Viernes, 23 de junio del 2017
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Jueves, 22 Junio 2017 07:52

#Gobierno espía: denuncia y respuesta

El lunes de esta semana cuatro organizaciones sociales —Citizen Lab, Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social TIC— dieron a conocer el informe “Gobierno Espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México” y crearon el #GobiernoEspía; ese mismo día, el diario estadunidense The New York Times publicó un reportaje basado en ese informe. Según ambos documentos, el gobierno mexicano gastó alrededor de 80 millones de dólares para adquirir el malware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, y a través de él habría tratado de intervenir, de manera ilegal, los teléfonos móviles de periodistas y defensores de derechos humanos.

 

'Software' espía

 

De esos documentos es obligatorio leer el informe (https://articulo19.org/wp-content/uploads/2017/06/Reporte-Gobierno-Espi%CC%81a-Final.pdf); en él, aparte de la descripción pormenorizada de momentos y contextos en los que se habría tratado de “infectar” teléfonos móviles, hay elementos que hacen incontrovertible la posesión del mencionado software por parte del gobierno.

 

En la página 67 del documento se reproduce la respuesta que la Procuraduría General de la República (PGR) dio el 10 de octubre de 2016 a una solicitud de acceso a información pública en la cual se le pidió confirmara la adquisición de “cualquier software desarrollado por la firma NSO Group o alguna de sus filiales y/o subsidiarias”, la cantidad de dinero erogada para adquirirlo, la utilización del mismo, los nombres de los funcionarios involucrados en la firma de los contratos respectivos y la “versión pública” de éstos.

 

Información “reservada”

 

La respuesta fue que la Agencia de Investigación Criminal de la PGR “localizó la información solicitada”, pero está “clasificada como reservada” y “podría permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años”. Es decir, el gobierno sí adquirió software de NSO Group, pero “no puede revelar su uso”.

 

El tema de la adquisición de “software de espionaje” por parte del gobierno no es nuevo, se viene discutiendo desde hace al menos un lustro; en 2015, por ejemplo, se publicó la versión de que 16 gobiernos estatales y algunas agencias gubernamentales habrían gastado en conjunto más de 100 millones de pesos en los últimos cuatro años para adquirir el “software espía” conocido como Da Vinci a la empresa italiana Hacking Team. En esa oportunidad, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aceptó la adquisición del software, pero, dijo, “fue comprado en la administración pasada”.

 

Minimizar el golpe

 

Desde el punto de vista de la comunicación, la reciente denuncia contra el gobierno mexicano por el uso ilegal de “software espía” es interesante porque logró “salir de internet” y hacerse visible en todo el ecosistema de medios. Las anteriores denuncias prácticamente permanecieron en la red, fueron retomadas en algunos medios impresos, pero no llegaron con fuerza a la radio y la televisión, medios todavía importantes para dar mayor “visibilidad” a una noticia. En esta ocasión la denuncia llegó a la portada de The New York Times —es decir, ingresó al espacio informativo al que más teme el gobierno mexicano: la difusión internacional— y de ahí pasó a los medios mexicanos.

 

Precisamente por el tamaño del golpe el gobierno trató de minimizarlo: la respuesta inicial no estuvo a cargo de Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, sino de un funcionario de tercer nivel dentro de la jerarquía de la Coordinación de Comunicación Social, el director de Medios Internacionales, quien envió “al editor” de The New York Times una carta donde afirma que en el texto publicado “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje…”.

 

Percepción social

 

El martes, en Sinaloa, un funcionario de primer nivel, el secretario Osorio Chong, presionado por periodistas de ese estado, “rechazó” que el gobierno espíe a profesionales de la información o a defensores de derechos humanos.

 

Aparentemente los funcionarios de primera línea solo darán la cara si el problema crece. Quizá el gobierno pueda combatir ese crecimiento; lo que probablemente no podrá hacer es disminuir la percepción social de que el espionaje ilegal aumenta en el país. A ver qué dicen las encuestas que en tal sentido se hagan.

 

Publicado en Usos sociales
Jueves, 22 Junio 2017 06:33

Segunda Sala no tocó tarifa cero

El lunes próximo se cumplen cuatro años de la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión que ha ido cambiando paulatinamente la competitividad, competencia y estructura del sector. Justo por ello, los ojos de la industria están atentos a la serie de amparos que han llegado, después de cuatro o tres años, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Como le comenté el martes y para evitar confusiones, este miércoles se resolvieron dos amparos en la Segunda Sala, que preside el ministro Eduardo Medina Mora, justo los que no corresponden a la llamada “tarifa cero” y en los que, al menos en la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek, no se toca el tema de fondo que a todos preocupa y ocupa: la supremacía de la ley y las facultades concurrentes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que preside Gabriel Contreras.

El asunto votado ayer por mayoría fue sobre la constitucionalidad del artículo vigésimo transitorio, segundo párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR).

Deja sin efecto la interpretación del IFT del julio del 2015,  cuando definió que las tarifas resueltas en desacuerdos de interconexión entrarían en vigor a partir de la fecha en que fueran emitidas sus resoluciones.

En opinión de muchos, esta resolución le da certeza al sector, pues se determina que en el desacuerdo de 2015, la tarifa estaría vigente de enero a diciembre del siguiente año, por lo que los operadores tendrán que pagarle a Telcel la diferencia entre la tarifa más alta y la más baja correspondiente al periodo enero-junio.

Se comenta que uno de los que tendrá que pagar mucho dinero es Bestel, porque Telefónica y AT&T reservaron la contingencia legal. Hay que poner la lupa sobre el engrose de la sentencia que será liberada en los próximos cinco días.

En el caso de “la tarifa cero”, continúa tal y como se la expuse. El primer caso llegó originalmente a la segunda sala y lo resolvió en los términos de otros precedentes bajo la ponencia del ministro Pérez Dayán, pero un segundo caso que le fue asignado al ministro Javier Laynez, se decide la creación de una comisión de telecomunicaciones para revisar todos los casos a discusión del sector y al mismo tiempo, llega otro asunto a la primera sala (a pesar de no ser materia de ésta y por ende se observa en el medio como algo irregular), y la ponencia del ministro Pardo fue rechazada por mayoría y se le asigna al ministro Gutiérrez Ortiz Mena. 

Los tiempos no son seguros porque se ha incrementado la presencia y elevado el tono de empresas y autoridades y cuando esto ocurre, en la SCJN les encanta hacer “delay”.

El otro amparo que se resolvió ayer fue el de Telcel contra Profeco y su demanda de acción colectiva, pues la SCJN resuelve a favor de la empresa considerando el rango de caídas que admite el Plan Técnico Fundamental de 2.5 a 3%, que es el internacional y considera zonas como trenes, elevadores, zonas alejadas de núcleos de población, pero sobre todo, que el contrato con el cliente establece la obligación de reparación económica si en 72 horas no se restablece un servicio salvo que se trate de una catástrofe (huracán o terremoto, por ejemplo) y Profeco sustentó su demanda en la obligación de mantener el servicio los 364 días del año por 24 horas.

Hay más juicios de este tipo. Vienen uno de Telefónica, otro de Nextel y otro de Iusacell y, salvo el primero, todos incluyen la obligación de bonificar al usuario si el servicio se cae. La próxima semana se ve el de Telefónica y el proyecto, que es público, prevé que deberá diseñar un modelo para bonificar a sus clientes.

Publicado en Regulación
Miércoles, 21 Junio 2017 07:57

¿Licitación o subasta?

La histórica litación de radio llevada a cabo por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) terminó siendo cuestionada por el caso de Tecnoradio, que finalmente no pagó por las frecuencias ofertadas y a quién el IFT demandó penalmente por posible ocultamiento de información a la autoridad al no declarar su vínculo familiar con uno de los principales grupos radiofónicos en México que es Radiorama.

 

Así que lo que debió haber sido una licitación en radio para aprovechar la oportunidad para la entrada de nuevos actores en el oligopolio del sector, al final no cumplió cabalmente con este objetivo.

 

El problema en este caso no es solamente el posible engaño a la autoridad por parte de la empresa, o la posible falta de rigurosidad de las autoridades para investigar a los competidores, sino el diseño mismo de una licitación que más bien tiene características de una subasta que podría contravenir principios legales.

 

Establece la constitución en su artículo 28 y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el criterio económico no puede ser el principal criterio a la hora de adjudicar frecuencias del espectro radioeléctrico, esta disposición tiene una mayor centralidad en cuanto a frecuencias de radiodifusión, de otra manera sólo aquellos que tienen el suficiente poder económico pueden acceder a ellas para ejercer la libertad de expresión. Bajo esa premisa, basada en estándares internacionales en la materia, es que en el 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad de la llamada Ley Televisa que en uno de sus artículos determinaba el acceso a las frecuencias mediante el mecanismo de la subasta.

 

Con la intención de que los nuevos jugadores en la radiodifusión fomentarán el pluralismo y la diversidad es que se determinó que la oferta económica no fuera el principal requisito para acceder a frecuencias, sin embargo, la licitación que realizó el IFT de frecuencias de radio en la banda de FM y AM contradice por la vía de los hechos tales disposiciones, pues al final ganaron quienes más ofrecieron dinero por las frecuencias ofertadas a partir del precio mínimo de referencia determinado por el instituto en cada plaza, en pocas palabras lo que vimos fue la concreción de una subasta que contradice el marco legal. Si bien el factor económico no puede obviarse en la calificación en una licitación, deberían  contemplarse otros elementos como la oferta técnica y de programación como parte de los elementos para fomentar el pluralismo y la diversidad.

 

El IFT evadió en el diseño de las bases dar calificación alguna a la propuesta programática de los competidores, bajo el argumento de respetar la llamada libertad programática, cuando en realidad si bien el regulador tiene la obligación de respetar esa libertad, eso no impide que pueda emitir reglas positivas de inclusión para promover la diversidad de contenidos a través de la producción local de informativos y contenidos o la inclusión de producción independiente, local, regional o nacional o bien estimular la compartición de infraestructura para expresiones culturales, científicas o comunitarias. Descentralizar la producción de contenidos fomenta mercados regionales de producción audiovisual y una mayor proximidad de las estaciones a las poblaciones a dar el servicio.

 

Tener muchas estaciones de radio no se traduce automáticamente en diversidad de contenidos y pluralidad de perspectivas, que es finalmente una de las dimensiones más importantes de la libertad de expresión a través de la radiodifusión, se requiere además de medidas proactivas por parte del regulador para llegar a esa meta.

 

La omisión de calificar contenidos puede derivar en que las nuevas estaciones en lugar de invertir en producción de contenidos se conviertan en repetidoras de los mismos contenidos de las grandes cadenas de radio ofreciendo más de lo mismo.

 

Este proceso deja muchas lecciones que deberían de ser tomadas en cuenta para la próxima licitación de frecuencias de TV digital, pero será difícil ya que promete parecerse mucho a la de radio y el proceso licitatorio ya esta en curso. Es una lástima que esta oportunidad de acceso al espectro destinado a la radiodifusión se haya quedado con un diseño determinado únicamente por las reglas del mercado.

 

En otros temas

 

El IFT otorgó a emisoras comunitarias e indígenas el 1 por ciento de su presupuesto de publicidad oficial de acuerdo a lo que establece la ley en su artículo 89, quedan pendientes el resto de las instituciones federales que obligatoriamente tienen que hacerlo ¿o simplemente violarán el marco legal? Ya veremos.

 

A tres años y medio de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión el regulador publicó un balance en el que afirma la "Reducción importante de precios, crecimiento de los sectores regulados, más penetración de todos los servicios de telecomunicaciones mayor inversión privada en infraestructura, mayor confianza en los inversionistas", coincido que en el rubro de telecomunicaciones se han tenido avances, sin embargo, en cuanto a radiodifusión, televisión de paga (que va en aumento en sus tarifas) y pluralismo considero que el IFT nos sigue debiendo muchos pendientes.

 

Del 19 al 20 de junio se lleva a cabo en Cancún, México la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en medio de una zozobra sobre el financiamiento para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) cumpla con su papel de hacer valer los derechos humanos en el continente, de la voluntad política de los países dependerá buena parte de su futuro. Además, la Asamblea se desarrolla en un ambiente tenso en el que las organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan la idoneidad de los perfiles de algunos de los candidatos presentados por algunos países para sustituir a los comisionados salientes, por ello han lanzado una campaña a fin de que los Estados miembros voten razonadamente ante las propuestas presentadas, la campaña la puede encontrar en: https://cejil.org/es/2017-yovoto-ag

 

Publicado en Radio
Miércoles, 21 Junio 2017 07:52

Ley Fintech: del crowdfunding al bitcoin

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jaime González Aguadé, envió ya a los intermediarios financieros el anteproyecto de la Ley de Tecnología Financiera, que busca regular a las fintech y proteger a los consumidores.

Lo que se busca es crear la figura de Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) que serán avaladas y reguladas por las autoridades financieras y tendrán que cumplir con una serie de reglas prudenciales en materia de riesgos financieros, operaciones, mercado, ciberseguridad, gobierno corporativo, reglas de contabilidad y hasta topes o límites en los montos máximos de operaciones.

Se busca también regular a las instituciones de pago electrónico y a las que facilitan el intercambio de activos virtuales, por lo que se incluiría a las operaciones con bitcoins.

Se incluye también, además de las ITF, la figura de empresas innovadoras, que podrán tener una autorización temporal que permita probar sus modelos de negocios en un grupo reducido de clientes y por un tiempo limitado. Lo que se propone es tomar como ejemplo para las empresas innovadoras, lo que ya está haciendo Reino Unido con la llamada regulación sandbox.

Las ITF estarían reguladas por el Comité de Instituciones de Tecnología Financiera, integrado por la SHCP, la CNBV y el Banco de México, que aún no da luz verde a esta nueva ley. Además, estarán sujetas a supervisión por parte de la Condusef.

Habrá tres tipos de ITF: de fondos de pago electrónico, de administración de activos virtuales y de financiamiento colectivo, que son las de crowdfunding.

Es una versión preliminar, pero la gran duda, es si esta nueva ley va a inhibir el desarrollo de las fintech, por los excesivos requisitos que tendrán que cumplir para ser autorizadas, o si registrará, como sucede hoy con las sofomes, una marcada diferencia entre las sofomes reguladas y las no reguladas.

Pese a su limitación en cuanto a fuentes de fondeo, las sofomes no reguladas siguen creciendo en todo el país, aunque representan un mayor riesgo que las no reguladas.

CROWDFUNDING: TRES TIPOS DE FINANCIAMIENTO

Sobre las instituciones de financiamiento colectivo o crowdfunding, podrán realizar tres tipos de financiamiento: de deuda para que los clientes que ahora se denominarán inversionistas, otorguen préstamos, créditos o cualquier otra forma de financiamiento que genere un pasivo directo.

Financiamiento de capital para que los inversionistas compren o adquieran acciones o títulos del capital social de las empresas que solicitan el financiamiento: y financiamiento de copropiedad y regalías que permiten celebrar asociaciones en participación o cualquier otro tipo de convenio para que el inversionista adquiera una parte alícuota o un bien futuro o presente, o participe en los ingresos, utilidades regalías o pérdidas.

PAGOS ELECTRÓNICOS

Los servicios de estas ITF sólo podrán ser otorgados por las personas morales autorizadas por la CNBV, y entre los requisitos más estrictos está el mayor control sobre las cuentas y operaciones que pueden realizar, ya que tendrán que llevar una o más cuentas de fondos de pago por cada cliente y mantener actualizado el registro de cuentas.

Además, sólo podrán recibir pagos en moneda nacional o en activos virtuales, lo que puede limitarlas como medio de pago electrónico.

ACTIVOS VIRTUALES

La ley fintech busca también poner orden en el mercado de activos virtuales, de los cuales bitcoin es el más conocido, pero no la única moneda virtual.

Sólo las ITF autorizadas por la CNBV, previa luz verde del Comité de Instituciones de Tecnología Financiera, podrán realizar operaciones con activos virtuales, que pongan en contacto a terceros para facilitar la compra o venta de activos virtuales.

Se considera activo virtual a la unidad digital cuyo uso por el público sea similar al de una moneda de curso legal.

En la ley se enfatiza que el activo virtual no es moneda de curso legal, no está respaldado por el gobierno federal y no hay ninguna posibilidad de revertir la operación una vez realizada.

Publicado en Negocios

A mediados de mayo Daniel Hajj, director general de América Móvil, presentó a un grupo selecto de clientes el alcance de la red 4.5G para finales de este año y el que tendría al llegar a 5G para 2020.

El evento llamó mucho la atención y hubo una segunda versión con más invitados, en donde los mensajes clave los planteó Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil.

Éstos fueron las inversiones por 52 mil millones de dólares que ha hecho esta empresa en su red; después mostrar la importancia que tendrá para desarrollar el llamado Internet de la Cosas y, finalmente, pedirle a las autoridades no sigan multando a su compañía por expandir la cobertura a todo el país.

El Internet de las Cosas (IoT, en inglés) representa la nueva ola de cambios tecnológicos en el mundo y tendrá implicaciones enormes en la competitividad de los países.

Para decirlo simplemente se trata de la posibilidad de conectar al internet a millones de objetos que forman parte de la vida diaria, para que interactúen con los teléfonos inteligentes y generen información valiosa que no sólo mejorarán la calidad de vida, sino que impactarán en la eficiencia de las economías.

En toda esta historia de “cuando el destino nos alcance”, el turismo será uno de esos segmentos que tendrán una relación particularmente importante con el IoT.

Aquí van algunos de los que son innumerables ejemplos:

1. Una microcomputadora colocada en una maleta, permitirá ubicarla con precisión, ya no sólo por las aerolíneas, sino por su propietario en cualquier momento en que tenga acceso a internet.

2. A través de la tecnología de los beacons, los usuarios de teléfonos inteligentes podrán recibir mensajes comerciales en función de sus intereses, pero también obtendrán información sobre el tiempo que deberán invertir para llegar a su sala de abordaje o sobre demoras o cambios de itinerario.

3. En la hotelería el IoT hará mucho más eficiente el manejo de energía y, por tanto, influirá en la sustentabilidad de esos negocios y en la comodidad de los clientes.

4. Compañías como Disney, ya tienen implementaciones del IoT para que los usuarios reserven sus entradas a las diversiones, consuman dentro de los parques y obtengan información de última hora.

5. Las aerolíneas podrán modernizar sus sistemas de abordaje para pasajeros que ya pasaron los filtros de seguridad y conseguirán ahorros en aspectos cruciales, como la carga de combustible.

Las autoridades a quienes les preocupa que nuevamente la gigantesca empresa que controla la familia Slim tenga una posición dominante en esto, tendrían que alentar la competencia de otras firmas enormes como AT&T y Telefónica.

Pero llegar tarde a esta nueva realidad, pondría en desventaja a México respecto a otros países que hoy le compiten frontalmente en el sector turístico.

Si México por sus activos geográficos, climáticos y culturales tiene una posición de liderazgo en el sector de los viajes a nivel mundial; también debe mantenerse a la vanguardia en este tema crucial de la tecnología.

 

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