Miercoles, 28 de junio del 2017
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AÚN SI LA estadounidense AT&T que comanda Randall Stephenson decidiera quedarse con el negocio que maneja aquí Telefónica Movistar, la distancia con América Móvil de Carlos Slim Helú sería considerable.

 

Con todo y la aclamada reforma de telecomunicaciones, las reglas de dominancia y la interconexión cero que ahora mismo se discute en la SCJN, América Móvil que dirige Daniel Hajj todavía retiene un 65% de los usuarios.

 

Con Telefónica que dirige Carlos Morales Paulín que tiene a su vez 26%, AT&T con su 9% sólo alcanzaría un 35%.

 

En AT&T no hay comentarios al respecto, tras de que en el mercado trascendió que los españoles buscan desinvertirse. Se lanzan nombres de postores como Sprint. También se asegura que en su momento la firma con sede en Dallas tuvo pláticas con los europeos.

 

Lo que es un hecho es que AT&T no ha dejado de crecer desde que llegó. En 2016 sus ingresos fueron por 2 mil 472 millones de dólares con 3 millones 300 mil usuarios a los que se agregaron otros 633 mil en el primer trimestre.

 

A la compra de Iusacell y Unefon a Ricardo Salinas Pliego y luego Nextel, lo que significó una inversión de 4 mil 400 millones de dólares, se han comprometido otros 3 mil millones de dólares para mejorar la red de aquí al 2018.

 

Este lunes Kelly King, timón en México, enfatizó la importancia de su red 4G LTE que ya cubre 85 millones de personas y que alcanzará 100 millones el próximo año.

 

Pero el foco de AT&T con 124 años de historia, no sólo está en la telefonía tradicional, sino que también va por las empresas.

 

Kelly con el apoyo de Carlos Blanco, timón operativo, ha preparado al equipo para incursionar en un terreno que en su accionar por 200 países ya significa 3.5 millones de empresas, incluidas muchas de las 1000 de Fortune.

 

El objetivo es proveer soluciones avanzadas para el Internet de las cosas, con tecnología propia y el bagaje de otras multinacionales como GE de Vladimiro de la Mora, Microsoft a cargo de Jorge Silva, Intel de María Gabriela Gallardo o Cisco de Rogelio Velasco.

 

En mayo AT&T inauguró el centro de operaciones de su red y otro espacio, el primero de AL para empujar innovación en la logística para el manejo de productos en aviones, barcos, trenes en condiciones óptimas.

 

También hay soluciones para apuntalar el desempeño de flotillas, seguridad cibernética y para que las ciudades tengan una operación inteligente.

 

Por ejemplo en la CDMX a cargo de Miguel Ángel Mancera se está en pañales en esos nuevos sistemas para mejorar el tránsito, estacionamientos, manejo de basura, seguridad, calidad del aire, respuesta a siniestros.

 

Otra arista está en el desempeño de oficinas con mecanismos para detectar contratiempos como incendios y los controles de acceso.

 

Igualmente AT&T ofrece certeza en el manejo de información en la nube.

 

Hay todo por avanzar en ese terreno con un mercado que en México significaría hacia 2021 unos 3 mil millones de dólares.

 

En el Internet de las cosas pronto habrá 20 mil millones de éstas conectadas en el orbe. De ahí las enormes necesidades y el esfuerzo de AT&T para responder en este otro filón empresarial.

 

Publicado en Empresas

No hagan cosas malas que parezcan buenas. El Congreso de la Unión decidió regular las tarifas de interconexión, cuando esa es una atribución exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría declarar inconstitucional el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), donde se dice que el operador preponderante en telecomunicaciones (Telmex-Telcel) no cobrará tarifas de interconexión a los competidores por usar su red.

La interconexión es el cobro por terminar llamadas telefónicas en una red distinta a la propia. Las telecomunicaciones son una industria. Toda industria cobra por los servicios que presta. No conozco una industria en la cual sus servicios sean gratuitos. El precio de la telefonía se compone de dos cargos: la interconexión y el servicio. En el mundo ambas tarifas las regula un organismo técnico especializado, en México el IFT.

El sector de las telecomunicaciones es altamente litigioso. Era predecible que un artículo de la ley que obliga a un proveedor a no cobrar por un servicio fuera combatido en tribunales. Desde antes de que se aprobara la ley secundaria en Mediatelecom dijimos que ese artículo era inconstitucional, porque los legisladores se erigieron en reguladores del sector. Esa decisión atenta contra la Carta Magna y, además, contra la industria de las telecomunicaciones y el desarrollo del país.

La tarifa cero de interconexión no tiene sustento técnico ni económico pero sí político; se le impuso a América Móvil para que sus competidores no pagaran cargos por usar la red de Telmex y Telcel y equilibrar la competencia. El objetivo parecía noble pero es ilegal y contraproducente para el sector. Las telecomunicaciones es una industria intensiva en capital. Lo que debieran pagar los operadores por cargos de interconexión, o bien lo transfieren a sus clientes con servicios más baratos o bien los conservan para sus accionistas.

La interconexión es un costo que se emplea para desplegar redes. Por eso escuchamos de América Móvil decir que esa regulación inhibe las inversiones. Inhibe sus inversiones porque ampliar las redes para que otros las utilicen gratis, no tiene mucho sentido económico. Y los competidores tampoco despliegan o amplían sus redes, porque para eso está la red más grande y extendida, la del preponderante, por eso no hay necesidad de invertir.

La tarifa cero y su consecuencia, la falta de expansión de redes, no es positiva para México. Aun menos si consideramos que las redes de banda ancha son una infraestructura esencial y neurálgica para la economía y el desarrollo de los países en el siglo XXI.

Ahora que la SCJN podría declarar inconstitucional la imposición de una tarifa que debió ser analizada y definida por el IFT, comenzó a surgir preocupación y nerviosismo entre los competidores, que diseñaron su plan de negocio con base en la gratuidad de la tarifa de interconexión. Craso error. A pesar de que son grandes jugadores mundiales, en México estos competidores actúan infantilmente, porque ni en España ni en Estados Unidos existe la tarifa cero. De hecho, no existe en ninguna parte del mundo. También esperan subsidios y transferencias de rentas, situación que no tolerarían en sus propios territorios.

Los competidores de Telmex-Telcel aducen que, por la participación de mercado de América Móvil, se complica la competencia efectiva. Pero ese es precisamente el trabajo del IFT: analizar el mercado, las condiciones de competencia y, con base en estudios y modelos de costos, fijar las tarifas de interconexión. Esa facultad –que tienen todos los reguladores de telecomunicaciones en el mundo– le fue sustraída indebidamente al IFT por el Congreso, que de institución política se convirtió en regulador técnico. Los operadores lo saben y deben estar de acuerdo.

El artículo 28 constitucional señala con claridad que el IFT “regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia”. Pero el artículo 131 de la LFTR tasa las tarifas de interconexión con el preponderante en cero. ¿Dónde queda la regulación asimétrica? Claramente es inconstitucional.

Lamento decirle a los competidores de Telmex-Telcel que estos legisladores irresponsables los engañaron (o los operadores se auto engañaron), porque ellos no pueden definir tarifas de interconexión. El artículo 15-IX de la LFTR señala que es atribución del IFT “emitir disposiciones, lineamientos o resoluciones en materia de interoperabilidad e interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones, a efecto de asegurar la libre competencia y concurrencia en el mercado”.

Si la Corte resuelve la inconstitucionalidad del artículo 131 de la ley secundaria, no se colapsa la reforma en materia de telecomunicaciones; al contrario, se reorienta hacia la inversión en redes y se restaura la autonomía del IFT para resolver en materia de interconexión. Muchos dirán lo contrario, los que no quieren pagar la interconexión. Pero es institucional que el Poder Judicial ajuste las leyes mal hechas. No es culpa del gigante de las telecomunicaciones sino de los legisladores.        

Publicado en Regulación
Miércoles, 28 Junio 2017 08:07

Hora cero

La exigencia está en el encuadre de la consideración del Instituto Federal de Telecomunicaciones a la firma estelar del magnate Carlos Slim como empresa dominante en ambos mercados.

A la letra, el inciso b del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones señala que los agentes ubicados como preponderantes no deben cobrar a las firmas que se conectan a su red para concretar las llamadas.

De resultar victoriosa la compañía, es decir de declararse inconstitucional el ordenamiento colocado a la vera de la reforma de telecomunicaciones, habría un cobro retroactivo a la competencia.

La cuenta se iniciaría a partir de que la quejosa presentó su solicitud de protección a la justicia ante un juez.

Naturalmente, la espada de Damocles tiene a té de tila a la competencia, especialmente a la Telefónica México y AT&T, quienes afirman haber alentado inversiones con base en la vigencia de la tarifa cero.

El volado, pues, es de varios miles de millones de pesos.

Aunque el tema, bajo otra perspectiva, lo había abordado ya la Suprema Corte en medio de una ola de demandas contra la firma del magnate por lo que se consideraba excesiva tarifa de interconexión, los rounds los había ganado ésta.

La última vez colocadas en el ring dos filiales de la Telefónica México, Pegaso PCS y Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas, fue una disputa por tarifas a cobrar en 2015.

El alegato de América Móvil hablaba de discriminación dado que a la entrada en vigor de la reforma ya no se le permitía cobrar a entrantes a su red, pero la competencia sí podía hacerlo por los llamados que se originaron en sus empresas.

Discriminación, pues, por más que la ley distingue bajo un escenario asimétrico a los preponderantes.

El caso es que la Corte le dio la razón a América Móvil bajo el argumento de que el artículo 20 transitorio segundo párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cuyo marco se establecían las tarifas de interconexión para 2015, si se encuadra en el molde de la Constitución.

Hasta entonces las empresas convenían entre sí las tarifas para el año siguiente.

De acuerdo con la resolución de la Segunda Sala del órgano, el objeto de la disposición es dotar de certeza a las concesionarias sobre el modo en que se cobrarían las tarifas de interconexión para 2015.

El caso es que las firmas debieron pagar por los meses transcurridos a la resolución, dictada en julio del propio año.

La paradoja del caso es que Movistar, la principal filial de la Telefónica México, había peleado en los tribunales contra la disposición, al considerar que lesionaba sus intereses. Pactada con Telcel una tarifa de interconexión de 1.9 pesos por minuto, la disposición con etiqueta de transitoria reducía el cobro a menos de la mitad.

La firma perdió el pleito.

Contratados por América Móvil abogados a quienes se ubica como los mejores especialistas en materia de amparo, además del reclamo de inconstitucional de la tarifa cero, se señaló en su alegato que los legisladores que aprobaron las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones no estaban capacitados técnicamente para dimensionar el asunto.

Del otro lado de la mesa las firmas en competencia juran y perjuran que el beneficio de la tarifa cero para interconectar llamadas con la principal telefónica móvil del país se ha repercutido a la clientela.

Dicho más fácil, la reversa podría provocar un aumento en las tarifas a los usuarios.

Hora cero.

Publicado en Regulación
Miércoles, 28 Junio 2017 08:02

Monopolios de internet

Peter Thiel, cofundador de PayPal e inversionista inicial de Facebook —y ahora asesor de Donald Trump—, en una conferencia y ante la pregunta expresa del moderador, se pronunció en contra de los monopolios. Siguiendo la doctrina económica convencional, con la autoridad de un multimillonario con inversiones en Silicon Valley, criticó que las prácticas monopólicas de industrias en telecomunicaciones y otras maximizan sus propios beneficios, afectando así a los consumidores.

Todo pareciera bien hasta ahí. Está ampliamente documentado cómo diversas empresas con poder sustancial en estos mercados —como Comcast (la principal cablera de EU y dueña de NBC)— fijan precios monopólicos y cabildean con el gobierno, mediante aportaciones financieras a las campañas políticas y otros medios, para mantener el statu quo.

Sin embargo, está ahora surgiendo un nuevo tipo de monopolios y prácticas que, usando el factor cool, se disfrazan de inocentes ante los consumidores. Empresas de la industria de tecnología en EU que —algunas de ellas— por años fueron víctimas de prácticas monopólicas de otras empresas e industrias relacionadas, como las de telecomunicaciones, fabricación de semiconductores (como Intel) y hasta sistemas operativos (Windows), y que llevan a cabo ahora estas mismas a la par de su enorme crecimiento.

Así, en Europa —con una tradición más protectora de los derechos de los consumidores— han impuesto, a través de la Comisión Europea, una enorme multa a Google por prácticas violatorias de las leyes europeas de competencia económica. Ayer, en un anuncio de la comisionada europea de Competencia Económica, Margrethe Vestager, se dio a conocer la imposición de una multa de dos mil 400 millones de euros por haber abusado de su servicio de comparativa de compras a través de su portal, dándole preeminencia frente a sus competidores, abusando así de su posición dominante. En su anuncio, la comisionada señaló que estas prácticas “niegan a otras compañías la oportunidad de competir por sus méritos e innovar”.

Ha surgido también el debate de si ésta y otras empresas tienen demasiado poder de mercado. A la par de su enorme y rápido crecimiento, empresas como Google, Facebook y Microsoft (mucho más antigua que las primeras dos) han pintado un enorme blanco en su espalda para que tanto reguladores como competidores más pequeños tengan excusa para atacarlos.

La realidad es que mientras en Estados Unidos la regulación es mucho más laxa y permisiva, en Europa es más restrictiva y vigilante. No es la primera vez que se le imponen multas significativas a empresas de tecnología como Google por prácticas monopólicas o violaciones a sus leyes de protección de datos. Por ejemplo, en 2008 Microsoft fue multada con 900 millones de euros, en 2009 Intel con mil millones, en 2015 Qualcomm con dos mil millones, Apple en 2016 por impuestos y Facebook en 2017 con ciento diez millones, por usar datos de usuarios de su plataforma de WhatsApp.

Así, pareciera que Peter Thiel se debe morder la lengua. Las empresas más grandes de la industria en la que ha creado su fortuna parecieren haber caído en los mismos manejos que antes criticaban.

 

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Miércoles, 28 Junio 2017 07:25

¿Para qué tanto brinco?

Me parece esquizofrénica o, en el mejor de los casos, maniquea la forma en que algunos actores interpretan los distintos esfuerzos de sus competidores por revertir el indudable impacto que les está causando la reforma constitucional en medios y telecomunicaciones que acaba de cumplir cuatro años de edad.

Evidentemente, los más afectados son los dos preponderantes: Grupo Televisa y Grupo Carso y ambos han hecho todo lo posible por revertir las medidas asimétricas que les fueron impuestas en sus sectores, de radiodifusión y de telecomunicaciones, una vez que el IFT los determinó como tales el 7 de marzo de 2014; mentira que sea nada mas uno de ellos el inconforme que hoy intenta tirar la reforma de telecomunicaciones.

A lo anterior, se debe sumar que a Grupo Televisa se le determinó como dominante en el servicio de televisión de paga, bajo la misma reforma constitucional del 2013 y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el 2014, que le asignan al IFT la interpretación y aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica en el ámbito de su competencia.

Que Grupo Televisa y Grupo Carso hagan todo lo que la ley les permite para eliminar parcial o totalmente las medidas asimétricas que les fueron impuestas como preponderantes no tiene nada de raro, ni de ilegal, son privados cuidando el valor de sus accionistas, y si llegan a ganar sus amparos en tribunales o en la SCJN, se habrán quitado una o más medidas asimétricas con toda legalidad y para eso existe la posibilidad de ampararse.

Si la SCJN le da la razón o no a Grupo Carso en que la tarifa cero es inconstitucional o que el Poder Legislativo no es especializado en el tema para imponer tal tarifa inexistente, pues esa es precisamente su función y la decisión que tome la Segunda Sala será, en su caso, absolutamente legal e inobjetable.

Por su parte, Grupo Televisa está amparada, entre otros asuntos, para que la SCJN resuelva si el carácter de dominante en el servicio de televisión de paga, que el ha impuesto el IFT, es constitucionalmente válido y esto sin que aún conozcamos las medidas asimétricas que en su caso le vaya a imponer el IFT.

Por lo que si todos pelean sus legítimos intereses, es de bobos dejarse engañar por las campañas propagandísticas que se publican en forma de columnas diariamente, queriendo influir en los ministros, cosa que dudo vaya a suceder, para meter presión en uno u otro sentido.

Al mismo tiempo que ambos preponderantes traen amparos en el máximo tribunal que buscan eliminarles medidas asimétricas o carácter de dominantes, no es un secreto que en época electoral se cabildea con mediano éxito y al amparo de senadores afines, que se le dé por parte del mismo Congreso machetazo a la reforma constitucional y a la ley secundaria en la materia, en lo que toca a las facultades del IFT para proteger los derechos de las audiencias, bajo un argumento de libertad de expresión que no aplica y mucho menos cuando la propuesta del legislativo, ya aprobada en diputados, contiene que sean los mismo privados los que se auto-regulen al momento de garantizar que la audiencia esté bien informada y que no se use la línea editorial para disfrazar propaganda pagada en los contenidos.

Obvio es que no hay ningún incentivo para que un concesionario se auto-regule cuando esto afecta sus intereses, bueno de hecho me parece de risa loca asumirlo y no están mal ellos que buscan sus fines, sino quienes desde el poder del Estado les hacen caso.

Así las cosas, los amparos tanto de Grupo Televisa, como de Grupo Carso no solo son legales, sino legítimos y el resultado está en manos del Poder Judicial quienes deben resolver con la Constitución en la mano, sin tomar en cuenta las presiones de factores poderosos.

También el Poder Legislativo debe decidir si acepta las presiones, o no, para disfrazar de libertad de expresión una contra reforma en materia de garantías de las audiencias, o defender a las instituciones especializadas, constitucionalmente autónomas como el IFT y COFECE que tardaron tantos años en consolidarse en México y por las que somos hoy reconocidos a nivel mundial.

Esto es la realidad y lo demás son argumentos, que para los que entienden de estos temas tienen autoría en intereses perfectamente definidos.

Ahora toca ver si a quienes les toca defender los intereses de todos nosotros cumplen o no con su función, el tiempo lo dirá entonces... ¿para qué tanto brinco si el suelo está tan parejo?

 

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