Miercoles, 18 de octubre del 2017
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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó siete bloques de espectro en la banda 440-450 MHz.

Estos servirán para prestar servicios de provisión de capacidad para sistemas de radiocomunicación privada.

El regulador reveló que en la primera fase de licitación recibieron ofertas para tres bloques nacionales, así como para cuatro bloques regionales, de los que obtuvo 1 millón 773 mil 500 pesos en total.

"De conformidad con las bases de licitación correspondientes, la fase primaria contemplaba una ronda inicial y, si fuese necesario, una o más rondas subsecuentes. Toda vez que sólo se confirmó una oferta para cada uno de los siete bloques en juego, esta fase concluyó al término de la ronda inicial", explicó el IFT en un comunicado.

Asimismo, detalló que a partir del 19 de octubre inicia la fase secundaria del concurso, en donde cuatro de los cinco participantes podrán presentar ofertas por los catorce bloques regionales no asignados en la fase primaria.

Aclaró que se respetará el límite de acumulación de espectro previsto en las bases para la fase secundaria.

Hasta el momento, las empresas ganadoras son Concesionaria Comseg con dos bloques nacionales; Sistemas y Servicios de Comunicación con un bloque nacional; SAE & GD Servicios Corporativos con dos bloques regionales; Digytec con un bloque regional, y Car Sport Racing con un bloque regional.

 

 

 

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Los ingresos del mercado español de las telecomunicaciones crecerán en torno a un 2-3 % en los dos próximos años, según la agencia de calificación de riesgo Standard & Poors (S&P), que no descarta que operadores más pequeños, como MásMóvil, puedan presionar a la baja los precios.

"Esperamos un comportamiento racional por parte de los grandes operadores, pero dado los precios relativamente altos del mercado español no descartamos el riesgo de presiones en los precios, especialmente si los actores más pequeños se vuelven más agresivos", asegura S&P en un informe hecho público hoy.

 

En este sentido, la agencia ha destacado concretamente cómo MásMóvil "está forzando a otros actores a revisar sus ofertas móviles de bajo coste".

 

El crecimiento en los ingresos previsto para los próximos dos años se basa, según S&P, en el "alto grado de convergencia" de los operadores presentes en España y de la inversión en fibra ya conseguida, que traerá consigo un nivel de inversión menor comparado con lo requerido en muchos otros países europeos.

 

Telefónica se mantiene como el operador con mayor cobertura en fibra del mercado, por lo que la agencia prevé requisitos de inversión más bajos comparado con otros actores similares europeos.

 

El acuerdo alcanzado por Vodafone para acceder a la fibra de Telefónica limitará probablemente sus inversiones también, según S&P, que prevé que Orange mantendrá su inversión en fibra propia y destinará aproximadamente el 20 % de sus ingresos a inversiones.

 

La agencia crediticia destaca el gran despliegue de fibra en España, con una cobertura del 63 % de los hogares en 2016, lo que se debe, según S&P, a unas condiciones más favorables y una mano de obra más barata, lo que hace que las inversiones en fibra por hogar sean menos caras que en otros mercados de Europa occidental.

 

En el informe, en el que se analiza la situación del sector de las telecomunicaciones en los cinco principales países europeos, se ha destacado el creciente número de suscriptores de televisión de pago en España.

 

La penetración de la televisión de pago ha crecido de casi el 27 % en junio de 2016, un 10 % más que el año anterior, según S&P, que estima que en 2017 será de un 40 % aproximadamente.

 

En cuanto al sector europeo en general, S&P destaca que Europa tiene un mercado de las telecomunicaciones "altamente fragmentado", por lo que el precio, la competencia, las infraestructuras y las necesidades de gasto de capital "varían ampliamente".

 

Para los próximos dos años, la agencia prevé que el crecimiento de los ingresos de las principales operadoras de telecomunicaciones se sitúe entre plano o en el rango inferior de un dígito.

 

Tras destacar que "aún es difícil" cuantificar la magnitud de impacto del brexit, S&P cree en general que creará "un freno" en el sector británico de las telecomunicaciones.

 

"Hemos visto ya caídas de los ingresos de los clientes del sector público y, aunque el segmento de consumo minorista no debería verse considerablemente afectado, vemos riesgos procedentes de los clientes comerciales si algunos empresas se trasladan y otras reducen sus inversiones", añade.

 

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os principales operadores de telecomunicaciones prevén declararse insumisos ante el próximo requerimiento del pago de la Tasa General de Operadores. Dicha carga no podrá exceder el 1,5 por mil de los ingresos brutos de explotación de los casi 3.000 operadores registrados en España. En 2013, esta tasa se cifró en 15 millones de euros, según indican fuentes del sector.

La última vez que los operadores fueron requeridos para liquidar esta carga fue el pasado diciembre de 2016, cuando la CNMC reclamó un pago que finalmente no fue satisfecho. Ante las lagunas que históricamente ofrece esta tasa, el Gobierno ha decidido revisar profundamente la metodología, según apuntan las mismas fuentes.

La actitud prevista por las telecos no sorprenderá a la CNMC ni tampoco al Gobierno. De hecho, los operadores ya han dejado claras sus intenciones de no satisfacer ese tributo y de recurrir en las instancias que sean necesarias.

El principal motivo esgrimido por las telecos para su insumisión fiscal guarda relación con la ausencia de motivos que justifiquen dicho pago. Inicialmente, algunas telecos eludieron la tasa y depositaron el importe reclamado en avales bancarios.

La historia se repite

Tras lograr el respaldo del Tribunal de Justicia Europeo, los principales operadores dieron la batalla por ganada. Sin embargo, el Gobierno persiste en satisfacer dicho pago y, a finales del año pasado, ya tramitó -a través de la CNMC - el correspondiente recibo por la tasa de operadores correspondiente al año 2013, sin que las telecos mostraran intención de pagar. Y la misma historia se repetirá previsiblemente a finales de diciembre: el regulador presumiblemente enviará la tasa a los operadores y estos volverán a no darse por aludidos.

Diversas sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional han anulado liquidaciones de la referida tasa, ya que el importe demandado superaba con creces los costes incurrimos por el regulador. Lo mismo ocurrió con el Tribunal de Cuentas, que en su informe sobre la desaparecida Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ya precisó que los operadores tributaron más de lo debido, entre 2007 y 2011, en concepto de la Tasa General de Operadores.

Este órgano fiscalizador señaló que los ingresos demandados "eran muy superiores al importe de los costes totales de su actividad, incumpliéndose el principio de equivalencia". Mientras que la antigua CMT se financiaba en un 80% con la tasa de operadores, los ingresos de la CNMC proceden de los Presupuestos Generales del Estado.

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a Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) ha comunicado hoy que un total de 14 operadoras deberán contribuir al Fondo Nacional del Servicio Universal para el ejercicio de 2014, que se eleva a 18,7 millones de euros. La cifra es un 4% inferior a la registrada en 2013, cuando ascendió a 19,5 millones. Lejos quedan las cifras registradas hace una década, cuando superaban los 70 millones de euros.

De las cifras establecidas para 2014, Telefónica deberá contribuir con 10,39 millones de euros, un 55,4% del total.

A su vez, la aportación de Vodafone será de 4,01 millones de euros, por 3,28 millones de Orange. Ambas incorporan a Ono y Jazztel, respectivamente. Xfera Móviles, matriz de Yoigo y actualmente propiedad de MásMóvil, deberá abonar 324.505 euros.

El resto de compañías incluidas por la CNMC en la financiación del servicio universal son BT, Euskaltel (junto con R Cable y Telecable), Retevisión (Cellnex), Colt Telecom y Lycamobile.

En un comunicado, la CNMC señala que ha tenido en cuenta el volumen de ingresos de comunicaciones electrónicas de los operadores durante el ejercicio de 2014.

El regulador recuerda que para el periodo de vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones de 2003, la contribución ha recaído en los cuatro operadores principales Telefónica, Telefónica Móviles, Vodafone y Orange, puesto que la CNMC podía “exonerar a determinados operadores de la obligación de contribuir a la financiación del servicio universal cuando su volumen de negocios a escala nacional se sitúe por debajo de un umbral preestablecido por ella. “A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones de 2014, se establece que corresponde contribuir a aquellos operadores que obtengan por la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas unos ingresos brutos de explotación anuales superiores a 100 millones de euros”, ha señalado la CNMC.

 

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Bruselas abre un nuevo expediente a España: denuncia que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha analizado el mercado de telecomunicaciones en los últimos cinco años, a pesar de que la factura telefónica sube por el aumento del precio de los paquetes a cambio de más servicios. La CNMC —inmersa en una batalla con el Gobierno por sus competencias— lleva más de un lustro sin elaborar el informe, relevante para detectar fallos de competencia que redundan en perjuicio de los consumidores. Se trata del primer paso para abrir un procedimiento de infracción por ese asunto.

“El análisis de los mercados de telecomunicaciones es fundamental porque el sector evoluciona con rapidez y las reglas que existían hace cinco años pueden estar obsoletas ahora”, asegura el vicepresidente de la Comisión Europea, Andrus Ansip. Bruselas ha dado a la CNMC un plazo de dos meses para presentar el informe tras “incumplir sus obligaciones”, según una carta de emplazamiento fechada el pasado 4 de octubre que supone el primer paso para abrir un procedimiento de infracción.

La CNMC alega que en los últimos tiempos se ha centrado en analizar la neutralidad de las redes —el principal caballo de batalla en el sector, para evitar que los proveedores de servicios de internet y los Gobiernos traten de forma distinta el tráfico en la web—, y en garantizar la apertura a la fibra de Telefónica a otras empresas. “Ese análisis es preceptivo y estará en Bruselas en menos de dos meses”, aseguran las fuentes consultadas en Competencia.

El informe debía enviarse cada tres años a la Comisión, pero la nueva normativa —el Código de Comunicaciones Electrónicas Europeas, aprobado por el brazo Ejecutivo de la UE en 2016— permite hacerlo cada cinco. La CNMC envió su último análisis allá por marzo de 2012. Pero España no es el único país moroso: Bruselas también amenaza con la apertura del procedimiento de infracción a Bélgica, Hungría, Irlanda, Polonia, Rumania y Eslovenia.

El revés de Bruselas llega en medio de una batalla entre el Ministerio de Energía y la CNMC por las competencias del regulador. La CNMC lleva meses denunciando que el Gobierno quiere vaciar de contenido el organismo; el Ejecutivo alega que, como demuestra el expediente de la Comisión, la CNMC no hace un uso adecuado de sus competencias. El trasfondo de ese conflicto es otro expediente de Bruselas: la Comisión Europea abrió hace meses un procedimiento de infracción a España por impedir a la CNMC que fije las tarifas de la energía, como sucede en toda Europa y obliga la normativa europea. El ministro Álvaro Nadal se niega en redondo a ceder esa prerrogativa, pese a las presiones de la UE. Incluso ha llegado a sugerir, en un documento oficial, que España “está preocupada por la progresiva transferencia de competencias a instituciones no democráticas” —las agencias que velan por la competencia, pero también el BCE entran dentro de esa categoría—, en línea con lo que defienden partidos como Podemos.

España debe analizar el mercado mayorista de la telefonía fija, las tarifas de los móviles y el mercado de acceso de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil, según la documentación enviada a Madrid. Bruselas insta a la CNMC a que analice “si el mercado de telecomunicaciones es realmente competitivo y, en su caso, que imponga medidas para evitar que se abuse de un poder de mercado significativo”, según la carta que firma Ansip.

Saber si las tarifas de los distintos servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil, Internet, datos y televisión de pago) en España son caras o baratas respecto al resto de países de la UE es una tarea casi imposible. Tres de cada cuatro hogares (el 75,3%) contrata estos servicios en paquetes, y la CNMC no publica estadísticas sobre los precios de los mismos y el desglose correspondiente.

Subidas de precios

A finales de 2016, el consumo medio de los hogares españoles en servicios de telecomunicaciones ascendió a 69,2 euros al mes (IVA incluido), 4,7 euros más respecto a un año antes, según el informe La Sociedad en Red 2016, que ha elaborado el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) del Ministerio de Industria, y que fue presentado la pasada semana.

El gasto medio mensual por hogar en el servicio de telefonía móvil destaca por encima del resto con una cifra que asciende a 33,3 euros. Seguidamente se encuentran la TV de pago (20,9 euros), Internet (18,3 euros) y la telefonía fija (17,2 euros) con unas cifras similares.

El grado de concentración es muy elevado en el sector, tras las adquisiciones de Jazztel y Ono por Orange y Vodafone, respectivamente. Los tres grandes —Movistar, Orange y Vodafone— concentran más del 90% del mercado tanto de la telefonía móvil como de la banda ancha fija.

 

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