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Regulación

Ley Telecomunicaciones sin punto de vista de usuarios

Mediatelecom

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Desde finales de octubre entró en debate en la Asamblea Nacional la nueva Ley de Telecomunicaciones[1]. Un documento de 80 páginas, 148 artículos, 17 objetivos de ley, 3 disposiciones generales, 6 transitorias, 2 derogatorias, y 5 finales; cuyo objeto es desarrollar el régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado, sin entrar a la regulación de contenidos.

Creemos que esta ley impacta notablemente en las actividades diarias de los usuarios que se están sirviendo de la tecnología, independiente de su nivel de conocimiento o destreza de la herramienta. Como ciudadano o usuario es ideal que se conozca y luego que se involucre activamente en el debate de esta ley por las vías adecuadas. Desafortunadamente, desde que el proyecto de ley pasó a debate público los organismos implicados no han invitado a este debate a uno de los grupos más importantes: los mismos usuarios.

Neutralidad
Empezando por lo positivo, el proyecto de ley refleja el concepto de Neutralidad en la Red[2], un concepto que era ambiguo en la Resolución del CONATEL de julio del 2012 en su artículo 15.6. Otro aspecto positivo es la protección a los datos personales, aunque inherente está la solicitud de que se amplíe, ya que actualmente se trata sólo desde impedir la explotación desde el punto de vista comercial, existiendo muchos más casos donde los datos de los ciudadanos deben estar protegidos.
Sin embargo, existe un conjunto de observaciones que la Asociación de Usuarios Digitales del Ecuador ha preparado y que explicaremos algunas de ellas de forma resumida.
Unas de las principales observaciones es la eliminación del ente autónomo (Superintendencia de Telecomunicaciones), para dar paso a una Agencia adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información sin autonomía política, ya que incluso sus tres miembros que la conformarían serían de entes gubernamentales. La máxima autoridad mundial de la industria, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hace observaciones[3] sobre la necesidad de la autonomía para un regulador eficaz, y así no convertir a una agencia gubernamental en juez y parte en la industria, incluso controlando el comercio electrónico.

Control
Otro punto a tratar es el control total de las telecomunicaciones otorgado al Ministerio de Defensa en casos detallados en el Art. 7 del proyecto; entre estos casos se incluye la expresión “calamidad pública”, siendo un término extremadamente amplio, además de una ausencia de un marco de acción por el Ministerio en este tipo de casos.
Se ha divulgado el listado completo de observaciones[4], siendo Usuarios Digitales, de momento, la única asociación del sector civil que ha participado activamente en diálogos con diversos actores.

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Regulación

Empieza a regir decreto que regula a Uber

Itzel Carreño

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Los conductores que no tengan la licencia tipo E1 no podrán conducir y prestar el servicio por medio de la plataforma Uber.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 331, firmado en octubre de 2017, por el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela y el ministro de Gobierno, Carlos Rubio, los conductores de las plataformas tecnológica de transporte deberán de tener 21 años de edad y contar con licencia Tipo E1, expedida por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Las licencias Tipo E1 están reservadas para panameños y quien sea chófer de este sistema de deberá presentar récord policivo.

El director de la Autoridad y Transito y Transporte Terrestre (ATTT), Julio González, explicó que el Decreto 331, que reglamenta el servicio de transporte de lujo ofrecidos a través de tecnologías de la información y comunicaciones, denominado (TIC), estableció dos meses para que los conductores panameños que no tenían la licencia tipo E1 lograr obtenerla.

De acuerdo con el director de la ATTT en el país hay más de 157 mil panameños con el tipo de licencia E1. El cobro efectivo, según establece el Decreto puede ser hasta seis meses después de publicado el Decreto, por lo que se estima que los usuarios podrán pagar el servicio de Uber en efectivo hasta finales de abril.

La plataforma Uber mostró su descontento y en noviembre del año pasado hizo una prueba y más del 92% de los conductores fueron desconectados por no cumplir con el tipo de licencia y el 60% de los viajes no se podrán realizar porque no se acepta el pago ene efectivo.

La aplicación Uber está en Panamá desde hace tres años y los conductores de taxi protestaron y cerraron las calles para rechazar la plataforma que en Panamá cuenta con más de 25 mil usuarios y más de 8 mil conductores.

Los vehículos que presten el servicio deben estar en buenas condiciones, contar con características de comodidad, estar registrado en la lista de vehículos de la plataforma tecnológica, contra con un máximo de 7 años de antigüedad.

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Regulación

Governo garante que não acabará com neutralidade de rede no Brasil

Itzel Carreño

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Após o governo Trump acabar com a neutralidade de rede nos Estados Unidos da América no início de dezembro de 2017, especulações de que outros Países, incluindo o Brasil, pudessem fazer o mesmo dominaram a pauta internacional.

No entanto, o governo do presidente Michel Temer (PMDB) garante que não fará o mesmo. É o que reafirmou, em entrevista coletiva em Goiânia na última semana, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD-SP).

Leer más: https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/governo-garante-que-nao-acabara-com-neutralidade-de-rede-no-brasil-113925/

 

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Regulación

Extienden el plazo para reorganizar con una ley la convergencia de medios

Liliana Juárez

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La presentación de un proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes fue prorrogado por 180 días más, según una resolución del Ministerio de Modernización publicada ayer en en el Boletín Oficial. Esta normativa reemplazaría a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (parcialmente vetada por el presidente Mauricio Macri al comienzo de su mandato), y y la unificaría con la Ley de Telecomunicaciones conocida como Argentina Digital.

 

 

A pesar de haber recibido ya dos prórrogas anteriormente (la última venció en noviembre), no pudo ser tratada en el Congreso debido a que la comisión abocada al tema dentro del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), no presentó ningún proyecto. El Cronista intentó comunicarse con Silvana Giudici, a cargo de la mencionada comisión, pero paradójicamente, la funcionaria no atendió la comunicación.

 

 

Mientras tanto, el proceso de fusión entre Telecom y Cablevisión, que dará lugar a la mayor empresa del sector en la Argentina, aprobado por el Enacom el pasado 21 de diciembre, avanza hacia la etapa de revisión por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, aunque en la práctica, la nueva empresa fusionada comenzará el 1´ de enero a brindar servicios “convergentes” de cuádruple play (telefonía fija y móvil, internet y TV por cable).

 

 

En la resolución publicada ayer, que lleva la firma del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se dispone una nueva prórroga para “la elaboración y la publicación de un anteproyecto definitivo de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522 y 27.078, conocidas como Ley de Medios y Argentina Digital”.

 

 

 

Para el analista de medios de Comunicación y docente de la Universidad Nacional de Quilmes Martín Becerra, la nueva prórroga significa “un nuevo incumplimiento del Gobierno de su promesa de no modificar el entorno regulatorio de las Comunicaciones por decreto. La funcionaria encargada de hacer las consultas para el anteproyecto hizo sólo dos consultas en casi dos años, y mientras hablan de una ley a futuro, se define la estructura del sector en los hechos, muy funcional al conglomerado Telecom-Cablevisión”, apuntó.

 

 

En tanto, para el abogado constitucionalista y representante de radios y medios comunitarios Miguel Rodríguez Villafañe, la demora en el tratamiento de una nueva ley de Comunicaciones “es una falta de respeto institucional. Se dejó sin efecto y por decreto una norma como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tenía el aval del Congreso y había sido redactada previa consulta abierta a sectores académicos y de la sociedad civil, y hace más de dos años que se viene posponiendo el proyecto de una nueva ley, sin siquiera dar las razones para esta demora”, sostuvo.

 

 

Ante la ausencia de una ley que regule las Comunicaciones, “se ha perdido el federalismo informativo, no hay presencia de contenidos locales en el interior del país, han cerrado productoras, radios y canales comunitarios, se han apagado voces y se han perdido empleos”, señaló.

 

 

“El impacto de la concentración de medios va más allá del terreno de las comunicaciones advirtió Rodríguez Villafañe, los pequeños comercios no tienen una radio o medio local para anunciar, y no cuentan con presupuesto para pagar un aviso en un gran medio nacional”.

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