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La izquierda digital: cobertura

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Reforma – Jorge Fernando Negrete P.

Los debates acabaron y comienza la era de la izquierda y su visión digital de México. La construcción de la ruta pasa por determinar las prioridades del próximo gobierno. Abel Hibert, responsable de la visión digital del presidente electo Lopez Obrador, ha manifestado su preocupación por la agenda extraviada de la reforma telecom: la cobertura. 42 veces se repitió la palabra competencia y así se reguló al sector los últimos 5 años. Tan obsesionado el legislador por la competencia, que castigó la cobertura al preponderante, y al compartir infraestructura, el operador huésped pierde incentivo a desplegar la propia en áreas rurales. En el éxito de sus resultados, esta prioridad legislativa evidenció que la competencia no genera cobertura.

Casi todos los marcos jurídicos del sector de las telecomunicaciones en el mundo han tenido un principio social básico, su compromiso con la cobertura de servicios de comunicación para todos. Diversos nombres han tenido estas acciones: “acceso universal”, “servicio universal”, “servicio público” y, de forma reciente, se incorpora el concepto “inclusión digital”.

Recientemente, muchos países han diseñado instrumentos de política pública, leyes, regulaciones y procesos de licitación que garanticen el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones. Por sólo mencionar dos casos relevantes, en Estados Unidos el plan América Conectada (Connected America) busca garantizar la universalidad de los servicios, incluidos los de telefonía móvil e Internet.

El título tercero de la nueva Ley General de Telecomunicaciones de España (expedida en 2014) incluye obligaciones de prestación del servicio universal para todos los operadores según su tamaño, con calidad y precios asequibles bajo el concepto de “servicio público”.

En América Latina países como Chile, Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay han asignado espectro radioeléctrico con obligaciones de cobertura social y plazos determinados para el despliegue de la red. Por eso es legítimo preguntarnos: ¿nuestro marco jurídico es el correcto para garantizar a todos los ciudadanos los servicios de telecomunicaciones? La respuesta es sí.

La reforma constitucional de 2013 agregó al artículo 6º de la Constitución que: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.”

El artículo 6to de la Constitución, párrafo B inciso I, dice que “el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales”

Inclusión proviene del latín “inclusonis” y alude a la acción y efecto de incluir, “includ·re”, integrado por el prefijo in comprendido como “en”, y por claudere, que significa “cerrar”. Es decir, “dentro de”.

Sobre el concepto digital, se comprende el espacio de servicios de comunicación donde la información ha sido digitalizada y se comunica de esa forma, por lo que el concepto en su conjunto supone que un sujeto acceda al uso de las tecnologías de la información y la conexión a servicios de telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet.

Este uso implica los conceptos históricos de política pública como acceso universal, cobertura universal, servicio universal y otros más específicos como acceso a equipo, conexión, habilidades para el manejo y operación de la tecnología, es decir, las llamadas habilidades digitales.

Por lo anterior, la inclusión digital es un conjunto de acciones públicas expresadas en medidas regulatorias y de política pública, derivadas de un mandato constitucional, que obliga a los órganos del Estado a garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a las tecnologías de la información y la Internet, vía una conexión; y la garantía más amplia de la prestación del servicio público de telecomunicaciones con cobertura universal.

Obliga a los órganos del Estado mexicano y sus administraciones públicas, incluidos el IFT, el gobierno federal vía sus secretarías, los gobiernos de los estados y los municipios, a promover y garantizar, en la medida de sus competencias, el acceso a los servicios de telecomunicaciones, Internet y banda ancha.

¿Se ha cumplido con el mandato constitucional de diseñar una política de Estado de inclusión digital universal? No, pero veo la oportunidad de que el nuevo gobierno lidere un visionario instrumento de política pública, donde todos los niveles de gobierno definan su participación y acciones, en el fascinante proyecto de conectar a México y construir una sociedad digital.

Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones

@fernegretep

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Fuerte caída en inversión en sector telecom

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La Razón – Roberto García Requena

En mi entrega pasada celebraba en este espacio el cumpleaños número cinco del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), reconociendo muchos de los logros alcanzados en el sector después de la reforma en telecomunicaciones de junio de 2013.

También señalé que, si bien vamos en la ruta correcta, uno de los grandes pendientes de la reforma es que no se han podido abatir los altos índices de concentración que permanecen en los mercados de telefonía fija, telefonía móvil, y banda ancha.

Pues hay otro indicador que preocupa, y mucho. Resulta que en el 2017 las inversiones en el sector de las telecomunicaciones se redujeron 28 por ciento. La caída se debió principalmente a la contracción en inversiones del 46 por ciento que el agente económico preponderante, América Móvil, tuvo en el mismo año.

Aunque las decisiones de inversión corresponden a cada concesionario en lo individual, lo relevante es que mientras América Móvil redujo considerablemente sus montos de inversión en el sector, la competencia sostuvo los niveles de 2016, al tiempo que el preponderante recibió el 59 por ciento de los ingresos y el resto de los operadores el 41 por ciento restante.

En boletín publicado por el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), publicado esta semana se considera que: “Otro aspecto a valorar, es que a pesar de los amplios márgenes de ganancias que América Móvil mantuvo en México, durante el presente sexenio, únicamente destinó en promedio el 9% de sus ingresos a inversiones en infraestructura, mientras que en otros países de la región, en los que también presta servicios de telecomunicaciones, como Brasil, su porcentaje de inversión se ubicó en 21% de sus ingresos, en promedio”.

¿Qué sucede cuándo se cae la inversión? Pues se cae la calidad de los servicios; y se afectan los planes de cobertura y penetración, en demérito de los usuarios. Se podría asumir que, si el preponderante es el que está reduciendo sus niveles de inversión, sólo este operador tendrá pérdida en la calidad de sus servicios. Pero esto no es así, dado que las redes de telecomunicaciones están interconectadas. La baja de calidad les pega a todos los operadores.

La subinversión del preponderante es resultado de la alta concentración que este operador mantiene en los mercados. En la medida que se vayan consolidando condiciones de competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones, los incentivos de todos los operadores será mantener o incrementar sus niveles de inversión.

Éste es en realidad el gran pendiente que tiene el IFT como órgano regulador del sector. Los próximos años serán decisorios en lograr mercados en competencia.

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Falta competencia en telecomunicaciones: CIU

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La Crónica de Hoy – Julio Brito

El escenario de competencia efectiva ha resultado evasivo en el sector de telecomunicaciones en México, señala Ernesto Piedras, director de The Competitive United, y se apoya en una recomendación de la OCDE, que dirige José Angel Gurría: “En México, la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el bienestar de su población”.

A pesar de los esfuerzos regulatorios por alcanzar un rebalanceo del terreno competitivo, parece que hemos vuelto al panorama que diagnosticaba la OCDE. “En México las decisiones en favor de la competencia han surgido con lentitud y, una vez tomadas, han sido frustradas por la ineficacia de los sistemas de regulación y legal”.

El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet) en su reciente boletín, que indica que a partir de la reforma de telecomunicaciones se registró un alza en la inversión total sectorial, pero que esa capitalización se contrajo 27.7% en 2017, atribuible a que el preponderante redujo su ejercicio de capital en infraestructura en 46.3% respecto a 2016.

Bajo un escenario de alta concentración de mercado, existen limitados incentivos para que este operador ejerza montos óptimos de inversión. En contraste, los operadores competidores mantuvieron sus niveles de inversión, en donde destaca Televisa Telecom como el operador que realizó mayores adiciones de capital, al destinar 20 mil 027 millones de pesos o un tercio del total durante 2017.

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En riesgo, reforma en telecomunicaciones

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La Crónica de Hoy – Claudia Villegas

Durante 2017 las inversiones en la industria de las telecomunicaciones cayeron 28 por ciento, contracción que fue provocada, en su mayoría, por el ajuste a las inversiones de capital de América Móvil en un sector clave para la economía. De acuerdo con el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), las inversiones del gigante del sector presentaron una contracción de 46 por ciento entre 2016 y 2017.

El Idet, preside Gerardo Soria, recuperó información del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y destaca que entre 2013 y 2017, la inversión privada en el sector de telecomunicaciones ascendió a 328 mil 700 millones de pesos, de los cuales 61 mil 484 millones de pesos correspondieron al ejercicio 2017.

Reforma en riesgo. Gracias a la reforma en este sector, en 2013 se presentaron inversiones históricas. Sin embargo, en 2017 el efecto negativo fue evidente, lo que genera preocupación en el sector. De 2016 a 2017, el total de las inversiones realizadas por los operadores del sector de telecomunicaciones sufrió una caída del orden del 27.7%, esto es, que de un año a otro, se dejaron de invertir un total de 23 mil 596 millones de pesos. Un efecto que, en menor grado, solo se había observado en 2014.

El agente preponderante en telecomunicaciones, América Móvil, optó por reducir en 46.3 por ciento sus inversiones en comparación con 2016. Algo similar hizo entre 2013 y 2014.

Lo que llama la atención, de acuerdo con los datos de los expertos y abogados del Idet, es que a diferencia de América Móvil, el resto de operadores del sector, tanto del segmento fijo como móvil, mantuvieron el año pasado niveles de inversión similares a los realizados en 2016. Lo anterior resultó clave para que la inversión total del sector en 2017, no presentara una contracción mayor.

Así las cosas, la totalidad de operadores que intentan competirle al operador dominante, representaron el 68% de las inversiones efectuadas en 2017, mientras que América Móvil únicamente representó el 32% restante.

Para el Idet, este comportamiento toma relevancia si se considera que al momento de sumar los ingresos que obtuvieron todos los operadores de telecomunicaciones durante el mismo periodo por la prestación de sus servicios (telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha fija, banda ancha móvil y televisión de paga), América Móvil percibió el 59% del total, mientras que el resto de operadores representó el 41% restante.

Otro aspecto a valorar es que, a pesar de los amplios márgenes de ganancias que América Móvil mantuvo en México durante el presente sexenio, únicamente destinó en promedio el 9% de sus ingresos a inversiones en infraestructura, mientras que en otros países de la región en los que también presta servicios de telecomunicaciones, como Brasil, su porcentaje de inversión se ubicó en 21% de sus ingresos, en promedio.

Desde el punto de vista del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), el desempeño de la inversión del preponderante en telecomunicaciones se ubica por debajo de los porcentajes de inversión que realizan operadores similares en otros países, con marcos regulatorios que también prevén medidas asimétricas para nivelar el terreno competitivo.

 

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