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Lo único pirata en el caso Roku son los fallos en su contra

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El Economista – José Soto Galindo

En un estado de derecho todos tenemos derecho a un juicio justo, a esperar que los jueces sean imparciales y a que quienes nos señalen de cometer un delito lo demuestren, o como dicen los abogados: que lleven la carga de la prueba. En el caso de Roku, desarrollador de una plataforma de televisión por internet prohibida temporalmente en México, nada de eso ha sucedido y en cambio los jueces que han conocido las acusaciones de Cablevisión de Grupo Televisa contra la plataforma han dictado sentencias abusivas y claramente improcedentes. Se ha evidenciado otra vez a un sistema de justicia que opera bajo consigna, más propio de un estado autoritario y de un capitalismo clientelar que al de una democracia.

La historia comienza con la llegada de Roku al mercado mexicano en 2015. Roku conecta a productores de contenido directamente con los consumidores. Al ser una plataforma de libre acceso, permite que cualquier persona construya su canal y lo entregue a la audiencia directo en su televisor. Esto ha motivado que académicos, universidades o iniciativas de contenido como las Ted Talks creen canales (aplicaciones) y sus contenidos tengan mayor alcance. También ha permitido que piratas profesionales distribuyan contenido que infringe derechos de autor. Como lo hace cualquier aparato de cómputo o servicio digital: a través del iPhone, pueden reproducirse películas, libros, revistas o música descargada de manera ilegal. En Facebook Live es posible encontrar la transmisión sin licenciamiento de un partido de futbol y Google ofrece en sus resultados de búsqueda ligas a contenidos que violan los derechos de autor.

Para Cablevisión —una compañía de televisión por cable propiedad de Grupo Televisa, que tiene 61.8% del mercado en México—, Roku “coadyuva a descifrar y distribuir” ilegalmente las señales de Telehit, Ritmoson, Bandamax, Unicable, De Película, Golden, Golden Edge, Telenovelas, Distrito Comedia, TiiN, Las Estrellas, Foro TV, Canal 5, Gala TV, a través de aplicaciones de terceros como MachtTV, Quarks PRO, RokuTV, Neo, AXSTV, MiTV, PIX y UnderTV. Por ello demandó —con todo derecho— a los distribuidores de Roku (Latamel Distribuidora) por su participación en la supuesta violación de derechos de autor (en este caso, derechos conexos).

La demanda de Cablevisión se presentó el 8 de mayo de 2017. Once días después (¡sí: once!), la jueza Alejandra Beltrán Torres atendió el llamado y ordenó:

  1. suspender la importación de Roku a México;
  2. suspender la venta de los aparatos en 24 establecimientos minoristas (Walmart, Mercado Libre, El Palacio de Hierro, Liverpool, Coppel, entre otros);
  3. suspender la recepción de depósitos en las cadenas Oxxo, 7-Eleven y Extra, además de los depósitos en bancos como BBVA, Banorte, HSBC y Santander a favor de supuestos piratas que comercializan los contenidos licenciados por Cablevisión, y
  4. suspender los depósitos a favor de los supuestos piratas a través de Compropago, una plataforma mexicana de pagos en línea.

La resolución de la titular del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, de 5 páginas y 2,583 palabras, no precisa los fundamentos legales para ordenar la suspensión (medidas de apremio) ni determina su periodo de vigencia. Simplemente levanta la mano y ordena, aun cuando el tema no es de su competencia: sólo las autoridades judiciales y administrativas competentes en materia de propiedad intelectual pueden ordenar la suspensión de importaciones. Basta leer la Ley Aduanera (artículo 144) y el Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria (artículo 19 fracción LXIV).

El siguiente abuso contra Roku y sus socios de negocio ocurrió el 9 de marzo de 2018, cuando la jueza Gabriela López de los Santos, titular del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región en Coatzacoalcos, Veracruz, le negó el amparo indirecto a Roku contra la suspensión de la importación y la venta de sus aparatos en México. El argumento debe preocuparnos, pues de aceptarse podría ser empleado para negar la protección judicial en situaciones similares: según López de los Santos, no se tiene interés jurídico ni legítimo y por tanto no se afecta la esfera jurídica cuando una autoridad prohíbe a terceros que lo que tú produces, que no ha sido declarado como ilegal, sea importado y vendido en México.

Nótese que la supuesta violación a la propiedad intelectual, esgrimida inicialmente por Cablevisión contra Roku, no aparece en las sentencias citadas. La razón es obvia: no se puede acreditar que Roku sea responsable de las transmisiones que infringen los derechos de autor, como no se puede responsabilizar a un automóvil que es utilizado para atropellar a una multitud en la vía pública o al refresco carbonatado utilizado para torturar a alguien. Los actos ilícitos son responsabilidad de las personas que los ejecutan y no de los aparatos o las cosas con que se realizan. Las juezas le sacan la vuelta al tema de fondo para —la primera— dictar una suspensión sin argumentos y —la segunda— negar la protección ante una afectación irreparable al negocio de Roku, que le ha impedido comercializar sus productos en México durante más de un año.

Cablevisión está en su legítimo derecho de defender su modelo de negocio. Pero jamás podrá competir, incluso teniendo a los jueces de su lado, contra las afectaciones que nuevos servicios digitales, sea Roku o Netflix o cualquier otro, supongan para los operadores tradicionales y la manera como los consumidores reclaman su soberanía.

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Televisión pública: entre el oficialismo y la insuficiencia

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El Financiero Adriana Solórzano

En nuestro país la televisión es, por ley, un servicio público concesionado con tres posibles usos: comercial, público o social. Sin importar la modalidad, toda televisora está obligada a brindar “los beneficios de la cultura a toda la población” (como estipula el artículo 6º de la Constitución). No obstante, es una función social que raramente exigimos de los canales comerciales y que indudablemente esperamos de la televisión gestionada por el Estado o por las universidades públicas.

De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hoy día existen dieciocho sistemas de televisión operados por gobiernos estatales y siete televisoras operadas por instituciones públicas de educación superior; podrán parecer muchos canales, pero es una red insuficiente para llevar el servicio a toda la población. Ejemplifiquemos: en Baja California operan once concesionarios comerciales, entre estos las tres cadenas nacionales: Televisa, Televisión Azteca y Cadena Tres, pero la única concesión de uso público es la de Canal Once en Tijuana. Un caso similar es Chihuahua, estado en el que operan trece concesionarios comerciales y la única señal pública es la de Canal Once que se mira en tres plazas: las ciudades de Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc. En situaciones similares se encuentran Sinaloa, Yucatán, Durango y Nayarit. Quizás el caso más desequilibrado lo encontramos en Tamaulipas, entidad donde operan doce concesionarios comerciales y la única concesión pública es la procedente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), que se recibe solo en Tampico.

Estamos muy lejos de garantizar a los más de ciento veintisiete millones de mexicanos el acceso a cuando menos una señal de televisión pública, también estamos muy lejos de contar con una televisora pública nacional. El SPR es lo más cercano pero, de acuerdo con información de su página web, el sistema cubre solo el 49.72% de los televidentes a través de veintiséis estaciones ubicadas en veintidós estados de la república. El acceso universal no es una realidad, aunque, gracias a las bondades de la televisión digital terrestre y a la multiprogramación, televisoras como Canal Once, tv UNAM, Canal 22, Canal del Congreso y Televisión Educativa, utilizando la infraestructura del SPR, pueden ser vistas en plazas donde el sistema tiene cobertura.

Otra de las falencias es la falta de recursos. La televisión pública en nuestro país depende en su mayor parte del presupuesto asignado por el Congreso, ya sea el federal o los estatales. Los montos son discrecionales y dependen de la “buena voluntad” de los gobiernos en turno. No puede autogenerar recursos a través de la venta de espacios para publicidad (a excepción de Canal 22 que tiene una concesión de tipo comercial) porque la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se lo prohíbe. Lo anterior dificulta seriamente su viabilidad e independencia.

Además, los exiguos montos comprometen la calidad de las producciones y el acceso a tecnología de punta y modernización permanente. Veamos. Canal Once ejerce presupuestos anuales en torno a los quinientos millones de pesos, Canal 22 y el SPR en torno a los doscientos. Lo anterior contrasta dramáticamente con el gasto en publicidad gubernamental. De acuerdo con la organización civil Fundar, tan solo el ejecutivo federal gasta un millón de pesos cada hora en publicitar sus acciones de gobierno. Con ese ritmo, en seis años, Enrique Peña Nieto habrá gastado cerca de cincuenta mil millones de pesos y, lo más grave, concentrado en apenas un puñado de medios de comunicación. Fundar calcula que la cuarta parte del gasto se destina al duopolio televisivo. Así, mientras Televisa y tv Azteca reciben miles de millones de pesos del gobierno federal, hay medios públicos estatales que operan con menos de veinte millones de pesos anuales.

Lo anterior produce un panorama poco promisorio: canales de televisión que no tienen audiencias por su oficialismo y falta de producciones propias de calidad (entre otras posibles razones) y que, por lo mismo, difícilmente son defendidos por la ciudadanía. Eso también hace complicado estimar con justicia su valor potencial. La BBC ejerce un presupuesto cercano a los seis mil millones de euros que procede de los bolsillos de los ciudadanos que aprecian sus contenidos y pagan por poder acceder a estos. En contraste, en México, el canal público más visto es el Once, cuya audiencia representa apenas el 10% en las grandes ciudades. Según un informe del IFT de 2016, esto representa una sexta parte de los espectadores que sintonizan el canal Las Estrellas.

La reforma constitucional de 2013 puso los puntos sobre las íes para poder transformar los medios de gestión estatal en verdaderos medios públicos. Para obtener la concesión de uso público, la ley los obligó a de- mostrar mecanismos para asegurar la independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Por desgracia, como se puede leer en votos particulares de protesta de María Elena Estavillo y de Adriana Labardini, comisionada y excomisionada del IFT, se han otorgado concesiones de uso público sin que esos elementos hayan quedado demostrados. También se han dado casos en los que los medios han creado consejos ciudadanos integrados por servidores públicos que tienen algún conflicto de interés con sus directivos o que no tienen suficiente autonomía respecto a los gobiernos.

Necesitamos una televisión cultural que nos ayude a identificarnos pero también a entendernos como el país pluricultural que somos. Es importante fortalecerla no para salvaguardar contenidos acartonados o la transmisión de espectáculos de bellas artes. La televisión cultural tampoco debiera presentar versiones folclorizadas de los pueblos originarios o un cúmulo de programas y series extranjeras. Los medios públicos son, en primer lugar, un mecanismo del Estado para garantizarnos acceso a la información, espacios para la deliberación pública. Deben ser, por tanto, una alternativa a la programación comercial y, por supuesto, constituirse en el lugar donde veamos representadas nuestras prácticas culturales, prácticas pensadas –como diría Amparo Marroquín parafraseando a Martín-Barbero– “desde lo mestizo, lo impuro, lo fronterizo, lo borrado”. ~

Adriana Solórzano es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.y la insuficiencia

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El IFT y la transición

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La Razón – Roberto García Requena

En 2013, con la reforma en telecomunicaciones, se extinguió la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), para dar lugar al nacimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano regulador de este importante sector de la economía.

Atrás de este cambio de nombre y naturaleza del regulador estaba eliminar la llamada “doble ventanilla” que existía entre la Cofetel y la SCT. Antes de la reforma, la SCT validaba o no todos los actos administrativos de la Cofetel. Después de la reforma, el IFT es constitucionalmente autónomo e independiente.

Esta autonomía del sector central de la administración, permite a cualquier regulador tomar decisiones ajenas al contexto político del momento. Por ello, los comisionados que lo integran son transexenales e inamovibles. Esto garantiza de alguna manera que las decisiones técnicas que tome el IFT sean para realmente favorecer el entorno del mercado, y no a satisfacer caprichos políticos de los gobernantes en turno.

En este sentido, parece que la administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador será respetuosa de este marco institucional. En voz de su representante para las telecomunicaciones, Abel Hibert, excomisionado de la Cofetel, la administración entrante será consecuente con la reforma y complementará las acciones emprendidas.

Abel Hibert habla de incrementar la cobertura de servicios en el país y darle continuidad a los proyectos de la red compartida y red troncal. También ha mencionado la creación de un fondo de cobertura social, que servirá como capital semilla para desplegar redes en comunidades rurales alejadas. Asimismo, hace énfasis en una agenda digital para aprovechar todas las ventajas que otorga la conectividad.

Todo esto es lo que le toca hacer a la nueva administración. Es sensato y acorde al marco legal. Ahora bien, y en este mismo sentido, es vital conservar la autonomía del IFT, así como de otros reguladores de sectores regulados. No entrometerse en tareas que les corresponde exclusivamente a los reguladores (concesiones, sanciones, etc.) es crucial para que las cosas salgan bien.

En otro tema. Roku cada vez se enreda más. Primero, la semana pasada admiten que no han podido erradicar al 100% la piratería en su plataforma pero, en contradicción, siguen calificando como de erróneas las resoluciones judiciales que prohíben vender el dispositivo. No acaban de entender que vivimos en un Estado de derecho y que están haciendo confesiones constantes y públicas de su ilegalidad, en las que admiten que ponen a disposición del pirata un vehículo para delinquir. Sus analogías de compararse con computadoras, televisores, reproductores o cualquier otra cosa son absurdas. No es un posicionamiento digno para una transnacional.

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Red Troncal: política de Estado, no de gobierno

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El Economista – Ernesto Piedras

Hace poco más de un lustro se estableció a nivel constitucional el proyecto de la Red Troncal Nacional de Telecomunicaciones, estrategia del Estado para alcanzar acceso universal de las telecomunicaciones entre mexicanos, especialmente, en aquellas regiones remotas con escasa o nula oferta, así como para aumentar la cobertura, capacidad y calidad de la infraestructura de redes fijas. El proyecto forma parte de la estrategia y esfuerzos gubernamentales derivados de la reforma constitucional enfocados en alcanzar acceso y cobertura universales, en línea con el mandato del Artículo 6º constitucional.

Así, es claro que hoy la política de conectividad no se limita a un sexenio o una administración presidencial, sino que debe constituir una política de Estado.

La importancia de esta red reside no sólo en la búsqueda de materializar un escenario de conectividad en la que una gran mayoría de hogares y mipymes, al menos 70% y 85% respectivamente, cuenten con acceso efectivo a Internet. También constituye una adición significativa de capital de infraestructura que contribuirá fuertemente a la reducción del déficit de redes y a la dotación de capacidad de transmisión/descarga suficiente, ante la creciente demanda de datos por parte de las personas, los hogares y las unidades económicas en el país.

Asimismo, al proveer de servicios mayoristas en condiciones no discriminatorias, venta desagregada, neutralidad tecnológica y a precios competitivos, se reducirán las barreras de entrada y desarrollo de operadores competidores (fijos y móviles) que podrán ofrecer de manera más efectiva y competitiva servicios de voz, datos y video a los usuarios finales.

Desafortunadamente este proyecto fue demorado en su planeación y ejecución. Sin embargo, finalmente el pasado 29 de junio se dieron a conocer las bases para definir al desarrollador del proyecto, a través de un formato de Asociación Público-Privada (APP). Se prevé contar con el fallo del concurso el 24 de octubre para celebrar el contrato de la APP un mes después, el 23 de noviembre y, a partir de entonces, el desarrollador tendrá 180 días naturales para iniciar el despliegue de la red.

El desarrollador se debe comprometer a ofrecer una cobertura de al menos 80% de la población, máximo 42 meses después de la ejecución del acuerdo, con 12 meses adicionales para cumplir los compromisos de cobertura adicionales prometidos. Adicionalmente, deberá iniciar operaciones comerciales dentro de los primeros 270 días naturales posteriores a la firma del contrato de la APP. También debe cubrir todos los costos derivados de la ejecución del proyecto, en el entendido de que ninguna entidad Estado hará aportaciones adicionales a los dos pares de hilos de fibra óptica oscura de CFE y el derecho de acceso a puntos de demarcación y conexión.

Como única contraprestación, el desarrollador percibirá los ingresos generados por la operación de la red por un periodo máximo de 40 años. Adicionalmente, deberá transferir a Telecomm 1% de sus ingresos anuales o, en su defecto, 28 millones de pesos, la cantidad que resulte mayor.

Amerita destacar que, de no concretarse la definición del desarrollador en los plazos previstos en las bases, tocará a la próxima administración presidencial imprimir un sentido de urgencia, ante el mandato constitucional que obliga a la constitución de la Red Troncal.

Estamos frente a un caso de política pública sectorial de Estado que no está sujeta al calendario de administración de gobierno.

Ante la eventual coincidencia de la implementación de proyectos como éste y la transición de titularidad del Poder Ejecutivo, es imperante la definición de líneas de acción transexenales, con motivo de dotar de certeza y materialización cierta de éstos, sea cual sea la administración en turno.

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