las medidas específicas para tal efecto.

 

Ninguna explicación ha dado el poder judicial ante la remoción del magistrado Tron Petit, esta opacidad junto con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer el amparo interpuesto por Televisa para atacar la última decisión del IFT de su poder sustancial en la TV de paga, genera más sospechas, pues los tribunales especializados en Radiodifusión, Telecomunicaciones y Competencia Económica  estaban más que capacitados para resolver el tema, por lo que no se suponía que la Corte tuviera que inmiscuirse.

 


 

¿El poder judicial está cediendo a las presiones de la Televisora?

 


 

Ojalá que no, pues hasta ahora su papel en estos temas ha sido plausible, por lo que espero equivocarme rotundamente.

 

Otro hecho relevante que también genera mucha preocupación es lo que refiere a los derechos de las audiencias, que vive otro capítulo de obstáculos y sospechas de presiones indebidas a otro de los poderes del Estado, en este caso el Senado de la República.

 

Los senadores que se "arrepintieron"

 

 

 

El jueves 7 de diciembre por la noche nos enteramos que seis senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Fernando Herrera Ávila, Sonia Mendoza Díaz, Silvia Guadalupe Garza Galván, Francisco Salvador López Brito, María del Pilar Ortega Martínez y Rosa Adriana Díaz, tenían toda la intención de acudir a la SCJN para confirmar su "desistimiento" de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 47 senadores en contra de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que derogan de un plumazo los derechos de las audiencias, misma que ellos habían avalado con su firma, sin ellas el número se reduciría a 41 senadores con lo cual quedaría sin efecto la acción interpuesta.

 

De acuerdo al Artículo 20, fracción I, de Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del articulo 105 de la Constitución determina que no puede haber desistimiento en acciones de inconstitucionalidad cuando se refiere a leyes generales, por lo que resultaba extraño que la corte les hubiera impuesto su presencia para la ratificación de su desistimiento.

 

Nos explican los abogados litigantes de la causa, que esa fue la salida de la corte porque esos senadores entregaron su escrito de desistimiento el 29 de noviembre, es decir un día antes de que expirara el plazo para combatir la norma impugnada, por lo que era una circunstancia inédita que no está contemplada en el reglamento.

 

De manera tramposa y en sigilo, estos legisladores entregaron un escrito de desistimiento un día después de que se entregara la acción en la corte por parte del resto de sus compañeros, dándole la espalda a ellos y al resto de la sociedad porque con ello impiden que se haga el debido control constitucional para determinar si los cambios cumplen con los preceptos constitucionales de garantías para la ciudadanía, ¿a que le tienen miedo estos senadores para que eso suceda? ¿Qué les es más importante que la revisión del interés general cuando su obligación es preservarlo como senadores? ¿Quiénes les presionaron y por qué cedieron a esa presión? ¿Para quiénes realmente trabajan?

 

Muchas explicaciones públicas nos deben estos personajes sobre su actuar opaco. Explicaciones también nos debe el líder del PAN, Ricardo Anaya, ante el súbito arrepentimiento de sus correligionarios, quien ha guardado silencio ante los reclamos en redes respecto de esta situación.

 

Tendremos que aguardar hasta el último minuto de este miércoles, tiempo que les dio la corte para reafirmar personalmente su desistimiento, para saber si finalmente Fernando Herrera Ávila, Sonia Mendoza Díaz, Silvia Guadalupe Garza Galván, Francisco Salvador López Brito, María del Pilar Ortega Martínez y Rosa Adriana Díaz, permitirán que el poder judicial haga su trabajo para fallar si nos han quitado nuestros derechos como audiencias o si serán cómplices con aquellos intereses que prefieren atropellar los derechos de millones para sus ganancias personales.

 

El senador Ernesto Ruffo Appel, promotor de la acción al interior de la cámara alta y quien consiguiera las firmas que representan un tercio de los legisladores, está trabajando para que en caso de que los arrepentidos retiren su firma, puedan aceptarse otras firmas de senadores que respaldan la acción legal de revisión de los cambios en la ley.

 

Veremos si la corte lo acepta. Así que la situación esta de pronóstico reservado.

 

IFT ¿regulador capturado?

 

 

 

Entrada la tarde de este lunes 11 de diciembre, nos enteramos que la mayoría del Pleno del IFT decidió no interponer una controversia constitucional ante la SCJN para defender su facultades para garantizar los derechos de las audiencias, de nueva cuenta solas quedaron en esta batalla las comisionadas Adriana Labardini y María Elena Estavillo y el comisionado Adolfo Cuevas Teja, pésima noticia para la institucionalidad del país. A ese pleno le faltó altura de miras, como bien dijo el periodista Adrián Arias el IFT si interpone controversia  pero para ocultar información sobre reuniones con regulados vs INAI, pero no para defender nuestros derechos.

 

Estamos nuevamente ante un regulador capturado que pretende quedar bien con el Ejecutivo, una parte del Congreso que está aliado con los regulados.

 

Más valentía mostraron los senadores que promovieron la Acción de inconstitucionalidad, en balde los esfuerzos de muchos para tener un regulador independiente y fuerte frente a las poderosas industrias del sector. Los comisionados que votaron en contra nos deben una explicación amplia y pública, pues no se les debe olvidar que somos la ciudadanía quienes les pagamos y a quienes se deben, no a sus fútiles intereses.

 

Ahora sí que con ellos ni la Virgen de Guadalupe nos hizo el milagro.

 

Publicado en Organismos
Martes, 12 Diciembre 2017 08:50

Los nuevos empresarios de la radio

¿Quiénes son los nuevos jugadores de la industria radiofónica? La semana pasada presentamos un adelanto y dijimos que desafortunadamente no teníamos información de quién o quiénes están detrás de diversas personas morales (empresas) ganadoras de la licitación de frecuencias a la que convocó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El miércoles 6 de diciembre, al día siguiente de mi colaboración, el órgano regulador publicó el listado de la composición accionaria de cada una de las empresas ganadoras. Un gran logro en materia de transparencia, que debe reconocerse.

Ahora ya sabemos que detrás de una de las empresas que se llevó la cantidad más alta de emisoras, Escápate al Paraíso, S.A. de C.V., están como accionistas Erika Fernández Goya y Pablo Gutiérrez Fernández.

Erika es esposa de José Gabriel Gutiérrez Lavín y Pablo es el hijo de dicha pareja. Esta empresa está ligada a otra importante ganadora, Centrado Corporativo, que tienen como accionistas a Nerea Rodríguez Cervantes, esposa de Pablo Gutiérrez, y a Ramón Miguel Esquivel Huerta, quien trabaja en la Notaría No. 53.

Escápate al Paraíso y Centradio Corporativo forman parte del Grupo Acustik Media, el cual tiene como accionistas a Erika Fernández, Pablo Gutiérrez, Rafael Manuel Obregón Carrera y Edgar Ernesto Hendricks Rubio. Este último, hijo del exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz. La hermana de Edgar Ernesto, Leslie, es diputada local del PRI y ex Rectora de la Universidad Tecnológica de Cancún.

En una nota publicada en el portal de Grupo Acustik Media se destaca que la firma recibió 32 títulos de concesión de frecuencias “con lo cual se crea uno de más fuertes corporativos de medios a nivel nacional” con presencia en 11 capitales.

Sobre el nuevo proyecto radiofónico, el presidente del corporativo, José Gabriel Gutiérrez, dijo que no ofrecerán la misma oferta que ya hay. “Lo que nosotros no estamos de acuerdo -detalló- es en los formatos clásicos, formatos muy cuadrados, formatos que no han cambiado en años; tenemos nuestra nueva visión de cómo dar un muy buen servicio y sobre todo muy buena información; nuestro formato será muy claro, muy conciso, y muy objetivo sobre todo”.

Adelantó que el grupo contará con un noticiero matutino a nivel nacional, cuya información se generará en las ciudades del interior de la República y no de forma central, como ha sido siempre. “Ahora, nosotros vamos a nutrir al centro”, puntualizó. Por lo pronto, QFM 104.3 y Acustik 95.3 son dos de los conceptos que están desarrollando.

José Gabriel Gutiérrez hizo su carrera en el sector de las telecomunicaciones. Fue director general de Quantum, proveedora de un servicio de televisión de paga exclusivo para hoteles y lugares de alojamiento turístico en el Caribe Mexicano, en alianza con Columbus Network. También preside Multimedia de Tulum (M2T), una red pública de telecomunicaciones que presta servicios de triple play (voz, video y datos), en participación con Cable &Wireless Networks (C&N). Ambas empresas invirtieron el año pasado 2.5 millones de dólares para lanzar el primer hotel digital del país y América Latina, el Akumal Bay, en Quintana Roo, con 446 habitaciones. El hotel tiene acceso a “un ancho de banda ilimitado y suficiente para prestar servicios de televisión digital, llamadas de voz sobre IP (VOIP), Netflix en todas las habitaciones y televisión de circuito cerrado, tabletas, entre otros aparatos” (El Financiero, 6 de mayo 2016).

El pasado mes octubre, Gutiérrez Lavín asumió la presidencia del legendario equipo de futbol Atlante, que juega en la Liga de Ascenso MX.

 

UNA MAGISTRADA Y UNA NOTARIA

También de Quintana Roo es Corpulenta Operadora, S.A. de C.V. Ganó dos frecuencias, una en el municipio de José Manuel Morelos, por la que pagó sólo 37 mil pesos, y la otra en Mahahual, que fue muy cotizada, ya que desembolsó 4 millones 626 mil de pesos. La empresa tiene a dos accionistas: Lizbeth Loy Song Escalada y su hija Lizbeth Loy Gamboa Song.

Song Escalada es abogada y tuvo una amplia carrera de más de 30 años en el Poder Judicial de Quintana Roo hasta que llegó a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la entidad. Una nota publicada por Novedades de Quinta Roo (5 de febrero de 2017) detalla que Song Escalada ingresó al Tribunal en enero de 1983 y se retiró en mayo de 2013, pero tanto ella como el resto de los exmagistrados reciben una pensión vitalicia. Tan solo en el 2016 recibió una pensión de casi 764 mil pesos.

Su hija, Gamboa Song, ha hecho su carrera como funcionaria pública y en la política dentro del PRI. Durante el gobierno de Roberto Borge (2011-2016) fue directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM). Fue diputada federal del PRI de 2012 a 2015.

Por otra parte, en Jalisco, Graciela González del Villar ganó una de tres frecuencias concesionadas en la entidad, la 95.3 de FM, ubicada en Encarnación de Díaz. Pagó 12 millones 200 mil pesos, luego de una intensa puja, que tuvo un valor mínimo de referencia de sólo 44 mil pesos. La nueva empresaria de la radio es titular de la Notaría Pública No. 32 de Aguascalientes.

TELESUR MEXICANA

Media Sur, S.A. de C.V. obtuvo cuatro frecuencias de FM en Campeche. Los accionistas de la empresa son Mauricio Castillo Illescas y su hijo Jorge Manuel Castillo López. Castillo Illescas se encuentra entre las 30 personas más influyentes de Campeche, de acuerdo con publicaciones de la entidad. Es director general de Telesur, uno de los canales de televisión de paga más influyentes del sureste del país, y de los diarios El Expreso y La Opinión, este último de distribución gratuita. En algún momento, fue socio de Carlos Mouriño Atanes, padre de Juan Camilo Mouriño, exsecretario de Gobernación.

MÁS DE DIPUTADOS

Los Ojos del Cielo, S. de R.L. de C.V. se quedó con la frecuencia 104.9 MHz de FM, que prestará el servicio en las comunidades de San Sebastian Tecomaxtlahuaca, Santiago Juxtlahuaca, San Mateo Tunuchi y Silacayoapan, Oaxaca. No fue una plaza muy competida. Los accionistas de la empresa ofrecieron sólo tres mil pesos más del valor mínimo de referencia, que fue de 30 mil pesos. La nueva estación será propiedad de la familia Vera, dedicada a la industria de la curtiduría. Uno de los accionistas, José Guadalupe Vera Hernández, además de ser director de Curtidos Vera S.A. de C.V. y de Corporación Vera Pelle de México S.A. de C.V., ha hecho carrera en la política, en el PAN. Fue regidor del municipio de León, diputado local del Congreso de Guanajuato de 2006 a 2009 y diputado federal de 2009 a 2012.

También ligadas a la política son las accionistas de Enza Telecom, S.A. de C.V.: Nancy Ivonne Enríquez Guillén, abogada, exsecretaria particular de la presidenta municipal de Huajuapan de León, Martha Elsa García Manzanares, en el periodo 2009-2011, e Ivet Zárate Herrera, presidenta de la Fundación Viva Oaxaca y consejera nacional de Movimiento Ciudadano. Zárate Herrera está casada con Fidel López González, exregidor de Vialidad de Huajuapan de León y excandidato a la presidencia municipal de la misma organización política, Movimiento Ciudadano. Enza Telecom ganó dos frecuencias en Oaxaca: una en Salina Cruz y la otra en Huajuapan de León, por las cuales ofrecieron 233 mil pesos y un millón 668 mil pesos, respectivamente.

 

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