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Cómo desarrollar normativas Fintech: prácticas desarrolladas por reguladores de todo el mundo

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El Universal – Ankit Sharma

Para las tecnologías emergentes- como blockchain, criptomonedas, open banking etc.-, la legislación puede ser un catalizador o, en ocasiones, un obstáculo. A medida que las primeras evolucionan, los reguladores tienen una gran responsabilidad a la hora de equilibrar la protección del cliente y la innovación. Hoy en día, podemos observar que el rol de la autoridad no solo es desarrollar leyes, sino también debe convertirse en un aliado que brinde seguridad legal y tecnologías efectivas al mercado, ayudando a que los consumidores las utilicen. Para conseguirlo, los reguladores de todo el mundo están adoptando ahora modelos de desarrollo de leyes más ágiles, interactivas y colaborativas.

En el caso de México, existe un inconveniente ligado a esta función: los plazos para el desarrollo de normas secundarias, los cuales son muy ajustados y, especialmente, con la reciente notificación sobre la finalización de las normas de open banking y sandbox (entornos de prueba para nuevos modelos de negocio) el próximo mes de diciembre. Por tanto, se ha vuelto extremadamente importante conocer las mejores prácticas y ser conscientes de las lecciones aprendidas en el desarrollo de las normas.

¿Existe alguna receta exitosa para el desarrollo de normativas? Es difícil responder a esta cuestión, pero basándonos en lo que hemos observado, a continuación, mencionaremos algunos principios que podrían ayudar a la autoridad legislativa a desarrollar de manera más adecuada las normativas en un periodo corto de tiempo.

En primer lugar, los reguladores deberían sumar a los distintos actores implicados en el proceso legislativo, con objeto de obtener retroalimentación continua, la cual les permita evaluar políticas contra estándares establecidos. Para conseguirlo, se han generado prácticas de crowdsourcing (colaboración abierta) para sumar a la industria en el proceso de gobierno a través de organismos auto-regulados y normativos. Por ejemplo, el mes pasado, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) publicó el segundo grupo de normativas aplicables para empresas Fintech que incluía consulta pública. Una vez finalizado el proceso, COFEMER concentró las observaciones y devolvió las normas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esto es un claro ejemplo de creación de normativas crowdsourcing en México. Esta práctica, sin duda, debe no sólo continuar, sino ser más habitual.

En segundo lugar, las leyes vigentes deben permanecer en constante monitoreo e, idealmente, tener cláusulas de extensión para garantizar revisiones periódicas con el objetivo de mantener la naturaleza en la dinámica de estas tecnologías emergentes. Por ejemplo, la Unión Europea (UE) tiene un programa llamado Regulatory Fitness and Performance Program (Programa de Desempeño y Aptitud Regulatoria), REFIT por sus siglas en inglés. Este realiza una evaluación en retrospectiva para buscar leyes obsoletas o que requieran revisión. Cada país debe planificar una revisión periódica oportuna de las normativas.

En tercer lugar, los entornos regulatorios de prueba para generar prototipos, nuevos alcances y/o modelos de negocio, deben ser implementados. El objetivo de estos entornos es ayudar a los reguladores a entender mejor la nueva tecnología y poder trabajar conjuntamente con los participantes de la industria para la generación de reglas y normativas para los productos emergentes, servicios y modelos de negocio. El Reino Unido, mediante la implementación del entorno Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) – FCA por sus siglas en inglés, es pionero en su uso para procesos regulatorios. Para adentrarnos más al tema, la FCA busca promover el desarrollo de un entorno global regulatorio para evaluar diferentes opciones, ampliando un modelo de negocio a nivel global, con el objetivo de enfrentar los desafíos en operación internacional en el mercado Fintech. Al mismo tiempo, Canadá, Bahréin, Hong Kong, Singapur, Indonesia y Australia también han implementado sus entornos de prueba. En México, las normas secundarias entrarían en vigor en diciembre del 2018.

En cuarto lugar, las leyes deberán ser desarrolladas de manera más colaborativa, teniendo en cuenta que, cuanto más de internacionalice la industria y las compañías fintech, mejor: la convergencia y la consistencia entre las regulaciones de distintos países será clave a la hora de hacer negocios. Por ejemplo, la FCA en el Reino Unido ha anunciado recientemente la creación de una iniciativa mundial, la Global Financial Innovation Network (Red Global de Innovación Financiera), o GFIN por sus siglas en inglés, para impulsar la colaboración de innovaciones Fintech, como blockchain, entre reguladores y compañías. La alianza trabajará en colaboración con 11 autoridades financieras y organizaciones relacionadas, con el propósito de ayudar a las firmas de este rubro a interactuar de manera más simple con reguladores de diferentes países. México debe unirse a estas alianzas y consorcios.

En quinto lugar, outcome based regulations deben ser desarrolladas. Es decir, los reguladores deben centrarse más en los lineamientos enfocados en resultados u objetivos a obtener, en lugar de definir cómo deben lograrse. Podría decirse que esto ayuda a las Fintech a obtener más libertad para elegir su forma de cumplir con la ley y fomenta la innovación, a medida que las empresas desarrollan sus propias soluciones para lograr los resultados de una manera que agrega valor a la empresa y a sus clientes. Sin embargo, las autoridades deben ser conscientes de que, para que las leyes basadas en resultados sean efectivas, deben centrarse en buscar resultados definidos y claramente articulados.

Para lograr los plazos cortos de las normas secundarias y desarrollar una regulación apropiada, las autoridades legislativas mexicanas deben seleccionar las prácticas más exitosas a nivel mundial para crear un marco más ágil y colaborativo. No obstante, la medida en que estos principios sean implementados y funcionen, solo el tiempo podrá decirlo.
Ankit Sharma, PwC Financial Services Advisory

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Inversión en telecomunicaciones

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El Economista – Antonio Aja

La semana pasada en esta misma columna comentábamos sobre las cifras publicadas en el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto en matera de telecomunicaciones. En la misma, se dio a conocer el análisis de CIU sobre las cifras. De las mismas, destaca que del 2013 al 2017 la inversión privada en el sector de telecomunicaciones ascendió a 328.7 mil millones de pesos, de los cuales 61,484 millones de pesos correspondieron al ejercicio 2017.

A primera vista resultan atractivas las cifras de inversiones en el sector durante la presente administración. Sin embargo, también es cierto que en el último año se presentó un efecto sumamente preocupante; el decrecimiento de la inversión total en la industria. Cabe recordar que en este periodo tuvo lugar la reforma constitucional de telecomunicaciones de junio del 2013, la cual tenía entre otros objetivos, promover la inversión que generara mayor competencia y así fomentar la conectividad a lo largo y ancho del país.

Del 2016 al 2017, el total de las inversiones realizadas por los operadores del sector sufrió una escalofriante caída del orden de 27.7%, esto es, que de un año a otro, se dejaron de invertir un total de 23,596 millones de pesos. Un efecto que, con menor grado, sólo se había observado en el 2014 ante la incertidumbre quizá de la implementación de dicha reforma.

Para entender el motivo que generó tan importante caída de inversiones en el 2017, podemos preguntar sobre la viabilidad de las reformas, los incentivos para los inversionistas, la regulación para competidores y la apertura para nuevos competidores. También es cierto que el 2017 fue un año convulso derivado de las inminentes campañas electorales para el 2018.

Un punto interesante que resulta destacar es que la empresa más fuerte del sector, América Móvil, redujo sus inversiones en 46.3% en comparación con el 2016 y desde luego esto tiene un peso importante en la balanza.

Sin embargo, el resto de operadores del sector, tanto fijo como móvil, mantuvieron el año pasado niveles de inversión similares a los realizados en el 2016. Lo anterior, resultó clave para que la inversión total del sector en el 2017, no presentara una contracción mayor. Durante el 2017, la inversión de los demás competidores juntos representó 68% mientras América Móvil representó 32 por ciento.

Si bien la caída en inversión puede prender un foco de alerta, pensando en que hay algo que no esta fomentando la inversión esperada, lo opuesto también puede ser cierto, que la competencia este encontrando incentivos para invertir en un mercado más favorable y así ampliar su participación de mercado.

Los ingresos obtenidos por los operadores de telecomunicaciones durante el mismo periodo por la prestación de sus servicios (telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha fija, banda ancha móvil y televisión de paga), América Móvil sigue siendo el líder del segmento con 59% del total, mientras que el resto de operadores representó 41% restante.

Desde el punto de vista del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), el desempeño de la inversión del agente preponderante en telecomunicaciones se ubica por debajo de los porcentajes de inversión que realizan operadores similares en otros países, con marcos regulatorios que también prevén medidas asimétricas para nivelar el terreno competitivo. Asimismo, el Idet recomienda un diagnóstico objetivo resulta fundamental para evitar poner en riesgo los importantes beneficios que ha traído a México la reforma de telecomunicaciones.

Las reformas en telecomunicaciones han traído retos y oportunidades a los participantes. El nuevo gobierno no debe perder de vista que el objetivo final es generar el entorno competitivo de inversión que beneficie a todos los participantes y ultimadamente a los usuarios.

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Efectos perniciosos de la concentración: manipulación de inversiones

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El Economista – Ernesto Piedras

En la literatura económica se establece que la competencia habilita un cúmulo de beneficios para los consumidores, hogares, empresas y para la economía en su conjunto. A saber: menores precios, mayores alternativas de consumo, mejor calidad de los productos, a la vez que incentiva la innovación, detona el ejercicio de inversiones y la productividad agregada.

En el caso contrario, en ausencia de competencia, la concentración en el mercado resulta en efectos perniciosos, como precios en niveles subóptimos, limitada capacidad de innovación, reducción de incentivos a la inversión y merma del crecimiento económico, entre otros. El escenario de competencia efectiva ha resultado evasivo en el sector de telecomunicaciones en México.

A pesar de los esfuerzos regulatorios por alcanzar un rebalanceo del terreno competitivo, parece que hemos vuelto al panorama que diagnosticaba la OCDE, que en 2012 ya daba cuenta que “en México las decisiones en favor de la competencia han surgido con lentitud y, una vez tomadas, han sido frustradas por la ineficacia de los sistemas de regulación y legal” (https://goo.gl/8Nx4KF).

Asimismo, relataba que “a principios de 2009, cuando la Cofetel publicó nuevas regulaciones de interconexión que exigían a todos los operadores permitir el acceso a terceros, Telmex respondió con el recorte de una tercera parte de las inversiones planeadas para 2009”. Todo ello se lee tan fresco como el diagnóstico de inversiones al que hace referencia el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) en su reciente boletín (https://goo.gl/YEdycQ), que indica que a partir de la reforma de telecomunicaciones se registró un alza en la inversión total sectorial, pero que esa capitalización se contrajo 27.7% en 2017, atribuible a que el preponderante redujo su ejercicio de capital en infraestructura en 46.3% respecto a 2016.

Ello provee de evidencia de que, bajo un escenario de alta concentración de mercado, existen limitados incentivos para que este operador ejerza montos óptimos de inversión.

En contraste, los operadores competidores mantuvieron sus niveles de inversión, en donde destaca Televisa Telecom como el operador que realizó mayores adiciones de capital, al destinar 20,027 millones de pesos o un tercio del total durante 2017.

Durante el ejercicio de regulación asimétrica de la reforma, el preponderante se ha empeñado en demorar y echar atrás las medidas que le fueron impuestas. La eliminación de la ‘tarifa cero’ por la terminación de llamadas en sus redes, la falta de acuerdos de compartición de infraestructura pasiva y la dificultad para replicar técnica y económicamente sus ofertas comerciales, son ejemplos de sus esfuerzos por mantener su elevado poder de mercado en detrimento de la renivelación de mercado a favor de sus competidores.

Con todo esto el sector permanece en el escenario de efectos perniciosos de la excesiva concentración de mercado, que da pauta a montos de inversión subóptimos por parte del operador preponderante, América Móvil.

Ello también implica que la permanencia en el largo plazo de los beneficios alcanzados por la reforma de telecomunicaciones está en riesgo. La vuelta al diagnóstico emitido por la OCDE en 2012 da cuenta de ello.

Aquí la recomendación es nuevamente la búsqueda de la plena eficacia y sostenibilidad de las medidas procompetencia impuestas, puesto que, en palabras de la OCDE, que hoy resuenan de nueva cuenta, “en México, la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el bienestar de su población”.

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¿Cuánto van a pagar ahora los funcionarios del gobierno?

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El Universal – Javier Tejado Dondé

El jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó una Ley –la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos- en la que establece que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República. Con esto, la Cámara destrabó una minuta que estaba en la congeladora y que el Senado había aprobado en el 2011.

Para asegurar que ningún funcionario le dé la vuelta a la nueva Ley, ya sea al recibir dinero de más o a ayudar administrativamente a que alguien cobre más, se creó el delito de “pago indebido de remuneraciones”, que contempla hasta 14 años de cárcel.

Con esta aprobación, las bancadas de Morena-PT-PES-PVEM quisieron dejar hacer sentir su nueva súper mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Qué sigue?

Hay que decir que la nueva Ley aprobada, por sí sola, no genera impacto alguno a ningún funcionario público. La merma salarial se sentirá en todos los Poderes de la Unión y en los Órganos Autónomos a partir de enero del 2019, una vez que entre en vigor el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2019.

Según ha trascendido, el Presidente electo quiere fijar su salario en 108 mil pesos (ver tabla anexa, proyecto PEF-2019), cuando hoy en día el Presidente de la República gana 220 mil. Esto es una reducción de casi un 50%.

De ser este el caso, todo el escalafón de servidores públicos verá mermado su ingreso.

En el 2009, cuando se aprobó la Reforma Constitucional al artículo 127 de la Constitución, que también decía que nadie podía ganar más que el Presidente, se hicieron dos ajustes que dejaron los salarios de todos los servidores públicos intactos: a) para cuidar a todos los funcionarios del Gobierno Federal, el Presidente de la República, entonces Felipe Calderón, no se bajó el salario en el PEF; y, b) para proteger a todo el Poder Judicial (Federal y Estatales) y a los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, se puso en la Constitución un artículo transitorio a efecto de que sus “retribuciones nominales superiores al monto máximo (salarial) previsto…, se mantendrán durante el periodo que dure su encargo”. Con ello, no bajaron los salarios de nadie.

Ahora, el nuevo Gobierno indica que sí lo hará. Y el techo serán los 108 mil pesos que ganará el futuro Presidente, pero para hacer la reducción salarial pareja en todos los Poderes y Órganos Autónomos se tienen que cambiar el artículo 94 y los transitorios del 127 de la Constitución. De lo contrario, quedará truncada la reforma propuesta.

Justo por ello, Morena está presionando para que se publique esta semana en el Diario Oficial la nueva Ley de Remuneraciones y ya con ésta publicada, por increíble que parezca, le van a hacer ajustes: excepciones para que algunos cobren más que el Presidente y, a su vez, poder elaborar el PEF.

Se prevé que, por ejemplo, los funcionarios que tengan una “alta especialización” o “trabajo técnico calificado” puedan ganar hasta un 50% más que el Presidente, pero aún con este rasero la merma salarial será importante para varios. Veamos: si el Presidente ganará 108 mil pesos, esto significa que los funcionarios altamente calificados podrían ganar, como techo, hasta 162 mil pesos, monto que está ya por debajo de lo que hoy ganan los Comisionados de organismos reguladores como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Federal de Competencia (201 mil pesos).

Cabe señalar que esta reducción salarial también será para los funcionarios de los gobiernos estatales, y es que, con una iniciativa de Reforma Constitucional en materia de Austeridad Republicana ya propuesta en el Senado, se afectará a todos los niveles y órdenes de la administración pública.

Coincido con los legisladores de Morena en que hay una gran animadversión hacia el sector público y sus excesos, pero estos más bien son cometidos por algunos cuantos, no por todo el servicio público. Me preocupa que con medidas de esta naturaleza el Estado mexicano pierda talento y experiencia que tarda muchos años en construirse y que la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios dañe operaciones y decisiones de la mayor relevancia para el país.

Con esta medida, de no meditarse, aquellos funcionarios que puedan colocarse en la iniciativa privada lo harán antes de que los nuevos salarios empiecen a aplicar, a efecto de no ver mermadas sus pensiones o su seguro de separación.

Estoy seguro de que a todos los mexicanos no nos importaría que se quedaran los actuales salarios, siempre y cuando el servicio público sea honesto y eficiente. De hecho, los actos de corrupción que han manchado a funcionarios estatales y federales nada tienen que ver con las nóminas de los servidores públicos. Los malos manejos versan sobre los recursos para programas sociales, la venta amañada de predios públicos y la asignación a modo de obra pública. Me temo que con malos incentivos económicos (y un sistema anticorrupción que no toma forma) los funcionarios públicos tendrán más incentivos para cometer este tipo de delitos que sí dañan a la hacienda pública y que representan miles de millones en malas decisiones. Veremos qué hace el nuevo Gobierno y sus bancadas estos días.

AMX deja de invertir en México: sorprenden los datos que el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) da a conocer respecto a lo informado en el VI Informe de Gobierno. En concreto, la caída en las inversiones en el sector telecomunicaciones –por 23 mil millones de pesos- atribuida a la reducción en inversiones de América Móvil (Telcel-Telmex) en el país entre 2016 y 2017. Y es que según el VI Informe y datos del IFT, América Móvil (AMX) habría optado por “reducir en 46.3% sus inversiones en comparación con el 2016”, según señala el IDET.

En contraparte, el resto de los operadores prácticamente ha mantenido el ritmo de inversiones. En orden de importancia, el ranking del 2017 en materia de inversión (por Unidad Generadora de Ingreso) es: Grupo Televisa, Megacable y AT&T. De hecho, en el 2017, Televisa –únicamente por lo que hace en telecomunicaciones– invirtió 20 mil millones de pesos –un tercio de todo lo invertido en el sector en México–  y su inversión ya fue superior a la realizada por AMX.

Esta estrategia ya la había implementado antes AMX, por ejemplo, cuando fue declarado Agente Económico Preponderante (2014), aunque la reducción no fue tan severa como la del año pasado. Una posibilidad es que AMX haya dejado de invertir al ordenarse la separación funcional de Telmex, decisión regulatoria que tanto la empresa como su sindicato han rechazado. La medida de presión tiene riesgos para AMX pues –sobre todo Telmex– puede seguir perdiendo mercado en telefonía e Internet fijos.

Con todos estos datos, es clave que el nuevo Gobierno – y el IFT– continúen tomando decisiones pertinentes para que haya una competencia efectiva. De lo contrario, no regresarán las inversiones a México y los servicios de telecomunicaciones no continuarán mejorando, tanto en precio como en calidad, como hemos visto estos últimos 3 años.

 

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