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Los desafíos en la Agenda para la libertad de expresión

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La Silla Rota – Aleida Calleja

Pasada la contienda electoral más grande la historia del país y con la mayor parte de los resultados para el congreso, el ejecutivo y los distintos niveles de gobierno que fueron mayoritariamente ganados por Morena, toca ahora retomar la gran agenda nacional en todas las materias posibles. En su discurso ante la nación el pasado 1º de julio Andrés Manuel López Obrador insistió en que garantizará las libertades civiles, entre ellas la libertad de expresión, el tono aludía especialmente a que no habría censura.

Si bien para que la libertad de expresión sea saludable se requiere garantizar la obligación de respeto, que en clave de derechos humanos significa la no intervención de agencias estatales para evitar la censura, también es indispensable que dichas agencias garanticen las obligaciones de protección y promoción.

A lo largo de las campañas los candidatos y sus partidos abordaron entre poco y nada propuestas para garantizar la libertad de expresión, siendo México uno de los países más riesgosos para ejercerla a través del periodismo. Otras dimensiones asociadas a la libertad de expresión como el derecho a la información, pluralismo, diversidad, acceso a la información, entre otras, también cuentan con serios obstáculos, como quedó documentado por el informe que presentaron el pasado 19 de junio los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), producto de la visita oficial que hicieran en noviembre de 2017. De acuerdo a las recomendaciones de este informe, son varias las aristas que se tienen que solucionar en materia de libertad de expresión y que tienen que ver con varias instancias del aparato estatal, veamos algunas.

Inclusión y brecha digital

Varias personas expertas en telecomunicaciones han insistido en la urgencia de reducir la brecha digital para conectar a poco más de la mitad de la población que no tiene acceso a los servicios de banda ancha que les impide la habilitación del ejercicio de varios derechos humanos.

El documento proyecto de Nación de Morena en el apartado de economía y desarrollo, tiene como principal objetivo trabajar en este terreno para ampliar la cobertura de banda ancha para las zonas marginadas de México a precios accesibles, crear el Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha e incentivar a los operadores a ampliar la cobertura mediante un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. El plan se centra en disminuir la brecha de acceso a la banda ancha en los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Para ello se proponen contar con un inventario para identificar las áreas geográficas que no tienen acceso o es limitado,  identificar el espectro en estas regiones que no estén siendo utilizadas por los actuales operadores y en su caso poder subarrendarlo, y, entre otras medidas, otorgar concesiones para uso público o social para que las comunidades y organizaciones lleven servicios de telefonía móvil e Internet para lo cual se les otorgará apoyo técnico, asesoría financiera y regulatoria para el despliegue de la red.

Esta propuesta recoge la experiencia de la asociación Telecomunicaciones Indígenas y Comunitarias que ha desplegado infraestructura en comunidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otras, para que accedan a las redes. Me parece acertado que el nuevo gobierno asuma que el mercado y el Estado necesitan trabajar de la mano con las organizaciones comunitarias para reducir la brecha digital, veremos cómo actúa al respecto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que ha mantenido hasta ahora una política poco favorable para los operadores de este tipo.

Abel Hibert, que se perfila como el nuevo Subsecretario de Comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al que se le reconoce conocimiento, trayectoria y sensibilidad, fue de los artífices para esta propuesta. Experto en el terreno, también ha manifestado que para la Agenda Nacional Digital funcione se integrará un solo organismo para coordinar áreas y facultades que se encuentran dispersas. Sin duda este nuevo diseño institucional será clave para despegar el desarrollo digital en el país que enfrenta añejos temas como la conectividad como otros del presente y el futuro que necesitan ya de respuestas para la protección de derechos como el internet de las cosas y la inteligencia artificial, entre otros de la agenda digital (servicios transfronterizos, bienes digitales, comercio electrónico, entre otros).

El espectro, aspecto clave

Para la agenda digital, el documento ya mencionado plantea una revisión de las políticas de acceso al espectro en el caso de las telecomunicaciones, no así en radiodifusión, las cuales deberá de coordinar con el IFT que es el regulador único en la materia. En las consecuentes licitaciones de espectro que ha llevado a cabo el regulador para servicios de banda ancha móvil ha primado el criterio de la subasta ascendente con fines recaudatorios sin exigir a los operadores obligaciones de cobertura, lo que origina una exclusión para los lugares con mayor pobreza y menos densidad poblacional, porque para las empresas no son mercado.

Identificar el espectro no utilizado por los concesionarios, es una excelente propuesta, para ello se debería contar con las métricas de eficiencia espectral que hasta la fecha el IFT no ha dado a conocer a pesar de que es un mandato de ley desde el 2014 con la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

¿Cómo podemos saber que la eficiencia en el uso de ese espectro se maximizará si ni siquiera conocemos las métricas de eficiencia, así como las metodologías de medición que permitan cuantificarlas? Antes de licitar más espectro deberíamos saber con exactitud cuál es la eficiencia del ya adjudicado para sobre ello hacer una prospectiva regulatoria y de política pública más eficiente para próximas licitaciones.

Considero que el gobierno entrante debería de trabajar junto con el IFT una política espectral de largo plazo (no sólo un Programa Anual de bandas de frecuencias disponibles), que detalle todas las bandas que se pretenden licitar, las bandas que se deben rescatar por uso ineficiente, las bandas que serán propicias de reacomodo, los objetivos que se persiguen en cada una, la cobertura que se logrará con las mismas, las decisiones que en materia de competencia conllevan y la forma en la que se fomentará un mayor despliegue de infraestructura que nos coloque en estándares internacionales.

Competencia plena

El gobierno entrante debería de realizar una revisión a fondo para ubicar los nudos que han impedido la competencia plena en las telecomunicaciones y la radiodifusión, contrario al mandato constitucional algunos mercados se han concentrado más, como es el caso de la televisión de paga con sus subsecuentes alzas en el servicio. Al respecto Hibert ha manifestado que se ocuparán del tema, sin embargo, no está por demás recordar que no es el único segmento en el que no hay competencia plena, también hay que revisar los mercados de televisión y radio abiertas y sus mercados relacionados, incluyendo la parte digital con los servicios de OTT´s y lo que implica la convergencia digital, que está teniendo ya consecuencias por sobre las industrias audiovisuales y cinematográficas en el país.

Las fusiones como la de AT&T y Warner que están creando megaempresas que combinan el audiovisual con la infraestructura de servicios y tendrán un impacto en las industrias nacionales por lo que el nuevo gobierno debe ver cómo fortalecer esta parte de la economía nacional, como parte de la competencia pero también como parte del ejercicio de derechos en materia de pluralismo y diversidad en los contenidos audiovisuales, rubro completamente olvidado por el IFT.

Reforzar al regulador

Si bien el IFT es un organismo con autonomía constitucional, la composición de su Pleno depende del Ejecutivo al tener la facultad de escoger a sus integrantes para ser ratificados por la Cámara de Senadores, del 2019 al 2022 la nueva gestión  tendrá que proponer a cuatro nuevos integrantes que saldrán de manera escalonada del IFT, con lo cual podrá cambiar de manera importante la composición del Pleno que hasta ahora se ha caracterizado por posiciones tibias en los temas más álgidos del sector, la agenda en este sentido debería ir por reforzar la autonomía del regulador con personas que rebasen la lógica de creer que la política pública se basa en las lealtades políticas y no en las necesidades para el país. Ojalá que el Ejecutivo tenga una conducta distinta a la que tuvo Peña Nieto que se caracterizó por buscar la captura de ese órgano y otros con autonomía constitucional. Tener un órgano regulador independiente y robusto es clave para afrontar los retos en todos los aspectos antes mencionados.

La agenda legislativa

Muchos rubros hay pendientes en la agenda legislativa y no queda clara la posición de la nueva gestión federal al respecto tomando en cuenta que tiene la mayoría en el Congreso federal, así por ejemplo queda por saber qué hará en temas como la restitución de los derechos de las audiencias derogados en la LFTR por la legislatura saliente, o que acciones específicas hará para fortalecer a la radiodifusión comunitaria e indígena tan castigada en la actual ley, qué hará para fortalecer a los medios de servicio público para que dejen de ser vocería oficiales de los gobiernos en turno, si revisará al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) para convertirlo en una verdadera cadena nacional de televisión pública y que no se limite a ser sólo un  compartidor de infraestructura, o si irá en contra de la Ley General de Comunicación Social mejor conocida como la #LeyChayote sobre publicidad oficial. También queda duda si mantendrá a la Secretaría de Gobernación como la instancia para seguir regulando parte de la agenda de los medios a través de la Subsecretaría de Normatividad de Medios y que desde una perspectiva democrática no debería de tener injerencia en la regulación de los medios.

Hay una muy buena cantidad de obstáculos en los temas de la agenda que pueden subsanarse con tan amplio margen en el congreso, la pregunta es si el nuevo gobierno asumirá este reto o si mantendrá el status quo.

Agresiones, protección e impunidad

Por último, el gobierno de López Obrador deberá de encarar otros temas gravísimos en materia de libertad de expresión y que están directamente ligados al Ejecutivo y que son urgentes de atender, como es la protección a periodistas y acabar con la impunidad en las agresiones y asesinatos, ello requiere de una revisión a profundidad de la Fiscali´a Especial para la Atencio´n de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresio´n, dependiente de la PGR, así como del Mecanismo de Proteccio´n para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se requiere adoptar medidas para abordar la situacio´n estructural de impunidad, incluyendo el establecimiento de las garanti´as de imparcialidad e independencia necesarias para ello, asegurar una proteccio´n efectiva, garantizar la efectiva cooperacio´n y coordinacio´n entre los niveles federal y estatal para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Nada más y nada menos, los desafíos son mayúsculos, pero también el apoyo de la población con sus diferentes sectores, como se pudo constatar en la votación, ese es el mejor incentivo para poner voluntad política y manos a la obra.

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Televisión pública: entre el oficialismo y la insuficiencia

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El Financiero Adriana Solórzano

En nuestro país la televisión es, por ley, un servicio público concesionado con tres posibles usos: comercial, público o social. Sin importar la modalidad, toda televisora está obligada a brindar “los beneficios de la cultura a toda la población” (como estipula el artículo 6º de la Constitución). No obstante, es una función social que raramente exigimos de los canales comerciales y que indudablemente esperamos de la televisión gestionada por el Estado o por las universidades públicas.

De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hoy día existen dieciocho sistemas de televisión operados por gobiernos estatales y siete televisoras operadas por instituciones públicas de educación superior; podrán parecer muchos canales, pero es una red insuficiente para llevar el servicio a toda la población. Ejemplifiquemos: en Baja California operan once concesionarios comerciales, entre estos las tres cadenas nacionales: Televisa, Televisión Azteca y Cadena Tres, pero la única concesión de uso público es la de Canal Once en Tijuana. Un caso similar es Chihuahua, estado en el que operan trece concesionarios comerciales y la única señal pública es la de Canal Once que se mira en tres plazas: las ciudades de Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc. En situaciones similares se encuentran Sinaloa, Yucatán, Durango y Nayarit. Quizás el caso más desequilibrado lo encontramos en Tamaulipas, entidad donde operan doce concesionarios comerciales y la única concesión pública es la procedente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), que se recibe solo en Tampico.

Estamos muy lejos de garantizar a los más de ciento veintisiete millones de mexicanos el acceso a cuando menos una señal de televisión pública, también estamos muy lejos de contar con una televisora pública nacional. El SPR es lo más cercano pero, de acuerdo con información de su página web, el sistema cubre solo el 49.72% de los televidentes a través de veintiséis estaciones ubicadas en veintidós estados de la república. El acceso universal no es una realidad, aunque, gracias a las bondades de la televisión digital terrestre y a la multiprogramación, televisoras como Canal Once, tv UNAM, Canal 22, Canal del Congreso y Televisión Educativa, utilizando la infraestructura del SPR, pueden ser vistas en plazas donde el sistema tiene cobertura.

Otra de las falencias es la falta de recursos. La televisión pública en nuestro país depende en su mayor parte del presupuesto asignado por el Congreso, ya sea el federal o los estatales. Los montos son discrecionales y dependen de la “buena voluntad” de los gobiernos en turno. No puede autogenerar recursos a través de la venta de espacios para publicidad (a excepción de Canal 22 que tiene una concesión de tipo comercial) porque la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se lo prohíbe. Lo anterior dificulta seriamente su viabilidad e independencia.

Además, los exiguos montos comprometen la calidad de las producciones y el acceso a tecnología de punta y modernización permanente. Veamos. Canal Once ejerce presupuestos anuales en torno a los quinientos millones de pesos, Canal 22 y el SPR en torno a los doscientos. Lo anterior contrasta dramáticamente con el gasto en publicidad gubernamental. De acuerdo con la organización civil Fundar, tan solo el ejecutivo federal gasta un millón de pesos cada hora en publicitar sus acciones de gobierno. Con ese ritmo, en seis años, Enrique Peña Nieto habrá gastado cerca de cincuenta mil millones de pesos y, lo más grave, concentrado en apenas un puñado de medios de comunicación. Fundar calcula que la cuarta parte del gasto se destina al duopolio televisivo. Así, mientras Televisa y tv Azteca reciben miles de millones de pesos del gobierno federal, hay medios públicos estatales que operan con menos de veinte millones de pesos anuales.

Lo anterior produce un panorama poco promisorio: canales de televisión que no tienen audiencias por su oficialismo y falta de producciones propias de calidad (entre otras posibles razones) y que, por lo mismo, difícilmente son defendidos por la ciudadanía. Eso también hace complicado estimar con justicia su valor potencial. La BBC ejerce un presupuesto cercano a los seis mil millones de euros que procede de los bolsillos de los ciudadanos que aprecian sus contenidos y pagan por poder acceder a estos. En contraste, en México, el canal público más visto es el Once, cuya audiencia representa apenas el 10% en las grandes ciudades. Según un informe del IFT de 2016, esto representa una sexta parte de los espectadores que sintonizan el canal Las Estrellas.

La reforma constitucional de 2013 puso los puntos sobre las íes para poder transformar los medios de gestión estatal en verdaderos medios públicos. Para obtener la concesión de uso público, la ley los obligó a de- mostrar mecanismos para asegurar la independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Por desgracia, como se puede leer en votos particulares de protesta de María Elena Estavillo y de Adriana Labardini, comisionada y excomisionada del IFT, se han otorgado concesiones de uso público sin que esos elementos hayan quedado demostrados. También se han dado casos en los que los medios han creado consejos ciudadanos integrados por servidores públicos que tienen algún conflicto de interés con sus directivos o que no tienen suficiente autonomía respecto a los gobiernos.

Necesitamos una televisión cultural que nos ayude a identificarnos pero también a entendernos como el país pluricultural que somos. Es importante fortalecerla no para salvaguardar contenidos acartonados o la transmisión de espectáculos de bellas artes. La televisión cultural tampoco debiera presentar versiones folclorizadas de los pueblos originarios o un cúmulo de programas y series extranjeras. Los medios públicos son, en primer lugar, un mecanismo del Estado para garantizarnos acceso a la información, espacios para la deliberación pública. Deben ser, por tanto, una alternativa a la programación comercial y, por supuesto, constituirse en el lugar donde veamos representadas nuestras prácticas culturales, prácticas pensadas –como diría Amparo Marroquín parafraseando a Martín-Barbero– “desde lo mestizo, lo impuro, lo fronterizo, lo borrado”. ~

Adriana Solórzano es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.y la insuficiencia

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El IFT y la transición

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La Razón – Roberto García Requena

En 2013, con la reforma en telecomunicaciones, se extinguió la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), para dar lugar al nacimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano regulador de este importante sector de la economía.

Atrás de este cambio de nombre y naturaleza del regulador estaba eliminar la llamada “doble ventanilla” que existía entre la Cofetel y la SCT. Antes de la reforma, la SCT validaba o no todos los actos administrativos de la Cofetel. Después de la reforma, el IFT es constitucionalmente autónomo e independiente.

Esta autonomía del sector central de la administración, permite a cualquier regulador tomar decisiones ajenas al contexto político del momento. Por ello, los comisionados que lo integran son transexenales e inamovibles. Esto garantiza de alguna manera que las decisiones técnicas que tome el IFT sean para realmente favorecer el entorno del mercado, y no a satisfacer caprichos políticos de los gobernantes en turno.

En este sentido, parece que la administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador será respetuosa de este marco institucional. En voz de su representante para las telecomunicaciones, Abel Hibert, excomisionado de la Cofetel, la administración entrante será consecuente con la reforma y complementará las acciones emprendidas.

Abel Hibert habla de incrementar la cobertura de servicios en el país y darle continuidad a los proyectos de la red compartida y red troncal. También ha mencionado la creación de un fondo de cobertura social, que servirá como capital semilla para desplegar redes en comunidades rurales alejadas. Asimismo, hace énfasis en una agenda digital para aprovechar todas las ventajas que otorga la conectividad.

Todo esto es lo que le toca hacer a la nueva administración. Es sensato y acorde al marco legal. Ahora bien, y en este mismo sentido, es vital conservar la autonomía del IFT, así como de otros reguladores de sectores regulados. No entrometerse en tareas que les corresponde exclusivamente a los reguladores (concesiones, sanciones, etc.) es crucial para que las cosas salgan bien.

En otro tema. Roku cada vez se enreda más. Primero, la semana pasada admiten que no han podido erradicar al 100% la piratería en su plataforma pero, en contradicción, siguen calificando como de erróneas las resoluciones judiciales que prohíben vender el dispositivo. No acaban de entender que vivimos en un Estado de derecho y que están haciendo confesiones constantes y públicas de su ilegalidad, en las que admiten que ponen a disposición del pirata un vehículo para delinquir. Sus analogías de compararse con computadoras, televisores, reproductores o cualquier otra cosa son absurdas. No es un posicionamiento digno para una transnacional.

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Red Troncal: política de Estado, no de gobierno

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El Economista – Ernesto Piedras

Hace poco más de un lustro se estableció a nivel constitucional el proyecto de la Red Troncal Nacional de Telecomunicaciones, estrategia del Estado para alcanzar acceso universal de las telecomunicaciones entre mexicanos, especialmente, en aquellas regiones remotas con escasa o nula oferta, así como para aumentar la cobertura, capacidad y calidad de la infraestructura de redes fijas. El proyecto forma parte de la estrategia y esfuerzos gubernamentales derivados de la reforma constitucional enfocados en alcanzar acceso y cobertura universales, en línea con el mandato del Artículo 6º constitucional.

Así, es claro que hoy la política de conectividad no se limita a un sexenio o una administración presidencial, sino que debe constituir una política de Estado.

La importancia de esta red reside no sólo en la búsqueda de materializar un escenario de conectividad en la que una gran mayoría de hogares y mipymes, al menos 70% y 85% respectivamente, cuenten con acceso efectivo a Internet. También constituye una adición significativa de capital de infraestructura que contribuirá fuertemente a la reducción del déficit de redes y a la dotación de capacidad de transmisión/descarga suficiente, ante la creciente demanda de datos por parte de las personas, los hogares y las unidades económicas en el país.

Asimismo, al proveer de servicios mayoristas en condiciones no discriminatorias, venta desagregada, neutralidad tecnológica y a precios competitivos, se reducirán las barreras de entrada y desarrollo de operadores competidores (fijos y móviles) que podrán ofrecer de manera más efectiva y competitiva servicios de voz, datos y video a los usuarios finales.

Desafortunadamente este proyecto fue demorado en su planeación y ejecución. Sin embargo, finalmente el pasado 29 de junio se dieron a conocer las bases para definir al desarrollador del proyecto, a través de un formato de Asociación Público-Privada (APP). Se prevé contar con el fallo del concurso el 24 de octubre para celebrar el contrato de la APP un mes después, el 23 de noviembre y, a partir de entonces, el desarrollador tendrá 180 días naturales para iniciar el despliegue de la red.

El desarrollador se debe comprometer a ofrecer una cobertura de al menos 80% de la población, máximo 42 meses después de la ejecución del acuerdo, con 12 meses adicionales para cumplir los compromisos de cobertura adicionales prometidos. Adicionalmente, deberá iniciar operaciones comerciales dentro de los primeros 270 días naturales posteriores a la firma del contrato de la APP. También debe cubrir todos los costos derivados de la ejecución del proyecto, en el entendido de que ninguna entidad Estado hará aportaciones adicionales a los dos pares de hilos de fibra óptica oscura de CFE y el derecho de acceso a puntos de demarcación y conexión.

Como única contraprestación, el desarrollador percibirá los ingresos generados por la operación de la red por un periodo máximo de 40 años. Adicionalmente, deberá transferir a Telecomm 1% de sus ingresos anuales o, en su defecto, 28 millones de pesos, la cantidad que resulte mayor.

Amerita destacar que, de no concretarse la definición del desarrollador en los plazos previstos en las bases, tocará a la próxima administración presidencial imprimir un sentido de urgencia, ante el mandato constitucional que obliga a la constitución de la Red Troncal.

Estamos frente a un caso de política pública sectorial de Estado que no está sujeta al calendario de administración de gobierno.

Ante la eventual coincidencia de la implementación de proyectos como éste y la transición de titularidad del Poder Ejecutivo, es imperante la definición de líneas de acción transexenales, con motivo de dotar de certeza y materialización cierta de éstos, sea cual sea la administración en turno.

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