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Inai: el IFT debe informar sobre intervención de comunicaciones en México

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El Economista  – José Soto Galindo

Durante cuatro semestres consecutivos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha incumplido con una norma diseñada por el propio instituto que le obliga a publicar en su sitio en internet los reportes que le entregan los operadores de telefonía sobre su colaboración con las autoridades de seguridad y justicia. Esos reportes generados por los operadores incluyen detalles de los requerimientos de información de las comunicaciones privadas de sus clientes, como la hora y el teléfono al que llamaron o la ubicación geográfica en tiempo real de un determinado aparato telefónico. Se trata de información con la que se pueden crear perfiles precisos sobre la vida privada de las personas y saber, por ejemplo, dónde pasan la noche o si salieron de la ciudad. En Europa fue anulada una colaboración con características similares por considerarse una injerencia grave en los derechos fundamentales. México es otra película, una donde la autoridad que diseña la norma es la primera en incumplirla.

Debido a la gran injerencia en los derechos fundamentales que representa la obligación de los operadores de telefonía de entregar datos sobre las comunicaciones privadas de sus clientes —protegidos por el artículo 16 constitucional sobre el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas—, el uso de esta herramienta de colaboración debe realizarse con la máxima pulcritud posible, desde la mayor transparencia sobre los requerimientos realizados hasta el mayor escrutinio sobre el cumplimiento de la norma. Cuando la propia autoridad responsable de dar seguimiento a la colaboración obligatoria de los operadores es la que falla, queda claro que los ciudadanos nos encontramos ante una total ausencia del estado de derecho.

En ese contexto de vulneración propio de un Estado autoritario, cualquier avance en la protección ciudadana hay que celebrarlo por lo que implica para la defensa de la libertad y de los derechos a la vida privada y la protección de datos personales. Aquí un caso reciente: el 11 de mayo pasado, el Inai resolvió por unanimidad que el IFT debe realizar una búsqueda exhaustiva en su sitio en internet de los reportes semestrales de los operadores de telecomunicaciones y, si no los ha hecho públicos como ordenan los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia emitidos por el propio IFT el 2 de diciembre de 2015, hacerlos públicos en un plazo no mayor a 10 días hábiles. El plazo comienza a correr este lunes 21 de mayo.

En un primer momento, el IFT aseguró que no cuenta con esos reportes, pues no está obligado a generarlos y, mucho menos, a publicarlos en su sitio en internet. Lo que es falso: el IFT sí los tiene pues los ha entregado en respuesta a distintas solicitudes de acceso a la información (SAI 0912100063616, de agosto de 2016; 0912100015817, de febrero de 2017; 0912100042617, de mayo de 2017; 0912100060017, de agosto de 2017; 0912100003618, de enero de 2018; 0912100006118, de febrero de 2018, y 0912100012118, de marzo de 2018) y el lineamiento Décimo Octavo emitido por el propio IFT le obliga a hacerlos públicos en su sitio en internet. A través de esas solicitudes de información sabemos que en 2017 se hicieron 75,978 requerimientos sobre las comunicaciones privadas de los suscriptores de telefonía y que 16,993 de esas solicitudes fueron realizadas por autoridades no identificadas; que la Fiscalía del Estado de México hizo 5,642 solicitudes y la Procuraduría de la Ciudad de México, 5,322 requerimientos; que la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas y las fiscalías o procuradurías de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz realizaron solicitudes sin haber designado a un responsable de gestionarlas, como dicta la norma. Sabemos, pues, que las comunicaciones privadas se intervienen sin control en México.

El caso llegó al Inai, con el expediente RRA 2195/18. La resolución a favor del ciudadano que solicitó la información fue notificada a las partes el viernes pasado. “El Instituto Federal de Telecomunicaciones sí cuenta con obligaciones para contar con lo requerido y se tienen los elementos de convicción suficientes que permiten suponer que ello puede obrar en sus archivos”, dice la resolución diseñada por el comisionado Joel Salas Suárez y aprobada por unanimidad por el pleno del órgano garante de la transparencia en México.

Si debemos asumir que en México se seguirá utilizando esta herramienta de colaboración, que vulnera los derechos fundamentales a la vida privada y a la protección de datos personales, por lo menos tenemos que exigir que se realice con plena transparencia y cumplimiento de las normas.

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Perspectivas sobre telecom y radiodifusión ante la próxima administración

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El Economista – Ernesto Piedras

Tras el reciente proceso electoral que vivió México, la ciudadanía eligió más de 3,400 cargos a nivel local y federal, donde Morena resultó ganador. Derivado de ello, se prevé la formación de un gobierno federal que contará con un amplio margen de maniobra para la consecución efectiva de su proyecto de gobierno.

En lo que atañe al sector convergente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, será crucial que la siguiente administración tome en cuenta los avances y las mejoras, pero también las asignaturas pendientes y los mecanismos necesarias para alcanzar su pleno y eficiente desarrollo.

Como se ha señalado en este espacio, una política integral de conectividad no puede estar sujeta a la temporalidad de un sexenio si lo que se busca es la gestación de condiciones de acceso óptimas para los mexicanos.

En este sentido, la administración entrante deberá dar continuidad al camino trazado por la Reforma de Telecomunicaciones y garantizar la consecución de los temas en curso ya en la actual administración. El equipo del virtual presidente electo ha reconocido que la Reforma de Telecomunicaciones ha traído grandes cambios al sector de telecomunicaciones en los últimos cinco años, por lo que se asegura que no será echada para atrás. Si bien también han reconocido que la Reforma y sus medidas serán revisadas.

Hasta el momento, los pronunciamientos y propuestas emitidas durante la campaña y el periodo de transición presidencial dejan entrever que las políticas a desarrollarse en próximos años tendrán un enfoque centrado en alcanzar una cobertura universal de conectividad, pero cumpliendo al mismo tiempo con la premisa de un gobierno austero.

Para ello se ha propuesto la creación de un fondo de 5,000 millones de pesos destinado a cobertura social, la revisión y mejora de programas y proyectos como México Conectado o la Red Compartida, así como una probable eliminación o replanteamiento del IEPS de Telecomunicaciones.

A la par, se han anunciado recortes en el gasto de publicidad del Estado, lo que no excluye el uso de tiempos oficiales que aún se encontrarán a disposición del gobierno.

Es encomiable la intención de la siguiente administración de cumplir con las obligaciones constitucionales del Estado en materia de conectividad. Sin embargo, es un error pensar que una política de cobertura se debe apartar de una política de competencia económica. Si bien los problemas de cobertura en el país también emanan de insuficiencias en el despliegue de infraestructura y otras barreras estructurales, la disponibilidad y adopción de estos servicios responde fundamentalmente a la falta de competencia en el sector.

Para el siguiente sexenio queda pendiente la consecución de competencia efectiva. Adicionalmente, otros pendientes en telecomunicaciones se refieren a la consecución de la separación funcional, la implementación eficaz de la regulación asimétrica y la verificación cierta del proyecto de la red troncal.

A ello se le suman las labores necesarias para consolidar un gobierno y economía digitales, así como la generación de condiciones óptimas para la innovación tecnológica, a través de la promoción a la inversión, la disponibilidad de espectro radioeléctrico para comunicaciones de nueva generación, entre otras.

De igual forma, cabe anticipar que siga latente la discusión en torno a la regulación de las plataformas de video por Internet, la privacidad de datos, el Internet de las Cosas y la Neutralidad de la Red. Sin duda, el sector de telecomunicaciones requerirá de un esfuerzo conjunto que haga partícipes no sólo al Estado, sino también a la industria, a los usuarios y a la academia, para atender y materializar los pendientes y las propuestas ante la próxima administración.

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Costos de inversión y operadores móviles virtuales

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El Economista – José F. Otero

La industria de las telecomunicaciones se caracteriza por requerir inversiones constantes de todos los proveedores de servicios de acceso. La inversión va dirigida a distintos objetivos, entre los cuales se puede mencionar el mantenimiento de infraestructura ya desplegada que por alguna razón u otra ha sufrido una avería. Otra porción de la inversión va dirigida a expandir la cobertura geográfica de la red del proveedor de telecomunicaciones, expandiendo de esta forma el número potencial de clientes que puede alcanzar.

Sin embargo, hay dos elementos clave en la vida de cualquier proveedor de servicios de telecomunicaciones para el mercado masivo que requieren grandes montos de inversión. Primero, los lanzamientos de nuevas tecnologías que, eventualmente, al obtener economías de escala, se convierten en una competencia entre los distintos actores del mercado para ver quién es el primero en ofrecer los nuevos servicios a sus clientes. En segundo lugar se encuentra la disponibilidad de dispositivos, una red sin aparatos que puedan conectarse a la misma no sirve para nada.

Todo se hace más complejo si comenzamos a hablar del mundo inalámbrico, pues entre los costos hay que incluir las tasas pagadas por el uso de espectro radioeléctrico (proceso de asignación + monto anual) y tiempos de lanzamiento de nuevas tecnologías mucho más cortos. Cada dos o tres años hay que invertir en software para mejorar el desempeño de la red, esperar que lleguen nuevos dispositivos que puedan beneficiarse de las nuevas velocidades y comenzar a contemplar cómo el despliegue de la red que requiere una nueva tecnología estará conviviendo con aquellas que han estado operando por varios años.

Sin embargo, no toda la inversión se centra en redes o dispositivos. Para tener una idea de la importancia de invertir en el negocio móvil imaginemos un mercado con cerca de 116 millones de usuarios con una tasa de deserción de clientes de 3% mensual, donde el costo promedio de recuperación de cliente fuese de tan sólo 20 dólares (en el mundo real es muchísimo más alta), la inversión total para reconectarlos a todos supera 680 millones de dólares.

Lo anterior sirve de preámbulo para justificar el nacimiento de modelos de negocios que busquen ser más costo-eficientes en todos los sentidos. En el mundo de las telecomunicaciones inalámbricas para servicios móviles esto se hace realidad con la aparición en la última década del siglo XX de los operadores móviles virtuales (OMV). Contrario a la desinformación que frecuentemente se escucha, los OMV no fueron exitosos solamente en mercados donde los servicios prepago eran incipientes. Según cifras del regulador estadounidense FCC, en el año 2000 los servicios prepago representaban 58% de las líneas de Europa occidental con mercados como Italia exhibiendo números superiores a 80% y cuatro de cada cinco líneas activadas en estos países siendo prepago. El éxito varió con países como Bélgica, Holanda y el Reino Unido, mostrando grandes números de subscripciones móviles por medio de OMV.

Aunque no cabe duda de que el mayor y más importante OMV del planeta se ubica en Estados Unidos, donde en términos de usuarios se ubica como el quinto mayor proveedor de servicios móviles de ese país, el crecimiento de este OMV no se dio de la noche a la mañana en los Estados Unidos.

Al primer trimestre del 2018, México contaba con un total de 18 OMV, según cifras de la consultoría regiomontana Telconomia. Claro que los historiadores del sector indicarán que a nivel latinoamericano, México siempre se ha posicionado entre los líderes del sector OMV, por lo que el número no sorprende. La diferencia ahora es que existe una iniciativa para potenciar la proliferación de este modelo de negocios al reducirle los costos de despliegue, sobre todo a aquellos que no se enfocan necesariamente al mercado masivo. La pregunta que queda es: ¿se podrá aprovechar a tiempo la existencia de la red mayorista?

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AMLO: ¿comunicación “cardenista”?

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Los detractores de Andrés Manuel López Obrador dicen que sus planteamientos políticos corresponden a la época de Luis Echeverría; sin embargo, en lo que se refiere a la comunicación gubernamental AMLO se fue más atrás, hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas, quien en 1936 decidió concentrar toda la comunicación oficial en el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP), un ente similar —con las diferencias obvias de coyuntura histórica— al que López Obrador se propone construir.

Aparato costoso

El futuro presidente dijo el 11 de julio: “Van reducirse los cargos que se duplican… En el tema de la comunicación hay direcciones de prensa en cada secretaría (y) hasta en organismos descentralizados: todos tienen su dirección de prensa. ¿Qué incluye?: director general, directores de área, hay uno para prensa escrita, otro para radio, otro para televisión, otro para imagen, otro para publicidad, otro para medios nacionales, otro para medios regionales, otro para medios internacionales…, es un aparato costosísimo… Ya no va a ser así: se va a concentrar todo el manejo de la comunicación del gobierno en una sola entidad”.

El 15 de julio el anuncio se “oficializó” en el número 20 de los “50 lineamientos de austeridad republicana”: “Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados (el documento menciona a “oficinas de prensa” y “publicaciones”) y estas funciones o programas se centralizarán en una sola unidad o coordinación dependiente de la secretaría relacionada con los asuntos en cuestión”.

El DAPP

En 1936, Cárdenas presentó a la Secretaría de Hacienda el proyecto de crear el DAPP y le solicitó dictaminarlo. Algunos puntos de la respuesta fueron:

1) “Un Departamento Autónomo de Publicidad produciría… orden en materia de publicaciones oficiales. En la actualidad cada Ramo cuenta con organismos encargados de estas actividades, pero todo resulta en medio de gran desorden y con gasto crecidísimo”; 2) Según Hacienda, el gobierno gastaba un millón de pesos en “publicaciones oficiales”, costo que se podría reducir con un programa a cargo de Talleres Gráficos de la Nación, entidad que se encargaría de atender las necesidades editoriales de las diversas dependencias con el fin de evitar la contratación de imprentas particulares; 3) Instalar el DAPP costaría 100 mil pesos. Comenzó a funcionar el 1 de enero de 1937.

Semejanzas

En el DAPP quedaron concentradas todas las atribuciones gubernamentales relacionadas con los medios de la época: prensa, publicaciones, radio y cine. El organismo despareció en 1939 como producto de la derrota del cardenismo al interior del Partido de la Revolución Mexicana y la victoria de la corriente que impulsó la candidatura de Manuel Ávila Camacho en las elecciones presidenciales de 1940.

Hay semejanzas entre el DAPP y el ente que planea López Obrador en cuanto al ahorro de recursos públicos; habrá que ver si las tienen también en lo político. El DAPP fue una estructura para diseñar y controlar la información gubernamental y para responder ataques y críticas al Presidente, incluso se ocupaba directamente de generar o de promover productos mediáticos y tenía atribuciones de “supervisión y autorización” que después pasaron y se mantienen hasta hoy en la Secretaría de Gobernación.

Coexistencia

Conoceremos en los próximos meses el proyecto preciso de López Obrador en materia de comunicación gubernamental: objetivos, estructura, funciones detalladas, costos y el nombre de su director. El ahorro de recursos es plausible, pero si la duplicación de puestos y gastos es nociva, la centralización de funciones puede serlo también si deriva en concentración de poder en una entidad o una persona.

Creo que las oficinas de comunicación en cada dependencia se pueden conservar; debe recordarse que manejan información especializada y por eso constituyen “fuentes” específicas; claro, tendrían que operar de manera eficaz, sin duplicidad de funciones, ser transparentes y, sí, también austeras, con el personal estrictamente necesario. Reestructuradas pueden estar coordinadas con la entidad que planea AMLO, a menos que se quiera construir un aparato de información gubernamental monolítico, sin fisuras. El DAPP fue dirigido por Agustín Arroyo Ch. ¿Quién será su equivalente en la entidad que creará el próximo gobierno?

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