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Venden acciones de MVS los Vargas con los 60 Mhz a Slim y en reversa todo si gana Sprint

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Heraldo de México – Alberto Aguilar

LE PLATICABA DE la evolución del viejo pleito entre MVS de Joaquín Vargas y Clearwire, subsidiaria de Sprint que lleva Marcelo Claure. El asunto se remonta a febrero del 2015 cuando esta última demandó en el Juzgado Segundo de Distrito a MVS. Se reclama el hurto de 31 millones de dólares que había aportado a una entidad denominada MVS Net para desarrollar una red de banda ancha móvil. Esta ya no se hizo, pero Clearwire no pudo recuperar lo aportado, según esto porque no liquidó a tiempo 4.5 millones de dólares de un crédito que dio MVS. Clearwire alega que los Vargas se negaron a recibir el pago. Ya lograron dos victorias, incluido el Segundo Tribunal Unitario. Falta un amparo. El punto es que MVS ya vendió a América Móvil los 60 Mhz de la banda 2.5 Ghz. Si el último recurso se pierde, la venta a Carlos Slim se invalidará. Todo deberá regresar al estatus de diciembre del 2014. Vale señalar que en esa transacción se involucraron las acciones de MVS, ya que esa entidad es la dueña del espectro. Este elemento hace más delicado lo que está en juego y que se decidiría este año o a principios del 2019.

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Inversión en telecomunicaciones

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El Economista – Antonio Aja

La semana pasada en esta misma columna comentábamos sobre las cifras publicadas en el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto en matera de telecomunicaciones. En la misma, se dio a conocer el análisis de CIU sobre las cifras. De las mismas, destaca que del 2013 al 2017 la inversión privada en el sector de telecomunicaciones ascendió a 328.7 mil millones de pesos, de los cuales 61,484 millones de pesos correspondieron al ejercicio 2017.

A primera vista resultan atractivas las cifras de inversiones en el sector durante la presente administración. Sin embargo, también es cierto que en el último año se presentó un efecto sumamente preocupante; el decrecimiento de la inversión total en la industria. Cabe recordar que en este periodo tuvo lugar la reforma constitucional de telecomunicaciones de junio del 2013, la cual tenía entre otros objetivos, promover la inversión que generara mayor competencia y así fomentar la conectividad a lo largo y ancho del país.

Del 2016 al 2017, el total de las inversiones realizadas por los operadores del sector sufrió una escalofriante caída del orden de 27.7%, esto es, que de un año a otro, se dejaron de invertir un total de 23,596 millones de pesos. Un efecto que, con menor grado, sólo se había observado en el 2014 ante la incertidumbre quizá de la implementación de dicha reforma.

Para entender el motivo que generó tan importante caída de inversiones en el 2017, podemos preguntar sobre la viabilidad de las reformas, los incentivos para los inversionistas, la regulación para competidores y la apertura para nuevos competidores. También es cierto que el 2017 fue un año convulso derivado de las inminentes campañas electorales para el 2018.

Un punto interesante que resulta destacar es que la empresa más fuerte del sector, América Móvil, redujo sus inversiones en 46.3% en comparación con el 2016 y desde luego esto tiene un peso importante en la balanza.

Sin embargo, el resto de operadores del sector, tanto fijo como móvil, mantuvieron el año pasado niveles de inversión similares a los realizados en el 2016. Lo anterior, resultó clave para que la inversión total del sector en el 2017, no presentara una contracción mayor. Durante el 2017, la inversión de los demás competidores juntos representó 68% mientras América Móvil representó 32 por ciento.

Si bien la caída en inversión puede prender un foco de alerta, pensando en que hay algo que no esta fomentando la inversión esperada, lo opuesto también puede ser cierto, que la competencia este encontrando incentivos para invertir en un mercado más favorable y así ampliar su participación de mercado.

Los ingresos obtenidos por los operadores de telecomunicaciones durante el mismo periodo por la prestación de sus servicios (telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha fija, banda ancha móvil y televisión de paga), América Móvil sigue siendo el líder del segmento con 59% del total, mientras que el resto de operadores representó 41% restante.

Desde el punto de vista del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), el desempeño de la inversión del agente preponderante en telecomunicaciones se ubica por debajo de los porcentajes de inversión que realizan operadores similares en otros países, con marcos regulatorios que también prevén medidas asimétricas para nivelar el terreno competitivo. Asimismo, el Idet recomienda un diagnóstico objetivo resulta fundamental para evitar poner en riesgo los importantes beneficios que ha traído a México la reforma de telecomunicaciones.

Las reformas en telecomunicaciones han traído retos y oportunidades a los participantes. El nuevo gobierno no debe perder de vista que el objetivo final es generar el entorno competitivo de inversión que beneficie a todos los participantes y ultimadamente a los usuarios.

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Efectos perniciosos de la concentración: manipulación de inversiones

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El Economista – Ernesto Piedras

En la literatura económica se establece que la competencia habilita un cúmulo de beneficios para los consumidores, hogares, empresas y para la economía en su conjunto. A saber: menores precios, mayores alternativas de consumo, mejor calidad de los productos, a la vez que incentiva la innovación, detona el ejercicio de inversiones y la productividad agregada.

En el caso contrario, en ausencia de competencia, la concentración en el mercado resulta en efectos perniciosos, como precios en niveles subóptimos, limitada capacidad de innovación, reducción de incentivos a la inversión y merma del crecimiento económico, entre otros. El escenario de competencia efectiva ha resultado evasivo en el sector de telecomunicaciones en México.

A pesar de los esfuerzos regulatorios por alcanzar un rebalanceo del terreno competitivo, parece que hemos vuelto al panorama que diagnosticaba la OCDE, que en 2012 ya daba cuenta que “en México las decisiones en favor de la competencia han surgido con lentitud y, una vez tomadas, han sido frustradas por la ineficacia de los sistemas de regulación y legal” (https://goo.gl/8Nx4KF).

Asimismo, relataba que “a principios de 2009, cuando la Cofetel publicó nuevas regulaciones de interconexión que exigían a todos los operadores permitir el acceso a terceros, Telmex respondió con el recorte de una tercera parte de las inversiones planeadas para 2009”. Todo ello se lee tan fresco como el diagnóstico de inversiones al que hace referencia el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) en su reciente boletín (https://goo.gl/YEdycQ), que indica que a partir de la reforma de telecomunicaciones se registró un alza en la inversión total sectorial, pero que esa capitalización se contrajo 27.7% en 2017, atribuible a que el preponderante redujo su ejercicio de capital en infraestructura en 46.3% respecto a 2016.

Ello provee de evidencia de que, bajo un escenario de alta concentración de mercado, existen limitados incentivos para que este operador ejerza montos óptimos de inversión.

En contraste, los operadores competidores mantuvieron sus niveles de inversión, en donde destaca Televisa Telecom como el operador que realizó mayores adiciones de capital, al destinar 20,027 millones de pesos o un tercio del total durante 2017.

Durante el ejercicio de regulación asimétrica de la reforma, el preponderante se ha empeñado en demorar y echar atrás las medidas que le fueron impuestas. La eliminación de la ‘tarifa cero’ por la terminación de llamadas en sus redes, la falta de acuerdos de compartición de infraestructura pasiva y la dificultad para replicar técnica y económicamente sus ofertas comerciales, son ejemplos de sus esfuerzos por mantener su elevado poder de mercado en detrimento de la renivelación de mercado a favor de sus competidores.

Con todo esto el sector permanece en el escenario de efectos perniciosos de la excesiva concentración de mercado, que da pauta a montos de inversión subóptimos por parte del operador preponderante, América Móvil.

Ello también implica que la permanencia en el largo plazo de los beneficios alcanzados por la reforma de telecomunicaciones está en riesgo. La vuelta al diagnóstico emitido por la OCDE en 2012 da cuenta de ello.

Aquí la recomendación es nuevamente la búsqueda de la plena eficacia y sostenibilidad de las medidas procompetencia impuestas, puesto que, en palabras de la OCDE, que hoy resuenan de nueva cuenta, “en México, la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el bienestar de su población”.

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¿Cuánto van a pagar ahora los funcionarios del gobierno?

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El Universal – Javier Tejado Dondé

El jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó una Ley –la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos- en la que establece que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República. Con esto, la Cámara destrabó una minuta que estaba en la congeladora y que el Senado había aprobado en el 2011.

Para asegurar que ningún funcionario le dé la vuelta a la nueva Ley, ya sea al recibir dinero de más o a ayudar administrativamente a que alguien cobre más, se creó el delito de “pago indebido de remuneraciones”, que contempla hasta 14 años de cárcel.

Con esta aprobación, las bancadas de Morena-PT-PES-PVEM quisieron dejar hacer sentir su nueva súper mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Qué sigue?

Hay que decir que la nueva Ley aprobada, por sí sola, no genera impacto alguno a ningún funcionario público. La merma salarial se sentirá en todos los Poderes de la Unión y en los Órganos Autónomos a partir de enero del 2019, una vez que entre en vigor el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2019.

Según ha trascendido, el Presidente electo quiere fijar su salario en 108 mil pesos (ver tabla anexa, proyecto PEF-2019), cuando hoy en día el Presidente de la República gana 220 mil. Esto es una reducción de casi un 50%.

De ser este el caso, todo el escalafón de servidores públicos verá mermado su ingreso.

En el 2009, cuando se aprobó la Reforma Constitucional al artículo 127 de la Constitución, que también decía que nadie podía ganar más que el Presidente, se hicieron dos ajustes que dejaron los salarios de todos los servidores públicos intactos: a) para cuidar a todos los funcionarios del Gobierno Federal, el Presidente de la República, entonces Felipe Calderón, no se bajó el salario en el PEF; y, b) para proteger a todo el Poder Judicial (Federal y Estatales) y a los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, se puso en la Constitución un artículo transitorio a efecto de que sus “retribuciones nominales superiores al monto máximo (salarial) previsto…, se mantendrán durante el periodo que dure su encargo”. Con ello, no bajaron los salarios de nadie.

Ahora, el nuevo Gobierno indica que sí lo hará. Y el techo serán los 108 mil pesos que ganará el futuro Presidente, pero para hacer la reducción salarial pareja en todos los Poderes y Órganos Autónomos se tienen que cambiar el artículo 94 y los transitorios del 127 de la Constitución. De lo contrario, quedará truncada la reforma propuesta.

Justo por ello, Morena está presionando para que se publique esta semana en el Diario Oficial la nueva Ley de Remuneraciones y ya con ésta publicada, por increíble que parezca, le van a hacer ajustes: excepciones para que algunos cobren más que el Presidente y, a su vez, poder elaborar el PEF.

Se prevé que, por ejemplo, los funcionarios que tengan una “alta especialización” o “trabajo técnico calificado” puedan ganar hasta un 50% más que el Presidente, pero aún con este rasero la merma salarial será importante para varios. Veamos: si el Presidente ganará 108 mil pesos, esto significa que los funcionarios altamente calificados podrían ganar, como techo, hasta 162 mil pesos, monto que está ya por debajo de lo que hoy ganan los Comisionados de organismos reguladores como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Federal de Competencia (201 mil pesos).

Cabe señalar que esta reducción salarial también será para los funcionarios de los gobiernos estatales, y es que, con una iniciativa de Reforma Constitucional en materia de Austeridad Republicana ya propuesta en el Senado, se afectará a todos los niveles y órdenes de la administración pública.

Coincido con los legisladores de Morena en que hay una gran animadversión hacia el sector público y sus excesos, pero estos más bien son cometidos por algunos cuantos, no por todo el servicio público. Me preocupa que con medidas de esta naturaleza el Estado mexicano pierda talento y experiencia que tarda muchos años en construirse y que la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios dañe operaciones y decisiones de la mayor relevancia para el país.

Con esta medida, de no meditarse, aquellos funcionarios que puedan colocarse en la iniciativa privada lo harán antes de que los nuevos salarios empiecen a aplicar, a efecto de no ver mermadas sus pensiones o su seguro de separación.

Estoy seguro de que a todos los mexicanos no nos importaría que se quedaran los actuales salarios, siempre y cuando el servicio público sea honesto y eficiente. De hecho, los actos de corrupción que han manchado a funcionarios estatales y federales nada tienen que ver con las nóminas de los servidores públicos. Los malos manejos versan sobre los recursos para programas sociales, la venta amañada de predios públicos y la asignación a modo de obra pública. Me temo que con malos incentivos económicos (y un sistema anticorrupción que no toma forma) los funcionarios públicos tendrán más incentivos para cometer este tipo de delitos que sí dañan a la hacienda pública y que representan miles de millones en malas decisiones. Veremos qué hace el nuevo Gobierno y sus bancadas estos días.

AMX deja de invertir en México: sorprenden los datos que el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) da a conocer respecto a lo informado en el VI Informe de Gobierno. En concreto, la caída en las inversiones en el sector telecomunicaciones –por 23 mil millones de pesos- atribuida a la reducción en inversiones de América Móvil (Telcel-Telmex) en el país entre 2016 y 2017. Y es que según el VI Informe y datos del IFT, América Móvil (AMX) habría optado por “reducir en 46.3% sus inversiones en comparación con el 2016”, según señala el IDET.

En contraparte, el resto de los operadores prácticamente ha mantenido el ritmo de inversiones. En orden de importancia, el ranking del 2017 en materia de inversión (por Unidad Generadora de Ingreso) es: Grupo Televisa, Megacable y AT&T. De hecho, en el 2017, Televisa –únicamente por lo que hace en telecomunicaciones– invirtió 20 mil millones de pesos –un tercio de todo lo invertido en el sector en México–  y su inversión ya fue superior a la realizada por AMX.

Esta estrategia ya la había implementado antes AMX, por ejemplo, cuando fue declarado Agente Económico Preponderante (2014), aunque la reducción no fue tan severa como la del año pasado. Una posibilidad es que AMX haya dejado de invertir al ordenarse la separación funcional de Telmex, decisión regulatoria que tanto la empresa como su sindicato han rechazado. La medida de presión tiene riesgos para AMX pues –sobre todo Telmex– puede seguir perdiendo mercado en telefonía e Internet fijos.

Con todos estos datos, es clave que el nuevo Gobierno – y el IFT– continúen tomando decisiones pertinentes para que haya una competencia efectiva. De lo contrario, no regresarán las inversiones a México y los servicios de telecomunicaciones no continuarán mejorando, tanto en precio como en calidad, como hemos visto estos últimos 3 años.

 

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