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Neutralidad de la Red

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De acuerdo a los cambios que se le hicieron al artículo sexto constitucional, ahora las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

Para que eso sea posible se requieren reglas obligatorias para que los prestadores de esos servicios permitan el acceso entre sus redes de tal manera que el usuario no tenga que sufrir por la falta de conectividad entre ellas.

En especial, sobre las interferencias arbitrarias, será necesario que en la ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión, se establezca claramente el principio de  neutralidad de la red, que son las condiciones para que los operadores que prestan servicios de conectividad para el acceso a internet no puedan bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o restringir infundadamente el derecho de cualquier usuario para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red.

Durante mucho tiempo hemos padecido como usuarios, las prácticas anticompetitivas por parte de las compañías de telecomunicaciones que intentan imponer sus condiciones de servicio para controlarlo y sacar a sus competidores del mercado, o bien proteger intereses económicos en detrimento de la libertad de información que caracteriza al internet en nuestros días.

Ejemplos de estas prácticas son el hecho de que no se pueda enviar un correo electrónico porque la dirección pertenece al dominio de otra compañía distinta a la que tenemos contratado el servicio de internet, o bien tratar de castigar la descarga de ciertos contenidos como ha sucedido con iniciativas de ley como ACTA, PIPA o SOPA, que tienen por objetivo proteger  las ganancias de las grandes industrias utilizando la defensa de los derechos de autor en detrimento del resto de los internautas.

Con este tipo de prácticas no sólo se afectan derechos de los usuarios, sino también derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información, por eso es que en varios países han cambiado las legislaciones en aras de proteger el acceso a la red, pues es una herramienta vital para el ejercicio de otros derechos.

Holanda fue el primer país europeo en aprobar una norma de neutralidad de la red que prohíbe a los operadores de telefonía móvil bloquear o cobrar a los consumidores una tarifa extra por el uso de servicios determinados, por lo que  las empresas no pueden ni restringir ni cobrar adicionales por el uso que los consumidores hagan de aplicaciones como Skype por ejemplo. En América Latina Chile fue el primer país en aprobar una ley (ley N°204532 ) a favor de la neutralidad en la red.

En nuestro país tenemos una buena oportunidad para que también dentro de la nueva ley secundaria se incluya la neutralidad de la red, que debería de incluir:

– La prohibición expresa para que ningún operador pueda bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o restringir el derecho de cualquier usuario de internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red.

– Ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a internet o de conectividad al proveedor de acceso a internet, según corresponda, que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de éstos.

– Realizar las acciones necesarias por parte de los prestadores del servicio para la administración eficiente de la red, siempre que ello no tenga por objeto realizar acciones que afecten o puedan afectar la libre competencia.

– La obligación de los prestadores del servicios de resguardar la privacidad de los usuarios, la protección contra virus y la seguridad de la red, así como bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, si es que existe una solicitud expresa del usuario.

– No  limitar el derecho de un usuario a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales y que los mismos no dañen o perjudiquen la red o la calidad del servicio;

– Ofrecer, servicios de controles parentales para contenidos que atenten contra la infancia, como protección para delitos como la pornografía infantil.

– Que los operadores del servicio publiquen en su sitio web, de forma clara, toda la información relativa a las características del acceso a internet ofrecido, su velocidad y calidad del enlace, diferenciando entre las conexiones nacionales e internacionales, así como la naturaleza y garantías del servicio.

 

 

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PRESS

Francia también gana en Italia: Iliad consigue 1 millón de clientes en menos de dos meses

Margarita Cruz

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La buena racha para los franceses continúa: el operador móvil Iliad llegó un millón de usuarios en Italia, a tan sólo 50 días de haber llegado al país el 29 de mayo.

La oferta con la que Iliad arribó a Italia brindó por 5.99 euros al mes 30 GB de datos 4G, llamadas y textos ilimitados para el primer millón de clientes, pero la compañía dijo que la promoción se extendió a otros 200 mil clientes.

A finales de mayo, el operador consiguió 300 mil usuarios en su primer mes de operación. Según datos de analistas, alrededor de 40 por ciento de esas conexiones provinieron de clientes de Wind, seguidos de Vodafone (25%) y TIM (20%).

Iliad ingresó al mercado móvil italiano bajo un concepto de bajo costo de la misma manera que lo hizo con su mercado local, Francia, donde ha ganado más de 20 millones de clientes desde su lanzamiento en 2012.

Su competencia ha respondido ante esta agresiva oferta. TIM lanzó una promoción de bajo costo con 20 GB de datos 4G y llamadas ilimitadas por 7 euros al mes, en tanto que Vodafone Italia lanzó la marca de bajo costo Ho.

Xavier Niel, fundador de Iliad, dijo el año pasado que pretendía capturar rápidamente de 10 a 15 por ciento del mercado móvil italiano gracias a los precios agresivos.

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AMÉRICA LATINA

Tigo pide autorización para comprar Cable Zarcero y Cable Max de Cañas

Mediatelecom

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El Financiero, Carlos Cordero

Tigo presentó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) dos solicitudes de autorización de concentración que le permitiría la compra de al menos dos cableras regionales.

Se trata de las empresas Cable Televisión Doble R, que comercializa sus servicios con la marca Cable Max, y Cable Zarcero S. A.

Cable Max tiene autorización de la Sutel para brindar servicios de televisión por suscripción e Internet, en Cañas, Guanacaste.

Cable Zarcero tiene autorización para brindar servicios de televisión por paga e Internet en San Ramón, Naranjo, Poás, Grecia, Alajuela Centro, Paraíso, Cartago, Alvarado, Turrialba, Jiménez y Guatuso.

Las solicitudes de concentración fueron presentadas por Millicom Costa Rica S. A., que utiliza la marca Tigo, los días 28 y 29 de junio pasados.

La operación consiste en la compra por parte de Millicom del “establecimiento mercantil que incluye la cartera de clientes y algunos activos” propiedad de las empresas indicadas.

La Superintendencia inició el proceso de análisis de las potenciales adquisiciones y dió cinco días hábiles para que las personas interesadas presenten información que estimen relevante.

Posteriormente se deberá solicitar el criterio de la Comisión de Promoción de la Competencia, perteneciente al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

En la Sutel, el análisis estará a cargo de la División General de Mercado, la cual presentará una propuesta de resolución al Consejo Directivo de la Superintendencia.

El plazo máximo para que se emita la resolución es de 45 días hábiles, que comienzan a correr a partir de la admisibilidad de la concentración.

“Son 30 días y 15 días adicionales cuando se declara complejo”, explicó Juan Manuel Campos, director de Ciber Regulación Consultores.

Otras compras

Anteriormente este órgano regulador había rechazado la solicitud de Tigo para comprar Telecable, aduciendo que la concentración implicaba la desaparición de una empresa que, además, es considerada como muy activa en el mercado local.

A finales de junio pasado, la Sutel autorizó las adquisiciones de una red de fibra óptica que pertenecía a Técnicos de Telecomunicaciones SAL.

Asimismo, el Regulador le dio el visto bueno a la compra del 80% de las acciones de Cabletica por parte de Liberty Latin America.

En 2013 Sutel autorizó la compra de Cable Visión por Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), ambas pertenecientes ahora al Grupo ICE.

En Costa Rica, a diciembre del 2017 habían 831.907 suscriptores de televisión por pago, lo que implica que casi el 70% de los hogares cuentan con este servicio.

Según la Sutel del 2010 al 2017 se pasó de 28 a 31 operadores de televisión por suscripción en el país.

Tigo no ha respondido todavía las consultas enviadas por EF sobre estas solicitudes de concentración.

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COLUMNISTAS

Perspectivas sobre telecom y radiodifusión ante la próxima administración

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El Economista – Ernesto Piedras

Tras el reciente proceso electoral que vivió México, la ciudadanía eligió más de 3,400 cargos a nivel local y federal, donde Morena resultó ganador. Derivado de ello, se prevé la formación de un gobierno federal que contará con un amplio margen de maniobra para la consecución efectiva de su proyecto de gobierno.

En lo que atañe al sector convergente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, será crucial que la siguiente administración tome en cuenta los avances y las mejoras, pero también las asignaturas pendientes y los mecanismos necesarias para alcanzar su pleno y eficiente desarrollo.

Como se ha señalado en este espacio, una política integral de conectividad no puede estar sujeta a la temporalidad de un sexenio si lo que se busca es la gestación de condiciones de acceso óptimas para los mexicanos.

En este sentido, la administración entrante deberá dar continuidad al camino trazado por la Reforma de Telecomunicaciones y garantizar la consecución de los temas en curso ya en la actual administración. El equipo del virtual presidente electo ha reconocido que la Reforma de Telecomunicaciones ha traído grandes cambios al sector de telecomunicaciones en los últimos cinco años, por lo que se asegura que no será echada para atrás. Si bien también han reconocido que la Reforma y sus medidas serán revisadas.

Hasta el momento, los pronunciamientos y propuestas emitidas durante la campaña y el periodo de transición presidencial dejan entrever que las políticas a desarrollarse en próximos años tendrán un enfoque centrado en alcanzar una cobertura universal de conectividad, pero cumpliendo al mismo tiempo con la premisa de un gobierno austero.

Para ello se ha propuesto la creación de un fondo de 5,000 millones de pesos destinado a cobertura social, la revisión y mejora de programas y proyectos como México Conectado o la Red Compartida, así como una probable eliminación o replanteamiento del IEPS de Telecomunicaciones.

A la par, se han anunciado recortes en el gasto de publicidad del Estado, lo que no excluye el uso de tiempos oficiales que aún se encontrarán a disposición del gobierno.

Es encomiable la intención de la siguiente administración de cumplir con las obligaciones constitucionales del Estado en materia de conectividad. Sin embargo, es un error pensar que una política de cobertura se debe apartar de una política de competencia económica. Si bien los problemas de cobertura en el país también emanan de insuficiencias en el despliegue de infraestructura y otras barreras estructurales, la disponibilidad y adopción de estos servicios responde fundamentalmente a la falta de competencia en el sector.

Para el siguiente sexenio queda pendiente la consecución de competencia efectiva. Adicionalmente, otros pendientes en telecomunicaciones se refieren a la consecución de la separación funcional, la implementación eficaz de la regulación asimétrica y la verificación cierta del proyecto de la red troncal.

A ello se le suman las labores necesarias para consolidar un gobierno y economía digitales, así como la generación de condiciones óptimas para la innovación tecnológica, a través de la promoción a la inversión, la disponibilidad de espectro radioeléctrico para comunicaciones de nueva generación, entre otras.

De igual forma, cabe anticipar que siga latente la discusión en torno a la regulación de las plataformas de video por Internet, la privacidad de datos, el Internet de las Cosas y la Neutralidad de la Red. Sin duda, el sector de telecomunicaciones requerirá de un esfuerzo conjunto que haga partícipes no sólo al Estado, sino también a la industria, a los usuarios y a la academia, para atender y materializar los pendientes y las propuestas ante la próxima administración.

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